Seis y medio millones de votos

FOTOS: Internet

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Consulta Popular para Enjuiciar Expresidentes fue propuesta desde la campaña electoral del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, no les agradó a los integrantes de la oposición. La pregunta inicial para esta consulta la planteó AMLO al Senado de la República en septiembre de 2020 fue:

¿Está de acuerdo o no en que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante, y después de sus respectivas gestiones?

También te podría interesar: Del último fracaso panista al temor a Dios por el virus más perrucho

La reacción de los opositores a la consulta se articuló alrededor de una frase: “La ley no se consulta, se aplica”, la que repitieron hasta el cansancio comentaristas, reporteros y analistas de los medios de comunicación con mayor alcance nacional; obviamente, detractores de la Cuarta Transformación (4T). En un país en el que la impunidad es una realidad —las estadísticas lo señalan: al menos el 95% de los actos ilegales quedan impunes—, es contradictorio que el contraataque a la Consulta Popular se haya erigido a partir de esa frase.

No es tarea menor llevar a juicio a expresidentes que han gozado de impunidad durante sus mandatos debido al fuero presidencial; y que una vez que terminan sus sexenios son protegidos por las relaciones políticas, económicas, y judiciales creadas durante sus administraciones.

Es así que aseverar que “La ley no se consulta, se aplica”, es cuando menos un atentado contra el sentido común de cualquiera que se asuma como mexicano, y no por que no deba ser así, pues la ley debería aplicarse, sin duda, pero con nuestros sistemas judicial y policíaco, corruptos y coptados por poderes criminales, políticos, mediáticos, y empresariales, la aplicación de la ley es algo más complicado; por lo que “La ley no se consulta, se aplica” resulta ser una frase simplista y patética si se toma en cuenta la realidad de la impunidad criminal en nuestro país.

Pero, esa frase caló hondo en ciudadanos inocentes, no ignorantes, pero sí desubicados en el contexto social nacional; y ellos, los que decidieron no participar, no se dieron cuenta de la importancia de la primera Consulta Popular de carácter constitucional en la historia de México, que representa mucho más que llevar a juicio a esos expresidentes.

Para que la consulta fuera aceptada, sin más reparos por el Instituto Nacional Electoral (INE) fue necesario que la sociedad, a través del Senado de la República, presentara más de 1 millón 800 mil firmas solicitándola, número equivalente al 2% de los inscritos en el padrón electoral. En septiembre del año pasado fueron presentadas más de 2 millones y medio de signaturas. De esta manera la organización de la Consulta Popular se convirtió en un hecho constitucional.

Aun y con la solicitud presidencial y el requerimiento ciudadano, muchas voces opositoras se elevaron en contra de la pregunta planteada por AMLO, y cualquier otra que hiciera referencia a los nombres de los expresidentes. El asunto se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos integrantes debieron matizar el planteamiento inicial hasta que derivó en el siguiente:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Una interrogante ambigua, pero que todos sabíamos se refería a los expresidentes en cuestión. La pregunta se volvió lo de menos, el acto de la consulta ciudadana trascendió a dicho cuestionamiento.

Además de la modificación a la pregunta inicial, los ataques a este ejercicio democrático se dieron desde todos los flancos controlados por la oposición en los medios de comunicación y en organizaciones no gubernamentales, vimos y escuchamos atacar a la consulta a los voceros de los regímenes pasados: intelectuales, comentaristas, conductores de televisión y radiofónicos.

También, denostaron a la consulta personajes que supuestamente han participado o son partícipes directos de la democracia mexicana como José Wondelberg, quien fuera Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), quien nos llamó, a los que votamos en la consulta popular del 1 de agosto: “Los perros de Pablov”, e hizo un llamado público a no participar en ese ejercicio democrático; lo que lo desnuda como un cancerbero de los criminales de los regímenes anteriores. Lo más grave es que desde el INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama se dedicaron a entorpecer, denostar y burlarse de la Consulta Popular.

