La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, habla del “secuestro” del Congreso estatal, refiriendo que hay violación de leyes en manera legal por parte del grupo “usurpador” parlamentario mayoritario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en un galimatías que sólo es apto para su comprensión, pues si es el grupo mayoritario y por votación se ha determinado su superioridad y en consecuencia la aprobación de asuntos, que al mandatario estatal le desagradan, no se está transgrediendo ley alguna, simplemente se está haciendo uso de las facultades que una bancada mayoritaria tiene en un Congreso; es una acción de estrategia política que —por supuesto— harían las bancadas opositoras si tuvieran los números y la fuerza necesaria; esos factores de los que hoy carece el Partido Acción Nacional (PAN) en todo el país y, por lo visto, en nuestro Estado.

El asunto aprobado por la bancada de Morena que parece haber molestado más al Gobernador es la destitución de las diputadas: Perla Flores Leyva, de pecados políticos banales y corruptos ya conocidos; Lorenia Lineth Montaño Ruiz, conocida por asegurar que las oficinas del Congreso son suyas y por llevarse la campana del mismo; Daniela Viviana Rubio Avilés, con amplia trayectoria de destituciones en contra y desconocida ya una vez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y Elizabeth Rocha Torre, así como del diputado Rigoberto Murillo Aguilar, quienes quedaron inhabilitados por dos años del ejercicio público por haber faltado a cinco sesiones de trabajo continuas. Todos ellos conocidos por sus afinidades políticas con Mendoza Davis.

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Se escuda el Gobernador para intervenir hasta con memes, del periódico Reforma, en el Congreso, diciendo que la bancada morenista mayoritaria es artificial; y al llamar a Morena a no adueñarse del Congreso hace lo propio al intervenir desde el Poder Ejecutivo estatal en una cargada de toda fuerza en contra de la mayoría del Congreso, pues la minoría opositora a la que pertenecían los hoy destituidos es la que lo avala y apoya sus políticas.

El mandatario estatal está violentando el principio de la independencia de los poderes al hacer anuncios públicos y tomar acciones directas al respecto. Y justifica su vendetta política diciendo que el comportamiento del Congreso retrasa las acciones indispensables para el bienestar de la población en medio de la pandemia por la Covid-19. En fin, el Gobernador anda más temerario que nunca inmiscuyéndose en los asuntos del Congreso de manera abierta y haciendo llamados a la población para desconocer a la mayoría de Morena en el máximo palacio legislativo de Baja California Sur, justo en tiempos en que los juicios políticos acechan hasta a los ex presidentes; por lo que un Gobernador sería peccata minuta si es el pueblo bueno y sabio el que lo juzga, otra cosa sería que la mayoría de nuestro Congreso le solicitará el juicio político al Senado de la República.

Mención aparte merece el meme racista, clasista y denigrante que ha usado el Gobernador para hacer mofa de la bancada morenista de nuestro Congreso del Estado, pero no sólo a ellos sino a todo mexicano con rasgos físicos relacionados al del individuo de la caricatura, tema que deberá ser objeto de un análisis aparte y es que una imagen dice más que mil palabras sobre la persona que la usa.

Polilla política es que los diputados destituidos sean cesados por flojos y faltistas y no por otros asuntos más turbios que ya los caracterizan, como las vacaciones pagadas por el pueblo de la diputada parisina o por acusaciones de desvíos monetarios y por agresiones físicas a otros miembros del Congreso, asuntos en los que se han visto involucrados algunos de los destituidos.

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FOTO: CULCO BCS.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La inminente reforma a la legislación local sudcaliforniana, relativa al contrato matrimonial, ha generado una polémica que ha enfrentado en diversos escenarios a dos posturas diametralmente opuestas, alimentadas y sostenidas, respectivamente, por dos grupos antagónicos, radicales y beligerantes. La controversia ha convertido el recinto parlamentario local en una carpa de circo, ante la incapacidad de nuestros diputados, que rebasados por el escenario montado, no atinan a darle el manejo adecuado a las expresiones de los grupos en conflicto.

