El toloache, la peligrosa hierba del amor

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California Mítica

Por Gilberto Manuel Ortega Avilés

La Paz, Baja California Sur (BCS). México es un país rico en herbolaria y en cultura de curanderismo, a la mayoría le son familiares remedios o brebajes, ya sean para calmar dolores o, incluso, para traer buena suerte.

En los tiempos que no todos los pueblos tenían doctores y los hospitales estaban muy lejanos, los y las curanderas tenían un papel muy importante en la salud, ya que era imposible para ellos llegar a los servicios médicos.

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Al ser más accesibles los servicios médicos para la gente de pueblo, por obvias razones generaban desconfianza y aún preferían acudir al curandero que al médico; esta lucha entre médicos y curanderos es muy antigua, y existen registros históricos como el del 19 de mayo de 1869, donde el doctor Emilio Valle denunció como curanderos a algunos vecinos de la municipalidad de San Antonio, preocupado por la salud de los habitantes.

También en 1907, en San José de Gracia se llevó a cabo una investigación realizada por el doctor Prudencio Vidal Díaz y el subprefecto político de la localidad, para tratar de explicar un caso de locura colectiva denunciada por algunos habitantes de ese lugar. Rigoberto Jiménez, el subprefecto, expresa que acudió junto al doctor Vidal Rodríguez, quien redactó un informe de 18 hojas sobre la situación del pueblo. Menciona que amonestó a la curandera doña Francisca Murillo de Martínez, pidiéndole que regresara a su residencia y no volviera a la congregación San José de Gracia, ya que consideraba que ella era la culpable de los males del pueblo.

Después de una investigación, que resulto en más de 50 páginas oficiales, se llegó a conclusión de que los brebajes de la curandera eran inofensivos, y que la mayoría de la locura era heredada o fingida, aunque se dejaba abierto el caso.

Todos Santos también tiene en sus leyendas a la curandera María León, quien no sólo curaba con hierbas, sino también tenía habilidades de vidente; la señora ganó fama, ya que se cuenta que incluso la iban a consultar personajes políticos o artistas famosos para curar sus males.

El temor al curanderismo en ocasiones tiene fundamento, debido a prácticas poco éticas, como la utilización de hierbas que, aunque si logran su cometido, pueden poner en riesgo la vida de quien las consume, como hierbas que provocan abortos y que mal utilizadas pueden causar la muerte.

Toloache, la planta del diablo

Es una planta herbácea de la familia de las Solanáceas, fácilmente encontrada a las orillas de los arroyos, por lo general mide entre 1.5 metros y 2 metros.

Las hojas del toloache son amplias en su parte central y reducidas en la punta. Se desarrollan alternadas, y tienen figura ovalada, con ápice rígido. El fruto, de vaina globosa, es del tamaño de una pelota de golf. Posee espinas flexibles y está lleno de semillas lisas y reducidas.

Las flores presentan diferentes tonos, según la especie. Son solitarias y largas, parecidas a embudos, y se ven escondidas entre las hojas. Además, son muy refinadas y decorativas, pero hay que tener cuidado con ellas ya que son tóxicas.

Se le llama planta del diablo por el temor que representa en las culturas indígenas del norte de México; a pesar de ser usada como analgésico durante el parto, o diversas curaciones realizadas por chamanes, también es utilizada para tener visiones para estar en contacto con los dioses.

Muchos la han utilizado para conseguir el amor de una persona, pero es una hierba muy peligrosa que puede incluso provocar la muerte.

Para algunos grupos indígenas huicholes era considerada una deidad y sus poderes y relaciones con el sol eran ampliamente reconocidos mediante ofrendas; su uso era poco frecuente porque lo consideraban maligno.

También se utilizaban en una especie de ungüento para provocar alucinaciones, o para tratar dolores; su uso medicinal es mundialmente famoso, pero dependiendo el uso que se le quiera dar es su tratamiento, ya sea la raíz en una bebida, molida junto con las semillas y hojas o fumada.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

¿Terrorismo fiscal o la oposición defendiendo a la corrupción?

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La postura de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se oponen a una fiscalización más estricta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a penas más severas contra aquellas personas o empresas que expidan facturas falsas, monten operaciones financieras fraudulentas y evadan el pago de impuestos, es cuando menos vergonzosa, pues éstos, en diversos grados, son crímenes financieros que afectan a la nación.

