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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los servicios periciales constituyen el conjunto de disciplinas científicas, técnicas y artísticas que auxilian a las autoridades de procuración e impartición de justicia para el esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito.

Su finalidad consiste en aportar conocimiento especializado que permita:

• Descubrir y preservar indicios.
• Analizar evidencia física.
• Reconstruir hechos.
• Identificar víctimas y responsables.
• Determinar causas y mecanismos de muerte.
• Proporcionar elementos objetivos para la toma de decisiones judiciales.

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Los resultados de esta actividad se materializan mediante:

• Dictámenes periciales.
• Informes técnicos.
• Testimonio del perito en juicio oral.

Entre las especialidades más frecuentes destacan:

• Medicina forense.
• Criminalística de campo.
• Genética forense.
• Química forense.
• Toxicología.
• Balística.
• Documentoscopía.
• Grafoscopía.
• Informática forense.
• Antropología forense.
• Odontología forense.
• Tránsito terrestre.
• Psicología forense.
• Contabilidad forense.
• Ingeniería forense.
• Valuación.

Origen histórico de los servicios periciales en México

Antecedentes coloniales: Durante la Nueva España, la función pericial era rudimentaria. Los jueces recurrían ocasionalmente a médicos, cirujanos, boticarios y agrimensores para ilustrar cuestiones técnicas relacionadas con lesiones, muertes o conflictos patrimoniales. No existía una estructura especializada.

Siglo XIX: nacimiento de la medicina legal mexicana: La verdadera génesis de los servicios periciales ocurre durante el siglo XIX. Con la influencia del positivismo científico europeo comenzaron a desarrollarse la medicina legal, la toxicología y la antropología criminal. La Ley de Organización de Tribunales del Distrito Federal de 1880 reconoció expresamente a los peritos como auxiliares de la justicia. Posteriormente se consolidaron los Consejos Médico-Legales.

Siglo XX: institucionalización: Durante gran parte del siglo XX los servicios periciales permanecieron ligados a las Procuradurías de Justicia. El modelo inquisitivo-mixto vigente hasta 2008 descansaba en:

• Ministerio Público investigador.
• Policía judicial.
• Servicios periciales.

Los peritos formaban parte de la estructura jerárquica de la procuraduría. Su función principal era producir prueba documental para integrar la averiguación previa.

Reforma constitucional de 2008: La reforma penal de 18 de junio de 2008 transformó radicalmente el sistema. Se transitó al sistema acusatorio y oral, bajo los principios de contradicción, concentración, continuidad, igualdad procesal e inmediación. La prueba pericial dejó de ser un documento prácticamente incontrovertible y pasó a convertirse en evidencia científica debatible, información sujeta a contradicción, explicada por un experto ante el tribunal. A partir de esta reforma, la calidad metodológica del peritaje adquirió una importancia sin precedentes.

Importancia de la prueba pericial en el proceso penal

Actualmente la prueba pericial es una de las fuentes de convicción más relevantes. En muchos delitos constituye la prueba principal.

Por ejemplo:

Homicidios

• Genética.
• Balística.
• Criminalística.

Delitos sexuales

• Medicina forense.
• Psicología.
• Genética.

Delitos financieros

• Contabilidad forense.
• Informática.

Delitos ambientales

• Biología.
• Hidrología.
• Geología.
• Ecología.

Desaparición de personas

• Genética forense.
• Antropología forense.
• Odontología forense.

Funciones esenciales

La prueba pericial permite:

1. Objetivar la investigación.
2. Corroborar o descartar hipótesis.
3. Evitar condenas injustas.
4. Reducir errores judiciales.
5. Combatir la impunidad.
6. Garantizar el debido proceso.

En el sistema acusatorio moderno el ideal es que la decisión judicial descanse más en evidencia científica que en confesiones o testimonios aislados.

PROBLEMA ESTRUCTURAL: Los peritos dependen de la Fiscalía. En la mayoría de los estados mexicanos los servicios periciales siguen formando parte de las Fiscalías Generales. Ello implica dependencia administrativa, presupuestal y jerárquica. Es decir, los mismos órganos encargados de sostener la acusación penal son quienes generan buena parte de la evidencia científica.

Aunque jurídicamente los peritos están obligados a actuar con objetividad, existe una tensión institucional evidente.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han señalado la necesidad de fortalecer la independencia técnica y científica de los servicios forenses.

MODELO RELATIVAMENTE AUTÓNOMO: México todavía no posee un Sistema Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, sin embargo, existen entidades que han desarrollado esquemas más independientes que el modelo tradicional.

