Modesto Peralta, autor en CULCO BCS

FOTOS: Facebook | Archivo Histórico «Pablo L. Martínez».

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La mañana posterior al ciclón Liza, La Paz era una ciudad partida por el agua. El 30 de septiembre de 1976, una avenida torrencial arrasó viviendas asentadas junto al arroyo y dejó familias separadas, muertos y sobrevivientes sin refugio. Luz Davis Garayzar, entonces presidenta del DIF estatal y esposa del gobernador Ángel César Mendoza Arámburo, quedó frente a una emergencia que desbordaba cualquier función ceremonial. Años después todavía recordaba a dos pequeños llevados por separado a las instalaciones asistenciales: al verse, uno corrió a abrazar a la otra y gritó su nombre. La escena, recogida en una entrevista de 2009, muestra el centro humano de su legado: atender, reunir y organizar en medio del desastre.

El fallecimiento de Luz Davis de Mendoza fue dado a conocer públicamente el 8 de agosto de 2026 mediante condolencias de autoridades, instituciones, medios noticiosos y familiares. Había nacido el 6 de octubre de 1940 y era originaria de Loreto, según semblanzas periodísticas coincidentes. Su vida atravesó la conversión de Baja California Sur de territorio federal en estado, la organización de sus primeras instituciones y el ascenso de una familia que produjo dos gobernadores en generaciones distintas.

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Su apellido de casada explica cómo fue conocida públicamente, pero también puede ocultar su identidad propia. Luz Davis Garayzar se casó con Ángel César Mendoza Arámburo y tuvo tres hijos: Guadalupe, Carlos y Ángel César. El Archivo Histórico «Pablo L. Martínez» conserva retratos de la pareja y fotografías de ella en actos públicos; sus fichas emplean tanto el nombre de nacimiento como Luz Davis de Mendoza. Esa doble denominación refleja una época en que la participación de las esposas de gobernantes se registraba como prolongación del cargo masculino. Recuperar su nombre completo no es un gesto menor: permite buscar documentos, distinguir parentescos y seguir su actuación institucional.

El contexto político era excepcional. El decreto federal del 8 de octubre de 1974 convirtió a Baja California Sur en estado libre y soberano. La Constitución local fue promulgada en enero de 1975 y Mendoza Arámburo tomó posesión el 5 de abril como primer gobernador constitucional. No heredaba una administración estatal consolidada: debía crear leyes, dependencias, municipios y capacidades públicas. Estudios de la UABCS señalan que su gobierno impulsó la universidad estatal, la Escuela Normal Superior, carreteras, polos turísticos en Loreto y Los Cabos, y la reorganización constitucional. En esa construcción, la asistencia social era igualmente necesaria, aunque aparezca con menor frecuencia en las historias centradas en obras y decretos.

Luz Davis presidió honorariamente el Sistema Estatal DIF de 1975 a 1981. El periodo coincidió con la transformación nacional de la beneficencia pública: en 1977 se constituyó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, integrando instituciones anteriores dedicadas a la niñez y la familia. En los Estados, las esposas de gobernadores encabezaban habitualmente estos organismos. Era un modelo atravesado por expectativas de género: ellas no obtenían el mandato en las urnas ni siempre figuraban como funcionarias remuneradas, pero recibían visibilidad, acceso a redes y responsabilidades reales. Su autoridad dependía parcialmente del matrimonio; sus decisiones podían afectar la vida cotidiana de la población vulnerable.

El ciclón Liza reveló tanto la fragilidad de la joven entidad como la dimensión operativa de ese papel. En la entrevista realizada por Fernando Amaya Guerrero el 30 de septiembre de 2009, Davis relató que una brigada llegada con quince camionetas para una campaña sanitaria puso vehículos y personal al servicio de la emergencia. El DIF recibió menores, canalizó ayuda y enfrentó la incertidumbre sobre familias desaparecidas. Ella había recorrido colonias afectadas apenas un día antes del desastre. Recordó la convivencia con sus habitantes y, después, la devastadora ausencia. Su testimonio no sustituye los expedientes oficiales, ni resuelve la controvertida cifra de víctimas, pero aporta la perspectiva de quien participó en la respuesta.

