Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El jueves pasado, el Congreso del Estado se conmocionó. ¿El motivo? Un requerimiento por escrito, emitido por un Juez Federal, en el que se imponía al cuerpo legislativo, un plazo de tres días para emitir una ley. Nadie sabía qué hacer. Todo era confusión y desconcierto. Un ejército de asesores, todos pagados con dinero público, y fueron incapaces de articular una estrategia jurídico legal adecuada.

Es vergonzoso e indignante el espectáculo que nos brinda un cuerpo colegiado cuya principal función como representantes populares está íntimamente relacionada con el marco legal, pues tienen a su cargo la función de crear y adecuar las leyes a la realidad social de la entidad. Si su trabajo se vincula directamente con las leyes, es inconcebible que las desconozcan, al grado de no saber qué hacer —legalmente—, ante un requerimiento como el formulado por un Juez Federal.

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Y no criticamos la ignorancia propia, personal, individual de cada Diputado. Como representantes populares, no están obligados a tener ningún conocimiento previo. Tienen derecho —por así decirlo—, a ser tan ignorantes como sus personales circunstancias así se lo han impuesto.

A lo que no tienen derecho es a descuidar la eficiencia y eficacia de su encargo, rodeándose de asesores que no reúnen el perfil, la experiencia y la experticia propia del encargo. En lugar de contratar asesores profesionales, asignan esas plazas a personas allegadas, sabiendo que no están calificadas para el cargo. Eso es corrupción. Y una corrupción muy costosa, que repercute en la falta de técnica legislativa al elaborar las leyes.

Gracias a esa viciosa práctica ilícita y añeja, no pasamos de tener un Congreso de medio pelo, de visión corta, de alcances limitados, alimentadora de artífices del “copiar-pegar”.

Baja California Sur merece un marco normativo hecho a la medida. Ya no es posible que sigamos adecuando el quehacer social a un marco de leyes que se van modificando a capricho de intereses de grupo, imponiendo en muchos casos obligaciones legales que se copiaron de otras legislaciones y que por ende no necesariamente corresponden a nuestra realidad local.

Es urgente e imperativo reglamentar la figura del asesor parlamentario. Ya no es posible que ese encargo se asigne a capricho de cada Diputado, para favorecer a la novia, amiga, querida, primo, sobrino, guachoma, chalán, achichincle en turno.

La Constitución local deberá establecer la exigencia de contar en el Congreso del Estado con un cuerpo de asesores parlamentarios conformado por profesionistas de experticia y calidad académica comprobables, y perfil profesional específico. El listado de asesores parlamentarios, y su respectiva hoja curricular, debería publicarse en la página del Congreso de BCS, para que la ciudadanía pueda constatar su idoneidad.

De no reglamentar esta importante función legislativa y seguir permitiendo que el cuerpo de asesores esté integrado mayoritariamente por amigos y queridos no aptos, seguiremos pasando por costosos procesos de fallidos quehaceres en el seno del Congreso. Los dislates y la tardanza en el procedimiento designación del titular de la CEDH, es un ejemplo de la urgencia que tenemos de contar con asesores parlamentarios profesionales.

El rezago legislativo y la abundancia de normas confusas y hasta contradictorias, continuarán siendo la constante en el Congreso, si no se corta de tajo con la contratación de asesores patito. El Gobernador seguirá mangoneando al Congreso local, aunque éste se integre con mayoría de oposición, si no saben los Diputados qué deben y qué pueden hacer para cumplir con la encomienda que el encargo público les impone.

El último gol que les metió el Ejecutivo, fue el madruguete que les dio al aprovechar una resolución de amparo que le fue desfavorable, derivado de una demanda interpuesta por una persona discapacitada. En lugar de limitarse a cumplir con la sentencia de amparo, con maquiavélica promoción sofística consiguió que el Juez de Distrito que otorgó el amparo al quejoso, exigiera al Congreso lo que el Gobernador no ha conseguido: que se emita la Ley de Movilidad.

Es claro que el Juez Federal se excede en su reclamo, y que debe combatirse el mismo, pues el Congreso no fue parte en el referido juicio de amparo, y por tanto no está obligado a  someterse al pedido del Juez. Para eso el Congreso del Estado debería contar con asesores expertos en Amparo y en Derecho Constitucional; pero como eso no ocurre, corremos el riesgo de que equivoquen el procedimiento, y entonces, nosotros —los que pagamos impuestos—, los gobernados, sufriremos las consecuencias de las corruptelas de nuestros diputados.

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