No estamos hablando del ciudadano de a pie que no pagó sus impuestos, el asunto es exponer y frenar la sangría del erario que muchos empresarios de mediano y alto calado le han hecho al país durante décadas, y además castigar a los factureros. Algunos legisladores opositores han llamado terrorismo fiscal a las reformas hacendarias y buscan frenar, mediante una queja de inconstitucionalidad, el incremento de las penas contra los infractores financieros. En su intentona de detener una fiscalización más severa están defendiendo a la corrupción. Ya se verá si detrás de esta oposición hay intereses ocultos, de grupo o personales.

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No es coincidencia que muchos de estos políticos sean, o hayan sido, empresarios durante las administraciones pasadas y que se hayan beneficiado de contratos millonarios con los diferentes niveles de gobierno; entre éstos sobresale la panista Xóchitl Gálvez, quien a ultranza busca disminuir las penas judiciales contra los evasores de impuestos. A tal grado es su cinismo, que la oposición logró ampliar hasta en ocho millones de pesos el umbral de permisividad de los delitos financieros que no impliquen cárcel —esto bajo fuertes presiones de una buena parte de los grandes empresarios mexicanos—, quieren darle chance a los criminales financieros, a sus empresas fantasma y a sus factureros de poder defraudar al fisco hasta por ocho millones de pesos sin que eso implique cárcel.

Margarita Ríos-Farjat ha declarado que la facturación falsa es un crimen de defraudación fiscal de grandes dimensiones, pues del 2014 al 2019 se emitieron casi nueve millones de facturas, que implicaron transacciones por 1.6 billones de pesos y una merma económica para la nación de 354,000 millones de pesos, que, además de implicar enriquecimiento ilícito, pueden haber implicado lavado de dinero del crimen organizado.

Y aunque pueden ser trabajadores del Estado que van y compran facturas en Santo Domingo, Ciudad de México para justificar viáticos, también pueden ser titulares de dependencias gubernamentales que quieren justificar más dinero del que realmente gastan, o pueden ser particulares, dueños de pequeñas y medianas empresas, que intentan justificar más gastos anuales y declarar menos impuestos por ingresos. Estos delitos pueden ser cometidos individualmente, pero también es posible que haya organizaciones dedicadas a la falsificación y la simulación de transacciones monetarias que implica a despachos jurídicos y empresarios que se dedican a lavar dinero del crimen organizado.

La corrupción es un asunto de seguridad nacional cuando los legisladores —supuestos representantes del pueblo—, la defienden desde su posición; debe ser considerado un asunto de la mayor relevancia cuando implica el montaje de transacciones monetarias que lavan el dinero del crimen organizado; y cuando ha involucrado a diversas universidades del país en la llamada Estafa Maestra, en la que participaron varios ex servidores públicos.

La investigación contra la evasión fiscal y el lavado de dinero apenas comienza, sin duda poco a poco irán surgiendo nombres de empresarios, políticos y conocidos criminales involucrados en operaciones financieras ilícitas, quienes no serán víctimas de terrorismo fiscal, sólo serán sujetos de la aplicación de la ley, pero eso no quita que hoy sientan terror por lo que está por venir.

Programa Nacional de Combate a la Corrupción

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 30 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 cuyo objetivo prioritario es erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, mejorar el uso de los recursos públicos y promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública. Está orientado a cumplir los compromisos internacionales asumidos por nuestro país con la suscripción de tres convenciones internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El programa entiende la corrupción como el principal problema del país, y la define como “el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Es una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía.”

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La corrupción tiene altos costos sociales, políticos y económicos, y trastoca al Estado de Derecho, y dispara los índices de impunidad. La falta de castigo por actos de corrupción se refleja en el ámbito federal donde sólo 8 de cada 100 irregularidades son sancionadas, en la vía administrativa; en la vía penal, únicamente 7 de cada 100 hechos delictivos relacionados con la corrupción, son denunciados. El Índice Global de Impunidad 2017 ubicó a México como el país de América en el que más dejan de sancionarse estas conductas ilícitas; a nivel mundial nuestro país se posicionó en el cuarto lugar.

El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018 señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México; y ubicó al país en el lugar 127 entre un grupo de 137 en el desvío de fondos públicos; en pagos irregulares le asignó el lugar 105; en confianza del público hacia sus políticos, el 127, y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

La lista de dependencias del ejecutivo federal y entidades que participan en este programa se integra por:

Oficina de la Presidencia de la República – Coordinación de Estrategia Digital Nacional
Secretaría de la Función Pública y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

OBJETIVOS PRIORITARIOS.

Como tales, el programa señala:

Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción.
Combatir los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno Federal.
Promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública.
Promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal (APF).
Promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano.

EXPECTATIVA DE RESULTADOS.