JALISCO: Es el ejemplo más robusto de autonomía forense en México El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y científica. No forma parte orgánicamente de la Fiscalía del Estado, aunque auxilia tanto a las autoridades de procuración como de impartición de justicia.

CDMX: El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) pertenece al Poder Judicial de la Ciudad de México y no a la Fiscalía capitalina. Su función consiste en auxiliar técnicamente a las autoridades judiciales mediante servicios periciales. Aunque no es un organismo autónomo constitucional, sí constituye un modelo independiente de la fiscalía.

¿Qué debemos hacer en BCS para crear un Instituto Estatal de Ciencias Forenses Independiente?

Desde una perspectiva jurídica e institucional, BCS podría impulsar una reforma integral.

Primera etapa: reforma constitucional local

La Constitución Política del Estado debería reconocer:

• El Instituto Estatal de Ciencias Forenses.
• Su autonomía técnica.
• Su autonomía científica.
• Su autonomía presupuestaria.
• Su personalidad jurídica propia.

De manera similar a:

• Auditoría Superior.
• Tribunal de Justicia Administrativa.
• Fiscalía Autónoma.

Segunda etapa: Ley del Instituto Estatal de Ciencias Forenses

Expedir una ley especial que establezca:

Objeto Realizar toda actividad científica y forense del estado.

Principios

• Independencia.
• Imparcialidad.
• Objetividad.
• Transparencia.
• Cadena de custodia.
• Calidad científica.

Facultades

• Servicios periciales.
• Servicio médico forense.
• Banco genético.
• Registro de personas fallecidas no identificadas.
• Antropología forense.
• Búsqueda e identificación humana.

Tercera etapa: Gobernanza autónoma

Se recomienda un Consejo Directivo integrado por:

• Poder Judicial.
• Congreso del Estado.
• Comisión Estatal de Derechos Humanos.
• Universidades
• Colegios de profesionistas.
• Sociedad civil.

Ello impediría el control político o ministerial.

Cuarta etapa: Servicio profesional pericial

Crear una carrera científica basada en:

• Mérito.
• Certificación.
• Evaluación periódica.
• Acreditación internacional.

Quinta etapa: Acreditación de laboratorios

Alinear todos los laboratorios a:

• ISO/IEC 17025.
• ISO 17020.
• Estándares ENFSI.
• Recomendaciones ONU.
• Recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Propuesta estratégica para BCS

Considero que el mejor modelo para Baja California Sur sería una combinación de:

1. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (autonomía administrativa).
2. INCIFO de la Ciudad de México (vinculación con la impartición de justicia).
3. Mecanismos internacionales de identificación humana derivados de la crisis de desapariciones.

Con ello, BCS podría convertirse en la primera entidad del Noroeste del país en contar con un Instituto Estatal de Ciencias Forenses verdaderamente independiente, capaz de atender no sólo la investigación penal, sino también la identificación humana, la protección de víctimas y el combate a la impunidad mediante evidencia científica objetiva.

Desde una perspectiva de política pública, la creación de este instituto constituiría probablemente la reforma más importante del sistema de procuración y administración de justicia sudcaliforniano desde la implementación del sistema penal acusatorio.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuatro vehículos atrapados por la corriente en el arroyo El Salto Seco, a la altura de Ocho Cascadas, ofrecen una imagen concreta del riesgo en Los Cabos. El Ayuntamiento informó que una retroexcavadora ayudó a retirarlos mientras los cuerpos de emergencia vigilaban el lugar. Hubo respuesta institucional, pero el episodio plantea una pregunta preventiva: ¿cómo evitar que el siguiente conductor llegue a ese mismo punto cuando el agua ya representa una amenaza?

La documentación oficial consultada hasta el 29 de septiembre de 2026 permite identificar brechas de prevención, actualización de información y protección territorial. No acredita una negligencia generalizada de todas las corporaciones ni permite atribuir cada daño a una autoridad. Sí muestra que, junto con brigadas y refugios, persisten familias expuestas en cauces, solicitudes legislativas de actualización y necesidades técnicas reconocidas en instrumentos de planeación. El problema rebasa el pronóstico meteorológico. Protección Civil forma parte de un sistema que incluye gobiernos municipales, administración estatal, dependencias federales, servicios públicos, ordenamiento urbano y vivienda. Si el riesgo se reproduce donde vive la población, la eficacia no puede medirse únicamente por rescates exitosos. También debe examinarse cuánto peligro se redujo antes de que comenzaran las lluvias.

