Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Lo que hasta hace poco parecía imposible, ocurrió el pasado 09 de agosto. El Juez de Control con residencia en La Paz, Baja California Sur, dentro de los autos del proceso penal SIFI 635/2023, dictó Auto de Vinculación a Proceso en contra del Notario Público número 20 de la entidad, con residencia en Santa Rosalía, B.C.S., por los diversos delitos de Falsificación de documentos (4 documentos) Uso de documento Falso y Alteración de la aplicación digital del ISABI (impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles).

La imputación, en forma sintética, se hace consistir en que el imputado, en su desempeño como notario público, escrituró una adjudicación testamentaria, falsificando un avalúo y la documentación oficial soporte, así como la documentación relativa al pago del ISABI impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, y ordenó la inscripción registral de dicha escritura ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del municipio de La Paz. 

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Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el fiscal anticorrupción enunció los datos de prueba que obran en los registros de la carpeta de investigación que soportan su imputación, mismos que a criterio del Juez de Control resultaron aptos, suficientes e idóneos para establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que existe la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión.

Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, se aperturó la etapa de investigación complementaria por cuatro meses.

Como medida cautelar, el juez decretó que el imputado no podrá salir del territorio estatal sin su autorización, y dejará en depósito judicial su pasaporte.

Esta determinación judicial deja en claro que en la entidad no hay intocables, y que la labor del Fiscal anticorrupción empieza a dar frutos tangibles, pese a las limitaciones materiales y precarias condiciones laborales a que se encuentra sometido, -entre otras razones- por la falta de previsión presupuestal de nuestros locuaces diputados, que crearon la figura jurídica del Fiscal anticorrupción, pero sin dotarlo de partida presupuestal, razón por la cual tenemos fiscal, pero no tenemos fiscalía.

FOTO: Internet

Actualmente el Fiscal anticorrupción realiza personalmente las funciones a su encargo, sin delegar ninguna de ellas, ya que carece de personal para ello, lo que implica una voluminosa cauda laboral, pues es él mismo quien personalmente realiza las actividades de investigación, integración de carpetas y litigación, lo que se traduce en una enorme carga de trabajo y un retraso en el avance procedimental de cada caso.

Esperemos que en el presupuesto del año próximo se contemple esta situación, y se dote al menos de equipamiento material, y personal suficiente, debidamente capacitado, para que pueda funcionar adecuadamente la fiscalía.

Para eficientar y atender adecuadamente la carga de trabajo que enfrenta el fiscal anticorrupción en el Estado, se requiere al menos de un equipo de cinco agentes del Ministerio Público al frente cada uno de ellos, de una unidad de investigación, integración y judicialización.

Es apremiante además, contar con un equipo base de peritos altamente capacitados y actualizados, en particular, se requiere experticia en materia cibernética, pues en la actualidad resulta prácticamente imposible realizar una investigación forense sin que el procedimiento implique conocimientos en sistemas computacionales y acceso a bases de datos cibernéticas.

En otro orden de ideas, debemos destacar que la judicialización incoada contra el notario público referido se generó a partir de la denuncia formulada por el XVII Ayuntamiento de La Paz, B.C.S., a través de su sindicatura, bajo la asesoría y coordinación operativa del director Jurídico municipal.

Esta denuncia es un parteaguas en el combate a la corrupción, que coloca muy alta la vara en materia de exigibilidad en el desempeño de los notarios públicos de la entidad, .y obliga a los demás ayuntamientos de la entidad, a considerar la obligación que tienen de denunciar hechos similares.

La ruta está trazada y solo la complicidad podrá permitir que se sigan cometiendo impunemente actos delictivos como los que generaron la causa penal que hoy se instruye por primera vez en la historia de la entidad, en contra de un notario público.

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Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A pesar de que Baja California Sur es considerada como una entidad segura, atendiendo a la percepción de visitantes y residentes, ello obedece a que los delitos de alto impacto que laceran otras entidades, como ejecuciones y enfrentamientos con armas de grueso calibre entre grupos criminales y las fuerzas federales, no ocurren en nuestro Estado, pero ello no opaca el hecho de que los índices de criminalidad en la entidad mantienen un nivel constante al alza, destacando entre los delitos que más laceran a la ciudadanía, los relacionados con la violencia doméstica (intramuros y por ende alejada de la percepción del colectivo urbano), abuso sexual, extorsiones y la afectación patrimonial derivada del robo a casa habitación y el robo de autopartes.

A diferencia de la violencia extrema que padecen otras entidades, en Baja California Sur, los delitos de elevada incidencia son, en términos generales, prevenibles y combatibles desde el ámbito local, y la constante tendencia alcista de los índices de criminalidad en el Estado es un indicativo de la incapacidad oficial en materia de prevención, disuasión y detección del delito.

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Carecemos en la esfera institucional, de auténticos policías de vocación y carrera profesional, en los altos mandos policiales, que se han reservado a representantes de las fuerzas castrenses, que no necesariamente conocen la realidad de la entidad, ni cuentan con el perfil para el encargo.

