Acciones concretas para el combate a la corrupción

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Si bien la Constitución mexicana aborda el tema del combate a la corrupción, no la define. Tampoco la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción proporciona una definición. En ese entendido, podemos afirmar que no contamos con una definición legal de corrupción, pese a que su combate es el estandarte de la actual administración pública federal.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el único instrumento universal y jurídicamente vinculante contra la corrupción, en sus postulados enuncia las causas y las consecuencias de la corrupción, pero no define.

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La Secretaría de la Función pública la define en su página de internet, como “el abuso del poder para beneficio propio”, y la clasifica en tres grupos: a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

Transparencia Internacional, ONG, define la corrupción como “el abuso del poder encomendado, para beneficio privado”, y entre sus actividades enfocadas al combate a la corrupción, destaca un estudio estadístico que publica anualmente, y que sirve como referente mundial de clasificación del nivel de corrupción que desde la ciudadanía se percibe, y con esa base formula recomendaciones, no vinculantes, pero de alta consideración por organismos internacionales.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado en enero 23 del 2020, por Transparencia Internacional, en 2019, México está reprobado en combate a la corrupción, pues obtuvo 29 de 100 puntos, y ocupa la posición 130 de 180 países evaluados.

La calificación de México nos ubica en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo de países que engloba el 80% del comercio e inversiones mundiales

En el Grupo de los 20 (G20), que incluye a países industrializados y economías emergentes que concentran el 66% de la población y al 85% del PIB mundial, México es penúltimo lugar, sólo un punto arriba de Rusia (28 puntos).

Recomendaciones generales:

Para frenar la corrupción y recuperar la confianza en la política, es indispensable reducir las oportunidades para que ocurra la corrupción política y promover la integridad de los sistemas políticos, Transparencia Internacional propone las siguientes acciones concretas:

Gestionar los conflictos de interés

Los gobiernos deben reducir los riesgos que suponen una influencia indebida en la elaboración de políticas públicas. Para ello, deben reforzar los controles sobre los intereses financieros y de otro tipo que puedan tener los funcionarios y cargos públicos. Los gobiernos también deben prestar atención a las “puertas giratorias”, establecer periodos de “enfriamiento” para los antiguos funcionarios, y garantizar que las normas se cumplan y que aplican las sanciones.

Controlar la financiación política

Para evitar los flujos excesivos de dinero y su influencia en la política, los gobiernos deben mejorar y hacer cumplir las regulaciones sobre la financiación electoral. Los partidos políticos también deben publicar sus fuentes de ingresos, bienes y préstamos, y los gobiernos deben otorgar más poder a los órganos de supervisión a través de mayores competencias y recursos adecuados.

Fortalecer la integridad electoral

Para que la democracia sea efectiva contra la corrupción, los gobiernos deben garantizar unas elecciones libres y justas. Prevenir y sancionar la compra de votos y las campañas engañosas deben ser acciones prioritarias para recuperar la confianza en el gobierno y permitir que la ciudadanía utilice su voto para castigar a los políticos corruptos.

Regular las actividades de lobby

Los gobiernos deben promover un acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones, y consultar a una diversidad de grupos, más allá de los lobistas acaudalados y de unos pocos intereses privados. La información sobre las actividades de lobby debe ser pública y accesible.

Acabar con el trato preferencial

Los gobiernos deben crear mecanismos para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no responden a conexiones personales o están sesgados hacia determinados grupos de interés en detrimento del bienestar público.

Empoderar a la ciudadanía

Los gobiernos deben proteger las libertades civiles y los derechos políticos, entre ellos la libertad de expresión, opinión y asociación. Los gobiernos deben comprometerse con la sociedad civil y ofrecer protección a la ciudadanía, los activistas, los informantes y los periodistas que hacen seguimiento y denuncian la corrupción.

Reforzar los sistemas de control

Los gobiernos deben promover la separación de poderes, fortalecer la independencia del poder judicial y salvaguardar los sistemas de control.