A partir del cumplimiento de los objetivos y la aplicación de las estrategias y acciones puntuales contenidas en este programa, para 2024 se espera:

Que el crecimiento económico deje de ser obstaculizado por la corrupción política y la impunidad;
Que éstas sean erradicadas y se limiten a casos excepcionales, los cuales deberán ser investigados y sancionados de forma inmediata, a fin de que ningún servidor público se beneficie de su cargo;
Que se ponga fin al dispendio por medio de una política de austeridad republicana;
Que la rendición de cuentas se realice en todos sus elementos: transparencia en la toma de decisiones, justificación y, en caso de dolo o negligencia, sanción;
Que se consolide una democracia participativa, en la que la sociedad intervenga activamente en las grandes decisiones nacionales;
Que las instituciones estén realmente al servicio de las necesidades del pueblo; que se modernice la estructura de la APF para hacerla más eficiente,
Que los servidores públicos ofrezcan servicios de calidad y se conduzcan con base en la ley y la ética pública;
Que la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar.

Concluye el texto del decreto apuntando que la aplicación de este programa sentará las bases para una transformación más profunda de la vida nacional en los ámbitos económico, social y político para los próximos 20 años, pues valores como la ética, la honradez, el respeto a la legalidad y a la verdad, la solidaridad con los semejantes y la preservación de la paz, habrán enraizado en la conciencia del pueblo de tal manera que serán garantía suficiente para impedir un retorno a los vicios del pasado como la corrupción, la simulación, la opresión, la discriminación y el predomino del lucro sobre la dignidad.

TEMPORALIDAD DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN

Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública deberán formalizar, a más tardar el último día hábil de 2019, los compromisos e indicadores de desempeño que deriven de las medidas que se establecen en el Programa, y el avance en su cumplimiento se reportará trimestralmente.

La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el decreto por el que se aprueba el Programa.

NUESTRA VISIÓN

El documento es un ramillete de buenas intenciones, más que un programa operativo resulta un compendio declarativo de postulados y aspiraciones. Poco eficaz, si solo ataca el sector público.

El programa no incluye -¿intencionalmente?- la participación ciudadana. Lo cierto es que resulta imposible combatir la corrupción, sin la participación de los gobernados. La lucha contra la corrupción inicia en el hogar. Los padres educando con el ejemplo a los hijos.

Tenemos la doble tarea de inculcar valores al seno familiar, en la comunidad, y al mismo tiempo, constituirnos en severos sensores del quehacer público, denunciando todo acto de corrupción del que tengamos conocimiento. Ciudadanos formando a la niñez en valores y constituidos en contraloría ciudadana, conformamos la herramienta más eficaz que en la lucha contra la corrupción puede haber.

El texto íntegro del programa puede ser consultado en este enlace.

La venganza de AMLO

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Juzgar, enjuiciar y encarcelar a un expresidente sería para México la ponderación del desarrollo democrático que seguimos buscando, siempre y cuando el proceso en contra de tal servidor público se realizara regulado por el marco legal pertinente y bien fundamentado. Poner en prisión a un exprimer mandatario sería para Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su confinación en los libros de historia de la nación. Claro que en ningún momento debería ser una venganza del tabasqueño por los agravios recibidos.

AMLO ha reiterado que no se lanzará a la cacería de los políticos de más alto nivel “que nos hicieron daño”, como ha dicho refiriéndose a los ataques, difamaciones y campañas mediáticas falsas orquestadas en contra del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por parte de varios empresarios, intelectuales, expresidentes y otros políticos, entre los que destacan Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox y, principalmente, Felipe Calderón, del que siempre ha dicho se robó la presidencia mediante un fraude en las elecciones de 2006.

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Los tiempos político-sociales de México no están para la confrontación directa con personajes que aún detentan poder y cuentan entre sus aliados a empresarios y comentaristas de algunos medios de comunicación. Baste ver la dura batalla que AMLO está librando contra Claudio X González y sus esbirros por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y para poder llevar acabo la terminal aérea de Santa Lucía. Es claro que varios grupos de relevancia político-económica no están dispuestos a dar paso al renacimiento de la nación, y obstaculizarán en la medida de sus posibilidades los proyectos más importantes del sexenio morenista: el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, entre otros. Una confrontación directa con empresarios y políticos del viejo régimen enfrascaría a AMLO en una larga lucha legal, con un consecuente desgaste político, que puede implicar una mayor obstaculización de los proyectos de la cuarta transformación (4T).