La polémica es compleja, por las implicaciones del tema, pero la pugna es estéril, y la tardanza del Congreso por adecuar nuestro marco normativo local, no hace sino alimentar la contienda, cuando es de todos sabido, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha manifestado al respecto, y su interpretación, como máxima acepción sobre el tema, resulta obligatoria para todas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, y por ende, en México —acorde a la jurisprudencia de la Suprema Corte—, el contrato civil matrimonial se entiende como la unión libre, monogámica, entre dos personas, sin importar la preferencia sexual de los contrayentes; y se reconoce como un derecho de las parejas homosexuales el poder casarse legalmente. Cualquier disposición contraria al criterio jurisprudencial, resulta combatible en la vía de amparo.

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Siguiendo la interpretación jurisdiccional en cita, para celebrar un contrato matrimonial, la heterosexualidad,  la procreación, la fidelidad, el respeto mutuo, desaparecen como requisitos, y lo que era un vínculo indisoluble de manera incausada, se convierte en un convenio de convivencia monogámica entre dos adultos, de temporalidad indefinida, unilateralmente disoluble, que solo genera obligaciones patrimoniales y alimentarias; ubicable un escalón arriba del concubinato –que sólo impone obligaciones alimentarias—, y dos arriba del amasiato, que no genera ninguna obligación.

La reingeniería conceptual del contrato matrimonial consagrada en la jurisprudencia, que significa un triunfo igualitario para unos, resulta una degradación moral para otros. Sin embargo, el Congreso no puede tomar partido faccionario, debe ajustarse al mandato jurisdiccional y, a menos que encuentre argumentos suficientemente sólidos, como para sostener ante la Suprema Corte la constitucionalidad de la heterosexualidad como requerimiento para obligarse en un contrato civil matrimonial, deberá suprimir dicho requisito del Código Civil del Estado.

Corresponde entonces al Congreso local adecuar la legislación civil y familiar sobre el tema, tal y como lo ha hecho ya el legislativo federal, en materia procesal. Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en la fracción XXX del Artículo 73 —adicionada el 15 de septiembre de 2017 y reformada el 14 de marzo de 2019— que, el Congreso de la Unión, tiene facultad exclusiva para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, de tal suerte, que en breve, todos los procesos relacionados con controversias familiares, se regirán por un código nacional de procedimientos civiles y familiares, buscando con ello la unificación de criterios y la uniformidad en la aplicación e interpretación de las leyes que rigen el derecho de familia.

Podemos afirmar entonces, desde la academia, que en México ha evolucionado el concepto y la naturaleza jurídica de la familia, para definirla actualmente como una institución de derecho, de orden público e interés social, integrada por personas físicas que, habitando o no en la misma casa, se encuentran vinculadas por:

1. El acto jurídico del contrato civil matrimonial y/o la adopción;
2. El hecho jurídico del concubinato;
3. El hecho material de la inseminación artificial —cuando origina la filiación— y
4. Los parentescos de consanguinidad civil y afinidad.

El marco legal debe garantizar la protección de la familia, tanto en en su constitución e integración, como en su desenvolvimiento, por ser el pilar de la estructura social del estado.

El objetivo primordial de la familia, es la sana convivencia de sus miembros, por medio de la permanencia y estabilidad de sus relaciones, lo cual satisface las necesidades de subsistencia y defensa.

El Estado Mexicano le reconoce a la familia la personalidad jurídica necesaria para ser persona moral y, en consecuencia, titular para ejecutar derechos de sus miembros, y cumplir las obligaciones individual o colectivamente consideradas (Artículos: 3º fracción II inciso C, fracción III, 4º párrafo primero y séptimo, 16 párrafo primero, 18 párrafo sexto, 27 fracción XVII in fine, 29 párrafo segundo, 107 fracción III inciso a), 123 apartado A fracciones VI, XXIV, XXV, XXVIII y XXIX, apartado B fracciones VIII, VIII inciso c), XI inciso d) y e), XIII párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

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FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El jueves pasado, el Congreso del Estado se conmocionó. ¿El motivo? Un requerimiento por escrito, emitido por un Juez Federal, en el que se imponía al cuerpo legislativo, un plazo de tres días para emitir una ley. Nadie sabía qué hacer. Todo era confusión y desconcierto. Un ejército de asesores, todos pagados con dinero público, y fueron incapaces de articular una estrategia jurídico legal adecuada.

