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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La contienda por la gubernatura de Baja California Sur aún no inicia formalmente. El calendario electoral marca que faltan meses para el arranque oficial del proceso rumbo a 2027. Sin embargo, en las calles, en redes sociales, en eventos públicos y en el debate político cotidiano, la sucesión ya comenzó. Lo que para algunos actores representa un legítimo ejercicio de posicionamiento político, para otros constituye una serie de actos anticipados de campaña que amenazan con alterar las condiciones de equidad democrática antes, incluso, de que la ciudadanía sea convocada a las urnas.

Durante los primeros meses de 2026, la discusión sobre los actos anticipados de campaña se convirtió en uno de los temas centrales de la vida política sudcaliforniana. Diversos partidos, organizaciones y actores públicos comenzaron a señalar que algunos perfiles con aspiraciones a la gubernatura estaban aprovechando cargos públicos, programas institucionales, eventos masivos o estrategias de comunicación para fortalecer su imagen de manera anticipada.

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El fenómeno no es exclusivo de Baja California Sur. En prácticamente todas las entidades donde habrá renovación de gubernatura en 2027 se observan movimientos similares. Sin embargo, en una entidad relativamente pequeña, donde los liderazgos son ampliamente conocidos y la cercanía entre ciudadanía y gobernantes es mayor, estos procesos adquieren una visibilidad particular.

El debate gira alrededor de una pregunta aparentemente sencilla: ¿cuándo comienza realmente una campaña política? La legislación electoral mexicana establece límites claros respecto a la promoción personalizada y a los actos anticipados de precampaña o campaña. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur prohíbe expresamente la realización de actos anticipados de campaña por parte de personas aspirantes a cargos de elección popular. Asimismo, corresponde al Instituto Estatal Electoral y a los tribunales electorales determinar cuándo una conducta rebasa los límites permitidos por la ley. Sin embargo, en la práctica, la frontera entre una actividad institucional legítima y una estrategia de posicionamiento electoral suele ser compleja. Un informe de gobierno, una gira de trabajo, una entrevista, una publicación en redes sociales o una reunión con simpatizantes pueden interpretarse de maneras distintas dependiendo del contexto y de los elementos que acompañen la acción.

En Baja California Sur, las denuncias más visibles durante 2026 han estado relacionadas con figuras de alto perfil dentro del escenario político estatal. El Partido Acción Nacional presentó denuncias formales ante el Instituto Estatal Electoral por presuntos actos anticipados de campaña en contra de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, y del alcalde de Los Cabos, Cristian Agúndez Gómez. Los promoventes sostienen que ciertas actividades públicas, mensajes y estrategias de posicionamiento podrían constituir promoción anticipada rumbo a la sucesión gubernamental. Las acusaciones se producen en un contexto donde ambos personajes aparecen de manera recurrente en análisis políticos, encuestas y especulaciones relacionadas con la elección de 2027. Ninguno de ellos ha sido declarado candidato oficial, pero ambos forman parte de la conversación pública sobre quién podría suceder al actual gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío.

El caso adquirió mayor relevancia cuando dirigentes panistas cuestionaron públicamente decisiones de las autoridades electorales respecto a denuncias previamente presentadas. En marzo de 2026, dirigentes estatales del PAN señalaron supuestas contradicciones entre el reconocimiento público de aspiraciones políticas por parte de actores partidistas y la interpretación jurídica realizada por la autoridad electoral respecto a la existencia de actos anticipados de campaña.

Más allá de los nombres específicos, el fenómeno revela una transformación profunda de la política contemporánea. Tradicionalmente, las campañas comenzaban cuando la ley lo permitía. Hoy, las redes sociales han modificado radicalmente esa lógica. Los aspirantes construyen presencia pública permanente, generan comunidades digitales, difunden actividades diarias y fortalecen su reconocimiento ciudadano mucho antes de los tiempos formales establecidos por la legislación.

La exposición continua en plataformas digitales ha reducido la eficacia de los límites temporales tradicionales. Un político puede incrementar significativamente su notoriedad pública sin emitir un solo mensaje explícito de solicitud de voto. La promoción de logros, la difusión de recorridos territoriales, la participación en eventos multitudinarios o la producción constante de contenidos audiovisuales pueden generar efectos políticos similares a los de una campaña convencional.

