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AMLO visitará Baja California Sur este sábado: Víctor Castro Cosío

FOTO: Archivo / INTERIOR: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará Baja California Sur en gira de trabajo el próximo sábado 11 de diciembre, confirmó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

Agregó que, hasta el momento, se tienen contemplados solamente dos eventos: el primero de ellos en las instalaciones de Exportadora de Sal (ESSA), en Guerrero Negro, y otra más en la compañía Roca Fosfórica Mexicana (ROFOMEX), en esta ciudad capital; ambas serán de carácter privado.

Castro Cosío comentó que en la reunión con directivos de ESSA se llevará a cabo una evaluación sobre la actividad de la salinera, una de las principales productoras y proveedora de sal en el país y en el extranjero.

“El Presidente viene para abordar un tema minero, definir con toda claridad de qué manera aprovechamos mejor los recursos de dos empresas que son del Estado, la salinera que es importantísimo reforzarla luego de décadas de saqueo, para luego estar en San Juan de la Costa y ver de qué manera ROFOMEX puede ayudar más a producir más fertilizantes indispensables para el desarrollo agrícola del país”, señaló.

La visita será solamente de un día, como se menciona, en Guerrero Negro y en La Paz, para luego retornar a la Ciudad de México, apuntó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.




Seis y medio millones de votos

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Consulta Popular para Enjuiciar Expresidentes fue propuesta desde la campaña electoral del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, no les agradó a los integrantes de la oposición. La pregunta inicial para esta consulta la planteó AMLO al Senado de la República en septiembre de 2020 fue:

¿Está de acuerdo o no en que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante, y después de sus respectivas gestiones?

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La reacción de los opositores a la consulta se articuló alrededor de una frase: “La ley no se consulta, se aplica”, la que repitieron hasta el cansancio comentaristas, reporteros y analistas de los medios de comunicación con mayor alcance nacional; obviamente, detractores de la Cuarta Transformación (4T). En un país en el que la impunidad es una realidad —las estadísticas lo señalan: al menos el 95% de los actos ilegales quedan impunes—, es contradictorio que el contraataque a la Consulta Popular se haya erigido a partir de esa frase.

No es tarea menor llevar a juicio a expresidentes que han gozado de impunidad durante sus mandatos debido al fuero presidencial; y que una vez que terminan sus sexenios son protegidos por las relaciones políticas, económicas, y judiciales creadas durante sus administraciones.

Es así que aseverar que “La ley no se consulta, se aplica”, es cuando menos un atentado contra el sentido común de cualquiera que se asuma como mexicano, y no por que no deba ser así, pues la ley debería aplicarse, sin duda, pero con nuestros sistemas judicial y policíaco, corruptos y coptados por poderes criminales, políticos, mediáticos, y empresariales, la aplicación de la ley es algo más complicado; por lo que “La ley no se consulta, se aplica” resulta ser una frase simplista y patética si se toma en cuenta la realidad de la impunidad criminal en nuestro país.

Pero, esa frase caló hondo en ciudadanos inocentes, no ignorantes, pero sí desubicados en el contexto social nacional; y ellos, los que decidieron no participar, no se dieron cuenta de la importancia de la primera Consulta Popular de carácter constitucional en la historia de México, que representa mucho más que llevar a juicio a esos expresidentes.

Para que la consulta fuera aceptada, sin más reparos por el Instituto Nacional Electoral (INE) fue necesario que la sociedad, a través del Senado de la República, presentara más de 1 millón 800 mil firmas solicitándola, número equivalente al 2% de los inscritos en el padrón electoral. En septiembre del año pasado fueron presentadas más de 2 millones y medio de signaturas. De esta manera la organización de la Consulta Popular se convirtió en un hecho constitucional.

Aun y con la solicitud presidencial y el requerimiento ciudadano, muchas voces opositoras se elevaron en contra de la pregunta planteada por AMLO, y cualquier otra que hiciera referencia a los nombres de los expresidentes. El asunto se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos integrantes debieron matizar el planteamiento inicial hasta que derivó en el siguiente:  

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Una interrogante ambigua, pero que todos sabíamos se refería a los expresidentes en cuestión. La pregunta se volvió lo de menos, el acto de la consulta ciudadana trascendió a dicho cuestionamiento.

