Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El término peculado atendiendo a su raíz etimológica, literalmente significa desfalco, tiene sus orígenes en el derecho romano; deriva del término peculium que representaba la riqueza en ganado (pecus) y por extensión se aplicaba de forma genérica al caudal de bienes en propiedad o posesión de un ciudadano. Dichos bienes se encomendaban generalmente en administración a un empleado, el cual tenía derecho a reservar para sí un porcentaje de las ganancias, o peculio, y cuando el empleado incurría en administración desleal, o desfalco, era severamente sancionado.

Actualmente, el término peculado tiene una connotación específica en el campo del derecho penal, y se define como la desviación o utilización de recursos públicos para un fin diverso al objeto legal de dichos recursos.

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En el ámbito federal el artículo 223 del Código Penal Federal contempla tres hipótesis comisivas atribuibles a un servidor público y una cuarta atribuibles a un particular:

1.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;

2.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;

3.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y

4.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Las tres primeras hipótesis contemplan como comisor a un empleado público, la cuarta tiene como agente comisor a un particular, y es la figura que se conoce como peculado impropio.

La pena de prisión, dependiendo del quebranto económico causado al patrimonio de la federación, va de los tres meses a los 14 años de prisión, y se incrementa en un tercio más si se trata de fondos destinados para la seguridad pública.

El Código Penal para Baja California Sur, artículo 285 contempla los mismos supuestos y la penalidad va de uno a quince años de prisión, más un tercio en el caso de fondos destinados a la seguridad pública.

El peculado impropio, es un presupuesto relativamente moderno, y tiene su origen en la necesidad de sancionar a particulares a quienes se les encomienda la administración de recursos públicos, actividad que cada día plantea más modalidades, derivadas de la participación cada vez más amplia de particulares en actividades originalmente encomendadas a servidores públicos, pero que en virtud de acuerdos público-privados, actualmente son encomendadas a operadores de la iniciativa privada.

El peculado impropio es un delito considerado de cuello blanco, no violento, y por ende, quienes incurren en su comisión suelen gozar de enormes prerrogativas, entre ellas, el de enfrentar eventualmente en libertad los procesos penales en su contra encausados, sin importar el monto del quebranto económico que lleguen a ocasionar, y encuentran un enorme cobijo en el entreteje de los convenios y acuerdos de colaboración entre instituciones del sector público y el sector privado.

La falta de supervisión adecuada, los intrincados esquemas financieros y complicaciones contables hacen difícil la acreditación del quebranto económico, y la falta de un esquema de fiscalización adecuada del manejo de la cuenta pública, así como la duplicidad de funciones entre organismos públicos con funciones de auditoría, generan enormes zonas grises que hacen compleja la detección de los malos manejos y la distracción de los recursos públicos

La opacidad, falta de controles adecuados y la corrupción son el campo de cultivo adecuado para que cada día se engrose la lista de comisores de peculado impropio, en detrimento patrimonial de las arcas públicas

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución del Estado, el 11 de abril de 2023 será electa la magistrada que presidirá por dos años el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Baja California Sur.

Se comenta en los pasillos judiciales que un magistrado pretende postularse para el encargo, pese a que el mandato constitucional se lo prohíbe específicamente, argumentando que no se puede aplicar la alternancia de género plasmada en la Constitución, porque la retroactividad está prohibida en materia de aplicación de la ley.

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FOTO: Archivo

Sobre el particular, debe precisarse que la aplicación en 2023 de una reforma vigente desde 2021 no puede considerarse retroactiva, pues el supuesto de aplicación es posterior a la entrada en vigor de la norma, pero suponiendo sin conceder que hubiera retroactividad, la misma sería irrelevante, porque la única retroactividad que está prohibida por nuestra carta magna, es la que se aplica en perjuicio de una persona (Art 14 párrafo primero CPEUM), y en el caso, la aplicación de la alternancia de género en modo alguno perjudica a nadie, y por el contrario, actuar contra la paridad de género no solo violenta la norma constitucional local apuntada, sino que conculca todo el marco de igualdad sustantiva y equidad que consagran tanto nuestra Carta Magna como los diversos tratados internacionales sobre la materia suscritos por México.

Son dos las magistradas que pueden resultar electas por sus pares, ambas con carrera judicial, sólida formación académica, experiencia forense y excelente reputación. Una de ellas será electa y enfrentará el enorme reto que implica el encargo.

