Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El rezago legislativo que acumula el Congreso sudcaliforniano se ha convertido en un auténtico manto de impunidad garantizada para quienes delinquen en la entidad, específicamente en materia de delitos cometidos por personas jurídicas.

El 30 de noviembre de 2015, entró en vigor en Baja California Sur el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 421 establece la posibilidad de ejercitar acción penal en contra de las personas jurídicas particulares.

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FOTO: Archivo

Lo anterior significa que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización.

Entendemos por persona jurídica la organización pública o privada, legalmente reconocida, con derechos y obligaciones, con nombre y patrimonio propio, con capacidad de ejercicio en el ámbito de los objetos sociales legalmente registrados en su acta constitutiva. 

Al contar con personalidad y patrimonio propio, las personas jurídicas son susceptibles de persecución y sanción penal cuando incurren en hechos delictivos, y de ahí que se estableciera en el Código Nacional de Procedimientos Penales un capítulo especial para su procedimiento.

El 17 de junio de 2016 se reformó y amplió el numeral en cita, y a efecto de respetar la soberanía de los estados en materia de delitos del fuero común, se agregó un párrafo que establece que Las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la federación y de las entidades federativas.

Siete años después, el Congreso local sudcaliforniano no ha incorporado al código penal, el listado de delitos por los cuales se puede fincar responsabilidad penal a las personas jurídicas. En consecuencia, todos los delitos que han cometido y sigan cometiendo, quedan y quedarán impunes, debido principalmente a la negligencia de nuestros legisladores locales, que se han dedicado a legislar preferentemente en favor del grupo del arcoíris, y han dejado en el abandono el grave rezago legislativo que enfrenta la entidad.

Actualmente operan en Baja California Sur diversas personas jurídicas que se dedican al fraude inmobiliario y al despojo, sabedores de la impunidad plena que les brinda la omisión legislativa de nuestros diputados. 

Pese a los diversos señalamientos que desde la academia hemos formulado a nuestros legisladores, la omisión legislativa es la constante y el rezago se acumula.

Tenemos cuerpos normativos estatales pendientes de armonizar, actualizar, homologar y adecuar, desde el siglo pasado, pero sin restar importancia a la carga que ello representa, consideramos que al menos en materia penal deberían hacer un alto en su campaña a favor de la minoría privilegiada del arcoíris, y atender a la imperiosa necesidad de incorporar al código penal el catálogo de delitos por los que procede la acción penal en tratándose de hechos atribuibles en comisión a las personas jurídicas.

No estamos hablando de una modificación que requiera un sesudo trabajo de integración. Con que hagan lo que mejor saben hacer: copiar-pegar, es suficiente. Eso sí, lean bien antes de publicar, no vayan a cometer la misma pifia que en el 2015 cuando copiaron el código penal de Yucatán al elaborar un proyecto de Código Penal para esta entidad, y propusieron como delito grave en Baja California Sur la quema de selvas, plantíos de henequén y bloqueo de vías férreas. 

Les sugerimos que tomen como modelo el catálogo de delitos cometidos por personas jurídicas que contemplan los códigos penales del Estado de México (Artículos 11 Bis a 11 Quinquies) y de Quintana Roo (Artículos 18 Bis a 18 Nonies)

En este punto hacemos una invitación a los periodistas de investigación, y a la sociedad en general para que se cuestione a nuestros diputados sobre los motivos que tienen para mantener el vacío legal que hoy en día genera impunidad total a las personas jurídicas, y cuestionar al gobernador, garante de la legalidad en el Estado, sobre los motivos que le impiden exhortar al legislativo a cumplir con su obligación de actualizar el marco legal penal en el Estado, y así poner fin a la impunidad garantizada de que actualmente gozan empresas dedicadas al despojo y fraude inmobiliario en Baja California Sur. 

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