Este escenario plantea uno de los mayores retos para las autoridades electorales. La legislación fue diseñada para un contexto dominado por medios tradicionales y campañas delimitadas temporalmente. Sin embargo, la comunicación política contemporánea opera de manera permanente y descentralizada, dificultando la identificación precisa de cuándo una conducta constituye promoción electoral indebida.

Los antecedentes nacionales ayudan a comprender la magnitud del problema. En distintos Estados del país, las autoridades electorales han recibido denuncias relacionadas con espectaculares, propaganda personalizada, giras políticas, informes de actividades y campañas digitales consideradas anticipadas. Incluso dentro de Morena, partido gobernante a nivel federal y estatal, el debate ha alcanzado relevancia nacional. En marzo de 2026, el Consejo Nacional morenista discutió nuevas reglas internas destinadas a evitar actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte de aspirantes a cargos de elección popular.

La preocupación responde a un problema de fondo: cuando los actores con mayores recursos institucionales pueden posicionarse antes del inicio formal de las campañas, se generan condiciones de competencia desigual. Los aspirantes con acceso a cargos públicos, presupuesto de comunicación social o exposición mediática permanente parten con ventajas significativas frente a quienes no ocupan posiciones de gobierno.

En Baja California Sur, además, la sucesión gubernamental coincide con un contexto político particularmente sensible. Diversos estudios de opinión publicados durante 2025 y 2026 muestran un escenario abierto, con varios liderazgos buscando consolidar su presencia entre el electorado. Las encuestas reflejan altos niveles de conocimiento público para figuras vinculadas a Morena, pero también la existencia de sectores importantes de ciudadanos indecisos respecto a la elección de 2027. Esta incertidumbre incrementa los incentivos para posicionarse anticipadamente. Cuanto más abierta se percibe una contienda, mayor es la tentación de construir ventajas antes del inicio oficial del proceso electoral.

Las consecuencias potenciales de este fenómeno son múltiples. La primera es el desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Cuando la población percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme o que algunos actores cuentan con privilegios indebidos, aumenta el desencanto hacia la política y disminuye la credibilidad de las autoridades encargadas de garantizar elecciones equitativas.

La segunda consecuencia afecta directamente la competencia electoral. Los procesos democráticos descansan sobre el principio de igualdad de oportunidades entre quienes buscan representar a la ciudadanía. Si algunos aspirantes pueden desarrollar campañas de facto durante años mientras otros esperan los tiempos legales, la contienda deja de desarrollarse sobre condiciones equilibradas.

La tercera consecuencia es presupuestal. Aunque las denuncias deben probarse caso por caso, el debate público suele centrarse en la posibilidad de que recursos institucionales sean utilizados para fortalecer posicionamientos personales. Esa percepción genera cuestionamientos permanentes sobre la separación entre funciones gubernamentales y actividades políticas.

Frente a estos desafíos, especialistas en derecho electoral han propuesto diversas soluciones. Una de ellas consiste en fortalecer los mecanismos de fiscalización digital. Las autoridades electorales enfrentan el reto de monitorear campañas de comunicación que se desarrollan simultáneamente en múltiples plataformas y formatos. La incorporación de herramientas tecnológicas especializadas permitiría detectar patrones de promoción anticipada con mayor precisión.

Otra propuesta apunta hacia una mayor claridad normativa. Diversos expertos consideran necesario actualizar los criterios legales para responder a las nuevas formas de comunicación política. Conceptos como influencer político, publicidad segmentada, campañas digitales permanentes y promoción institucional personalizada requieren definiciones más precisas dentro del marco regulatorio.

También se plantea fortalecer la cultura democrática dentro de los propios partidos políticos. Las organizaciones partidistas podrían establecer reglas internas más estrictas para quienes aspiran a candidaturas, evitando prácticas que, aunque formalmente legales, puedan interpretarse como intentos de obtener ventajas indebidas.

Finalmente, la participación ciudadana resulta fundamental. Las denuncias, observaciones y señalamientos realizados por ciudadanos, organizaciones civiles y medios de comunicación continúan siendo herramientas esenciales para visibilizar conductas potencialmente irregulares y exigir rendición de cuentas.

A poco más de un año de que inicie formalmente la disputa por la gubernatura de Baja California Sur, el debate sobre los actos anticipados de campaña se ha convertido en un termómetro de la salud democrática estatal. Las denuncias presentadas, las respuestas institucionales y las resoluciones que eventualmente emitan las autoridades electorales marcarán precedentes importantes para el proceso de 2027.