Es urgente sanear y reestructurar el poder judicial en el Estado. En particular, romper el coto de poder construido en torno al magistrado presidente saliente, y sanear todos los procedimientos, eliminando la secrecía y ocultamiento en la actividad jurisdiccional.

• Debe romperse de tajo la tendencia ascendente que a nivel nacional ubica a los jueces como los servidores públicos más corruptos, solo superados en esa infame categoría, por los agentes de tránsito

De 2017 a 2022 la percepción ciudadana aumenta respecto al elevado índice de corrupción judicial. Después de la inseguridad pública, la corrupción es la principal preocupación ciudadana en México (ENVIPE 2022 ver gráfica). Debe privilegiarse la carrera judicial y eliminar las designaciones por dedazo, compadrazgo o amiguismo, a través del concurso por oposición, para que lleguen a las altas responsabilidades en la administración de justicia, únicamente los servidores públicos más preparados y de perfil adecuado.

FOTO: INEGI

• Debe democratizarse la elección del representante de los jueces como integrante del Consejo de la Judicatura, debe ser electo por los propios jueces y no designado por los magistrados. De igual forma debe ciudadanizarse la integración de la porción mayoritaria, para evitar que dicho Consejo, siga siendo un instrumento de simulación y control al servicio del presidente en turno.

• Debe transparentarse el manejo del multimillonario fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, el cual debe ser auditado por el Congreso del Estado, por tratarse de fondos de administración pública. Existe un acuerdo al respecto emitido por el Congreso del Estado, que duerme el sueño del olvido, y que fuera promovido en su periodo por el entonces diputado Silvestre de la Toba (QEPD) que debe cumplirse en sus términos pues estamos en el siglo de la transparencia y ningún recurso público debe administrarse con opacidad secrecía y discrecional, con que lo hizo durante casi doce años el presidente saliente. Habremos de insistir ante el Congreso que cumplan con lo decretado -auditar el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia-, y dejen de fingir demencia al respecto.

• Debe privilegiarse el uso de las herramientas tecnológicas disponibles actualmente, para superar los 8 años de atraso que ubican a nuestra entidad por debajo de la media nacional en digitalización y comunicación a distancia, y dotar a todas las áreas de actividad procesal de equipo de cómputo de vanguardia y acceso a internet propio (ya no colgarse de otras dependencias) que permitan la optimización en los servicios relacionados con la administración de justicia

• Eliminar en lo posible la enorme diferencia de criterios que actualmente existen y que generan una enorme sobrecarga de trabajo. Al respecto es imperativo regresar a los conversatorios entre los operadores procesales. La unificación de criterios evitará recursos, controversias y costosas dilaciones procesales. Conversatorios periódicos entre magistrados, jueces persecutores, defensores y asesores jurídicos públicos y particulares permitirá sentar bases objetivas y funcionales que identifiquen y unifiquen en lo posible conceptos torales en la interpretación normativa, de manera que en la academia, la palestra, la tribuna, el aula y en justicia alternativa se asigne la misma interpretación a normas sustantivas y objetivas.

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Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La corrupción es el cáncer de la administración pública que tomó carta de naturalización en la vida nacional como herencia gestada tras la conquista y arraigada en la colonia y etapas históricas sucesivas en el devenir de la vida nacional. Cinco siglos de permanencia en el plano funcional han permitido que la corrupción tenga un amplio margen de tolerancia social.

El principal problema que enfrentamos en la lucha contra la corrupción estriba en el control gubernamental de los órganos encargados de combatirla. Es el mismo gobernante corrupto el encargado de combatir la corrupción. En los cotos oficiales se generan los acuerdos y componendas que permiten al grupo en el poder utilizar estos órganos de control como herramientas de persecución política de aquellos que no simpatizan con su equipo.

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El primer paso entonces es crear una estructura de supervisión de la actuación pública, que escape al control directo y dependencia jerárquica del gobernante. Esto es: Deberemos entonces ciudadanizar los órganos de control interno, a través de la participación directa y efectiva de la sociedad civil organizada en los espacios de supervisión y auditoría del actuar público, principalmente en lo relativo a la toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos.

Antes de pensar en crear más aparatos burocráticos ostentosos, costosos y de adorno, como el que se pretende construir a partir de la entrada en vigor de la ley anticorrupción, habría que enfocar los esfuerzos en transparentar el quehacer oficial. De poco o nada servirán fiscalías y organismos anticorrupción, si no se obliga al aparato gubernamental a transparentar toda su actuación.

