Proyecto minero submarino de fosfatos en el Golfo de Ulloa. Crónica de una autorización denegada

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FOTOS: Internet.

Explicaciones Constructivas

Noé Peralta Delgado

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El golfo de Ulloa representa una gran superficie marítima, donde existen bahías poco profundas, esteros muy importantes para la reproducción de crustáceos y donde se desarrolla en gran escala la pesca ribereña entre los pobladores de los pueblos aledaños. Este golfo se encuentra en la parte occidental del Estado de Baja California Sur, representa una alta biodiversidad de especies marinas, y fue muy famoso en épocas anteriores por la gran cantidad de tortugas caguamas que la habitaban, y que llevó a su saqueo indiscriminado y su casi extinción; en la actualidad tiene una veda permanente.

Geográficamente, el golfo de Ulloa se ubica entre la localidad de Punta Abreojos hacia el Norte y Cabo San Lázaro en la isla Magdalena hacia el Sur, está repartido entre la jurisdicción de los municipios de Mulegé y Comondú, siendo este último el que más pesca ribereña realiza desde sus litorales. Por la escasez de ojos de agua dulce en la zona y a pesar de tener su desembocadura arroyos de gran cuenca hidráulica —como el arroyo de La Purísima, de San Gregorio y de Las Bramonas, que no llegan a formar lagos de agua estacional—, en la época colonial no se crearon centros de población, ni se colonizó más allá del litoral, como sí se hizo en la misma península, pero del lado del golfo de California. Según se sabe, el lugar fue ampliamente navegado por las rutas que venían desde las Filipinas hacia el macizo continental.

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El epicentro del golfo de Ulloa lo representan las poblaciones de Las Barrancas y San Juanico, ambas en el municipio de Comondú, que se fundaron en los años cincuentas, como campos pesqueros de personas nativas del lugar y que con el paso de tiempo fueron formando pequeñas localidades hasta llegar a pueblos bien trazados y urbanizados. En la actualidad estos pueblos están unidos a través de una cooperativa de pesca, denominada “cooperativa pesquera Puerto Chale”, donde se benefician en gran medida con la extracción de langosta y abulón, dejando una buena derrama económica.

En el año 2012, la tranquilidad y bonanza con que vivían sus habitantes ribereños, empezó a cambiar, debido a la mortandad de la tortuga amarilla, según las autoridades gubernamentales, pero en ese año los pescaderos notaron la presencia de embarcaciones de tamaño medio en la lejanía, como una coincidencia. Por la lejanía de las embarcaciones y por no tener los medios modernos de persecución hacia dichas embarcaciones, la cooperativa pesquera solicitó al gobierno estatal la investigación sobre la razón de la presencia de esas embarcaciones en el golfo de Ulloa.

El gobierno explicó a los pescadores, que las embarcaciones en mención estaban realizando muestreos sobre la mortandad de las tortugas caguamas, e incluso se ofreció a los pescadores apoyos económicos, para que no se fomentara la pesca ilegal y en cierto modo dejar que se concluyeran las supuestas exploraciones.

La mortandad de tortugas siguió y, poco a poco la verdad salió a relucir, y es que los barcos fichados, estaban realizando pruebas submarinas de exploración para hallar fosfatos en el fondo marino. En todo el año de 2013 se agudizó el varado de diversas especies marinas mamíferas y la mortandad de tortugas, mientras que el gobierno seguía echando culpas a la pesca ribereña ilegal y de alguna manera haciendo de “la vista gorda” en las exploraciones que después se sabría que era la empresa estadounidense Odissey marine Explorations a través de su filial “Exploraciones Oceánicas” que, al amparo del gobierno realizaba exploraciones para yacimientos de fosfatos en el fondo marino.

Ya en el año 2014, el gobierno hizo una consulta con los pescadores y dio a conocer los resultados de las exploraciones, el proyecto se bautizó como “Proyecto minero Don Diego“, donde se presentaron 30 proyectos sobre la minería submarina, de las cuales 28 fueron rechazadas por los cooperativistas pesqueros, donde incluso exhortaron al gobierno a que hiciera pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), expedida por la Semarnat.