Por ahora, la batalla principal no se libra en las urnas, sino en la interpretación de las reglas. Mientras algunos actores aseguran estar realizando únicamente actividades inherentes a sus responsabilidades públicas, otros sostienen que la carrera por la gubernatura comenzó hace tiempo. Entre ambas posiciones se encuentra la tarea de las autoridades electorales: garantizar que, cuando finalmente llegue el momento de las campañas, la competencia se desarrolle bajo condiciones de legalidad, equidad y confianza ciudadana.

Fuentes

https://pan.org.mx/2026/01/24/pan-bcs-denuncia-actos-anticipados-de-campana-de-alcaldes-de-la-paz-y-los-cabos/ «PAN BCS denuncia actos anticipados de campaña de …»

https://www.cbcs.gob.mx/LEYES-BCS/LInstitucionesProcElectoralesBCS-.doc «DECRETO No. 2945»

https://www.diarioelindependiente.mx/2026/03/denuncia-el-pan-promocion-anticipada-de-milena-quiroga-y-cuestiona-al-iee-por-desechar-denuncias «Denuncia el PAN promoción anticipada de Milena Quiroga y …»

https://elpais.com/mexico/2026-03-07/morena-ensaya-en-su-consejo-nacional-un-antidoto-contra-la-corrupcion-politica.html «Morena ensaya en su Consejo Nacional un antídoto contra la corrupción política»

https://gobernarte.com.mx/rumbo-a-las-elecciones-en-baja-california-sur-2027-resultado-de-8-de-enero-2026/ «Rumbo a las Elecciones en Baja California Sur 2027»

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el agua es un asunto de suprema importancia debido a que es un bien escaso, al menos para los ciudadanos comunes, como usted y como yo. Para los políticos es un asunto del más impune ejercicio de la corrupción y la inmoralidad, aunque hayan legalizado la posesión de numerosos títulos de concesión equivalentes a millones de metros cúbicos de agua.

Así quedó evidenciado en el pasado proceso electoral, cerca del cierre de campañas, cuando en un reportaje de Jonathan Nácar y María Idalia Gómez del portal Eje Central  se hicieron públicas las concesiones de extracción de agua de los integrantes cupulares de la fracasada alianza Unidos Contigo, políticos de renombre que no de probada honradez, entre ellos, el priísta Ricardo Barroso, entonces candidato a la presidencia municipal de La Paz y el candidato panista a gobernador Francisco Pelayo, entre otros deslustrados políticos prianistas. Y eso se dio justo en el momento en el que las candidaturas de los tricolores y los azules parecían repuntar en la gesta electoral e incluso sobreponerse a las candidaturas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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Por aquel entonces, cuando los candidatos se daban hasta con la cubeta, los prianistas la aventaban llena de agua y los de Morena la arrojaban vacía, fueron éstos últimos, sobre todo Milena Quiroga, entonces candidata a la Presidencia Municipal de La Paz, y Víctor Castro Cosío, candidato a gobernador por la Cuarta Transformación, quienes con todo el fragor de la adoptada moralina cuatroteista y con la inyección del ímpetu obradorista de la honradez, defendieron —de palabra, claro— los bienes del pueblo y de entre éstos se enfocaron en el vital líquido; es así que en los medios y en los debates se lanzaron contra los poseedores de las millonarias concesiones acuosas, los integrantes del llamado Grupo Comondú.

En uno de los debates, Castro Cosío atacó a Francisco Pelayo con el asunto del acaparamiento del agua: «Cuidar el agua no es un asunto sólo político, es un asunto de carácter social. Hay quienes dicen que es legítimo, que es jurídicamente correcto, pero no pueden nueve familias del Valle de Santo Domingo tener más agua, trescientos por ciento más agua que el ayuntamiento de Comondú«.

Por su parte, Milena Quiroga en uno de los debates enarboló la bandera acuosa contra Ricardo Barroso por tener —a nombre de su hijo—, una concesión de millones de metros cúbicos de agua y dijo que: “No podemos permitir que se siga lucrando con nuestra agua…”, para después en los medios señalar que “el agua debe ser para nosotros como ciudadanos del municipio de La Paz, que requerimos agua cada uno de los días”, y entonces exigió transparencia y que se supiera la verdad sobre el uso del agua. Esperemos que ahora llegue hasta el fondo en el escándalo político del intercambio de cuartos de hotel y comidas de restaurante por agua entre el municipio morenista de Rubén Muñoz y el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) con el Hotel Acuarios.