La transparencia gubernamental inicia desde el estatuto fundamental que la impone. Así las cosas, en nuestra Constitución General de la República habrá de ser eliminada toda secrecía en el ejercicio público.

El hecho de que en la centuria pasada nuestra Carta Magna permitiera la celebración de sesiones secretas, encontraba justificación en la violencia y turbulencia que se vivía en la secuencia post revolucionaria, pero hoy, a cien años de distancia, resulta obsoleto y anacrónico suponer que el ejercicio de gobierno se realice a escondidas, en lo oscurito, de espaldas al gobernado y se decida en asuntos de interés general mediante sesiones secretas.

FOTOS: Internet

Es por eso que nuestra Carta Magna, siguiendo los lineamientos de la ONU, ha suprimido todo reducto de opacidad en el quehacer público, reservando exclusivamente esa secrecía al Colegio electoral que se integre en el supuesto en que deba nombrarse un presidente de la República interino. Secrecía que también deberá desaparecer en un futuro esperemos no muy lejano

Por lo anterior, lo único secreto que debe seguir prevaleciendo en nuestra Constitución, es el relativo al voto ciudadano al ejercer el derecho soberano de elegir a sus gobernantes y representantes populares. La secrecía debe prevalecer como prerrogativa exclusiva del gobernado al participar en los comicios electorales, y debe proscribirse completamente para el gobernante, quien en todo momento habrá de producirse con absoluta transparencia en el ejercicio público.

Por cuanto hace a Baja California Sur, nuestra Constitución estatal presenta un atraso de 100 años en materia de transparencia, pues aún previene sesiones secretas en la toma de decisiones para diputados, Cabildos y magistrados judiciales. La toma de decisiones en sesiones secretas propicia la componenda, la complicidad, la corruptela.

Debemos desaparecer toda facultad constitucional que legalmente permita la secrecía en el ejercicio público, para propiciar la transparencia. La tendencia democrática moderna exige que se gobierne de cara el pueblo, de frente al gobernado, sin opacidad ni ocultamientos.

Desde la trinchera ciudadana podemos y debemos instar al legislativo local hasta lograr la erradicación en el texto constitucional estatal, de todo vestigio, todo resabio de opacidad y secrecía. Habrá que modificar entonces los artículos 11, 72 y 97 fracción XIV de nuestra Constitución, así como lo conducente en todas las leyes secundarias en vigor, para eliminar las sesiones secretas, que las siguen previendo, tal y como ocurre -por ejemplo- con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia Estatal. No podemos, por un lado, exigir transparencia, y por otro, legalizar la secrecía decisoria oficial.

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FOTOS: Roberto Galindo

La Última Trinchera

Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La oposición decidió salir a las calles a mostrarse a México; y, es cierto, en el país hay detractores de la Cuarta Transformación (4T) que marcharon el pasado 13 de noviembre, vestidos de rosa e insultando al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y con ello a nosotros, los cuatrotransformacionistas, los obradoristas, los morenistas; en suma, a la gente de izquierda y consciente de la realidad social de este país. Y, bueno, lograron sumar algunas decenas de caminantes de ocasión, unos sesenta mil conservadores, racistas y clasistas, ajenos a la protesta y nuevos en las calles. Y con ello despertaron a una izquierda que parecía adormilada ante el inexorable paso de la 4T, que no sin dificultades avanza en la transformación de México.

De todos los conservadores destacaron figuras corruptas, los más rancios de la elite política del prianismo: Vicente Fox, Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo, Alito Moreno y algunos perredistas deslucidos, así como lo más nefasto del empresariado mexicano, obviamente, encabezados por Claudio X González, el artífice de la vulgar alianza del PRI, el PAN y el PRD que intenta, dando palos de ciego, acabar con AMLO y la 4T. Además, claro, de una caterva de ciudadanos conservadores e indecentes, como aquella señora que se soslayaba a gritos, despotricando contra nuestro presidente, llamándolo: ignorante indio pata rajada, mujer que no parecía fifí, ni de cualquier otro abolengo, pero que fue bien aplaudida por los portadores de ropa cara, por aquellos de blondas cabelleras y de lentes de marca para el sol, que con su servidumbre, paleros acarreados, portando sus pancartas salieron a las calles de la capital a denostar al movimiento social más grande de la historia de México. Y, claro, hubo ciudadanos decentes, acaso inteligentes, conozco algunos, que no pueden asimilar a la 4T y mucho menos a Obrador, y que legítimamente salieron a protestar contra el malévolo régimen que nos domina.