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El antecedente de Odile, en 2014, ilustra una vulnerabilidad decisiva: las comunicaciones pueden fallar precisamente cuando más se necesitan. El informe federal del 22 de septiembre describía una recuperación desigual de las redes telefónicas y señalaba a Los Cabos entre las zonas más afectadas. Esa experiencia obliga a evaluar mecanismos de aviso capaces de funcionar cuando desaparecen la electricidad, internet o la señal celular. Hubo aprendizaje institucional. La Universidad Autónoma de Baja California Sur informó que su carrera de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, creada en 2017, respondió a la devastación de Odile. En junio de 2024 entregó al gobierno lo que presentó como el primer Atlas de Riesgo Estatal. La ciencia aportó una herramienta importante; disponer de ella, sin embargo, no demuestra automáticamente su aplicación efectiva en cada municipio.

El 28 de mayo de 2026, el Congreso estatal aprobó exhortar a Los Cabos, La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé a actualizar o elaborar sus atlas municipales. También pidió utilizar y difundir esa información e informar sobre avances. El acuerdo constituye evidencia de una preocupación institucional vigente, aunque no demuestra que los cinco ayuntamientos carezcan por completo de atlas o presenten idénticas deficiencias. La diferencia importa. Un atlas estatal ofrece una visión territorial amplia, mientras la decisión de cerrar un vado, evacuar una colonia o revisar un permiso requiere información local detallada. La existencia de cartografía debe traducirse en decisiones verificables. El rezago preventivo aparece cuando conocer un peligro no basta para modificar las condiciones que mantienen expuestos a habitantes, escuelas, vialidades y servicios.

La dimensión social está reconocida por las propias autoridades. En un comunicado de la temporada 2026, Protección Civil de Los Cabos informó que notificó a personas asentadas en el arroyo El Pedregal, afluente de El Cajón, junto al vado del Zacatal. El gobierno anunció limpieza del cauce y trabajo con áreas jurídicas, desarrollo urbano, asentamientos humanos y representantes ejidales para buscar alternativas habitacionales seguras. El anuncio confirma tanto una intervención como una vulnerabilidad persistente. Advertir a una familia que vive en un cauce resulta indispensable; ofrecerle una alternativa segura requiere una política distinta y sostenida. La información revisada no permite conocer cuántas viviendas fueron efectivamente reubicadas mediante esas acciones. Presentar una gestión anunciada como una solución concluida ocultaría la distancia entre el compromiso y su resultado.

Los Cabos concentraba 351,111 habitantes, el 44 por ciento de la población estatal, según el Censo 2020 del INEGI. Es una referencia histórica, no una estimación de población actual. Esa concentración ayuda a entender la escala del desafío: vivienda, desplazamientos cotidianos y servicios deben organizarse en un territorio donde los escurrimientos intersectan espacios habitados y rutas de circulación. La evidencia científica explica por qué el agua merece tanta atención como el viento. Un estudio publicado en la revista del CIBNOR sobre la cuenca de San José del Cabo identifica la vulnerabilidad natural de su llanura aluvial. La intensidad y duración de las lluvias, combinadas con la forma del terreno y la red de drenaje, pueden generar caudales capaces de desbordarse.

Por eso, reducir la comunicación pública a la categoría del huracán ofrece una explicación insuficiente. Miguel Ángel Imaz Lamadrid, investigador de la UABCS especializado en gestión del riesgo, advirtió en agosto de 2026 que deben considerarse también la cercanía y los efectos del ciclón. Recomendó conocer refugios y trasladarse con anticipación cuando las autoridades indiquen evacuar, antes de que el tránsito se complique. Las recomendaciones individuales necesitan respaldo operativo. Una persona puede conocer el refugio más cercano y aun así requerir transporte, acompañamiento o atención médica. La protección efectiva exige verificar esas necesidades por localidad, especialmente para personas mayores, con discapacidad o dependientes de cuidados. Esta es una exigencia de diseño preventivo, no una afirmación de que tales servicios estén ausentes en todos los municipios.