Además de la modificación a la pregunta inicial, los ataques a este ejercicio democrático se dieron desde todos los flancos controlados por la oposición en los medios de comunicación y en organizaciones no gubernamentales, vimos y escuchamos atacar a la consulta a los voceros de los regímenes pasados: intelectuales, comentaristas, conductores de televisión y radiofónicos.

También, denostaron a la consulta personajes que supuestamente han participado o son partícipes directos de la democracia mexicana como José Wondelberg, quien fuera Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), quien nos llamó, a los que votamos en la consulta popular del 1 de agosto: “Los perros de Pablov”, e hizo un llamado público a no participar en ese ejercicio democrático; lo que lo desnuda como un cancerbero de los criminales de los regímenes anteriores. Lo más grave es que desde el INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama se dedicaron a entorpecer, denostar y burlarse de la Consulta Popular.

Lo más prudente hubiera sido que la consulta se llevara a cabo en el pasado proceso de elecciones intermedias, el 6 de junio, eso habría reducido los costos de la organización del evento y la participación hubiera sido mucho mayor, pero las autoridades electorales y en general los legisladores de la oposición hicieron todo lo posible para no llevar a cabo un ejercicio democrático simultáneo.

Además, la difusión de la Consulta Popular por parte del INE, así como el despliegue de mesas y casillas fueron reducidos, con toda la intención de generar una menor participación ciudadana. Hoy, sabemos que el INE cambió de lugar el 48% de las casillas con respecto a los lugares en que se ubicaban en otras elecciones, también sabemos que un gran número de éstas y de las establecidas en sus lugares de costumbre fueron cerradas al medio día del domingo 1 de agosto, mucho antes del cierre establecido para las 18:00 horas. Pero, a pesar de todas las adversidades la Consulta Popular se realizó.

El 1 de agosto fuimos a votar poco más del 7.11% de los inscritos en el padrón electoral, es decir 6 millones 663 mil 208 sufragistas, de los cuáles el 97.7% votamos a favor de investigar y enjuiciar a expresidentes y exfuncionarios públicos, y el 2.3% restante lo hizo en contra o anularon sus votos. Es así que la inmensa mayoría de los mexicanos que estamos interesados en la democracia participativa nos decantamos por el respaldo a la propuesta presidencial, aunque no alcanzamos el mínimo requerido del 35% del padrón electoral para hacer vinculatorio el resultado de la consulta.

Seis millones y medio de votos a favor de la propuesta de AMLO no son poca cosa si se considera que en las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo 8 millones 969 mil 288 y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió 8 millones 715 mil 899. Es más, los números de la Consulta Popular son bastante considerables si se comparan con los obtenidos por la ahora oposición en la pasada elección presidencial, en la que el candidato priísta logró poco más de 9 millones de sufragios y el candidato panista alrededor de 12 millones y medio de estos.

Es así que 6 millones y medio de votos son una base firme para impulsar la realización de otras consultas, ya que este número no sólo representa la base del morenismo ni la del obradorismo, recuérdese que a la Consulta Popular llamaron a participar sectores sociales tan distantes y hasta contrarios a Morena y a AMLO como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La primera Consulta Popular constitucional es un gran avance en la relación entre el pueblo y su gobierno, resultado de la histórica lucha de la izquierda mexicana y a pesar de la derecha panista y priísta; pero, sobre todo, es el mayor logro de la ciudadanía en la incipiente democracia participativa de nuestro país.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.




La Alianza Federalista y las vacunas

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La autodenominada Alianza Federalista, integrada por diez gobernadores: cinco panistas, dos priístas, un perredista, uno emanado de Movimiento Ciudadano y otro independiente, ha intentado de todo para desacreditar al Gobierno Federal y para obtener  dividendos políticos para el próximo proceso electoral de 2021. Desde su salida de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores), estos jefes estatales han remado a contracorriente de los intereses de la nación.

Uno de sus primeros amagos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue el de salirse del Pacto Fiscal, el mismo que fue impulsado y aprobado por los panistas en el sexenio de Felipe Calderón. Hablaron incluso de independizarse, más ridículos no podían sonar, pero hubo algunos ciudadanos que se creyeron la pantomima. ¿Cómo se van emancipar de la federación si es esa la que les provee de recursos económicos, seguridad social y en materia de salud a la mayoría de sus gobernados? Claro está que algunos estados generan grandes movimientos económicos y aportan a la federación, pero también de esta fluyen estos y otros recursos a las entidades federativas.