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Y, qué bueno que esa minoría, clasista, racista y conservadora, salió a manifestarse libremente a las calles, pues con ello AMLO decidió convocar a una marcha; y falta que nos hacía a la gente de izquierda, a los militantes, a los humanistas, a los luchadores por la justicia social, a los activistas salir a la calle, marchar como antes, aunque ahora no protestando, sino festejando y hermanándonos con nuestros camaradas de lucha; y es que  la 4T avanzaba, pero éramos, la mayoría de los que llevamos a Obrador a la silla presidencial, ya ajenos, de alguna forma, al núcleo central de la transformación, muchos nos habíamos salido del sueño que por décadas soñamos, éramos meros testigos del gobierno que por décadas anhelamos; pero vino la inteligente y acertada oposición a mini manifestarse; y eso despertó al tigre social, aunque ni siquiera le jalaron la cola, apenas le hicieron cosquillas en los coj… …inetes de las patas; y en 15 días, se desató la furia más alegre de la 4T: más de 1.2 millones de personas se concentraron alrededor de un hombre, el único que en México ha logrado congregar dos veces a más de 1 millón de personas en la capital del país, la vez anterior durante el proceso del desafuero en su contra en 2005, en la llamada Marcha del silencio y ahora en La madre de todas las marchas que superó a la anterior en número de manifestantes; y ese es, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador.

Con la consigna: soy acarreado por mi conciencia y mi amor a México viajamos desde todos los estados del país, o desde el extranjero, para apoyar al hombre que ha cambiado la historia y el destino de México, pero con el pueblo de su mano. Al grito de es un honor marchar con Obrador acompañamos durante seis horas de caminata a nuestro presidente. Y, gracias a la oposición de fantasía que tenemos, nos reagrupamos, nos reconocimos como la fuerza política más grande y activa del país; y de paso le dimos nuevos bríos al hombre que a sus 69 años sigue luchando por el pueblo de México, como siempre lo ha hecho: incansablemente. Gracias a esos fifís y a sus réplicas aspiracionistas hoy la 4T está más renovada y fuerte que nunca en la recta final del gobierno de AMLO y a las puertas de la sucesión presidencial.

Por su parte, lo más podrido de la comentocracia, que perdió el chayote, en su desesperación quiere justificar a más de 1.2 millones como acarreados —habrá que calcular cuántos autobuses se necesitan para eso—; y hablan de tortas y frutsis como si fueran cuentas de vidrio arrojadas a los indígenas para el pase de lista. El caso más ridículo e irrisorio es el de uno de los más deschavetados de los periodistas: Pedro Ferriz de Con, quien burdamente busca explicar la millonaria congregación, marcha, festejo por los 4 años de la 4T, diciendo que AMLO practica magia negra para acumular poder: Es un secreto a voces. AMLO recurre a diario a la BRUJERÍA, SANTERÍA, MAGIA NEGRA Y RITUALES DE MUERTE, para llegar y acumular poder.

Yo sólo les digo que la gente que fue a apoyar a nuestro presidente desde los rincones más lejanos de México no sólo sufragó con sus recursos el viaje, hubo quienes además llevaron comida y bebida para los otros que marchamos; así, se repartieron carnitas que una familia llevó desde Michoacán; pulque, que un buen hombre llevó en su burro desde Hidalgo, entre muchas otras viandas y obsequios del pueblo para el pueblo. Además, claro, del enorme tianguis de comida que se extendió a lo largo de la ruta de la marcha, en el Zócalo y en las calles aledañas: tamales, atole, tacos de canasta, pizzas, tacos de guisado, dobladitas, tlayudas, tlacoyos, elotes, ezquites y algodones de colores que compraron los marchantes según sus recursos y gustos gastronómicos. Yo no vine a la marcha por mi torta, vine por mis huevos, se leyó en varias cartulinas, creativamente ilustradas, y se gritó a lo largo de la marcha.

Polilla política: Si en las calles fueron más de 1.2 millones de manifestantes, en las redes sociales fueron 7 millones los que marcharon virtualmente con AMLO, además de 5 millones que siguieron la madre de todas las marchas por televisión.

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