Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El axioma inveterado del filósofo Perogrullo, que sentencia literalmente que “la principal causa del divorcio es el matrimonio”, ha sido superada en su alcance tautológico, por la temeraria afirmación que sostiene que el matrimonio, además, es una causa generadora de feminicidios, de acuerdo con el planteamiento motivacional invocado en un proyecto de reforma al Código Civil estatal elaborado por la facción progre del Congreso local —convenientemente maquillado de “iniciativa ciudadana”—, a efecto de que sea tramitado de forma prioritaria.

El proyecto en cita pretende imponer como requisito para contraer matrimonio, el someterse y aprobar una examinación psicológica, para detectar patrones de violencia en los aspirantes a contraer matrimonio. No existe un protocolo de eficacia estadísticamente confiable, aplicable al caso y para ese propósito específico, así que la batería de examinación carecerá de rigor científico y estaría sujeta a las vaguedades e imprecisiones que caracterizan a los diagnósticos genéricos. De aplicarse en sus términos la reforma propuesta, aparte de enfrentar una inviabilidad operativa, su entrada en vigor resulta violatoria de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 en su versión actualizada en el año 2018.

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Esta reforma genera, además, una grotesca sinrazón legislativa. En Baja California Sur, un infante, de cualquier edad, aún sin consenso de sus progenitores o tutores, puede alterar su registro natal cambiando a voluntad su nombre y sexo biológico en su acta de nacimiento (ley vigente), pero un adulto no podrá casarse si un examen psicológico empírico y subjetivo, le declara no apto para el matrimonio.

De aprobarse esta reforma, lo único que se lograría sería desestimar a los pretensos contrayentes, y se corre el riesgo de estigmatizar a quienes no aprueben la examinación psicológica de marras.

En todo caso, y con la mejor disposición de asignarle valía preventiva alguna al proyecto, a final de cuentas sería otro banal intento aislado, costoso e improductivo, de frenar la violencia contra las mujeres.

La violencia no tiene sexo, ni estado civil, ni referencia social de estigmatización. La violencia se previene y elimina con educación en principios y valores que se inculcan en el hogar, se fortalecen en la escuela y se aplican en el entorno social.

Si de verdad existe la voluntad política de prevenir y erradicar la violencia, es necesario dejar de dar palos de ciego con campañitas estériles y reformas locuaces que sólo acentúan la falta de armonización en el marco legal sudcaliforniano.

Nuestra propuesta

La prevención y erradicación de la violencia requiere una estrategia integral que abarque básicamente 5 ejes rectores

EJE 1: Prevención y sensibilización

1. Programas de educación: Implementar programas de educación en escuelas y comunidades para promover la igualdad de género, la no violencia y la resolución pacífica de conflictos.
2. Campañas de sensibilización: Realizar campañas de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales para concienciar sobre la violencia y sus efectos.
3. Talleres y capacitaciones: Ofrecer talleres y capacitaciones para profesionales, líderes comunitarios y ciudadanos en general sobre la violencia y cómo prevenirla.

EJE 2: Protección y asistencia a víctimas

1. Centros de acogida: Establecer centros de acogida para víctimas de violencia, donde puedan recibir asistencia médica, psicológica y legal.
2. Líneas de ayuda: Implementar líneas de ayuda telefónica y en línea para víctimas de violencia, donde puedan recibir orientación y apoyo.
3. Protección policial: Garantizar la protección policial para víctimas de violencia, incluyendo la asignación de agentes especializados en violencia de género.

EJE 3: Justicia y sanción

1.  Adecuación del sistema judicial: Adecuar operativa y normativamente el sistema judicial para garantizar la justicia y la sanción efectiva para los agresores.
2. Unidades especializadas: Establecer unidades especializadas en violencia de género dentro de las corporaciones preventivas y persecutoras del Estado.
3. Sanciones efectivas: Implementar sanciones efectivas para los agresores, incluyendo la privación de libertad, terapia y la restitución de derechos a las víctimas.

EJE 4: Coordinación y participación ciudadana

1. Consejo Estatal: Establecer un Consejo Estatal para la Prevención y Erradicación de la Violencia, que coordine esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y sector privado.
2. Participación ciudadana: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y erradicación de la violencia, a través de la creación de comités ciudadanos y la realización de eventos comunitarios.
3. Colaboración con organizaciones: Colaborar con organizaciones no gubernamentales y comunitarias que trabajan en la prevención y erradicación de la violencia.

EJE 5: Moniteoreo y evaluación

1. Sistema de monitoreo: Establecer un sistema de monitoreo para seguir la evolución de la violencia en Baja California Sur.
2. Evaluación de impacto: Realizar evaluaciones de impacto para medir la efectividad de las estrategias y programas implementados.
3. Ajustes y mejoras: Realizar ajustes y mejoras en la estrategia integral según los resultados de la evaluación y el monitoreo.

Esta estrategia integral requiere la participación y coordinación de múltiples actores, incluyendo gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanos en general. Es importante destacar que la erradicación de la violencia es un proceso largo y complejo que requiere voluntad política, compromiso social, perseverancia y recursos.

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