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Cuando Javier Corral, gobernador de Chihuahua, vociferaba contra el presidente y parecía asumir el control de la caterva de gobernadores rijosos, pasaron por alto que el presidente y el partido gobernante a nivel federal controlan las fuerzas armadas y que los mas altos mandos de estas fueron nombrados por López Obrador, independientemente de aquellos que le recomendaron los anteriores jefes de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) y la SEMAR (Secretaría de Marina), quienes son militares afines al expresidente Enrique Peña Nieto. Pequeño detalle en sus aspiraciones separatistas, y es que si se lanzaran de lleno en un escenario independentista, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la mano los acusaríamos de traición a la Patria y, los elementos de nuestras fuerzas armadas están destacamentados en todo el territorio nacional.

Está claro que la Alianza Federalista tiene como propósito generar impacto mediático con sus bravuconadas politiqueras para posicionar a panistas y priístas en las próximas elecciones intermedias, debemos tener en cuenta que de las gubernaturas que se van a renovar el año próximo ocho son gobernadas por el PRI, cuatro por el PAN, una por el casi extinto PRD, otra por un gobernador independiente, así como una por Morena.

Los amagos de los aliancistas han sido diversos, casi todos originados por la cancelación que hizo el Gobierno Federal de los fideicomisos, varios de estos controlados discrecionalmente por los gobernadores, mismos de los que se sirvieron por mucho tiempo para desviar recursos en especie y económicos para fines a los que no estaban destinados oficialmente. Sabemos que los gobiernos federales panistas y priístas solaparon y coadyuvaron en el uso y abuso de estos mecanismos económicos en contubernio con las entidades federativas para propósitos electorales y particulares.

La amenaza más reciente de los aliancistas es que ellos quieren adquirir mediante créditos las vacunas contra el coronavirus para sus entidades, cuando ya existen compras pactadas para diversas vacunas y un ambicioso plan de vacunación a nivel nacional que está ya implementando el Gobierno Federal; al que, por supuesto, acusan de manejar la vacunación con tintes políticos, pero se les olvida que la inoculación comenzará en Coahuila y la Ciudad de México (CdMx), la primera entidad priísta y la segunda morenista, pero que tienen algo en común: la mayor crisis de contagios y decesos en las últimas fechas. Es así que la estrategia del Gobierno Federal es atender a los más necesitados, a las entidades con mayor crisis, así como con una infraestructura que permita la vacunación sin mayor problema, en este caso la CdMx y ello debido a las grandes exigencias de transportación y logística que implica la inoculación de la vacuna del laboratorio Pfizer, de la que es necesario aplicar dos dosis que deben ser transportadas a una temperatura inferior a los 70 grados Celsius, es por ello que se va a emplear al Ejército y a la Marina para su distribución.

El escenario mundial para la venta y adquisición de las vacunas es muy complicado, el Gobierno Federal a través del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha trabajado en la adquisición de las vacunas desde antes que se fabricaran. México como país que planteó ante la Organización de las Naciones Unidas la distribución ordenada y equitativa a nivel mundial de la vacuna contra el SARS-Cov-2, por intermediación de nuestro presidente, no debe lanzarse a adquirir vacunas en desorden, alterando los acuerdos internacionales. Es de esperarse que el incremento de los contagios causado por la temporada invernal y la relajación de las normas de distanciamiento social generen más pánico del que ya hay. Lo que sin duda abonará a que se lucre con la vacuna, mediante compras independientes, el robo y la generación de un mercado negro de las mismas. En México, los gobernadores de la Alianza Federalistas son los que buscan poner el desorden para utilizar la vacunación contra el coronavirus con fines políticos, cuando la estrategia de inoculación de la población es una operación de seguridad nacional que por Ley debe estar a cargo del Gobierno Federal.

