Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Como parte de la estrategia en la lucha contra el crimen organizado, a nivel mundial con el siglo XXI nació una estrategia tendiente a golpear a la delincuencia organizada en sus finanzas. Así surgieron diversos tratados internacionales suscritos por México, tendientes a combatir el Lavado de Dinero, a través de estrategias encaminadas a minar la cauda económica de las organizaciones criminales que operan tanto a nivel nacional como internacional.

En búsqueda de ampliar el abanico de combate a la criminalidad y la corrupción, nuestro país firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo, 2000) así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida, 2003) y desde el año 2000 nos integramos al organismo denominado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo propósito es crear y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, la prevención y el combate al lavado de dinero.

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Entre las estrategias encaminadas a la afectación de los recursos económicos de las organizaciones criminales y el combate a la corrupción, la más funcional ha sido la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, administrativamente dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, y como parte de la estrategia nacional, se acordó la creación de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) en cada Entidad Federativa, contando para ello con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.

Y es así como desde el 20 de junio de 2019, Baja California Sur cuenta con su propia Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica, adscrita directamente al Procurador General de Justicia del Estado, cuyo objetivo es el ejercicio de extinción de dominio de los bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, secuestro, extorsión, trata de personas, entre otros previstos en el artículo 22 Constitucional.

La UIPE cuenta en su estructura básica de funcionamiento con el suficiente personal operativo, capacitado en Extinción de Dominio y operaciones con recursos de procedencia ilícita, agentes de investigación y peritos contables con especialidad en auditorías, y entre sus facultades destacan:

• Preparar el ejercicio y acción de extinción de dominio.

• Investigar y judicializar en casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Contar con acceso a bases de información y de datos estructurados.

• Coordinar el trabajo interdepartamental con la Policía Cibernética que permita prever tendencias delictivas con base en las experiencias previas de las áreas y de información remita por órganos estatales.

Teóricamente esta unidad es una magnífica herramienta para el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada, pues está dotada de facultades y recursos técnicos y operativos de primer orden, pero… en la práctica es conocida como la Carabina de Ambrosio, pues no hace nada y solo sirve para lo mismo, lo cual es indignante, tomando en cuenta que el combate a la corrupción fue la promesa de campaña más recurrente de la actual administración estatal.

Recientemente el gobernador estatal informó que una veintena de servidores públicos del sexenio anterior están sujetos a investigación criminal. Suponiendo que algunos de ellos sean procesados -atendiendo a las bondades del sistema penal acusatorio-, difícilmente veremos a alguno de ellos tras las rejas, y del dinero que se embolsaron no se recuperará nada, porque nuestra Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica, como la Carabina de Ambrosio, solo es un adorno caro y ocioso en el entramado burocrático de la PGJEBCS.

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