Recomendaciones específicas para México

Consolidar su Sistema Anticorrupción, particularmente a nivel estatal y en los tres poderes. El esfuerzo por controlar la corrupción debe ser nacional y no sólo de la Administración Pública Federal.
Asegurar el cumplimiento cabal de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses para todos los servidores públicos, especialmente en áreas de riesgo y alto nivel. Cinco años después de la promulgación de una reforma constitucional para cumplir con este fin, los sistemas de declaraciones patrimoniales y de intereses exhaustivos y públicos se sigue posponiendo.
Asegurar una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, con controles democráticos efectivos para evitar su uso selectivo o político. Uno de estos controles democráticos es la creación de una política de persecución penal, discutida ampliamente con la sociedad, en materia de control de la corrupción.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

El Sistema Estatal Anticorrupción en BCS

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La semana pasada se llevó a cabo un foro virtual convocado por el Sistema Estatal Anticorrupción, donde representantes de la sociedad civil se manifestaron en forma coincidente, sobre la necesidad de combatir la corrupción, tanto en el sector público como privado, y desde su perspectiva, cada uno en representación de la organización a la que pertenecen, aportó ideas y sugerencias que habrán de ser tomadas en cuenta por los organizadores del foro, al momento de elaborar la política estatal anticorrupción.

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), es un organismo de papel, que nace por decreto, en abril de 2017, pero hasta la fecha su existencia no se ha visto reflejada en acciones trascendentes, lo que explican -entre otras razones-, porque no contamos a la fecha con un fiscal anticorrupción, ente persecutor que conforme a la ley que crea el sistema, será el responsable de enderezar la pretensión punitiva en los casos de corrupción, y sin fiscal, el sistema es un tigre desdentado.

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Hay mucho de circo en torno a este sistema, lleno de buenas intenciones, pero ineficaz e inoperante. Se publicita como independiente y nutrido de la participación ciudadana, pero orgánicamente se estructura de forma tal, que siempre la última palabra la tienen aquellos a quienes, en principio, debiera hacerse objeto de escrutinio y rigurosa fiscalización en su desempeño oficial.

Consideramos que para que el sistema anticorrupción tenga credibilidad y, sobre todo, eficacia funcional, debe estar 100% “ciudadanizado”, dotado de plena autonomía orgánica, administrativa y presupuestal. De hecho, ni siquiera es necesario contar con un fiscal anticorrupción (como si existieran los fiscales “procorrupción”), basta con exigir al Ministerio Público que cumpla con su función, y coadyuvar en las investigaciones aportando los datos de prueba necesarios para que, en cada caso, se concrete el ejercicio de la acción penal.

Más que un fiscal especial, necesitamos un órgano ciudadano que exija el cumplimiento de la ley y acompañe todo el proceso, desde la investigación hasta la ejecución de las sanciones, en hechos sancionables penal o administrativamente, relacionados con actos de corrupción.

El SEA, nos dijeron, tiene como objeto establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos, para la coordinación entre todos los órganos de gobierno, para la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Tiene como finalidad establecer, articular y evaluar la política anticorrupción.

Lo anterior suena muy bien, pero es muy poco probable que el sistema funcione cuando las decisiones importantes las sigan tomando aquellos a quienes, se supone, se deben vigilar. El esfuerzo y dedicación que aporte el ciudadano se diluirá en el proceso, a partir de que finalmente será la propia autoridad la que tome las decisiones trascendentes cuando se trate de sancionar a los malos servidores públicos.

La cúpula del SEA está integrada por funcionarios del gobierno, la mayoría dependientes del ejecutivo, o dotados de independencia orgánica pero no presupuestal, vinculados todos entre sí por compromisos partidistas o ligas de amistad y/o intereses de grupo. La cúpula denominada “comité coordinador” se integra por:

El presidente del SEA
El titular de la Auditoría Superior del Estado
El Fiscal Anticorrupción
El titular de la Contraloría General del Estado
El presidente del Consejo de la Judicatura del Estado
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
El Comisionado presidente del ITAIBCS

Este comité, integrado -con excepción del presidente- por empleados públicos de primer nivel, titulares designados por el gobernador en turno, o mediante procedimiento en el que el gobernador tiene mucha influencia, difícilmente podrá tener la objetividad, independencia, imparcialidad y honorabilidad que se requiere para realizar cabalmente la funciones de diseño, promoción y evaluación de las políticas públicas tendientes a la prevención, detección, combate y sanción a la corrupción.

¿Cómo vamos a creer en su probidad? Por ejemplo, el presidente del consejo de la judicatura, que es al mismo tiempo presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, lleva 9 años ininterrumpidos en el cargo, cuando la Constitución del Estado señala que solo debe durar en dicho cargo tres años (Art 95). Sabemos que el poder es adictivo, y, con tal de mantenerse en el mismo, violenta el marco constitucional, en flagrante acto de corrupción, ¿Cómo podemos creer que participará activamente en acciones de combate a la corrupción, cuando se beneficia de la misma?