La catástrofe tuvo consecuencias políticas y urbanas. Mostró el riesgo de ocupar cauces y la insuficiencia de infraestructura para una ciudad en crecimiento. También consolidó la asistencia como componente indispensable del nuevo gobierno estatal: no bastaba construir carreteras, universidades o polos turísticos; había que desarrollar capacidad para albergar, alimentar, localizar familiares y rehabilitar. La intervención de Davis debe entenderse dentro de un esfuerzo colectivo de trabajadores públicos, brigadistas, vecinos y organizaciones. Atribuirle toda la respuesta sería tan impreciso como borrarla de ella. Su papel documentado fue articular recursos y mantener el foco en niños y familias.

Al lado de Mendoza Arámburo, Luz Davis participó en la representación pública del primer gobierno constitucional. Los retratos de archivo y las imágenes de actos oficiales la sitúan junto al mandatario o sola en el estrado. Esa presencia cumplía funciones simbólicas: ayudaba a proyectar estabilidad familiar y cercanía social mientras el nuevo estado buscaba identidad. Pero su influencia no debe confundirse con coautoría automática de las políticas del gobernador. La creación de la UABCS, las leyes orgánicas, carreteras o proyectos turísticos corresponde a decisiones de poderes e instituciones identificables. Lo comprobable es que su labor asistencial acompañó la modernización y atendió parte de sus costos humanos.

La pareja también enlazó dos geografías centrales para el proyecto estatal: La Paz, capital política, y Loreto, antigua capital de las Californias y futura zona turística. El gobierno de Mendoza inició polos de desarrollo en Loreto y Los Cabos, dentro de una estrategia que buscaba sustituir aislamiento por comunicaciones, inversión y servicios. Para Luz Davis, loretana, esa transformación no era abstracta. Su trayectoria quedó asociada a una generación que vio crecer la administración, el turismo y la educación superior, pero también enfrentó desigualdades territoriales, desastres y una cobertura social todavía limitada.

Décadas después, el apellido familiar regresó al Poder Ejecutivo. Carlos Mendoza Davis, uno de sus hijos, gobernó Baja California Sur de 2015 a 2021. De ahí surgió la expresión periodística “mujer de dos gobernadores”. La frase resume una singularidad, pero corre el riesgo de medir su vida únicamente por los cargos de esposo e hijo. También invita a analizar la reproducción de capital político familiar: nombres, redes, recuerdos de gobierno y reconocimiento social atraviesan generaciones. Luz Davis fue testigo y participante de esa continuidad, aunque no ocupó por elección el poder ejecutivo ni puede atribuírsele la trayectoria política de sus familiares.

Su legado material persiste en instituciones que llevan su nombre. El Centro de Atención Múltiple “Señora Luz Davis de Mendoza” atiende educación especial en La Paz y ha participado en actividades de inclusión vinculadas con la sordoceguera. La Estancia de Desarrollo Integral Infantil fue formalmente creada por acuerdo publicado en 2018 como órgano desconcentrado estatal. Su objeto abarca cuidado, educación inicial y preescolar para hijos de trabajadores públicos, desde los 45 días de nacidos hasta los seis años. En 2026, el gobierno anunció un proyecto para convertirla en jardín de niños y ampliar su capacidad. El homenaje nominal, por tanto, continúa produciendo servicios concretos.

Es importante distinguir memoria de causalidad. Que dos centros lleven su nombre confirma reconocimiento público, pero sus acuerdos de creación, presupuestos y operación pertenecen a administraciones posteriores. La continuidad más sólida está en la orientación: niñez, discapacidad, cuidado y apoyo a familias, campos relacionados con la presidencia del DIF que ejerció. Evaluar el legado exige revisar actas, informes de gobierno, archivos del DIF, fotografías y testimonios, para separar iniciativas personales, programas colectivos y homenajes póstumos o posteriores.

Las lagunas documentales son parte de la historia. Las biografías disponibles detallan con amplitud los cargos de Ángel César Mendoza, mientras sobre Luz Davis abundan fórmulas honoríficas y referencias familiares. Esa asimetría no demuestra falta de trabajo; evidencia qué actividades consideraron dignas de archivo las instituciones y la prensa. La asistencia, el voluntariado y el cuidado, tareas feminizadas, suelen dejar menos decretos y discursos que una carretera. Una investigación futura debería catalogar correspondencia, agendas, informes del DIF y testimonios de trabajadoras y beneficiarios, incluidos los materiales sobre la respuesta al ciclón Liza.

