Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En el extremo donde el desierto baja hasta tocar el Golfo de California, Cabo Pulmo no parece una frontera de guerra. Parece apenas una franja de sol, polvo y mar transparente. Pero allí, a un kilómetro y medio del Parque Nacional, una autorización ambiental anulada en marzo de 2026 dejó al descubierto algo más profundo que el destino de un proyecto turístico: la forma en que Baja California Sur decide qué vidas merecen agua, qué paisajes pueden venderse y qué futuro se acepta sacrificar bajo el nombre limpio del desarrollo.

El proyecto se llamaba Baja Bay Club y, de acuerdo con documentos revisados por organizaciones, pretendía ocupar unas 600 hectáreas dentro del área de influencia de Cabo Pulmo. No era una palapa ni un pequeño hotel frente al mar: contemplaba 422 villas residenciales, 275 habitaciones de hotel, club de playa, infraestructura para embarcaciones y un campo de golf sobre dunas. En una región árida, donde el agua no sobra, la imagen resulta brutal: pasto verde trazado sobre la sed.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales había permitido el avance del proyecto en 2024 desde su representación estatal. Después vinieron recursos de revisión promovidos por organizaciones. La resolución posterior anuló aquella autorización y ordenó emitir una negativa formal. La autoridad identificó omisiones técnicas graves: el promovente habría negado cuerpos de agua en el predio pese a la existencia de al menos tres arroyos temporales que desembocan en el mar; también se acreditó la fragmentación de una obra mayor en piezas separadas, Baja Bay Club y Hotel Bahía el Rincón, con el efecto de evitar una evaluación regional de impactos acumulativos. El expediente describe una vieja técnica del poder inmobiliario: partir el elefante para que parezca hormiga.

Cabo Pulmo no es una postal más del catálogo turístico mexicano. Fue decretado área natural protegida el 6 de junio de 1995 y protege más de 7,100 hectáreas, casi todas marinas. Allí se conserva el arrecife coralino más importante del Golfo de California y uno de los ejemplos más citados de recuperación por la prohibición de extracción. Estudios científicos han documentado que la biomasa de peces se multiplicó después de la protección. Lo que para el mercado puede ser un frente de playa, para la ciencia y para la comunidad ha sido una prueba rara: cuando se deja respirar al mar, el mar regresa.

No se trata solo de un permiso cancelado. Se trata de una pregunta moral: cuánto vale un arrecife vivo frente a un proyecto inmobiliario. En el papel, la respuesta parece sencilla. En el territorio, donde cada hectárea tiene dueño posible y cada promesa de empleo puede funcionar como chantaje, la respuesta se vuelve incómoda.

El conflicto se manifiesta en la playa, pero empieza tierra adentro, en las tuberías, los caminos, las colonias que crecen más rápido que los servicios y los acuíferos que no leen folletos de inversión. En Los Cabos, el boom turístico convive con una crisis hídrica persistente. Información pública del organismo operador de agua ha señalado que Cabo San Lucas requería al menos 1,000 litros por segundo para regularizar el abasto y producía alrededor de 480. El mismo organismo ha anunciado tinacos, pipas y ampliaciones de desalación para colonias con suministro limitado. La desigualdad, en BCS, a veces se mide en litros: unos llenan albercas; otros esperan el tandeo.

Ese es el paisaje moral que rodea Cabo Pulmo. No basta decir conservación contra progreso. La comunidad no vive de contemplar el mar como si fuera un museo. El turismo de bajo impacto, el buceo, la investigación y la economía local son parte de una salida posible. Lo que está en disputa es otra cosa: el modelo de enclave, el desarrollo que promete prosperidad mientras privatiza el horizonte, exige agua pública y traslada costos ambientales a quienes no aparecen en las maquetas.

La anulación del permiso de Baja Bay Club es un freno, no una absolución. El promovente todavía puede buscar medios de defensa y la historia de Cabo Pulmo enseña que los megaproyectos rara vez mueren del todo: cambian de nombre, de escala, de abogado o de ventanilla. Si una autoridad aprobó en 2024 lo que después otra revisión consideró inviable, la pregunta no puede quedarse en el expediente. ¿Quién revisó? ¿Quién omitió? ¿Quién decidió qué arroyos, dunas, tortugas y corredores biológicos podían tratarse como notas al pie?

Las salidas existen, pero exigen voluntad: evaluación regional obligatoria para proyectos conectados, ordenamiento territorial real en Cabo del Este, consulta pública temprana y no decorativa, límites hídricos antes que permisos de lujo, vigilancia ambiental con dientes y una política turística que mida éxito no solo por habitaciones, sino por agua disponible, vivienda digna y ecosistemas en pie.

Cabo Pulmo no pide ser intocable. Pide algo más radical en un país acostumbrado a vender la costa por partes: que el desarrollo demuestre primero que no destruye aquello que dice venir a admirar. En ese arrecife hay una lección sencilla y severa. Lo vivo no siempre gana en los escritorios, pero cuando se pierde, no hay fideicomiso capaz de comprarlo de regreso.

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