Una presidencia de tres años que se convierte en perpetua o vitalicia, es una burla a la ley, un descarado acto de corrupción, que no tiene justificación alguna. Y es este personaje uno de los encargados de combatir la corrupción. Preside al mismo tiempo el consejo de la judicatura, órgano público que maneja con absoluta opacidad el fondo auxiliar para la administración de justicia, un fondo multimillonario que maneja con absoluta discrecionalidad y oscurantismo. Dicho fondo, nunca ha sido auditado, y solo beneficia a quien la cúpula judicial así lo determina. Un fondo público que debe estar sujeto a un severo y estricto control y escrutinio, bajo elevados parámetros de transparencia, se maneja como partida secreta del Tribunal de justicia estatal. Está claro entonces el motivo de su afán por perpetuarse en el poder.

Los demás servidores públicos integrantes del comité cupular del SEA, también son susceptibles de revisión de sus antecedentes, y no todos saldrían bien librados.

Si el SEA fuera totalmente ciudadano, podríamos creer en su viabilidad, pero mientras esté estructurado de tal modo que sean los propios funcionarios estatales los que tomen las decisiones trascendentes, difícilmente podrá dar resultados, y seguirá como hasta ahora, durmiendo en el sueño de las expectativas.

El SEA, en su estructura actual, cuenta con un comité de participación ciudadana, integrado por cinco ciudadanos elegidos por un comité elegido por el Congreso del Estado. Es decir, que la participación del gobernado, está, en principio, sujeta al filtro oficial del poder legislativo, donde impera más el interés partidista que la auténtica representación popular. Ya entonces de inicio, encontramos un proceso selectivo donde es el gobernante el que decide qué ciudadano lo va a supervisar.

Los saqueadores del erario municipal

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Llegaron al poder enarbolando la bandera de la lucha frontal a la corrupción, y ofertaron la “ciudadanización” de la contraloría municipal, pero tan pronto asumieron el encargo público, olvidaron su promesa, nombraron como Contralora municipal a su jefa de campaña, y continuaron con la añeja y tolerada práctica de vender el patrimonio territorial municipal, en beneficio de sus bolsillos y de fraccionadores y “desarrolladores” inescrupulosos, en grave detrimento del erario municipal y de la sociedad paceña, que pierde en cada venta de predios donados, espacios de convivencia, recreación y saneamiento ambiental.

Pese a que la lucha contra la corrupción es la cantaleta que más se repite en el eje discursivo de nuestros políticos, y que incluso hemos suscrito tratados internacionales sobre el tema, en los hechos, los ciudadanos vemos como todo ese afán propagandístico y de simulación legal es letra muerta, pues en la práctica, no hay un esfuerzo real por combatir de raíz la corrupción, y en ese proceso de falsa retórica, es el mismo político que promete combatir la corrupción, el que la pone en práctica.

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La lucha contra la corrupción solo será realidad, el día en que los ciudadanos, los de a pie, los que pagamos impuestos, los que no tenemos aspiraciones políticas, dejemos la pasiva actitud atávica de ser simples espectadores, y asumamos el compromiso histórico de ser actores en el proceso de combate y erradicación de la corrupción e impunidad con que operan aquellos que alcanzaron con falsas promesas el poder público, sólo para servirse del mismo, en perjuicio de la función pública, el interés social y el erario.

Solo será realidad el combate a la corrupción, el día en que desde la sociedad civil nos organicemos para combatirla, y si bien no existe en el texto constitucional un concepto jurídico que la defina, fundamentalmente por tratarse de un concepto sociológico, en el discurso político y en la propuesta que genera la normatividad que rige la vida del Estado, se ha ubicado la interpretación y el combate a la corrupción, en el campo de la aplicación del derecho penal, a través de diversas figuras delictivas, cuyo común denominador es la protección del erario y del buen funcionamiento del servicio público. Es así como surgen los diversos tipos penales que sancionan con cárcel, inhabilitación y multas las conductas que a criterio del legislador, transgreden el servicio público y lesionan o ponen en peligro el erario.

Contando entonces con el marco legal mínimo indispensable para ello, los ciudadanos deberemos constituirnos en órganos de control, asociándonos para formar una o varias contralorías ciudadanas, ajenas a las instituciones públicas, políticas o religiosas, desde las cuales, atendiendo estrictamente a intereses gremiales legítimos, vigilemos el quehacer gubernamental.