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De rifas y colectas o el pulso de la Cuarta Transformación en el reflejo del pueblo

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La disminuida oposición política y los civiles detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) critican cualquier acción del gobierno federal, pero sobre todo aquellas en las que se involucra la participación de la sociedad, esas acciones político-sociales en las que si no se tuviera el apoyo de la gente, serían actos sin sentido como pregonan los opositores al régimen. Pero es esa reacción furibunda de la oposición a actos como la simbólica rifa del avión presidencial o la colecta de firmas para “enjuiciar a algunos expresidentes” lo que ratifica la importancia de esas acciones, no sólo por lo que en apariencia implican: rifar cien cachitos de veinte millones de pesos, monto económico obtenido de la venta de los mismos boletos, suceso en que no hubo sorteo de avión alguno; y reunir firmas para un hipotético y poco probable, pero posible juicio a expresidentes corruptos; escenario de justicia que dependerá del ambiente político conforme se acerquen las elecciones intermedias de 2021 o la renovación del mandatario presidencial en 2024.

Si algo debemos saber todos, obradoristas y opositores, es que con AMLO lo poco probable y hasta lo considerado imposible sucede; el mejor ejemplo es él mismo, antes de julio de 2018 muchos de los que trabajamos durante años para llevarlo a la presidencia considerábamos ese acto una proeza, inclusive una utopía, pero como gente de izquierda desde jóvenes nos acostumbramos a los sueños utópicos y no pocos de nosotros nos vimos sorprendidos con la respuesta del pueblo en las urnas. Nos costó tiempo, días, semanas y meses digerir el avasallador triunfo electoral: más de treinta millones de votos, cantidad que superó por varios millones de sufragios la suma de los votos priístas y panistas de esa elección. Y ahí está la razón de esos actos políticos y sociales, que es más simbólica y de salud de un movimiento que lo que implican per se.

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Mediante el movimiento social de la Cuarta Transformación (4T), que es impulsado por la militancia del partido político Morena y por millones de mexicanos sin filiaciones partidistas, es que se organizan actos sociales y políticos que pueden parecer triviales, como nos quieren hacer creer los personajes más mediáticos de la oposición, desde políticos caricaturescos hasta cómicos profesionales. Dicen ellos que la colecta de firmas no sirve para nada y que los que participamos en ésta somos unos ilusos. Y, por supuesto, se equivocan, pues no sólo es el acontecimiento de plasmar una firma, independientemente de que se consiga o no el juicio a los expresidentes, de ese acto lo importante es la presión social que se logra. Además, cabe señalar que mediante algunas colectas de firmas anteriores se ha logrado que se redacten leyes y/o que se apliquen las que ya existen, cuando a los gobiernos no les interesaba ceñirse a lo que marca nuestra Constitución Política y a otros documentos oficiales pertinentes para gobernar y administrar nuestra nación con justicia social y con base en la ley.

Hay ejemplos de colectas de firmas con las que se han cancelado establecimientos mineros que por ley estaban prohibidos, pero que habían sido aprobados por diversas corruptelas entre gobernantes y empresarios, o plantas de cerveza que habían sido ya autorizadas violando todas las leyes posibles; empresas que se orquestaron al amparo de la corrupción y el influyentismo político, y que sólo fueron detenidas cuando la sociedad organizada salió a firmar a la calle mandatos populares. He participado en varios actos así con resultados contundentes. Otros, como el de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), sólo han servido para justificar acciones ya determinadas, pero en todos ellos el motivo político va más allá del acto en sí. Es lo que hace a esos acontecimientos pertinentes en dos sentidos. Por un lado, son el resultado del clamor de un sector de la población que busca justicia y respeto en relación a algo que consideran violatorio de sus derechos y garantías individuales y colectivas. Por el otro lado, son actos de reafirmación de la popularidad de un grupo político o de un personaje político, en este caso de Morena y, principalmente, del presidente; pero lo más importante es que son actos vinculatorios y de reafirmación de los lazos de confianza y apoyo que existen entre la base social del movimiento o partido político y su dirigente más visible.

Actos como la colecta de firmas para enjuiciar a los expresidentes también sirven para amilanar al enemigo político, para desencajarlo de su papel respondón y duro, sobre todo cuando por ley algunos delitos ya prescribieron y será imposible castigar a los criminales de la política; el más claro ejemplo es el de Felipe Calderón, que rijoso y vociferante atacaba al presidente y que, con la colecta de firmas, le bajó de decibeles a sus desmesuradas agresiones mediáticas. Luego entonces, salir a firmar mandatos populares no es sólo eso, es estrategia política de fondo que sirve para avasallar aún más a los opositores y para cerrar filas alrededor de un personaje, movimiento o causa, para mantener al activista político activo, constante y contundente. No es tan simple como salir e ir a plasmar una firma o como comprar un cachito de la lotería.

