Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia busca modernizar y coordinar las instituciones de seguridad en México, utilizando tecnología avanzada y promoviendo la colaboración interinstitucional para combatir el crimen de manera más efectiva.

Derivado de la implementación de esta normatividad, que permite robustecer las investigaciones, además de ampliar las capacidades para desmantelar redes criminales y detener extorsionadores, el pasado 5 de julio del año en curso se presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión para prevenir y proteger a la población de este delito, misma que se basa en cinco ejes:

• Generar detenciones mediante investigación e inteligencia.
• Fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales.
• Aplicar el protocolo de atención a víctimas.
• Capacitación permanente a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación.
• Implementar una campaña de prevención nacional.

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Actualmente el 66% de las extorsiones se concentran en Guanajuato, EdoMex, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se opera de manera prioritaria con equipos especializados.

Para garantizar el éxito de la estrategia, resulta indispensable la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el congelamiento de cuentas bancarias donde se depositan los cobros de las extorsiones, además se solicitarán mandamientos judiciales para bloquear líneas telefónicas vinculadas a este delito, y se desarrollarán operativos sorpresa en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos que son utilizados para cometer este ilícito.

La línea telefónica 089 será exclusiva a nivel nacional para atender denuncias y orientar a la población sobre este delito, y ya se cuenta con operadores especializados en el tema, además cuentan con un protocolo ante denuncias de extorsión directa o indirecta.

Resulta prioritario proteger en todo el procedimiento, la identidad de la víctima, por ello, las denuncias serán anónimas y la extorsión se perseguirá de oficio, lo que facilitará la integración de las carpetas de investigación que permitirán a las autoridades dar seguimiento a estos delitos y detener a los generadores de violencia.

Se brindará capacitación a cajeros de tiendas de conveniencia e instituciones bancarias para evitar depósitos a extorsionadores, así como a recepcionistas de hoteles del país para identificar y evitar casos de secuestro virtual.

Iniciará en breve una campaña preventiva, de actualización permanente, para que toda la población pueda estar informada y protegida de este delito.

Participación ciudadana

La participación ciudadana es fundamental. Aunque la estrategia está liderada por instituciones del Estado, se han incorporado mecanismos para que la sociedad civil contribuya activamente en la prevención, denuncia y seguimiento de este delito.

Formas de participación ciudadana

• Denuncias anónimas al 089: Se habilitó una línea nacional con operadores capacitados para recibir reportes de extorsión, garantizando la protección de la identidad del denunciante.
• Observatorio de Seguridad Ciudadana: Presente en 20 estados, canaliza reportes ciudadanos sobre extorsión y secuestro, lo que ha permitido salvar vidas y proteger familias.
• Campañas de prevención: Se difundirán materiales informativos para que la población identifique riesgos y sepa cómo actuar ante intentos de extorsión.
• Capacitación a sectores clave: Ciudadanos que trabajan como cajeros, recepcionistas de hoteles o empleados bancarios reciben formación para detectar y evitar extorsiones o secuestros virtuales.
• Colaboración con organizaciones civiles: La participación de ONGs y colectivos locales es primordial en la difusión de información y acompañamiento a víctimas.

Retos y oportunidades

• Más del 96% de los casos de extorsión no se denuncian, lo que refleja una profunda desconfianza hacia las autoridades.
• Se ha señalado la necesidad de inutilizar números telefónicos usados para extorsión, ya que muchos siguen activos incluso después de ser reportados.
• Los centros penitenciarios siguen siendo el principal cunero de las extorsiones, y su desmantelación es improbable mientras existan las redes de complicidad institucional.
• La estrategia aún no contempla acciones específicas para proteger a poblaciones migrantes, quienes son especialmente vulnerables a este delito.

La participación ciudadana no solo fortalece la estrategia, sino que también legitima la acción institucional y permite construir redes de protección comunitaria.

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