Y aunque el pueblo bueno y sabio le pide a gritos enjuiciar a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y a Vicente Fox, así como a sus colaboladrones más cercanos, hasta ahora AMLO ha negado un accionar político y una línea legal contra tales tristemente célebres personajes, a pesar de que varios de los aludidos merezcan ser investigados por corrupción y hasta por traición a la patria.

Es claro que la venganza que los de la derecha claman que AMLO ha desatado contra sus huestes no es tal; los despidos de comunicadores chayoteros y mentirosos como Sergio Sarmiento y Carlos Loret de Mola, son ajustes de las empresas a las que pertenecían, éstas cuidan su rating y sus intereses; y aunque no nos guste aceptarlo, prescindirán de voces plenamente alineadas con las administraciones pasadas, porque hoy ya no tienen la popularidad de antes ni tampoco credibilidad. Esa supuesta venganza de AMLO no se ha lanzado con un mandato abierto, tan es así, que Obrador ha pospuesto una y otra vez la consulta ciudadana para enjuiciar a algunos expresidentes, pues es seguro que a mano alzada la nación se levantaría y pediría la investigación de varios de ellos.

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Lo que también es claro es que AMLO está destrozando a sus opositores políticos y mediáticos y la estrategia que está empleando es muy simple, a veces de manera discreta y y otras de forma jocosa.

Contrarrestar las campañas mediáticas falsas organizadas desde la oposición y propaladas por los comentaristas afines a los gobiernos pasados por medio de las conferencias mañaneras, que son las que marcan el ritmo periodístico nacional.
En su gesta contra la corrupción, cada que se destapa un nuevo caso de esta y los involucrados son importantes empresarios y/o políticos de mediano y largo alcance, ellos están relacionados a los ex presidentes priístas y panistas, con lo que está minando la poca credibilidad de la que aún puedan gozar los ex mandatarios. Podemos hablar de Emilio Lozoya, Rosario Robles, Juan Collado y muchos más.

La minimización y la ridiculización de sus oponentes más vociferantes. Ya lo había hecho durante la campaña electoral cuando convirtió al aspirante presidencial panista Ricardo Anaya Cortes en Ricky Riquín Canallín. Al parecer ahora lo ha hecho con mucho mayor éxito con Felipe Calderón al decir que usando la casaca militar se parecía al Comandante Borolas; otra cosa es que Calderón se haya puesto de a pechito al decir que a él no le quedaba el saco, esto dentro de un intercambio de ataques entre ambos por la guerra contra el narcotráfico y los altos índices de violencia que se incrementaron exponencialmente durante el sexenio del panista. AMLO sólo ha usado el arma de ataque con la que fue denostado y ridiculizado durante los pasados tres sexenios, desde que Enrique Krauze lo bautizó como Mesías Tropical, y vinieron luego: Pejelagarto, Lopitos, Pejestorio y otros apodos más que le endilgaron presidentes, empresarios y comentaristas.

Y sin embargo, sin tal venganza, AMLO los está acabando.

Comondú, sin un plan de desarrollo urbano adecuado a los tiempos

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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dice un dicho muy común en México que después de ahogado el niño a tapar el pozo, y es precisamente algo que debemos de aprender contra los desastres naturales, como la reciente precipitación intensa que se presentó en Ciudad Insurgentes —municipio de Comondú—, como resultado de la cercanía de la tormenta tropical Ivo, la cual dejó un panorama de completa inundación en varias colonias de dicha localidad.

Después de la inundación —que afortunadamente no terminó en tragedia humanas que lamentar—, vienen los reproches de la población del porqué se permite construir en zonas de riesgo, o en su caso, porqué no se previene una crecida de agua en colonias ya existentes, si es que hay solución, o en caso extremo reubicar a personas que viven en zonas inseguras.

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Sin embargo, lo sucedido en la Delegación de Ciudad Insurgentes, es un caso entre muchos otros, donde por falta de planeación urbana, la ciudad va creciendo con deficiencias propias de una urbanización adecuada, y en la cabecera municipal Ciudad Constitución, donde existe la población más grande del municipio, se acentúa más el problema. El querer enumerar los problemas de tipo urbano que existen en la principal zona urbana del municipio de Comondú y de toda la zona norte del estado de Baja California Sur, nos llevaría a casi crear un libro, pero los principales problemas se derivan en dos señalamientos: las vialidades acordes a la ciudad y el tener áreas verdes suficientes.