A nivel local es tradicional la incapacidad de las corporaciones policiales en materia de prevención y detección del delito. En el ejercicio de las políticas públicas sobre la materia, se prioriza la compra de vehículos e insumos, en lugar de la inversión en capacitación del estado de fuerza, generando así cuerpos policiales ineficientes, mal pagados, y altamente corruptibles.

Se ha recurrido a la federación, en busca de apoyo y solución, pero el aporte recibido se traduce en un incremento significativo de fuerzas castrenses que, a un alto costo para el contribuyente, no han alcanzado las expectativas que su presencia generó entre los gobernados.

Necesitamos urgentemente un plan de acción que responda a la problemática de inseguridad que nos agobia, y la respuesta está en la inteligencia. Debe el ejecutivo estatal ajustar su programa de seguridad pública, con un enfoque prioritario en la prevención, detección y disuasión del delito.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que no hay fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de la violencia y el delito, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las sociedades. Entre éstos identifica la abundancia de jóvenes marginalizados y la urbanización desordenada (factores demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Entre las deficiencias institucionales, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos identifica la falta o debilidad de los organismos de conducción política de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conducción y administración del sistema policial. Esto conlleva a que la población considere que el Estado no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia, y que la impunidad de los perpetradores afecta la reiteración del fenómeno.

Necesitamos encargar la solución del problema, a los verdaderos profesionales de la materia. Y si no hay en el Estado, traerlos, aunque no sean afines al grupo en el poder.

Debemos romper el círculo vicioso de incompetencia, incapacidad, complacencia, corruptelas y complicidad entre los grupos criminales y las fuerzas del orden, poner al frente de las corporaciones a policías de carrera, expertos en la materia, y a partir de los planes y programas ya establecidos por los organismos internacionales, elaborar un diagnóstico real y objetivo, a partir del cual se emprenda un proyecto integral interinstitucional, multidisciplinario, focalizado en especialización y especificación, con metas a inmediato, mediano y largo plazo, priorizando la prevención, disuasión y detección del delito, y abrir mayores espacios a la participación ciudadana, fomentando la organización vecinal e incorporando a la ciudadanía en programas efectivos de prevención del delito.

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Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo a los instrumentos internacionales suscritos por México, por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; y pese a que desde 1924 México ha suscrito todos los tratados internacionales para detectar, prevenir, investigar, combatir y sancionar este flagelo, lo cierto es que actualmente la explotación infantil con fines de prostitución va al alza, y a nivel mundial, solo Tailandia supera a nuestro país como destino de turismo sexual infantil. las cifras que se reconocen son alarmantes, y aunque no es un tema que se aborde desde el sector de la comunicación social oficial, desde la sociedad civil organizada se reportan cifras que nos advierten sobre la magnitud del tema.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estima que la cifra anual supera los seiscientos millones de viajes turísticos internacionales, de los cuales, la quinta parte corresponde a viajeros buscando divertimento sexual, de los cuales, el tres por ciento reconoce abiertamente tener tendencias pedófilas, lo cual indica que por lo menos tres millones de personas adultas viajan cada año por el mundo en busca de actividad sexual con menores de edad, y México es el segundo destino más visitado en el mundo con esa perspectiva.

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La explotación sexual comercial infantil se equipará a una forma moderna de esclavitud, aglutina un universo de graves y lesivas conductas criminales, que se generan, sostienen, alimentan y se incrementan al amparo de la impunidad que generan las vinculaciones de complacencia y complicidad entre la delincuencia organizada y los órganos del Estado encargados de su prevención y persecución.

Estas actividades trastocan la esencia de los derechos humanos y la dignidad de infantes y adolescentes, cuyo libre desarrollo se ve gravemente afectado.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) define la explotación sexual como la obtención de beneficios financieros o de otra índole, de la participación de otras personas en la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos los actos pornográficos o la producción de material pornográfico.

La UNICEF amplia el radio descriptivo y agrega el concepto de explotador, que lo es tanto el intermediario, oferente o el perpetrador de la relación con el menor, sin importar si la misma es frecuente, esporádica o permanente. El carácter de explotador está dado por el ejercicio sistemático del poder para doblegar la voluntad de otro a los efectos de que satisfaga sus intereses, en este caso de carácter sexual.

Frente a este cáncer del que poco se habla, menos se actúa, es necesario que, desde la sociedad civil y los órganos del Estado, se genere una estrategia de combate frontal, integral, sobre todo en la atención a las necesidades grupales de los núcleos marginales que crecen en torno a zonas turísticas, en particular destinos de playa, cuyas conexiones de tránsito aéreo facilitan la realización del turismo sexual internacional.