Lo más prudente hubiera sido que la consulta se llevara a cabo en el pasado proceso de elecciones intermedias, el 6 de junio, eso habría reducido los costos de la organización del evento y la participación hubiera sido mucho mayor, pero las autoridades electorales y en general los legisladores de la oposición hicieron todo lo posible para no llevar a cabo un ejercicio democrático simultáneo.

Además, la difusión de la Consulta Popular por parte del INE, así como el despliegue de mesas y casillas fueron reducidos, con toda la intención de generar una menor participación ciudadana. Hoy, sabemos que el INE cambió de lugar el 48% de las casillas con respecto a los lugares en que se ubicaban en otras elecciones, también sabemos que un gran número de éstas y de las establecidas en sus lugares de costumbre fueron cerradas al medio día del domingo 1 de agosto, mucho antes del cierre establecido para las 18:00 horas. Pero, a pesar de todas las adversidades la Consulta Popular se realizó.

El 1 de agosto fuimos a votar poco más del 7.11% de los inscritos en el padrón electoral, es decir 6 millones 663 mil 208 sufragistas, de los cuáles el 97.7% votamos a favor de investigar y enjuiciar a expresidentes y exfuncionarios públicos, y el 2.3% restante lo hizo en contra o anularon sus votos. Es así que la inmensa mayoría de los mexicanos que estamos interesados en la democracia participativa nos decantamos por el respaldo a la propuesta presidencial, aunque no alcanzamos el mínimo requerido del 35% del padrón electoral para hacer vinculatorio el resultado de la consulta.

Seis millones y medio de votos a favor de la propuesta de AMLO no son poca cosa si se considera que en las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo 8 millones 969 mil 288 y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió 8 millones 715 mil 899. Es más, los números de la Consulta Popular son bastante considerables si se comparan con los obtenidos por la ahora oposición en la pasada elección presidencial, en la que el candidato priísta logró poco más de 9 millones de sufragios y el candidato panista alrededor de 12 millones y medio de estos.

Es así que 6 millones y medio de votos son una base firme para impulsar la realización de otras consultas, ya que este número no sólo representa la base del morenismo ni la del obradorismo, recuérdese que a la Consulta Popular llamaron a participar sectores sociales tan distantes y hasta contrarios a Morena y a AMLO como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La primera Consulta Popular constitucional es un gran avance en la relación entre el pueblo y su gobierno, resultado de la histórica lucha de la izquierda mexicana y a pesar de la derecha panista y priísta; pero, sobre todo, es el mayor logro de la ciudadanía en la incipiente democracia participativa de nuestro país.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Carta abierta a Milena Quiroga y Víctor Castro:

FOTOS PRINCIPALES: Sudcalifornios y Radio Activo BCS.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Milena y Víctor, a ustedes que todos los días caminan y hablan con la gente, hoy les quiero contar algo y sé que me escucharán, pues su profunda convicción por gobernar a lado del pueblo y con el pueblo no los dejará pasar por alto lo que abajo expongo.

Hace tres años hubo elecciones y los militantes de izquierda salimos a votar por el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), y la mayor parte del pueblo se nos unió. Juntos les entregamos nuestra confianza y el resto de la esperanza por un mejor porvenir. Les adjudicamos nuestros sufragios a los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y con ello ganamos los municipios más relevantes electoralmente: Los Cabos, La Paz y Comondú.

También te podría interesar: El arranque de las campañas electorales y la tercera ola Covid-19

FOTO: Tribuna de La Paz.

En Los Cabos hicimos ganar a Armida Castro, quien desde la perspectiva de muchos izquierdistas y de gran parte de la comunidad, tuvo una administración onerosa, turbia, conflictiva y con mínimos resultados, de la que sobresalen su confrontación con el pueblo, sus lujos y el nepotismo al colocar en cargos y puestos públicos a su hijo y a su esposo. Afortunadamente, para el partido y para Sudcalifornia, Armida se montó en la ola feminista y en la “victimización” planteó su estrategia para lograr la candidatura a la gubernatura y al final, todos lo sabemos, la perdió y terminó por traicionarnos de lleno, y se fue al Partido Verde Ecologista; lo que resultó ser lo mejor, pues es obvio que no será gobernadora y que con ese movimiento ha confinado su futuro político a la medianía arribista.