En honor a la verdad, cable aclarar que en el caso de la aeronave de lujos de ensueño, el asunto del sorteo no obtuvo la respuesta esperada en gran medida debido a la crisis económica desatada por la pandemia de la COVID-19. Si se lograron vender más de cuatro millones de cachitos de los seis millones que se imprimieron se debió a la intervención de algunos empresarios y del gobierno en la compra de los mismos. Y aunque más de la mitad de los boletos vendidos fueron comprados por civiles, este acto solidario del pueblo con su presidente carece de sentido para los detractores, ellos no van a ver que la cancelación de una aeronave lujosísima es el símbolo de la transformación del régimen, al que devotamente antes daban continuidad inmersos en actos de vilipendio económico, corrupción y favores políticos bajo la mesa. Por supuesto, que la ingenuidad del detractor común no es compartida por los líderes de la oposición que ven en actos así un verdadero peligro para su supervivencia política dentro de un sistema que se está transformando. Podremos cantar victoria en el asunto del avión cuando este se venda y se recupere por esa vía su valor actual, que sumado a lo obtenido en la rifa ajuste un monto aproximado al costo total estimado de la aeronave para el erario mexicano desde su adquisición: alrededor de cinco mil millones de pesos, mucho más de su valor original, pues cabe aclarar que el gobierno de Felipe Calderón se comprometió a pagarlo a plazos y con intereses.

En el asunto de la colecta de firmas se logró la participación de dos millones cuatrocientas mil personas y el análisis del fenómeno no debe constreñirse a plasmar una firma y deben considerarse sus implicaciones. En política ningún acto es baladí o no debe serlo, y si es así no sirve, pero si genera reacciones furiosas de la oposición y de desprecio de algunos internautas que nos tildan de ilusos a los que participamos en un acto como ese, es entonces que se ha establecido la pertinencia del acto de las firmas en la calle; pues tal acción no pasó desapercibida y obligó a nuestros adversarios políticos a reaccionar. En todo caso, la realización de las firmas callejeras es vital para un movimiento que se nutre de la base poblacional, por lo que al firmar los individuos nos reafirmamos como parte de una colectividad que pugna en conjunto hacia algún lugar o meta.

Es así que la rifa y la colecta de firmas van más allá de su supuesto propósito y sirven para mantener el impulso de un movimiento social en torno a un líder; por cierto, el más aclamado y seguido en casi un siglo, si descontamos de la lista al general Lázaro Cárdenas del Río y a nuestros héroes revolucionarios. ¿Quién puede negar que AMLO es el político más fuerte que ha tenido México en las últimas décadas y que es de este siglo el presidente más poderoso que hemos tenido?, el que sin duda está marcando el devenir histórico de una nación, incluso con rifas que no lo son y con colectas de firmas que tal vez no logren su aparente propósito, pero que son en el pueblo el reflejo del régimen o el movimiento social predominante en turno y que en su conjunto y en el contexto de la 4T tienen un propósito fundamental y de largo plazo: transformar al país y sacarlo de la podredumbre en la que por desgracia aún se encuentra, pero de la que lo estamos salvando millones de mexicanos que respaldamos a nuestro presidente.

Polilla política: la política es fundamental para todos, pues dependemos de ésta; y en cualquier acto de análisis político va involucrada una postura política, creer lo contrario es verse en un espejo deformado que resalta nimios apéndices en volutas de humo y reduce prominencias a diminutos rasgos que al querer ser ocultados sólo se agrandan a la lente de un buen análisis.

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Terrorismo fiscal 2021

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 08 de septiembre de 2020, el presidente de la República presentó para su aprobación ante la Cámara de Diputados, el Paquete Económico 2021, que comprende los Criterios Generales de Política Económica, Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Derechos. De ser aprobado en sus términos, o bien, una vez aprobadas las modificaciones y adecuaciones que realice el legislativo, el paquete normativo entrará en vigor el 01 de enero de 2021.

Inmersos en lo que muchos analistas consideran la peor crisis económica del país en los últimos cien años, el gobierno federal elige incrementar la presión a los causantes cautivos, en vez de pugnar por la ampliación del padrón de causantes, y sostiene e incrementa el gasto público en proyectos que no son prioritarios, cuando las estrategias de éxito, como en el caso de Alemania, indican que debe priorizarse el apoyo al contribuyente productivo, reorientando para ello el gasto público.