Es vergonzoso e indignante el espectáculo que nos brinda un cuerpo colegiado cuya principal función como representantes populares está íntimamente relacionada con el marco legal, pues tienen a su cargo la función de crear y adecuar las leyes a la realidad social de la entidad. Si su trabajo se vincula directamente con las leyes, es inconcebible que las desconozcan, al grado de no saber qué hacer —legalmente—, ante un requerimiento como el formulado por un Juez Federal.

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Y no criticamos la ignorancia propia, personal, individual de cada Diputado. Como representantes populares, no están obligados a tener ningún conocimiento previo. Tienen derecho —por así decirlo—, a ser tan ignorantes como sus personales circunstancias así se lo han impuesto.

A lo que no tienen derecho es a descuidar la eficiencia y eficacia de su encargo, rodeándose de asesores que no reúnen el perfil, la experiencia y la experticia propia del encargo. En lugar de contratar asesores profesionales, asignan esas plazas a personas allegadas, sabiendo que no están calificadas para el cargo. Eso es corrupción. Y una corrupción muy costosa, que repercute en la falta de técnica legislativa al elaborar las leyes.

Gracias a esa viciosa práctica ilícita y añeja, no pasamos de tener un Congreso de medio pelo, de visión corta, de alcances limitados, alimentadora de artífices del “copiar-pegar”.

Baja California Sur merece un marco normativo hecho a la medida. Ya no es posible que sigamos adecuando el quehacer social a un marco de leyes que se van modificando a capricho de intereses de grupo, imponiendo en muchos casos obligaciones legales que se copiaron de otras legislaciones y que por ende no necesariamente corresponden a nuestra realidad local.

Es urgente e imperativo reglamentar la figura del asesor parlamentario. Ya no es posible que ese encargo se asigne a capricho de cada Diputado, para favorecer a la novia, amiga, querida, primo, sobrino, guachoma, chalán, achichincle en turno.

La Constitución local deberá establecer la exigencia de contar en el Congreso del Estado con un cuerpo de asesores parlamentarios conformado por profesionistas de experticia y calidad académica comprobables, y perfil profesional específico. El listado de asesores parlamentarios, y su respectiva hoja curricular, debería publicarse en la página del Congreso de BCS, para que la ciudadanía pueda constatar su idoneidad.

De no reglamentar esta importante función legislativa y seguir permitiendo que el cuerpo de asesores esté integrado mayoritariamente por amigos y queridos no aptos, seguiremos pasando por costosos procesos de fallidos quehaceres en el seno del Congreso. Los dislates y la tardanza en el procedimiento designación del titular de la CEDH, es un ejemplo de la urgencia que tenemos de contar con asesores parlamentarios profesionales.

El rezago legislativo y la abundancia de normas confusas y hasta contradictorias, continuarán siendo la constante en el Congreso, si no se corta de tajo con la contratación de asesores patito. El Gobernador seguirá mangoneando al Congreso local, aunque éste se integre con mayoría de oposición, si no saben los Diputados qué deben y qué pueden hacer para cumplir con la encomienda que el encargo público les impone.

El último gol que les metió el Ejecutivo, fue el madruguete que les dio al aprovechar una resolución de amparo que le fue desfavorable, derivado de una demanda interpuesta por una persona discapacitada. En lugar de limitarse a cumplir con la sentencia de amparo, con maquiavélica promoción sofística consiguió que el Juez de Distrito que otorgó el amparo al quejoso, exigiera al Congreso lo que el Gobernador no ha conseguido: que se emita la Ley de Movilidad.

Es claro que el Juez Federal se excede en su reclamo, y que debe combatirse el mismo, pues el Congreso no fue parte en el referido juicio de amparo, y por tanto no está obligado a  someterse al pedido del Juez. Para eso el Congreso del Estado debería contar con asesores expertos en Amparo y en Derecho Constitucional; pero como eso no ocurre, corremos el riesgo de que equivoquen el procedimiento, y entonces, nosotros —los que pagamos impuestos—, los gobernados, sufriremos las consecuencias de las corruptelas de nuestros diputados.

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FOTO: Gladys Navarro.

Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). Estamos a unos días de comenzar una transición histórica en nuestro país, pues en los últimos 80 años sólo dos partidos políticos han ocupado lo que conocemos como El Poder. A partir de diciembre entrará un tercer partido político en la mayoría de los puestos de relevancia: congresos locales, gobiernos estatales, alcaldías en ciudades claves, una mayoría en el Senado y una mayoría de diputados federales, con su consecuente Presidencia de la República, todos de un solo color; lo que prácticamente constituirá la hegemonía de un solo partido sobre el país entero.

Esta transición me ha obligado a documentarme sobre procesos similares en Latinoamérica, y así es como he dado con Golpe en Brasil. En este libro los autores ayudan a entender cómo se ha gestado el proceso de desestabilización del orden democrático que vive actualmente Brasil, con la destitución de la primer Presidente en su historia, así como la victoria en las recientes elecciones brasileñas, de la ultraderecha abiertamente racista y conservadora.

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Una de las constantes de éste texto es mostrar como los gobiernos de izquierda y democráticos dejaron de disputar la lógica social, la consciencia común. ¿A qué me refiero? a regresar al barrio. Regresar no consiste únicamente en hacer encuestas de bienestar, organizar votaciones a modo, alrededor de temáticas polémicas, o censar las carencias, aspiraciones e ilusiones y con ello prometer programas, financiamiento y becas.

Cuando escribo regresar, tampoco me refiero al acto presencial de tocar las mismas puertas, y saludar de mano a la misma gente conocida y reconocida en las pasadas elecciones del 1 de julio. Regresar consiste en: estar, vincular, organizar y acompañar a las personas comunes en su propio fortalecimiento, en su autosuficiencia, en pocas palabras lo que se conoce como soberanía. Regresar, significa compartir un conocimiento y un pensamiento en comunión con lo que cada uno pueda aportar para un México de iguales, una construcción en comunidad de una idea/ideología, o sea: disputar la lógica individualista, consumista, extractivista y enajenante, y reivindicar la memoria histórica; hacer comunalidad, y fortalecer los derechos civiles aumentando la conciencia política.

En la pasada elección protagonicé la campaña independiente más joven en la historia de Baja California Sur, en ella logramos victorias simbólicas al terminar por encima de diez partidos quienes, con décadas de experiencia y millones de pesos, no fueron suficientes para comprar votos en masa o convencer voluntades. Realizamos una campaña que demostró que es posible pasar del dicho al hecho en materia de austeridad, y no decir mentiras ni hacer guerra sucia. Lo que no fue suficiente para obtener una victoria electoral.

Uno de las frases con las que más nos encontramos al interactuar con vecinos en campaña fue: ¡Es que nunca vuelven! Sí, efectivamente los partidos políticos, salvo los líderes seccionales de colonia, y los jefes de cuadra, ambos cooptados por el clientelismo electoral, sólo trabajan durante seis meses, cada 3 años. Este reclamo es común porque de manera consciente e inconsciente, la sociedad ha notado que difícilmente cualquiera de los tres poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se ha dedicado a fortalecer el tercer poder político: el poder social, las personas, la gente común.

Quienes quedamos de este maravilloso equipo de campaña hemos decidido honrar nuestra palabra y regresar al barrio, después de tanto escuchar que no volveríamos. Tras 80 días de deliberar sobre lo que somos, qué representamos, a dónde vamos y qué queremos, optamos por darle continuidad a nuestra línea discursiva de #LograrLoImposible, y consideramos que #EsPosible hacer innovación y pedagogía política —conocimiento colectivo y compartido— fuera de la dinámica electoral. Consideramos posible que la voluntad de un pequeño grupo de personas puede generar aproximación entre vecinos que no se conocen para hacer comunidad, y que Es posible la vinculación entre funcionarios y el barrio.

Hemos realizado ya un par de activaciones con vecinos para consolidar un comité de vecinos vigilantes, una comunidad de colonos con la finalidad de recuperar sus espacios públicos, talleres internos y abiertos en los que se analizará el modelo económico que pone en peligro nuestra comunidad, nuestras fuentes de vida (agua, aire, comida, salud), así como nuestro primer Festival Ciudadano, un concepto de evento de aproximación entre organizaciones de la sociedad civil y zonas barriales a donde difícilmente se conoce su trabajo.

