La renovación del pleno del Poder Judicial Estatal
Ius et ratio
Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). La actual legislatura sudcaliforniana tendrá a su cargo en este trimestre la designación de quienes serán titulares de las 3 magistraturas judiciales a renovarse en el Estado, pues tres de los actuales magistrados culminan sus periodos, en septiembre, octubre y noviembre de este año.
Para equilibrar la cuota de género, al menos dos de los tres nombramientos deberán recaer en profesionistas del derecho de sexo femenino.
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Cada nuevo titular de la magistratura judicial estatal será electo por el voto de 14 diputados, entre los integrantes de una terna que en cada caso proponga el gobernador del Estado. (art 92) Para ser magistrado(a) judicial estatal, solo se requiere cubrir 5 requisitos constitucionales (art 91),
1.- Ser ciudadano(a), en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación.
2.- Treinta y cinco años o más, cumplidos el día de la designación;
3.- Poseer al día de su elección, con una antigüedad mínima de diez años, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedidos por la autoridad o Institución legalmente facultada para ello.
4.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
5.- No haber sido secretario de despacho del poder ejecutivo, contralor general, procurador general de justicia, fiscal especializado en materia de combate a la corrupción, diputado local o presidente municipal, durante el año previo al día de la designación.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán elegidos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la Administración de Justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
Si bien la carrera judicial está marcada como preferente en la norma constitucional, no es obligatoria, y eso da pie a que se nombre a improvisados en la materia, cuyo único mérito sea la cercanía con el gobernador en turno, práctica que ha llevado a vergonzosos desempeños en el quehacer jurisdiccional, desde cínicos arribistas que se adueñan de la presidencia del tribunal por 4 periodos consecutivos, cuando ello está expresamente prohibido por la constitución; ignorantes impreparados cuyo deficiente ejercicio jurisdiccional es constatable en las redes sociales; ambiciosos traficantes de influencia que utilizan el encargo como fuente de enriquecimiento personal, de esos que se dejan deslumbrar por un Rolex.
La experiencia profesional nos permite afirmar que la carrera judicial debería ser requisito insalvable para arribar a la magistratura judicial estatal, y que la designación debería darse en función de un ejercicio de concurso por oposición, en búsqueda de la excelencia y sanidad en la administración de justicia.
La justicia pronta y expedita que mandata la norma constitucional y exige la ciudadanía, solo podrá generarse cuando dejemos de improvisar nombramientos y dejemos de privilegiar en las designaciones de magistrados, el amiguismo generador de complicidades y contubernios.
Debemos elegir a los mejores, más aptos, más calificados, mejor evaluados, entre los jueces de carrera. Y la elección no puede seguir siendo una prerrogativa del divino dedo del gobernador, o de arreglos en los oscuros pasillos del congreso.
Al menos dos de los tres nombramientos, deberán recaer sobre jueces que actualmente ejercen en materia penal en el sistema acusatorio, y uno más habrá de recaer en un(a) juez de lo familiar, pues son las áreas que requieren especialización y experiencia específica, y que generan un elevado número de recursos, cuya tramitación requiere precisión y rapidez en su resolución.
No más improvisados. Si queremos calidad en la administración de justicia, debemos exigir preparación, especialización, certificación y concurso por oposición para las designaciones de los magistrados judiciales estatales. Pagamos un precio muy alto con los improvisados.
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