Es así que, el agua, además de ser un bien fundamental para vivir y ser un bien humano acaparado por los políticos, se ha vuelto en Sudcalifornia un arma politiquera, así la usaron Castro Cosío y Quiroga Romero. Esperemos por el bien de su respetabilidad y de su recién adquirida membresía VIP en Morena, que mantengan firmes sus convicciones cuatroteistas y vayan hasta el fondo del escándalo político del agua para que se castigue con la ley en la mano a todos los implicados municipales en el acuoso affaire entre el Hotel Acuarios y OOMSAPAS durante las administraciones municipales de la priísta Esthela Ponce, del panista Armando Martínez, así como, y sobre todo, de los implicados de la administración del seudomorenista, pero diputado federal, Rubén Muñoz en la aceptación o pedimento de cuartos de hotel, comidas y otros servicios proporcionados por el Hotel Acuarios a diversas autoridades municipales y no sólo de OOMSAPAS, así como también para personas de otras latitudes estatales y hasta trans-marítimas.

El escándalo municipal del agua fue hecho público por el periodista Rodrigo Rebolledo de Diario El Independiente, al entrevistar al representante legal del Hotel Acuarios, Carlos Murillo Aguirre, quien mostró documentación oficial del anterior “Honorable” Ayuntamiento morenista de La Paz a cargo de Rubén Muñoz, oficios mediante los cuales el Secretario Técnico de Presidencia, Valente Martínez Campos, solicitó en diversas ocasiones varias habitaciones “con cargo a la cuenta de adeudo que mantiene Hotel Acuarios con este H XVI Ayuntamiento de La Paz”. Lo que no es otra cosa que corrupción oficializada, legalizada y hasta con membrete municipal inducida por funcionarios públicos.

La inmoralidad de los prianistas no debe sorprendernos, por algo son de derecha y conservadores; y persignados, pero férreos herederos y aplaudidores del neoliberalismo. Lo que no los exculpa de sus actos. En lo que debemos poner la atención y a quienes les debemos exigir rendición de cuentas y transparencia es a nuestra presidenta municipal y a nuestro gobernador. Vamos a ver qué tan obradoristas resultan Milena Quiroga y Víctor Castro Cosío cuando en la corrupción del agua están implicados la anterior administración municipal e innumerables servidores públicos de la actual, además de los depredadores prianistas ya conocidos. Veamos que hacen los morenistas VIP cuando los que lucran con el agua son los miembros de su partido y funcionarios de la actual administración que dirigen.

Polilla Política

Ni el Gobernador, ni la Alcaldesa han tomado cartas en otros corruptos asuntos de Rubén Muñoz, como en la ilegal aprobación del desarrollo inmobiliario Misión Punta Norte, en la que uno de los grandes problemas es el suministro de agua.

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Milena y Víctor, a ustedes que todos los días caminan y hablan con la gente, hoy les quiero contar algo y sé que me escucharán, pues su profunda convicción por gobernar a lado del pueblo y con el pueblo no los dejará pasar por alto lo que abajo expongo.

Hace tres años hubo elecciones y los militantes de izquierda salimos a votar por el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), y la mayor parte del pueblo se nos unió. Juntos les entregamos nuestra confianza y el resto de la esperanza por un mejor porvenir. Les adjudicamos nuestros sufragios a los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y con ello ganamos los municipios más relevantes electoralmente: Los Cabos, La Paz y Comondú.

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FOTO: Tribuna de La Paz.

En Los Cabos hicimos ganar a Armida Castro, quien desde la perspectiva de muchos izquierdistas y de gran parte de la comunidad, tuvo una administración onerosa, turbia, conflictiva y con mínimos resultados, de la que sobresalen su confrontación con el pueblo, sus lujos y el nepotismo al colocar en cargos y puestos públicos a su hijo y a su esposo. Afortunadamente, para el partido y para Sudcalifornia, Armida se montó en la ola feminista y en la “victimización” planteó su estrategia para lograr la candidatura a la gubernatura y al final, todos lo sabemos, la perdió y terminó por traicionarnos de lleno, y se fue al Partido Verde Ecologista; lo que resultó ser lo mejor, pues es obvio que no será gobernadora y que con ese movimiento ha confinado su futuro político a la medianía arribista.