La estructura de la contraloría ciudadana debe partir desde las asociaciones vecinales hasta las organizaciones profesionales y gremiales, con un solo objetivo, supervisar el actuar gubernamental, denunciar y perseguir cualquier acto de corrupción.

Los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción están al alcance de la sociedad, únicamente es necesario organizarnos y emprender con determinación la empresa.

Proponemos en estas líneas un sencillo ejercicio de contraloría ciudadana: sabemos por información publicada en las redes sociales, que el Ayuntamiento de La Paz ha vendido ilegalmente un terreno de donación, en la zona urbana de alto valor comercial turístico denominado “El Manglito”, recibiendo de manos de los voraces desarrolladores, trece millones de pesos (en abonos) a cambio de un predio de donación, cuya explotación comercial brindará a los particulares ilegalmente beneficiados, una ganancia superior a los doscientos millones de pesos.

Nuestra legislación proscribe ese tipo de operaciones, y su concreción actualiza un tipo penal de peculado, en el que unos pocos se benefician ilegalmente del erario municipal en perjuicio de la comunidad paceña, que pierde no sólo el elevado valor del activo inmobiliario, sino que pierde un espacio de recreación, esparcimiento, convivencia y saneamiento ambiental.

Reunida la documentación que acredite el hecho ilícito, presentaremos la denuncia ante el Agente del Ministerio Público. A partir de ese momento, invitamos a toda la ciudadanía que guste sumarse al esfuerzo, a que participe en la lucha por perseguir y sancionar a los malos funcionarios municipales que participaron en la ilícita venta, y los voraces empresarios desarrolladores que se benefician ilegalmente con la misma. Convocaremos a través de las redes sociales a diversas movilizaciones y acciones colectivas tendientes a buscar la sanción de quienes hoy ilegalmente se enriquecen y al tiempo buscan allegarse de recursos económicos para escalar en el cargo público, y desde la gubernatura, seguir saqueando al Estado.

La oposición y la Coparmex contra Ley antifacturera: un asunto de Seguridad Nacional

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los alegatos de los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de varios políticos de la opisición contra la “Ley antifacturera”, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, se puede leer desde varias perspectivas, pero una de éstas se inscribe en la tendencia soberbia con la que se han manejado muchos de los grandes empresarios para dirigir a su antojo y discrecionalidad el devenir de nuestro país, de la mano de sus títeres políticos. La pregunta es ¿quiénes se creen que son ellos para determinar que debe ser considerado o no delito grave en el ámbito de la seguridad nacional, cuando la facturación falsa ha dañado tanto a la nación de la mano de otros crímenes como estafas, lavado de dinero y manejo de recursos ilícitos en campañas políticas, donde sin duda ha tenido que ver el crimen organizado.

De igual manera, varios políticos de los partidos opositores y un sector empresarial considerable se han mostrado contrarios ante las leyes de anticorrupción que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), aduciendo que los delitos financieros no afectan la seguridad nacional, ya que no ponen en riesgo la estabilidad financiera o económica del Estado mexicano, cuando el monto de dinero que ha dejado de captar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por motivo de la expedición de facturas falsas asciende a 354,000 millones de pesos del año 2014 al 2019, lapso en el cual se emitieron alrededor de nueve millones de facturas falsas que avalaron un monto de cerca de 1.6 billones de pesos.

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Habrá que explicarles a los miembros de la Coparmex que la seguridad nacional de cualquier país no sólo se ve vulnerada cuando un ejército enemigo transgrede sus fronteras o cuando desde dentro una revuelta social genera caos, que la estabilidad de un país se puede afectar con la merma económica; pues ésta deriva en otros delitos y más cuando es resultado de la corrupción en la que el lavado de dinero, producto de las varias ramas del crimen organizado como el tráfico de drogas, de armas y de personas, son actividades que desde hace años violentan a nuestra sociedad.

Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, ha señalado que “A pesar del esfuerzo que hicimos no pudimos influir, no pudimos convencer y teníamos argumentos, teníamos razones, teníamos todos los elementos para que se entendiera y no se logró”; en referencia a sus llamados por no equiparar la falsificación de facturas como un delito grave equivalente a prácticas del crimen organizado. Es inadmisible que los empresarios busquen mediante amparos cancelar una ley que pretende reducir los crímenes fiscales, que desde hace décadas son en buena medida los que permiten el empoderamiento económico del crimen organizado.