Los que vivimos en Ciudad Constitución, y que tenemos que transitar de oriente a poniente en esta aún pequeña ciudad comparada con La Paz o Los Cabos, nos damos cuenta de las faltas de vialidades de acceso rápido (bulevares o avenidas); donde se llega a tomar un tiempo de hasta 25 minutos en horas pico de extremo a extremo por la calle Francisco I. Madero, en una localidad que apenas llega a los 45 mil habitantes. Parece increíble, pero lo que pudiera pasar si la ciudad creciera al doble de su población, ya nos lo imaginamos.

Repitiendo el caso de la orientación este-oeste de la ciudad, tenemos que la urbanización de la población está más orientada en este sentido, y también se observa que las nuevas colonias se están creando en el mismo sentido, por lo que, razón de más, urge tener un sistema de vialidades futuras donde el transporte vehicular sea fluido y no ocasione trastornos viales. Otra avenida de igual importancia que la calle Francisco I. Madero (que tiene una longitud de 5.5 km), es el bulevar Niños Héroes, que inicialmente debía cumplir su función de tener dos carriles por lado, pero las malas planeaciones y las costumbres de los vecinos de quedarse con excedentes, hizo que se convirtiera en un bulevar decorativo, donde, con un solo carril por lado, hace imposible una buena vialidad.

En lo que respecta a las áreas verdes o espacios públicos viene lo peor, ya que existen colonias populares con ausencia de parques y mucho menos cuentan con espacios para construcción de escuelas o edificios públicos, y con la población existente ya se requieren más espacios para la construcción de espacios educativos. En sus inicios de la fundación de la ciudad, se contaba con áreas verdes suficientes a la población de ese entonces, incluso pudimos presumir en aquel tiempo, que teníamos la unidad deportiva pública más grande del Estado y un bulevar Cervantes del Río con tres fuentes en sus amplios camellones, que servían como áreas verdes; también se tenían espacios suficientes en infraestructura educativa.

Pero como nada en la naturaleza ni en la ciudad permanece estático, la ciudad que tuvo su auge económico y poblacional en la década de los setentas y ochentas, un retroceso en los noventas, pero un renacimiento, si no al grado del pasado, si una población cada vez demandante de servicios. Aunque el problema de la urbanización es el talón de Aquiles de los países subdesarrollados, estas planificaciones se van dando de la mano de la población creciente y no por estrategias o planes de urbanización preventivas.

Urge Planeación en Comondú

El municipio de Comondú y en especial Ciudad Constitución, están a tiempo de realizar estrategias preventivas para evitar problemas que ya pasan en las ciudades del sur del estado, básicamente en lo referente a la ausencia de áreas verdes o equipamiento urbano. Para que esto sea posible se requiere de tener un Instituto Municipal de Planeación Urbana, que viene siendo un ente autónomo del gobierno municipal y conocido comúnmente como IMPLAN, también debe de existir la Dirección General de Planeación Urbana y que debe depender directamente de presidencia municipal o secretaría general, y estar ajeno a la Dirección de Obras Públicas o Catastro.

El ejemplo mejor que tenemos a seguir, es el del municipio de La Paz, que tiene su Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, la cual se subdivide a su vez en Subdirección de Desarrollo Urbano, Subdirección de Ecología y Subdirección de Licencias de Construcción. La función de cada una es muy amplia y muy importante para definir que lineamientos se deben de seguir en la creación de nuevos fraccionamientos y usos de suelos.

En peligro, área verde de la Calle Ancha

Actualmente, en el Ayuntamiento de Comondú hay la costumbre que las subdivisiones y autorización de fraccionamientos los hace la Dirección de Catastro, y la expedición de oficio de usos de suelo la hace Obras Públicas. Al realizar funciones que no corresponden, se corre el riesgo de no pensar en el futuro de la ciudad, como ya ha pasado con los bulevares Adolfo Ruiz Cortines y Luis Echeverría Álvarez, que de ser unas vías rápidas y accesibles de orientación Norte-Sur, pasaron a ser bloqueadas por malas decisiones en la aprobación de fraccionamientos contiguos.

Esperemos que no vaya a suceder con el bulevar Hugo Cervantes del Río, hacia el sur de la ciudad, donde se pretende cancelar con su continuación, y dejar sin áreas verdes de los grandes camellones que distinguen esta vía que representa un ícono de la ciudad, la cual por mucho tiempo fue llamada Calle Ancha. El fraccionamiento San Martín, el cual donó el área donde se encuentra construido el nuevo hospital general, tiene cercada la parte final del bulevar (se puede constatar en la foto) en espera de que se le autorice la terminación de los camellones de la calle ancha, y puedan vender a particulares ya en forma de la lotificación urbana.

Escribanos a…noeperalta1972@gmail.com