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El paquete económico, entendido como la propuesta de planeación económica del país, que elabora la autoridad hacendaria a partir de la proyección del análisis de las principales variables y expectativas del sector macroeconómico nacional, ha sido recibido por los expertos en temas financieros como un programa poco confiable, a partir de la incapacidad que ha demostrado la Secretaría de Hacienda, en sus predicciones en materia económica. En 2019 predijeron un crecimiento económico de +2.5%, y nuestra economía decreció -0.3%; y en este año prometieron un crecimiento de +2.0% cuando en realidad estamos viviendo el peor desplome: de por lo menos -10%.

Al margen de lo que pudiera estimarse como una estrategia equívoca en materia de distribución del gasto público, y un excesivo optimismo respecto al poco probable incremento del PIB (4.6%), control inflacionario (3%), estabilización cambiaria (dólar debajo de $22.2 pesos) y al incremento de los ingresos del sector público a partir del aumento programado de la producción petrolera, con la entrada en vigor de la reforma al Código Fiscal de la Federación, de aprobarse en sus términos, para el ciudadano promedio, causante cautivo o pequeño inversor buscando emprender, se cierne la amenaza de ser víctima de terrorismo fiscal, de aprobarse la propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación, que dota de facultades excesivas a la autoridad fiscal, algunas de las cuales devienen en graves violaciones a los derechos humanos de los contribuyentes actuales y/o potenciales, e incluso, a terceros ajenos al ejercicio empresarial que se estime causa generadora de gravamen, lo cual resulta inadmisible en un estado de derecho.

Entre otras medidas que plantea el proyecto de reforma fiscal, destacan:

  • Se amplían las facultades de auditoría y medidas de apremio contra el contribuyente y contra los responsables solidarios, pues ahora se pretende involucrar a terceros ajenos al acto generador del impuesto. Esto es: si un particular tiene un contrato de arrendamiento, subordinación laboral, contractual, o cualquiera otra actividad lícita que implique estar relacionado con el causante, sus bienes podrán ser embargados, e incluso confiscados, como medida de presión al causante, a pesar de que el tercero afectado no tenga obligación de tipo solidario respecto del causante a quien se le deba auditar. Por ejemplo, si Juan le renta un local a Pedro, y en ese local Pedro tiene dos empleados, la autoridad fiscal estará autorizada para confiscar bienes de Juan o de los empleados de Pedro, en caso de que Pedro se niegue a ser auditado, ello, como “medida de apremio” para que Pedro cumpla con su obligación fiscal. El único requisito para ser víctima de decomiso, es estar vinculado con el causante incumplido, lo cual es una verdadera barbaridad, desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos.
  • Cuando un ciudadano se dé de alta ante el fisco, el verificador de Hacienda debe realizar una investigación para cerciorarse de la existencia y autenticidad del domicilio, lo cual tiene sentido, pues da certeza al procedimiento. El problema es que en la reforma se plantea dotar de facultades al verificador para utilizar herramientas tecnológicas de captación de datos, como cámaras para videograbar todo lo que se encuentra en el domicilio, lo cual constituye una grave violación a la privacidad domiciliaria.

Es cierto que debe combatirse la práctica ilícita de señalar domicilios falsos, pero ello no es justificación para invadir la privacidad domiciliaria, videograbando las pertenencias de los ocupantes. Entendemos que deben combatirse las empresas fantasmas, pero ello debe hacerse sin afectar los derechos humanos de personas ajenas a tal ilícito.

Es importantísimo generar una corriente de opinión que obligue a nuestros diputados federales a revertir las reformas en comento, pues no podemos hablar de un estado de derecho ni de democracia participativa, cuando se dota a la autoridad fiscal de facultades extraordinarias, violatorias de derechos humanos, y para ello, se vota en el Congreso de la Unión, sin escuchar el sentir y parecer del ciudadano, que al fin de cuentas es el que resiente los efectos de la reforma, y en el caso, será el receptor de los potenciales casos de abuso por parte de las autoridades fiscales.

Es muy bueno que se incremente la recaudación fiscal, pues todos los gobernados tenemos la obligación de contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. Lo que no se vale, es dotar de facultades excesivas a los órganos encargados de la verificación y fiscalización de la actividad económicamente productiva.

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