Por otro lado, tenemos el municipio de La Paz, que le entregamos a Rubén Muñoz. Tengo el recuerdo fresco de aquella reunión con el sector cultural, previa a la elección de 2018. Ahí, sin duda, advertí las dotes de buen orador de Muñoz, que hoy lo han llevado a ser nombrado “La serpiente embaucadora”. Pues bien, la administración de Muñoz ha resultado ser, en la mayoría de las áreas, una decepción para los que comulgamos con la 4T. Hoy los votantes de izquierda vemos más carencias que logros a resaltar en la alcaldía paceña. Hoy sigue el desabasto de agua y los servicios municipales son tan malos como lo eran en la administración pasada, en fin, no podemos comparar a La Paz con la capital de Suiza, ya saben, por aquello de las promesas que hizo Muñoz cuando se candidateaba para la gubernatura, pero más allá de dichos huecos me enfocaré en el asunto más delicado y es que Rubén prometió gobernar con el pueblo y para el pueblo, y nos traicionó.

Ustedes, Milena y Víctor, saben de la larga lucha del pueblo sudcaliforniano por hacer valer la ley, por regular a las empresas mineras e inmobiliarias, por no dejarlas hacer su voluntad sobre los intereses del pueblo. Saben, por que han estado ahí, en la lucha por nuestra supervivencia, han estado ahí con nosotros lado a lado, bregando por mantener el equilibrio de nuestras vidas en este ecosistema tan bello, pero tan frágil. Ustedes saben que el agua es lo más valioso, sobre todo tú, Milena, pues en la defensa del agua inició tu carrera política y hoy, el tema de la sobre explotación del sistema hídrico de La Paz es lo que más nos debe ocupar.

Hoy que te manifiestas a lado de nosotros en el asunto de los mega cruceros fondeados en nuestra bahía muchos nos preguntamos, ¿por qué no te has pronunciado clara y contundentemente sobre el atraco político que cometió Rubén Muñoz en el Cabildo al aprobar ilegalmente el desarrollo inmobiliario “Misión Punta Norte”? Todos sabemos que Muñoz cabildeó y con un discurso elocuente convenció a la mayoría de los regidores de desestimar el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, en el que no se negaba la aprobación del megadesarrollo inmobiliario, sino que se le indicaba a Muñoz que el trámite del cambio de uso de suelo requerido se llevará por los causes legales y los reglamentarios para su aprobación, modificación o rechazo. Y ¿qué hizo Rubén? marrulleramente trasladó el asunto a su Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, esperó a las vacaciones de Semana Santa para aprobarlo y evitar la movilización ciudadana de protesta.

Como bien sabes, Milena, la gente más combativa y consciente del valor del agua en esta tierra, nos pronunciamos afuera del Palacio Municipal, recordarás la enorme manta con las caras de Rubén Muñoz y de los regidores que aprobaron “Misión Punta Norte”. Y sé que sabes, Milena, que un desarrollo de la magnitud del que nos acecha, afectará sin duda el equilibrio hídrico del municipio que quieres gobernar. Debes saber que la promesa de una desaladora es inviable por las características de la bahía. Sabemos que sabes del riesgo en que nos pone una autorización subrepticia de un megadesarrollo inmobiliario en esta tierra desértica cuyo principal problema es el suministro del agua.

Milena, estoy seguro que recuerdas, las luchas previas por evitar que Cabildos priístas y panistas, corruptos, aprobaran cambios de uso para emplazamientos mineros, no hace muchos años de esos entuertos en que nos vimos los sudcalifornianos. Y por ello debes saber que Muñoz torció la ley, y embaucó a los regidores, para abrogarse el derecho de decretar u ordenar el cambio de uso de suelo que necesariamente requiere el desarrollo “Misión Punta Norte”. Hoy, la pregunta para ti, Milena, es: ¿qué vas a hacer de llegar a la Presidencia Municipal de La Paz con la ilegal aprobación del desarrollo inmobiliario? La pregunta se extiende y se complementa: Milena, ¿qué tienes que decir acerca de las maniobras politiqueras del aún alcalde Rubén Muñoz, de su usurpación de funciones, de su abuso de poder? Y el cuestionamiento va más allá, ¿qué nos asegura que tu silencio al respecto no es la antesala de maniobras facciosas y de ilegalidades al interior del municipio que hoy nos pides que te entreguemos? Sé que entenderás la inquietud y la duda, pues los sudcalifornianos militantes, simpatizantes de la izquierda y la mayoría de los paceños acabamos de ser traicionados por Rubén.