Por otro lado, tenemos el municipio de La Paz, que le entregamos a Rubén Muñoz. Tengo el recuerdo fresco de aquella reunión con el sector cultural, previa a la elección de 2018. Ahí, sin duda, advertí las dotes de buen orador de Muñoz, que hoy lo han llevado a ser nombrado «La serpiente embaucadora”. Pues bien, la administración de Muñoz ha resultado ser, en la mayoría de las áreas, una decepción para los que comulgamos con la 4T. Hoy los votantes de izquierda vemos más carencias que logros a resaltar en la alcaldía paceña. Hoy sigue el desabasto de agua y los servicios municipales son tan malos como lo eran en la administración pasada, en fin, no podemos comparar a La Paz con la capital de Suiza, ya saben, por aquello de las promesas que hizo Muñoz cuando se candidateaba para la gubernatura, pero más allá de dichos huecos me enfocaré en el asunto más delicado y es que Rubén prometió gobernar con el pueblo y para el pueblo, y nos traicionó.

Ustedes, Milena y Víctor, saben de la larga lucha del pueblo sudcaliforniano por hacer valer la ley, por regular a las empresas mineras e inmobiliarias, por no dejarlas hacer su voluntad sobre los intereses del pueblo. Saben, por que han estado ahí, en la lucha por nuestra supervivencia, han estado ahí con nosotros lado a lado, bregando por mantener el equilibrio de nuestras vidas en este ecosistema tan bello, pero tan frágil. Ustedes saben que el agua es lo más valioso, sobre todo tú, Milena, pues en la defensa del agua inició tu carrera política y hoy, el tema de la sobre explotación del sistema hídrico de La Paz es lo que más nos debe ocupar.

Hoy que te manifiestas a lado de nosotros en el asunto de los mega cruceros fondeados en nuestra bahía muchos nos preguntamos, ¿por qué no te has pronunciado clara y contundentemente sobre el atraco político que cometió Rubén Muñoz en el Cabildo al aprobar ilegalmente el desarrollo inmobiliario “Misión Punta Norte”? Todos sabemos que Muñoz cabildeó y con un discurso elocuente convenció a la mayoría de los regidores de desestimar el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, en el que no se negaba la aprobación del megadesarrollo inmobiliario, sino que se le indicaba a Muñoz que el trámite del cambio de uso de suelo requerido se llevará por los causes legales y los reglamentarios para su aprobación, modificación o rechazo. Y ¿qué hizo Rubén? marrulleramente trasladó el asunto a su Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, esperó a las vacaciones de Semana Santa para aprobarlo y evitar la movilización ciudadana de protesta.

Como bien sabes, Milena, la gente más combativa y consciente del valor del agua en esta tierra, nos pronunciamos afuera del Palacio Municipal, recordarás la enorme manta con las caras de Rubén Muñoz y de los regidores que aprobaron “Misión Punta Norte”. Y sé que sabes, Milena, que un desarrollo de la magnitud del que nos acecha, afectará sin duda el equilibrio hídrico del municipio que quieres gobernar. Debes saber que la promesa de una desaladora es inviable por las características de la bahía. Sabemos que sabes del riesgo en que nos pone una autorización subrepticia de un megadesarrollo inmobiliario en esta tierra desértica cuyo principal problema es el suministro del agua.

Milena, estoy seguro que recuerdas, las luchas previas por evitar que Cabildos priístas y panistas, corruptos, aprobaran cambios de uso para emplazamientos mineros, no hace muchos años de esos entuertos en que nos vimos los sudcalifornianos. Y por ello debes saber que Muñoz torció la ley, y embaucó a los regidores, para abrogarse el derecho de decretar u ordenar el cambio de uso de suelo que necesariamente requiere el desarrollo “Misión Punta Norte”. Hoy, la pregunta para ti, Milena, es: ¿qué vas a hacer de llegar a la Presidencia Municipal de La Paz con la ilegal aprobación del desarrollo inmobiliario? La pregunta se extiende y se complementa: Milena, ¿qué tienes que decir acerca de las maniobras politiqueras del aún alcalde Rubén Muñoz, de su usurpación de funciones, de su abuso de poder? Y el cuestionamiento va más allá, ¿qué nos asegura que tu silencio al respecto no es la antesala de maniobras facciosas y de ilegalidades al interior del municipio que hoy nos pides que te entreguemos? Sé que entenderás la inquietud y la duda, pues los sudcalifornianos militantes, simpatizantes de la izquierda y la mayoría de los paceños acabamos de ser traicionados por Rubén.

