Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Aunque BCS cuenta con el reconocimiento oficial por tener uno de los menores indicadores de corrupción a nivel nacional según ENCIG-INEGI, diversos casos recientes evidencian que persisten prácticas corruptas que afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES):

• Conflictos de interés y favoritismo institucional: Funcionarios públicos de los tres niveles, vinculados a empresas privadas han sido acusados de desviar recursos públicos y beneficiar a contratistas afines.
• Trámites opacos y discrecionalidad administrativa: Las PYMES enfrentan obstáculos burocráticos, pagos indebidos y demoras injustificadas en permisos, licencias y contrataciones públicas.
• Corrupción en sectores estratégicos: El gremio transportista denunció corrupción en la Dirección de Transporte, afectando el acceso equitativo a concesiones y rutas.
• Desconfianza institucional: La percepción de impunidad y falta de sanciones genera un entorno de inseguridad jurídica que desalienta la inversión local.

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Para abatir la corrupción en el Estado, es necesario implementar medidas estructurales y operativas desde la administración pública para combatir la corrupción que afecta a las PYMES, entre las cuales estimamos como de mayor urgencia y relevancia las siguientes:

1. Transparencia y digitalización

◆ Implementar plataformas públicas de trámites y licitaciones con trazabilidad y auditoría ciudadana.

◆ Publicar en tiempo real los criterios de asignación de contratos, subsidios y permisos.

2. Fortalecimiento institucional

◆ Crear unidades anticorrupción independientes con facultades de investigación y sanción.

◆ Profesionalizar el servicio público mediante concursos abiertos y evaluaciones periódicas.

3. Reforma normativa

◆ Revisar y armonizar leyes locales con estándares internacionales de integridad pública.

◆ Establecer sanciones más severas por corrupción que afecte a sectores productivos vulnerables.

4. Protección a denunciantes

◆ Crear mecanismos seguros y anónimos para denunciar extorsión o abuso de autoridad.

◆ Garantizar que las denuncias tengan seguimiento judicial y administrativo.

5. Fomento a la participación empresarial

◆ Incluir a representantes de PYMES en comités de vigilancia de obra pública y gasto gubernamental.

◆ Establecer mesas de diálogo permanente entre gobierno y sector productivo.

De manera complementaria y accesoria, es imperativo que se emprendan acciones desde la sociedad civil para proteger a las PYMES frente a la corrupción:

1. Observatorios ciudadanos

◆ Crear observatorios locales que documenten irregularidades en contrataciones, trámites y servicios públicos.

◆ Publicar informes periódicos que visibilicen patrones de corrupción y sus impactos.

2. Redes de defensa empresarial

◆ Formar alianzas entre PYMES para compartir información, asesoría legal y estrategias de protección.

◆ Promover cláusulas anticorrupción en contratos privados y públicos.

3. Educación cívica y legal

◆ Capacitar a empresarios en derechos administrativos, mecanismos de denuncia y ética empresarial.

◆ Impulsar campañas de cultura de la legalidad en medios locales y redes sociales.

4. Litigio estratégico

◆ Emprender acciones legales colectivas contra actos de corrupción que afecten al sector.

◆ Colaborar con organizaciones jurídicas para llevar casos emblemáticos ante tribunales y organismos internacionales.

5. Incidencia política

◆ Promover reformas legislativas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.

◆ Participar activamente en procesos electorales y exigir compromisos anticorrupción a candidatos.

Corolario

La lucha contra la corrupción no es una consigna abstracta: es una tarea urgente y concreta que exige voluntad política, vigilancia ciudadana y compromiso ético. Defender a las PYMES es defender el futuro económico, democrático y ambiental de Baja California Sur.

No hay desarrollo sin justicia. No hay justicia sin transparencia.

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