Avances tecnológicos y procuración de justicia

FOTOS: Canva.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías Y Fiscalías (IEDF), Baja California Sur ocupa el penúltimo lugar nacional, con un índice del 22.2% en transformación digital, que comparado con el 94.4% del primer lugar ocupado por Nuevo León, nos habla del grave atraso tecnológico que enfrenta en el Estado la aplicación de avances tecnológicos en materia de procuración de justicia.

A esa limitación técnica, se agrega el rango salarial más bajo en las entidades con vida cara, lo que se traduce en servidores públicos mal remunerados. A lo anterior se suma la ausencia de adecuación en el ejercicio profesional de los operadores del sistema de procuración de justicia, a los estándares nacionales (anexo 1) e internacionales (anexo 2).

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La aplicación de estos estándares, son definitorios para la calificación y evaluación del desempeño de los operadores del sistema, que se traduce en más y mejores apoyos y acceso a fondos nacionales e internacionales indispensables para optimizar el servicio y mejorar los emolumentos salariales-

Procuraduría o Fiscalía de Justicia

El presupuesto estatal asignado es el tercero más bajo en el rango nacional, lo cual hace muy difícil alcanzar una excelencia operativa, sin el apoyo de instituciones y organismos internacionales que aportan recursos materiales, tecnológicos y capacitación permanente a las entidades de la República Mexicana, para lo cual es indispensable migrar de procuraduría de justicia a fiscalía estatal de justicia.

Somos el único Estado que se niega a esta migración, entre otras razones, porque las fiscalías son independientes, mientras que el procurador es un empleado subordinado y dependiente orgánica y presupuestalmente del gobernador. BCS debe adoptar una estrategia integral que combine interoperabilidad digital, capacitación institucional, y participación ciudadana para transformar la procuración de justicia con tecnología.

¿Por qué BCS está rezagado?

  • Fragmentación institucional: Sistemas no interoperables entre Fiscalía, Policía, Poder Judicial y Defensoría.
  • Infraestructura limitada: Falta de conectividad, equipos obsoletos y escasa inversión en software especializado.
  • Débil cultura digital: Poca capacitación en herramientas tecnológicas, resistencia al cambio y escasa evaluación de desempeño.
  • Ausencia de gobernanza tecnológica: No existe una unidad rectora que articule la transformación digital en justicia.

Presentamos una propuesta estructurada y viable para revertir el rezago tecnológico en Baja California Sur en materia de procuración de justicia:

  1. DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Realizar un mapeo tecnológico de todas las instituciones involucradas en la procuración de justicia (Fiscalía, Policía Ministerial, Poder Judicial, Defensoría Pública).

Identificar cuellos de botella en procesos clave: recepción de denuncias, integración de carpetas, judicialización, seguimiento de víctimas.

Diseñar un Plan Estatal de Transformación Digital con metas medibles, presupuesto multianual y enfoque interinstitucional.

  1. DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS CLAVE

Implementar el Informe Policial Homologado Móvil (IPH Móvil) como lo hizo Quintana Roo, para que policías registren hechos en tiempo real desde dispositivos móviles.

Integrar sistemas de gestión de carpetas digitales que permitan trazabilidad, interoperabilidad y control de tiempos procesales.

Automatizar la recepción de denuncias con plataformas web y kioscos digitales, apoyados por IA para clasificar delitos y orientar jurídicamente al ciudadano.

  1. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA

Adoptar sistemas de IA para análisis predictivo de patrones delictivos, priorización de casos y detección de corrupción institucional.

Utilizar algoritmos para asignación eficiente de recursos humanos (ministerios públicos, peritos, policías) según carga de trabajo y urgencia.

Desarrollar tableros de control en tiempo real para monitorear desempeño institucional y cumplimiento de plazos legales.

  1. CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Invertir en infraestructura de ciberseguridad, especialmente en protección de expedientes digitales, comunicaciones interinstitucionales y datos sensibles de víctimas.

Capacitar al personal en manejo ético y seguro de la información, conforme a estándares nacionales e internacionales.

  1. CAPACITACIÓN Y CAMBIO CULTURAL

Formar a operadores jurídicos en competencias digitales, incluyendo manejo de sistemas, firma electrónica, y análisis de datos.

Crear incentivos institucionales para la adopción tecnológica, vinculando desempeño con uso efectivo de herramientas digitales.

Promover una cultura de innovación y mejora continua, con laboratorios de justicia digital y espacios de co-creación con sociedad civil.

  1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

Desarrollar portales de seguimiento ciudadano de denuncias, procesos y sentencias, con lenguaje claro y accesible.

Incorporar mecanismos de retroalimentación digital para evaluar el servicio de procuración de justicia y detectar áreas de mejora.

Fomentar alianzas con universidades, ONGs y sector privado para co-desarrollar soluciones tecnológicas y evaluar impacto.

  1. FINANCIAMIENTO Y GOBERNANZA

Aprovechar fondos federales y multilaterales destinados a justicia digital, como los previstos en el presupuesto tecnológico nacional.

Crear una Unidad Estatal de Justicia Digital que coordine la implementación, evaluación y escalamiento de soluciones tecnológicas.

Establecer indicadores públicos de avance tecnológico, comparables con otras entidades, para fomentar rendición de cuentas.

INDICADORES DE ÉXITO SUGERIDOS A TRES AÑOS
Փ % de carpetas digitalizadas: 90%
Փ Tiempo promedio de integración de carpeta:   -50%
Փ % de denuncias recibidas digitalmente: 60%
Փ Índice de satisfacción ciudadana: +30%
Փ Casos priorizados por IA:  100% Delitos Graves

Corolario

La migración de procuraduría a fiscalía es inobjetable. La modernización tecnológica es inaplazable. Mientras más retrasemos el proceso, más costoso será el mismo.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene dos Maestrías: en Criminología y Proceso Penal, y un Doctorado en Derecho Penal; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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