FOTO: Roberto E. Galindo.

Finalmente, Víctor, tú como aspirante a gobernar nuestro Estado, tienes que estar al tanto de todo esto. Seguro lo sabes, no hace mucho que libraste una pequeña batalla al interior del partido con Armida y Rubén, la que ganaste con nuestro favor político, pues a ellos les negamos la candidatura que hoy detentas. Los que creemos en ti y entregaremos nuestro voto a la 4T necesitamos tu clara evaluación sobre las administraciones de Morena en Sudcalifornia, pero sobre todo tu crítica sincera y directa a éstas, pues, el buen juez por su casa empieza, y en Morena, hoy más que nunca, necesitamos crítica interna abierta a la ciudadanía. A menos de un mes de las elecciones, los sudcalifornianos necesitamos, Víctor, escuchar tu contundente postura.

Polilla Política: A veces nos preocupamos cuando los políticos no paran de hablar y sentimos en cada palabra un vacío de certeza, pero, a veces, en los silencios de los políticos están sus verdaderas convicciones, las que no nos quieren mostrar.

“Para hacer de esta tierra la Suiza de América Latina”

FOTOS: El Sudcaliforniano

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al escuchar a Rubén Muñoz Álvarez, el alcalde de La Paz, decir que quiere ser gobernador para hacer de nuestro estado la Suiza de América Latina, lo primero que me vino a la mente fue la promesa incumplida de Carlos Salinas de Gortari de llevar a México al primer mundo. Y es que prometer no empobrece, al menos no al que promete, pero sí puede afectar al que se cree las falsas promesas. El alcalde hace tiempo que está en abierta contienda por ser el candidato de Morena a la gubernatura de nuestro estado.

A poco más de dos años de haber asumido el cargo de alcalde ya nos ha dejado en claro que no pretende cumplir la primera promesa electoral que nos hizo, la de dedicarse de lleno y de tiempo completo al municipio de La Paz. Misión que le confiamos los electores cuando le otorgamos el honor de gobernarnos. Hoy dice que él es quien puede vencer al PAN. No, no es él quien puede doblegar al blanquiazul, tampoco lo es Víctor Castro Cosío, el otro aspirante a la candidatura morenista. Los que podemos derrotar al PAN y al PRI, y a cualquier otro partido, somos los ciudadanos, los electores de Morena, los que apoyamos la Cuarta Transformación. Somos nosotros los que debemos elegir quien será el candidato a la gubernatura por nuestro partido.

También te podría interesar: El cáncer de México

Yo le creería a Rubén aquello de que va a convertir a Baja California Sur en la Suiza de América Latina, si en cuanto deje la alcaldía de La Paz, nuestra ciudad es como Berna, la capital de Suiza. Y es que si no va a completar su mandato como alcalde para lanzarse por la gubernatura, ya no le queda mucho tiempo para que las calles, todas las de la ciudad y las de las áreas urbanas del municipio, estén pavimentadas, que en todos los barrios tengan banquetas, que en todas las casas tengan agua, que todos tengan drenaje y que la ciudad no se inunde de aguas negras con cualquier chubasco, que los servicios de limpieza y recolección de basura no desatiendan a las colonias, ya sea por falta de instrumentos de labor o por huelgas, que no haya luminarias públicas fundidas o calles a oscuras por falta de luminarias, que las calles no tengan baches, y que los índices de criminalidad y de pobreza sean como en la capital del país alpino, y una larga lista más de cosas de las que no carece una ciudad en una nación del primer mundo.