FOTO: Roberto E. Galindo.

Finalmente, Víctor, tú como aspirante a gobernar nuestro Estado, tienes que estar al tanto de todo esto. Seguro lo sabes, no hace mucho que libraste una pequeña batalla al interior del partido con Armida y Rubén, la que ganaste con nuestro favor político, pues a ellos les negamos la candidatura que hoy detentas. Los que creemos en ti y entregaremos nuestro voto a la 4T necesitamos tu clara evaluación sobre las administraciones de Morena en Sudcalifornia, pero sobre todo tu crítica sincera y directa a éstas, pues, el buen juez por su casa empieza, y en Morena, hoy más que nunca, necesitamos crítica interna abierta a la ciudadanía. A menos de un mes de las elecciones, los sudcalifornianos necesitamos, Víctor, escuchar tu contundente postura.

Polilla Política: A veces nos preocupamos cuando los políticos no paran de hablar y sentimos en cada palabra un vacío de certeza, pero, a veces, en los silencios de los políticos están sus verdaderas convicciones, las que no nos quieren mostrar.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la discusión sobre la ampliación del presupuesto del Gobierno del Estado, la diputada Milena Quiroga, mencionó su preocupación por intentar que en plena pandemia por el COVID-19, el Poder Ejecutivo solicite aumentar los gastos en rubros no esenciales como publicidad y difusión, aun cuando la captación de recursos se disminuyó de manera radical derivado de la pandemia por la cual atraviesa el Estado, informó el Congreso sudcaliforniano.

“Durante esta pandemia no solo no se redujeron los gastos de difusión como lo contempla la ley cuando existe un déficit de recaudación, aumentaron 38%, lo que representa 20 millones más, que solicita el gobernador para gastos de comunicación social, sumando un total de 70 millones para este año en plena pandemia” mencionó.

Dentro de las observaciones realizadas por la legisladora de MORENA en el estado, se encuentra que otro de los aumentos solicitados son los gastos en servicios de publicidad, ya que la solicitud del Poder Ejecutivo, requería de un incremento de 3 millones de pesos, para pasar de 464 mil pesos a 3 millones 464 mil pesos, equivalente a 643% extra a lo aprobado en el presupuesto inmediato anterior.

“Es lamentable que no se prioricen las necesidades reales de la ciudadanía en el gasto de los recursos que se asignan al Gobierno estatal, la gente requiere de iluminación en sus colonias, de infraestructura para el agua, calles dignas, servicios públicos de vanguardia, no gastos excesivos en rubros que a las sudcalifornianas y sudcalifornianos en nada benefician” sentenció.

Finalmente mencionó que en el Capítulo mil hay un incremento en honorarios asimilables y salarios y un 73% en compensaciones, que alcanzan los 16 millones de pesos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la presentación de resultados del proceso de Armonización de Normativa en materia de Movilidad con autoridades federales y legisladores a nivel nacional, la diputada Milena Quiroga, hizo mención que desde el Congreso local ha impulsado este tema, que se convierte en un referente para garantizar el acceso a la movilidad de todas y todos los ciudadanos, además de agradecer el respaldo de las autoridades en la legislación de este tema para Sudcalifornia, informó el Congreso de Baja California Sur.

La diputada Milena Quiroga, informó que la armonización que se dio de la Ley de Desarrollo Urbano y Movilidad para Baja California Sur durante el año pasado, se realizó en apego a las normativas que la SEDATU mandata, siempre en estrecha comunicación con los responsables de este tema a nivel nacional con los Congresos locales; aunque después de 10 meses sigamos esperando su publicación para que sea vigente.

“La Movilidad es un concepto que va más allá del transporte público, y su parte medular está en la planeación de los asentamientos humanos en las ciudades, desde donde se debe cumplir con ciertos criterios expuestos en esta presentación de la armonización, para que se pueda responder con este importante derecho que nos garantizará una mejor calidad de vida y convivencia con nuestro entorno natural” finalizó.