La íntima conexión entre el crecimiento económico y el turismo, hacen muy difícil establecer la barrera entre el turismo sano y el turismo sexual vinculado específicamente a la pederastia y la pornografía infantil; aunado lo anterior a la presencia de los grupos de la delincuencia organizada que tejen sus redes de operación al cobijo de la inoperancia, indolencia y en algunos casos, complicidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En cuanto a la génesis del problema, destacan como factores sociales y/o culturales, la exclusión y desigualdad social, la desintegración y segregación familiar, deterioro de valores, maltrato en el hogar, falta de credibilidad a la niñez, la permisividad social y concepciones utilitaristas de la persona menor de edad, deserción escolar, la ausencia de políticas públicas que tengan por objeto la protección efectiva e integral de la infancia, la deficiente legislación local en la materia, la corrupción de agentes de autoridad.

Entre los factores de tipo económico, destacan la falta de oportunidades de trabajo bien remunerado, movimientos migratorios, la presencia y operación de grupos de la delincuencia organizada, menores en situación de calle, las condiciones favorables que genera la vinculación de esta actividad con otras actividades lícitas en centros turísticos y en grandes concentraciones urbanas.

El entorno socioeconómico de Baja California Sur reúne todos los elementos factoriales para que se mantenga al alza la prostitución infantil en la Entidad. Es indispensable que, desde el Congreso del Estado, en particular, y desde los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores de la sociedad civil, se tomen cartas en el asunto, se organicen foros de discusión y análisis y se establezca una estrategia integral para erradicar la prostitución infantil en el Estado.

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Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La corrupción es el cáncer que lacera la economía y afecta el sano desarrollo de las naciones a nivel global. Ningún país está exento; y si bien hay naciones que en lo particular han logrado abatir y controlar sus índices, hasta el momento no se ha logrado la inmunidad total en ningún estado o nación.

El soborno, como principal ejercicio de corrupción, es el referente más costoso de esta ilegal práctica, pues según datos que publicó en 2022 el Banco Mundial, se pierden $2.6 trillones de dólares anualmente por concepto de dádivas ilegalmente otorgadas a servidores públicos en el mundo, lo que equivale a 05% del producto interno bruto global.

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En particular, la corrupción acentúa su ejercicio mayoritariamente en los países en desarrollo, y de acuerdo a los datos que publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por cada dólar del presupuesto oficial destinado a la asistencia oficial para el desarrollo, se pierden diez, por causa de la corrupción, lo que refleja un panorama preciso del alto costo que implica este fenómeno, y la afectación que repercute indefectiblemente en perjuicio de la población económicamente más desfavorecida.

 

La Capacidad de cada nación latinoamericana, para detectar, prevenir y castigar la corrupción, es medida anualmente por la Americas Society/Council of the Americas, y el estudio correspondiente al 2023 ubica a México en el lugar décimo segundo de América Latina, solo por encima de Guatemala, Bolivia y Venezuela en este rubro. Estos son los datos más representativos que arroja el estudio: La puntuación de México continuó su tendencia a la baja por cuarto año consecutivo, con un descenso del 4%, pero conservando su duodécimo lugar en el ranking.

El descenso más pronunciado se produjo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, ya que los periodistas mexicanos siguen enfrentándose a condiciones de trabajo adversas, incluida la tasa de violencia contra periodistas más alta del mundo fuera de Ucrania.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúa criticando duramente a periodistas y miembros de la sociedad civil, y surgieron nuevas acusaciones sobre el uso del software espía Pegasus en contra de periodistas, activistas y el subsecretario de Derechos Humanos de México (el gobierno niega haber actuado indebidamente). Mientras tanto, las recientes protestas a gran escala se han enfocado en la controvertida reforma del presidente para recortar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que la corrupción ha sido menos el centro de atención de las protestas en los últimos años. México está por debajo del promedio regional en la categoría de capacidad legal y tuvo un retroceso interanual de 14% en la variable que evalúa a los organismos anticorrupción.

AMLO ha seguido criticando a organismos independientes como el INE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Dicho organismo carece del quórum necesario para operar desde abril de 2023, cuando AMLO vetó a los comisionados que había nombrado el Senado. Desde inicios de junio, dos órdenes judiciales han permitido que el INAI tenga dos sesiones extraordinarias sobre dos casos específicos sin el quórum necesario.

En abril, el Senado aprobó un proyecto de ley que otorga a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la supervisión de las adquisiciones y el gasto público, lo que puede afectar a la rendición de cuentas en las compras públicas. Las deficiencias institucionales del país en materia de lucha contra la corrupción siguen obstaculizando la resolución de casos de corrupción.

A pesar de que hubo un incremento en el presupuesto para las instituciones anticorrupción bajo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para 2023, el programa sigue enfrentando desafíos de implementación. AMLO se mantiene crítico de este mecanismo e introdujo una iniciativa para eliminar su Secretaría Ejecutiva.

Las autoridades investigan un caso relacionado con el presunto desfalco de cientos de millones de dólares de la agencia mexicana para la seguridad alimentaria (Segalmex) entre 2019 y 2021. México tendrá elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores en junio de 2024. La corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes y puede estar presente en las campañas.

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