No hablaré de los salarios de los suizos, ni de su sistema de salud y seguridad social, ni de sus niveles educativos, esos son rubros que en su mayor parte son responsabilidad del gobierno federal y que no le tocan a un alcalde. Rubén Muñoz no empieza bien su precampaña prometiendo convertirnos en Sudcalisuiza. Cualquier morenista con tres dedos de frente, y cualquier ciudadano con sentido común, puede tomar una promesa de ese tipo como una mentira jocosa generada al fragor de la desbordada pasión de servicio de nuestro alcalde. Pero estoy seguro que muchos sudcalifornianos, militantes o no del morenismo, pueden tomar una falsa promesa de ese tamaño como una ofensa a su inteligencia.

Polilla política: Rubén no renunció el 31 de octubre. AMLO pidió a los funcionarios públicos que aspiraran a ser candidatos en el proceso electoral que renunciaran a sus cargos en esa fecha y enfatizó en que no debían usar el aparato de gobierno con fines de propaganda. Víctor Castro sí renunció a su cargo de delegado. ¿Quién de ellos dos será el candidato?

AMLO y la 4T en el arranque del 2020

FOTO: Ernesto Muñoz.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el inicio de este año vale la pena repasar algunos acontecimientos del 2019 sobre la relación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la oposición política y ciudadana a la cuarta transformación (4T); sobre todo por que una minoría detractora, que en diciembre pasado no superaba el 28% de los mexicanos, se ha mantenido en una línea de dura crítica contra toda política del gobierno. Lo lamentable es que algunos de los opositores más mediáticos usen la mentira en contra de la administración actual; lo que ha permitido a sus pocos seguidores propalar noticias falsas sobre las acciones gubernamentales, para abonar a un clima de confrontación política que los infamadores generan culpando a los simpatizantes de la 4T.

Si bien es cierto que la administración de AMLO heredó un sinfín de graves dificultades nacionales, causadas y potenciadas por las administraciones anteriores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), eso cada vez tiene menor preponderancia para justificar la no resolución de algunos de los problemas más graves del país, como la inseguridad y la violencia, temas en los que la administración federal no ha dado buenos resultados; y en ello debe trabajar el presidente y su equipo, pues ya se ha consumido un tercio del tiempo pactado para la evaluación intermedia que AMLO se impuso para la revocación o ratificación de su mandato mediante una consulta popular.

FOTO: Luis Mendez

También te puede interesar: Después de Zapata, no somos machos pero somos muchos

Aunque la economía no se ha deteriorado como vaticinaban políticos e intelectuales de la derecha, no se han incrementado los impuestos e incluso el peso ha repuntado frente al dólar y paulatinamente se mejoran los servicios de salud y se combate la corrupción en todos los espacios gubernamentales, principalmente en Petróleos Mexicanos (Pemex), será el tema de la seguridad el que pueda descarrilar a AMLO y a la 4T de este sexenio y regrese al PAN, al PRI o a una coalición de derecha a la silla presidencial en 2024.

Y aunque en el país no todo va sobre ruedas, es muy favorable para el gobierno que la mayoría de las críticas y ataques de sus detractores estén basados en mentiras o tergiversaciones. Durante el 2019, la minoría opositora y delirante nos acostumbró a esperar los desmentidos gubernamentales o periodísticos a cada nueva noticia falsa; y aunque algunas de plano eran inconcebibles, arrastraron al abrevadero de la desinformación y la psicosis a más de un ciudadano, que incluso se arrepintió de haberle dado su voto a AMLO.

A principios del año pasado se difundieron imágenes de supermercados con anaqueles vacíos, que los detractores manejaron como consecuencia del desabasto de combustible tras el inicio de las acciones para erradicar el huachicoleo, aunado a estas imágenes se difundió el rumor de que México había dejado de importar gasolina de Estados Unidos; nos quisieron hacer creer que nos convertíamos en Venezuela.

En febrero se esparció la noticia falsa de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) había desabasto de medicamentos debido al plan de austeridad republicana emprendido por la nueva administración. Y si bien fue cierto que hubo retraso en la adquisición y distribución de algunas medicinas, fue debido a que se comenzó a desmantelar la cadena de influyentismo y corrupción de algunos políticos y empresarios en cuanto a la adquisición de los medicamentos; en varios de los casos se detectaron compras a sobreprecio o acaparamiento del producto por parte de las compañías farmacéuticas y los intermediarios.