Puedes encontrarnos en redes sociales como @esposible_mx, en Facebook como Es posible BCS, también por Instagram, y si de casualidad quién me lee y está por Villahermos,a Tabasco, también por allá nos puedes encontrar como es posiblemx. Si crees que #EsPosible un #MéxicodeIguales y construir desde el barrio #ElPaísQueQueremos te esperamos en nuestras asambleas quincenales, o en nuestros eventos al aire libre, pues este espacio es abierto ya que sabemos que, como dice MariChuy, la obligación de cuidar la vida, la madre tierra y la dignidad, sólo se puede hacer de forma colectiva.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde el artero asesinato —que se mantiene impune— del entonces Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, dicho organismo público autónomo se encuentra acéfalo, hundido en un caos interior por la rebatinga interna ocasionada por la lucha del poder entre los Consejeros y quien fuera la suplente del ausente.

Para completar el estatus de anarquía, nuestros Diputados, nuestros representantes, nuestros empleados del Congreso local, en lugar de ocuparse de solventar la situación, contribuyen con su arrogancia, ignorancia jurídica, falta de tacto e insensatez, a empeorar la situación.

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Resulta que para cubrir la vacante, el Congreso lanzó la convocatoria dirigida a interesados en ocupar el cargo de Presidente de la CEDH de BCS; y uno de los abogados que se apuntó, fue desestimado por razones que el postulante consideró discriminatorias e ilegales, y por ello, acudió ante la justicia federal en demanda de amparo, y de manera provisional, el juzgado federal que admitió la demanda, le otorgó la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se lleve a cabo por el Congreso, la designación del nuevo Presidente de la CEDH, hasta en tanto y cuanto no se resuelva el juicio de amparo promovido por el abogado excluido.

La notificación del amparo al Congreso, y la inanición que ello provocó, puso de manifiesto el desconocimiento que del procedimiento de amparo, adolecen nuestros diputados y su séquito de “asesores”.

Una semana después, en lugar de aplicarse a solventar el asunto y darnos a los gobernados la certeza jurídica de que la CEDH cuenta ya con un titular —como niños berrinchudos e insensatos—, nuestros Diputados, nuestros representantes, nuestros empleados, se ponen a pelear con el Juez de Distrito, y elevan sus lastimosos lloriqueos jurídicos –infundados– ante el Tribunal Colegiado.

El trámite del ocioso recurso interpuesto por los Diputados, prolongará el procedimiento, en agravio del servicio público, lesionando los legítimos intereses de los cientos de gobernados que se encuentran en espera de que la CEDH reanude labores de manera plena y funcional.

Mal asesorados, mal aconsejados, nuestros diputados están haciendo más grande un problema que pudiera resolverse de una manera muy simple y sencilla.

La costosa maquinaria burocrática que integra la estructura de la CEDH permanecerá acéfala hasta que nuestros Diputados enmienden el procedimiento, lo que bien puede tardar meses en ocurrir, si se empeñan en pelearse con el juzgador federal que conoce del amparo.

El errático proceder de nuestros empleados del Congreso local, deja de manifiesto la carencia de asesoría jurídica profesional.

Esa falta de verdaderos profesionales encargados de asesorar a nuestros empleados del Congreso, es un problema que nos cuesta cientos de millones de pesos al año, y que no se solventará mientras se permita que cobren como “asesores” del Congreso familiares, amigos, compadres, recomendados, queridas, queridos y guachomas, en lugar de auténticos profesionales del Derecho, asesores parlamentarios capacitados, calificados y certificados.

¿Qué tienen qué hacer nuestros Diputados?

En lugar de empantanar el proceso de amparo, a la brevedad posible deben convocar al abogado quejoso, darle la garantía de audiencia, dejarlo hacer la pasarela como cualquier otro solicitante, y luego, elegir entre éste los demás comparecientes, el más apto para desempeñar el cargo de Presidente de la CEDH de BCS. El amparo no es para que elijan al quejoso, es únicamente para que lo dejen participar en la pasarela. ¿Por qué no llamarlo, dejarlo hacer la pasarela, y fin del problema? El amparo será sobreseído por falta de materia, nuestros Diputados eligen al nuevo Presidente, conforme al dedazo ya apuntado, y fin de la historia.

Sentido común, y debida asesoría jurídica. Eso es todo lo que necesitan nuestros representantes en el congreso.