Los Cabos reportó para 2026 más de cuarenta refugios y trece brigadas especializadas, además de disponibilidad del parque vehicular municipal. También anunció inspecciones de estructura, accesos, servicios básicos y abastecimiento. Son avances relevantes. Para evaluar su suficiencia hacen falta capacidades comprobables: cuántas personas admite cada inmueble, qué suministros tiene y cuánto tarda el traslado desde las áreas identificadas como peligrosas. En comunicación, el Ayuntamiento acordó que su Dirección de Comunicación Social sería la única instancia autorizada para emitir información oficial sobre contingencias. Unificar mensajes puede reducir contradicciones, pero requiere protocolos rápidos y respaldo técnico. El objetivo debe ser que cada aviso indique territorio, horario y conducta esperada, sin que la centralización se convierta en un obstáculo para advertir riesgos inmediatos. Otro comunicado municipal reconoció dudas sobre las actividades escolares y explicó que una eventual solicitud de suspensión debía presentarse ante la autoridad estatal competente. El documento no prueba una suspensión tardía. Sí muestra un punto sensible de coordinación: las familias necesitan saber con suficiente anticipación quién decide, cuándo se comunica y qué condiciones cambian la operación de escuelas y transporte.

La mirada sobre el estado tampoco puede limitarse al corredor turístico. En abril de 2026, el Congreso pidió reparar caminos vinculados con la ruta Dos Mares 500. El promovente explicó que comunidades rurales habían expresado preocupación por vías necesarias para emergencias y movimiento de productos agropecuarios. Es un testimonio indirecto, recogido en tribuna, que relaciona seguridad y actividad económica cotidiana. La prevención territorial debe incluir accesos rurales, abastecimiento y continuidad de servicios. Un camino deteriorado puede dificultar la evacuación o el auxilio; una interrupción prolongada puede afectar ingresos y suministro. Estas consecuencias potenciales explican por qué la protección civil necesita coordinación con obras públicas y mantenimiento, además de personal preparado para actuar durante el fenómeno.

El Programa Hídrico Regional disponible en la UABCS plantea mejorar estaciones climatológicas, instalar instrumentación hidrométrica en arroyos y operar un servicio hidrológico estatal con pronósticos de crecidas y alertas tempranas. Son propuestas técnicas, no pruebas de obras ejecutadas. Su relevancia consiste en señalar que la vigilancia debe conocer también el comportamiento del agua en las cuencas.

El financiamiento constituye otra discusión abierta. El Congreso solicitó en abril de 2026 información sobre preparación y alertas; durante el debate se planteó crear un fondo estatal para desastres. Una propuesta legislativa no acredita por sí misma falta absoluta de recursos. La evaluación rigurosa requiere distinguir presupuesto aprobado, dinero ejercido, mantenimiento, equipos disponibles y reservas para responder sin improvisaciones. También hay resultados favorables que deben incorporarse. El gobierno estatal reportó saldo blanco al cierre de la temporada 2025, revisión de refugios y limpieza de cauces. Reconoció además beneficios de las lluvias para mitigar la sequía. Ese balance debe contrastarse con indicadores de daños y prevención: sobrevivir a una temporada no elimina automáticamente la exposición de la siguiente.

Para cerrar esa brecha, las evaluaciones posteriores deberían documentar horarios de aviso, cierres de cruces, evacuaciones y restablecimiento de servicios. Comparar esos registros con los pronósticos disponibles permitiría identificar decisiones oportunas y retrasos concretos, sin convertir las críticas en acusaciones indiscriminadas. También ayudaría a asignar responsabilidades entre dependencias y sostener mejoras más allá de los cambios de administración.

Esta investigación utiliza documentos, declaraciones oficiales publicadas y análisis académico; no incluye entrevistas directas con damnificados. Por ello, los testimonios institucionales no sustituyen la experiencia de las familias. Incorporarla mediante evaluaciones públicas ampliaría el diagnóstico y permitiría saber si la protección anunciada llega realmente a cada comunidad expuesta durante las emergencias. Ser un referente exige publicar resultados comparables, corregir problemas repetidos y explicar qué cambió después de cada emergencia. La confianza se construye cuando atlas, alertas, vivienda segura y refugios funcionan juntos. Frente al próximo arroyo crecido, la medida decisiva será cuántas personas pudieron ponerse a salvo antes de necesitar un rescate.