La prueba palpable de eso es la jornada violenta que se vivió en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre pasado, cuando ante la detención de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, el grupo desplegó un operativo de carácter militar impresionante, en el que hicieron una demostración de poderío armamentístico que sólo puede ser explicado por el manejo de grandes cantidades de recursos económicos.

El poderío militar de las organizaciones criminales tiene que ver con la corrupción, el lavado de dinero y la colusión de las autoridades de diversos niveles, entonces es inconcebible que la Coparmex y la oposición política luchen en contra de la “Ley antifacturera” y busquen minimizar las penas de los delitos financieros, cuando sabemos que muchas empresas son partícipes del enriquecimiento de los carteles mexicanos mediante el lavado de dinero, lo que sin duda deriva en su capacidad armamentística y táctica para desplegar operativos altamente coordinados, que logran nulificar el accionar de las fuerzas castrenses y policiacas como sucedió en Culiacán, ¿si eso no es asunto de Seguridad Nacional, entonces qué es?

¿Terrorismo fiscal o la oposición defendiendo a la corrupción?

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La postura de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se oponen a una fiscalización más estricta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a penas más severas contra aquellas personas o empresas que expidan facturas falsas, monten operaciones financieras fraudulentas y evadan el pago de impuestos, es cuando menos vergonzosa, pues éstos, en diversos grados, son crímenes financieros que afectan a la nación.

No estamos hablando del ciudadano de a pie que no pagó sus impuestos, el asunto es exponer y frenar la sangría del erario que muchos empresarios de mediano y alto calado le han hecho al país durante décadas, y además castigar a los factureros. Algunos legisladores opositores han llamado terrorismo fiscal a las reformas hacendarias y buscan frenar, mediante una queja de inconstitucionalidad, el incremento de las penas contra los infractores financieros. En su intentona de detener una fiscalización más severa están defendiendo a la corrupción. Ya se verá si detrás de esta oposición hay intereses ocultos, de grupo o personales.

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No es coincidencia que muchos de estos políticos sean, o hayan sido, empresarios durante las administraciones pasadas y que se hayan beneficiado de contratos millonarios con los diferentes niveles de gobierno; entre éstos sobresale la panista Xóchitl Gálvez, quien a ultranza busca disminuir las penas judiciales contra los evasores de impuestos. A tal grado es su cinismo, que la oposición logró ampliar hasta en ocho millones de pesos el umbral de permisividad de los delitos financieros que no impliquen cárcel —esto bajo fuertes presiones de una buena parte de los grandes empresarios mexicanos—, quieren darle chance a los criminales financieros, a sus empresas fantasma y a sus factureros de poder defraudar al fisco hasta por ocho millones de pesos sin que eso implique cárcel.

Margarita Ríos-Farjat ha declarado que la facturación falsa es un crimen de defraudación fiscal de grandes dimensiones, pues del 2014 al 2019 se emitieron casi nueve millones de facturas, que implicaron transacciones por 1.6 billones de pesos y una merma económica para la nación de 354,000 millones de pesos, que, además de implicar enriquecimiento ilícito, pueden haber implicado lavado de dinero del crimen organizado.

Y aunque pueden ser trabajadores del Estado que van y compran facturas en Santo Domingo, Ciudad de México para justificar viáticos, también pueden ser titulares de dependencias gubernamentales que quieren justificar más dinero del que realmente gastan, o pueden ser particulares, dueños de pequeñas y medianas empresas, que intentan justificar más gastos anuales y declarar menos impuestos por ingresos. Estos delitos pueden ser cometidos individualmente, pero también es posible que haya organizaciones dedicadas a la falsificación y la simulación de transacciones monetarias que implica a despachos jurídicos y empresarios que se dedican a lavar dinero del crimen organizado.

La corrupción es un asunto de seguridad nacional cuando los legisladores —supuestos representantes del pueblo—, la defienden desde su posición; debe ser considerado un asunto de la mayor relevancia cuando implica el montaje de transacciones monetarias que lavan el dinero del crimen organizado; y cuando ha involucrado a diversas universidades del país en la llamada Estafa Maestra, en la que participaron varios ex servidores públicos.

La investigación contra la evasión fiscal y el lavado de dinero apenas comienza, sin duda poco a poco irán surgiendo nombres de empresarios, políticos y conocidos criminales involucrados en operaciones financieras ilícitas, quienes no serán víctimas de terrorismo fiscal, sólo serán sujetos de la aplicación de la ley, pero eso no quita que hoy sientan terror por lo que está por venir.