La empresa de capital estadounidense pretendía conseguir permisos por un periodo de 50 años y en una superficie de 91 mil hectáreas de fondo marino (22 km de línea paralela a la costa), según ellos, para la extracción de un estimado de 350 millones de toneladas de fosfato, que es un mineral de alta calidad para la fabricación de fertilizantes.

Después de presiones de pescadores, el gobierno negó los permisos en abril del 2016 por primera vez, siendo la empresa insistente, volvió a presionar y por segunda vez el gobierno negó los permisos en octubre del 2018. El inconveniente para el gobierno es que según la empresa minera Don Diego, se le dieron permisos para las exploraciones submarinas con la intención de conseguir el anhelado permiso, y en enero del 2022 presentó su tercera y última solicitud de permiso.

La empresa experta también en exploraciones de tesoros submarinos y barcos hundidos, y que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York, lanzó un ultimátum al gobierno mexicano: o le concedían el permiso o se harían acreedores a una demanda millonaria 72 mil 240 millones de pesos, bajo un arbitraje internacional al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Es muy posible —y se puede decir que es muy seguro—, que el gobierno niegue los permisos por presiones de los pescadores, que aun a pesar del apoyo creado por la Secretaría de Pesca denominado apoyo BienPesca, ven a la minería submarina en el Golfo de Ulloa, como un preludio de degradación de especies marinas, mientras que la empresa Odissey, reclama un supuesto bloqueo a su proyecto y argumenta que es una empresa amigable con el medio ambiente, pero es muy posible que haya habido desembolso de sobornos en aquel lejano año del 2012, con la promesa de conceder permisos, si no, cómo se explica permitir exploraciones en un lugar donde de antemano se sabe que no van a dar permiso de extracción.

En el mes de mayo del 2024 —sí… hace apenas 15 días—, los sudcalifornianos amanecieron con la noticia de bloqueos en carreteras por parte de pescadores de la cooperativa Puerto Chale y otros más de localidades aledañas; la noticia era porque se detectó en el golfo de Ulloa una embarcación ambientalista denominada Sea Sheperd, se hallaba realizando exploraciones en estas aguas.

Según el gobierno esta embarcación está haciendo estudios sobre la mortandad de tortugas amarillas, pero cabe hacer la reflexión, porque en todo momento las autoridades han culpado a los pescadores de dicha mortandad y sobre todo, porque sigue permitiendo que buques con banderas extranjeras hagan estudios que buques nacionales podrían hacerlos.

Tanta desconfianza y hacer sentir culpables a los pescadores, provoca estas situaciones y a la fecha se desconoce qué fin tendrá la solicitud de la empresa Odissey Marine Explorations, sobre si dan permiso o pagan la multa millonaria. Por lo pronto el gobierno sigue con sus apoyos económicos a diestras y siniestras, y muchas veces, no a los pescadores.

Escríbenos…

noeperalta1972@gmail.com

Página de la empresa: https://www.odysseymarine.com/

Página Fonmar (BCS) sobre el tema: http://fonmar.gob.mx/vigilara-semar-y-ong-golfo-de-ulloa-para-disminuir-mortalidad-de-la-tortuga-marina/

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Explicaciones Constructivas

Noé Peralta Delgado

Ingeniero Civil egresado del Instituto Tecnológico de La Paz en 1995, con Maestría en Valuación Inmobiliaria, por la Universidad Autónoma de Durango. Oriundo de Ciudad Constitución, Baja California Sur, donde nació el 19 de agosto de 1972 y donde actualmente radica; se desempeña como constructor de obra civil y proyectos topográficos, principalmente. Tiene en su historial haber fundado el Colegio de Ingenieros Civiles de BCS, sección Comondú, en el año 2005, y participar activamente en cursos y reuniones afines al quehacer de la Ingeniera Civil. En el trienio 2015-2018, se desempeñó como director de Catastro Municipal en Comondú, donde se especializó en temas relacionados con la tenencia de la tierra, a través del diplomado en catastro multifinalitario en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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