Entre abril y marzo la noticia falsa de moda fue que Morena organizaba los abucheos a gobernadores en las entidades visitadas por el presidente, incluso se falsificaron documentos con el logotipo de Morena para tal efecto, cuando eran simplemente simpatizantes de AMLO los que les gritaban a los gobernadores priístas o panistas; fue el presidente quien conminó al respetable público a ya no lastimar los oídos de los políticos de otros partidos.

Una de las notas más sonadas de mediados del año pasado, incluso difundida por periodistas de radio y televisión, entre ellos Joaquín López Dóriga, fue que el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, sería el nuevo titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). También Joaquín fue “víctima” de las fake news cuando compartió la foto de un científico que pedía ayuda contra el recorte presupuestal al Conicet (instancia de promoción científica en Argentina), que no al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ¿mala leche de Joaquín o falta de labor periodística?, usted decida.

Algunos políticos no se quedaron atrás en la fabricación de noticias falsas, por ejemplo Paola Migoya, excandidata del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Puebla, mostró sobres falsificados de la tarjeta Bienestar en los que se leía que AMLO prohibía que lo criticaran. En junio se dijo en redes sociales que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reprimiría a quienes criticaran a AMLO. En julio, una noticia falsa que me gustó mucho, fue la de que el gobierno estaba despidiendo médicos mexicanos por que estaba contratando médicos cubanos; le tengo especial cariño a esta trastada por que varios de mis conocidos cayeron redonditos como en 28 de diciembre. En agosto la diputada “independiente” panista Ana Lucia Riojas Martínez, acusó al gobierno de la Ciudad de México de reprimir violentamente las manifestaciones feministas, cuando la violencia en esas marchas fue generada por un reducido grupo de las manifestantes y las fuerzas policiacas dieron ejemplo de contención sin represión.

A poco más de un año de iniciado el sexenio de AMLO podríamos por mes y por semana, tal vez hasta por día, mencionar las notas falsas que se difundieron en 2019, pero la lista sería muy larga. Lo que ha quedado claro es que con el uso de la mentira, la difamación y la desinformación los detractores no han logrado que la aceptación social que tiene el presidente disminuya considerablemente, pues al cierre de 2019 la popularidad de AMLO era del 72%, cuando en enero del mismo año era del 76%; aunque no ha repuntado a sus máximos de finales de 2018 o de febrero de 2019 cuando llegó hasta un 86% (de acuerdo a encuestas realizadas por El Financiero).

Los números mencionados nos indican que al menos un 70% de los mexicanos apoyan a AMLO desde que ganó la elección y hasta la fecha, que aproximadamente un 15% puede apoyarlo en algunos temas o en determinadas ocasiones y en otros asuntos integrarse al 15% de los detractores férreos, que es cuando el sector que critica al gobierno de Morena alcanza un porcentaje aproximado del 30%.

Cabe señalar que durante el primer año de la administración de AMLO se han tenido momentos críticos que nos han hecho temblar a la mayoría de los mexicanos, la lista de sucesos terribles o acciones erradas de la administración federal también es grande, sólo menciono algunos: la explosión de Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo, el desastroso operativo para la captura de Ovidio Guzmán, el asesinato de varios integrantes de la familia Lebarón y varios acontecimientos más, en su mayoría relacionados con el crimen organizado y con el combate a la corrupción; además de varias pifias locales cometidas por funcionarios públicos de Morena, como el asunto de la extensión de mandato de Jaime Bonilla en Baja California o la desastrosa administración de algunos presidentes municipales como la de Armida Castro en Los Cabos; los casos de políticos que llegaron a su puesto bajo el cobijo de AMLO y la 4T y que en cuestión de días mostraron su verdadero y nefasto proceder son varios más.