Referencias:

• Chávez-López, S., & Mendoza-Albañez, A. (2016). Aspectos geomorfológicos e hidrográficos de la cuenca San José del Cabo, Baja California Sur, México, como factor de riesgo a inundaciones. Áreas Naturales Protegidas Scripta. https://doi.org/10.18242/anpscripta.2016.02.02.02.0006
• Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026a, 28 de abril). Aprueba Congreso de BCS exhorto para reparar caminos del off-road “Dos Mares 500”. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9115-aprueba-congreso-de-bcs-exhorto-para-reparar-caminos-del-off-road-dos-mares-500
• Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026b, 30 de abril). El Congreso de BCS aprobó solicitar un informe de la temporada ciclónica 2026. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9124-el-congreso-de-bcs-aprobo-solicitar-un-informe-de-la-temporada-ciclonica-2026
• Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026c, 28 de mayo). Exhortan a los municipios de BCS a actualizar sus Atlas de Riesgo. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9187-exhortan-a-los-municipios-de-bcs-a-actualizar-sus-atlas-de-riesgo
• Gobierno del Estado de Baja California Sur. (s. f.). Generan lluvias y ciclones 2025 beneficios para BCS: Consejo Estatal de Protección Civil. https://www.bcs.gob.mx/generan-lluvias-y-ciclones-2025-beneficios-para-bcs-consejo-estatal-de-proteccion-civil/
• H. XV Ayuntamiento de Los Cabos. (s. f.-a). Encabeza Christian Agúndez mesa de trabajo para reforzar la atención y preparación ante la temporada de huracanes 2026. https://www.loscabos.gob.mx/encabeza-christian-agundez-mesa-de-trabajo-para-reforzar-la-atencion-y-preparacion-ante-la-temporada-de-huracanes-2026/
• H. XV Ayuntamiento de Los Cabos. (s. f.-b). Mantiene Gobierno de Los Cabos operativo de prevención y auxilio ante lluvias. https://www.loscabos.gob.mx/mantiene-gobierno-de-los-cabos-operativo-de-prevencion-y-auxilio-ante-lluvias/

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Vientos de Pueblo

El Vigía del Desierto

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El filo de la lezna entra con una resistencia seca en la vaqueta curtida con corteza de palo blanco. En los ranchos encaramados en las espaldas minerales de la Sierra de Guadalupe y de San Francisco, el silencio sólo lo rompe el crujido del cuero y el viento caliente que baja barriendo los cañones. Aquí, las manos que labran las teguas, las polainas y los aparejos tienen la piel cuarteada por décadas de sol y salitre serrano; son manos de hombres que rebasan los sesenta y setenta años. No hay muchachos sentados al lado aprendiendo el oficio. En los corrales de piedra seca, donde el ganado criollo aprende a ramonear ramas espinosas entre biznagas y cardones, la soledad ha dejado de ser una condición del aislamiento geográfico para convertirse en un veredicto demográfico: la cultura del ranchero choyero, forjada durante más de dos siglos a la sombra de los antiguos caminos misionales jesuitas, se está quedando sin herederos.

La fractura no es fortuita ni obedece únicamente al paso del tiempo. De acuerdo con estudios socioambientales y diagnósticos agrarios disponibles en la entidad, las sequías recurrentes han menguado los hatos caprinos y bovinos, reduciendo al mínimo la producción artesanal del queso de aro y obligando a las familias serranas a vender sus animales antes de verlos morir de sed. Pero la estocada definitiva no baja del cielo seco, sino que sube desde el litoral. A menos de 200 kilómetros hacia el Sur, el corredor de Los Cabos y La Paz expande sin descanso una maquinaria hotelera e inmobiliaria que devora brazos jóvenes a cambio de salarios de intendencia, jardinería o cocina. Los hijos y nietos de los rancheros no montan a caballo ni curten pieles; visten uniformes de poliéster en lavanderías de lujo y habitan colonias polvorientas sin drenaje en la periferia de Cabo San Lucas, donde el agua potable llega cada dos semanas en pipas que cobran precios exorbitantes, mientras a pocos metros los campos de golf de los desarrollos turísticos se mantienen de un verde fosforescente mediante desalinizadoras privadas.

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Esta transferencia de vidas no solo vacía la montaña, sino que transmuta el significado del territorio. Más al Sur, donde la Sierra de la Laguna se suaviza hacia el Golfo, los antiguos enclaves mineros de El Triunfo y San Antonio exponen otra cara de este reordenamiento. Poblados que vivieron el esplendor de las chimeneas inglesas del siglo XIX y que luego languidecieron como sombras de adobe, experimentan en los últimos años un rescate patrimonial impulsado primordialmente por fundaciones y fideicomisos de inversión privada. Museos de impecable museografía, cafeterías de diseño y restaurantes de corte gourmet han florecido alrededor de la colosal chimenea La Ramona. Sin embargo, como han advertido investigadores locales y pobladores de la zona, este renacimiento opera bajo una curaduría selectiva: el patrimonio histórico se restaura y se exhibe en función de la capacidad de pago del visitante extranjero o del visitante de fin de semana, mientras la población nativa queda relegada a proveer servicios menores en un paisaje que ya no le pertenece en términos de decisión ni de usufructo.