Para desgracia de los detractores más duros la difamación sólo ha consolidado más a la 4T, mientras que como resultado del combate a la corrupción se ventilan numerosos casos de estafas, desvíos de recursos y otros crímenes financieros a los que se siguen vinculando a políticos y funcionarios panistas y priístas; tal es el caso de Rosario Robles y Genaro García Luna, a los cuales se le siguen procesos judiciales en México y Estados Unidos respectivamente, lo que cada vez le deja más claro a la sociedad que la porquería de la corrupción política llegó en los sexenios pasados a niveles tan altos como la Presidencia de la República o que de ahí descendió. Lo anterior es una de las razones por las que a pesar de los errores de la 4T y de la promesa incumplida de AMLO de disminuir la violencia en su primer año de gobierno, en el arranque de 2020 tenga el respaldo de una abrumadora mayoría de la sociedad mexicana.

La oposición y la Coparmex contra Ley antifacturera: un asunto de Seguridad Nacional

FOTOS: Internet.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los alegatos de los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de varios políticos de la opisición contra la “Ley antifacturera”, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, se puede leer desde varias perspectivas, pero una de éstas se inscribe en la tendencia soberbia con la que se han manejado muchos de los grandes empresarios para dirigir a su antojo y discrecionalidad el devenir de nuestro país, de la mano de sus títeres políticos. La pregunta es ¿quiénes se creen que son ellos para determinar que debe ser considerado o no delito grave en el ámbito de la seguridad nacional, cuando la facturación falsa ha dañado tanto a la nación de la mano de otros crímenes como estafas, lavado de dinero y manejo de recursos ilícitos en campañas políticas, donde sin duda ha tenido que ver el crimen organizado.

De igual manera, varios políticos de los partidos opositores y un sector empresarial considerable se han mostrado contrarios ante las leyes de anticorrupción que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), aduciendo que los delitos financieros no afectan la seguridad nacional, ya que no ponen en riesgo la estabilidad financiera o económica del Estado mexicano, cuando el monto de dinero que ha dejado de captar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por motivo de la expedición de facturas falsas asciende a 354,000 millones de pesos del año 2014 al 2019, lapso en el cual se emitieron alrededor de nueve millones de facturas falsas que avalaron un monto de cerca de 1.6 billones de pesos.

También te puede interesar: De Enrique Servín serán trece las lunas

Habrá que explicarles a los miembros de la Coparmex que la seguridad nacional de cualquier país no sólo se ve vulnerada cuando un ejército enemigo transgrede sus fronteras o cuando desde dentro una revuelta social genera caos, que la estabilidad de un país se puede afectar con la merma económica; pues ésta deriva en otros delitos y más cuando es resultado de la corrupción en la que el lavado de dinero, producto de las varias ramas del crimen organizado como el tráfico de drogas, de armas y de personas, son actividades que desde hace años violentan a nuestra sociedad.

Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, ha señalado que “A pesar del esfuerzo que hicimos no pudimos influir, no pudimos convencer y teníamos argumentos, teníamos razones, teníamos todos los elementos para que se entendiera y no se logró”; en referencia a sus llamados por no equiparar la falsificación de facturas como un delito grave equivalente a prácticas del crimen organizado. Es inadmisible que los empresarios busquen mediante amparos cancelar una ley que pretende reducir los crímenes fiscales, que desde hace décadas son en buena medida los que permiten el empoderamiento económico del crimen organizado.

La prueba palpable de eso es la jornada violenta que se vivió en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre pasado, cuando ante la detención de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, el grupo desplegó un operativo de carácter militar impresionante, en el que hicieron una demostración de poderío armamentístico que sólo puede ser explicado por el manejo de grandes cantidades de recursos económicos.

El poderío militar de las organizaciones criminales tiene que ver con la corrupción, el lavado de dinero y la colusión de las autoridades de diversos niveles, entonces es inconcebible que la Coparmex y la oposición política luchen en contra de la “Ley antifacturera” y busquen minimizar las penas de los delitos financieros, cuando sabemos que muchas empresas son partícipes del enriquecimiento de los carteles mexicanos mediante el lavado de dinero, lo que sin duda deriva en su capacidad armamentística y táctica para desplegar operativos altamente coordinados, que logran nulificar el accionar de las fuerzas castrenses y policiacas como sucedió en Culiacán, ¿si eso no es asunto de Seguridad Nacional, entonces qué es?