El contraste resulta desgarrador. Por un lado, la memoria viva de la sierra profunda —la que conserva el manejo sustentable del desierto, el conocimiento botánico ancestral y la memoria oral de las misiones— carece de subsidios efectivos, de relevo generacional y de protección estatal, reduciéndose paulatinamente a una estética folclórica de souvenir vendida en las tiendas de los aeropuertos. Por el otro, la memoria estática de los viejos pueblos mineros se esteriliza, mercantilizándose como una experiencia colonial chic que maquilla el pasado extractivo mientras los acuíferos subterráneos de la región continúan bajo estrés crónico, amenazados por la especulación inmobiliaria y los proyectos mineros latentes que los propios serranos han tenido que frenar en asambleas comunitarias.

La sudcalifornidad, entendida como ese pacto secular de supervivencia frente a la aridez extrema, no está desapareciendo por agotamiento biológico, sino por desalojo económico. El modelo hegemónico de desarrollo en la península ha decidido que el desierto sólo tiene valor si colinda con una alberca infinita o si sirve como escenografía rústica para el consumo fugaz. Cuando el último viejo guarde sus herramientas en el fondo de una casa de piedra y el ganado no reconozca ya un silbido humano en la quebrada, no se habrá apagado simplemente una labor rústica: se habrá consumado la pérdida irremediable de una civilización que supo florecer en la escasez, sepultada por la prisa de un paraíso artificial que jamás ha sabido qué hacer con su propia memoria.

Fuentes consultadas y referencias técnicas

▪  Cariño Olvera, Micheline, & Monteforte, Mario. Del saqueo a la conservación: historia ambiental contemporánea de Baja California Sur, 1940-2003. SEMARNAT / UABCS, 2008.

▪  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Agropecuario 2022: Resultados definitivos para Baja California Sur. Publicado en 2023.

▪  Urciaga García, José, & Monteforte, Mario. Crecimiento económico y sustentabilidad en Baja California Sur. UABCS, 2017.

▪  Registros del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SADER: Monitoreo de producción pecuaria y sequía recurrente en zonas serranas de Baja California Sur (2021-2025).

▪  Documentos públicos de zonificación y programas de manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna y Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre / Sierra de San Francisco (CONANP).

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Toda empresa con empleados enfrenta retos diarios: largas jornadas, atención constante al público, coordinación entre empleados, clientes, proveedores, inspectores, posibles complicaciones en femas de limpieza y administración, etc. En este contexto, la NOM-035-STPS-2018 se convierte en una herramienta clave para proteger a los trabajadores y mejorar el desempeño de la empresa.

¿Qupe es la NOM-035? La NOM-035-STPS-2018 es una Norma Oficial Mexicana emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tiene como objetivo identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, así como promover un entorno organizacional favorable. En palabras sencillas, busca evitar que las condiciones laborales generen estrés excesivo, desgaste emocional, conflictos o afectaciones a la salud mental de los trabajadores.

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¿Qué empresas deben cumpliarla? Todas las empresas y centros de trabajo en México. Sin embargo, las obligaciones aumentan conforme crece el número de empleados. Toda empresa debe cumplir con la totalidad de los requisitos previstos por la norma, incluyendo la evaluación de factores de riesgo psicosocial y del entorno organizacional.

¿Qué obligaciones tiene el patrón? Entre sus principales obligaciones se encuentran:

• Contar con una política de prevención de riesgos psicosociales.
• Identificar y evaluar los factores de riesgo existentes.
• Detectar posibles casos de violencia laboral.
• Implementar medidas para prevenir y corregir problemas detectados.
• Informar y capacitar a los trabajadores.
• Llevar registros de las acciones realizadas.
• Promover condiciones laborales saludables.

¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores? Entre sus responsabilidades destacan:

• Participar en las evaluaciones o cuestionarios aplicados por la empresa.
• Colaborar en las acciones de prevención.
• Seguir las políticas internas.
• Evitar conductas de violencia, acoso o maltrato.
• Informar situaciones que puedan representar un riesgo para la salud laboral.

El cumplimiento efectivo de la norma requiere la colaboración de ambas partes: empresa y trabajadores.

¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Son aquellas condiciones de trabajo que pueden afectar negativamente el bienestar emocional o psicológico de una persona.

Algunos ejemplos incluyen:

• Jornadas excesivas durante temporadas vacacionales.
• Falta de personal para cubrir la demanda.
• Presión constante por atender clientes.
• Falta de claridad en funciones y responsabilidades.
• Conflictos entre supervisores y empleados.
• Acoso o violencia laboral.
• Escaso reconocimiento al desempeño.

Cuando estas situaciones se mantienen por largos periodos, pueden generar estrés crónico, agotamiento, ansiedad y disminución del rendimiento laboral.

¿Cómo se identifican estos riesgos? La norma establece diversos mecanismos para detectar problemas antes de que se conviertan en situaciones graves.

Los métodos más comunes son:

• Aplicación de cuestionarios al personal.
• Entrevistas individuales o grupales.
• Revisión de quejas internas.
• Análisis de ausentismo y rotación de personal.
• Observación de las condiciones de trabajo.
• Evaluación de incidentes relacionados con conflictos laborales.

Si un establecimiento registra constantes renuncias de empleados o frecuentes incapacidades por estrés, ello puede ser una señal de alerta que merece atención.

¿Qué significa un entorno organizacional favorable? Un entorno organizacional favorable se caracteriza por:

• Comunicación efectiva.
• Liderazgo respetuoso.
• Distribución clara de responsabilidades.
• Reconocimiento al trabajo realizado.
• Oportunidades de capacitación.
• Igualdad de trato.
• Respeto entre compañeros y supervisores.

En términos prácticos, significa que los trabajadores saben qué se espera de ellos, reciben apoyo de sus superiores y desempeñan sus actividades en un ambiente de respeto.

Implementación paso a paso: Una ruta práctica de implementación puede seguir los siguientes pasos:

Primero: Elaborar una política de prevención y comunicarla a todo el personal.

Segundo: Aplicar los cuestionarios y evaluaciones requeridos por la norma.

Tercero: Analizar los resultados obtenidos para detectar áreas de riesgo.

Cuarto: Diseñar medidas correctivas y preventivas.

Quinto: Capacitar a supervisores y trabajadores.

Sexto: Documentar todas las acciones realizadas.

Séptimo: Dar seguimiento periódico para verificar la efectividad de las medidas implementadas.

La clave no es únicamente aplicar cuestionarios, sino utilizar la información obtenida para mejorar las condiciones laborales.

Los beneficios de cumplir: Aunque algunas empresas perciben la NOM-035 como una obligación administrativa más, su adecuada implementación puede generar ventajas concretas.

Entre los principales beneficios destacan:

• Reducción de la rotación de personal.
• Menor ausentismo.
• Incremento de la productividad.
• Mejor atención al cliente.
• Disminución de conflictos internos.
• Mayor compromiso de los trabajadores.
• Reducción de riesgos legales y laborales.
• Fortalecimiento de la imagen empresarial.

Para un emprendimiento cuya reputación depende en gran medida de la calidad del servicio, contar con trabajadores motivados y en condiciones saludables puede representar una ventaja competitiva importante.

Corolario

La NOM-035 va mucho más allá de un requisito legal. Su finalidad es ayudar a que los trabajadores desarrollen sus actividades en condiciones que favorezcan su bienestar físico y emocional.

Su cumplimiento no sólo protege a los trabajadores, sino que también contribuye al crecimiento y estabilidad del negocio.

Al final, cuidar a las personas que hacen funcionar una empresa suele ser una de las mejores inversiones que un empresario puede realizar.

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Vientos de Pueblo

El Vigía del Desierto

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En las asambleas ejidales de Cabo del Este y La Ribera, el desmantelamiento de la propiedad colectiva no comenzó con maquinaria pesada, sino con portafolios de dinero en efectivo y contratos de cesión redactados en un lenguaje incomprensible. Durante la última década, despachos jurídicos al servicio de desarrolladoras transnacionales han desplegado una minuciosa fragmentación comunitaria, seduciendo a ejidatarios ancianos que, agobiados por la falta de apoyos al campo y la precariedad médica, ceden parcelas con frente de playa por una ínfima fracción de su valor real. De acuerdo con testimonios locales y expedientes agrarios en litigio, las asambleas viciadas y las promesas de empleo terminan siempre del mismo modo: se aprueba el dominio pleno sobre las tierras de uso común y, pocos meses después, el litoral donde antes anidaban tortugas y fondeaban pangas queda confinado tras bardas perimetrales, abriendo paso a complejos residenciales de ultra lujo, campos de polo náutico irrigados con pozos concesionados y dársenas privadas donde el habitante originario solo ingresa con uniforme de servicio.

Ese cerco se extiende hacia el norte, sobre la curvatura del Golfo de California, donde la privatización no necesitó de reformas ejidales para consumarse en los hechos. En las bahías de La Ventana y Los Barriles, la bonanza del turismo de viento consolidó enclaves residenciales donde compradores foráneos clausuraron de facto la movilidad histórica del territorio. Brechas tradicionales, arroyos y servidumbres de paso que durante más de un siglo permitieron a las familias rancheras arrear ganado o descender a la playa para la pesca artesanal hoy lucen bloqueadas por portones automáticos, candados y guardias privados. Según registros municipales y denuncias vecinales desatendidas, las advertencias de propiedad privada proliferan sobre vías que legalmente constituyen bienes públicos, obligando a los lugareños a rodear kilómetros de terreno agreste mientras las velas del kitesurf copan la bahía. La costa, concebida en la ley federal como un espacio de libre tránsito, se convirtió en una franja segregada donde el origen foráneo y la solvencia en dólares definen quién puede mirar el horizonte.

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En la ribera opuesta, sobre el océano Pacífico, el despojo no viste ropajes inmobiliarios sino la torpeza de la ingeniería oficial. En la comunidad pesquera de Puerto Chale, donde generaciones de familias han vivido de la captura de camarón y curvina, obras de infraestructura portuaria ejecutadas sin estudios hidrodinámicos rigurosos desataron un desastre silencioso. El levantamiento de escolleras defectuosas y dragados mal calculados alteró el régimen de mareas, provocando el azolvamiento acelerado de las bocabarras que oxigenan el estero. De acuerdo con diagnósticos técnicos y registros de las cooperativas pesqueras, los bancos de arena taponaron las rutas de navegación y arruinaron las zonas de desove, dejando decenas de pangas varadas en lodazales pestilentes durante la bajamar. Con las redes pudriéndose al sol, los pescadores más jóvenes abandonan los motores fuera de borda para contratarse como albañiles o lavaplatos en el sur turístico, confirmando que una escollera mal trazada puede liquidar un modo de vida con la misma contundencia que una cerca de alambre.

Lo que articula estos tres frentes no es la casualidad geográfica, sino la lógica extractiva de un modelo que sacrifica la vocación comunitaria de las costas para satisfacer un consumo de élite. La omisión sistemática de la Procuraduría Agraria y la negligencia de las autoridades ambientales operan como un aval tácito: se solapa el acaparamiento hídrico para residencias exclusivas, se tolera el bloqueo de pasos vecinales y se desatiende el deterioro ecológico en las lagunas ribereñas. En esta recomposición forzosa del espacio, el territorio deja de ser raíz cultural y sustento alimentario para mutar en mero activo financiero, arrinconando a ejidatarios y pescadores en periferias desérticas donde el mar les queda vetado y el agua potable se compra por pipa a precios abusivos.

Baja California Sur encara una encrucijada ética inaplazable: tolerar que este desarrollo depredador extinga a sus comunidades tradicionales o restituir la primacía del bien común sobre la especulación inmobiliaria. Porque cuando a un pueblo ribereño se le arrebata el camino al agua y se le clausura el estero, no solo se le despoja de su sustento productivo; se le mutila la memoria y el sentido mismo de pertenecer a una tierra. En esta geografía de alambradas y exclusión, desterrar a los pobladores de sus propias orillas no engendra progreso alguno, sino la amarga certeza de convertirlos en extranjeros dentro de su propia cuna.

Fuentes consultadas y referencias técnicas

▪  Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR). Estudios de dinámica costera, sedimentología y azolvamiento en esteros y complejos lagunares del Pacífico sudcaliforniano. La Paz, B.C.S.

▪  CONAPESCA. Padrón de cooperativas pesqueras ribereñas y registros de arribos de curvina y camarón en el litoral de Puerto Chale y Bahía Magdalena.

▪  Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad (La Paz y Los Cabos). Planos catastrales, expedientes de servidumbres de paso y denuncias por invasión de caminos públicos en La Ventana y Los Barriles.

▪  Procuraduría Agraria (Delegación BCS). Expedientes de regularización, asambleas de dominio pleno y controversias en ejidos La Ribera y Cabo del Este.

▪  Registro Agrario Nacional (RAN). Cartografía ejidal y padrón de sujetos agrarios certificados en el estado de Baja California Sur.

▪  Secretaría de Marina (SEMAR) y API BCS. Proyectos ejecutivos de dragado, muelles de atraque y obras de protección costera en comunidades pesqueras de BCS.

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