La vida de Luz Davis Garayzar permite observar cómo se construyó Baja California Sur desde un espacio situado entre familia, asistencia y poder. Junto al primer gobernador aportó presencia pública y conducción social durante los años fundacionales; frente a la tragedia de 1976, actuó dentro de una red que atendió a quienes habían perdido hogar y parientes. Su nombre permanece donde niñas, niños y personas con discapacidad reciben atención. El legado más verificable no es una lista inflada de obras ajenas, sino esa relación duradera entre memoria y cuidado en la vida diaria. Contarla con precisión devuelve agencia a una mujer sin convertirla en autora solitaria de un proceso colectivo.

Referencias

Gobierno de BCS: Proyecto de conversión de la Estancia Luz Davis de Mendoza en jardín de niños.

Boletín Oficial de BCS: Acuerdo de creación de la Estancia Luz Davis de Mendoza (2018).

Sistema Estatal DIF: Misión institucional y asistencia social.

Archivo Histórico Pablo L. Martínez: Retrato de Ángel César Mendoza y Luz Davis Garayzar.

Archivo Histórico Pablo L. Martínez: Luz Davis Garayzar en estrado.

Catálogo AHPLM: Entrevista sobre el ciclón Liza y materiales documentales.

UABCS: Estudio sobre administraciones estatales y el gobierno de Mendoza Arámburo.

Gobierno de BCS: Actividad inclusiva del CAM Luz Davis de Mendoza.

El Sudcaliforniano: Esquela de Luz Davis de Mendoza, 8 de agosto de 2026.

Leonardo Reyes Silva: Síntesis de la entrevista de 2009 sobre Luz Davis y el ciclón Liza.

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IMÁGENES: IA.

Colaboración Especial

Jorge Alberto Chaleco Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el principio era el miedo (sin fecha de publicación ni editorial), del escritor Ramón Cuéllar Márquez, es un libro de ensayos que propone reflexiones amplias y sugestivas sobre uno de los grandes enigmas de la condición humana: el despertar de la autoconsciencia y las consecuencias que este acontecimiento pudo haber tenido en la historia de nuestra especie. Desde una perspectiva que transita entre la filosofía, la literatura, el mito, la antropología, la historia y la reflexión sobre la inteligencia artificial, el autor construye una hipótesis que funciona como eje articulador de la obra: el miedo como fuerza primordial vinculada al despertar del ser humano y como uno de los motores fundamentales de su desarrollo intelectual, cultural y tecnológico.

La tesis que encuentro en la obra podría formularse, en términos generales, de la siguiente manera: el despertar de la autoconsciencia llevó al homínido a experimentar una condición de vulnerabilidad y extrañeza ante sí mismo y ante el mundo; de esa experiencia surgiría el miedo, y el miedo, a su vez, impulsaría la curiosidad, la inteligencia y la necesidad de crear herramientas, símbolos, explicaciones y formas de organización que permitieran enfrentar lo desconocido. Desde esa perspectiva, la historia de la humanidad puede leerse como una larga respuesta a aquel primer estremecimiento ante la existencia. Sin embargo, considero que esta tesis puede entenderse mediante una secuencia todavía más precisa: la autoconsciencia genera el miedo; el miedo genera la inteligencia; y la inteligencia crea una civilización que, en lugar de enfrentar el miedo original, construye capas y capas cada vez más complejas para ocultarlo.

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Esta última formulación pertenece ya a mi propia lectura del libro y no pretende atribuirse literalmente al autor. La considero una interpretación que surge del diálogo con sus planteamientos. El propio Cuéllar Márquez habla de capas que se han superpuesto a lo largo de la historia y que han terminado por ocultar aquel origen remoto, aquel momento simbólico en que el homínido habría despertado a la consciencia de sí mismo. A partir de esta idea, me parece posible interpretar la cultura humana como una sucesión de construcciones que, al mismo tiempo que nos permiten comprender y transformar el mundo, también nos ayudan a mantener cierta distancia respecto del miedo fundamental de existir.

El miedo, entonces, no sería solamente una emoción negativa ni una reacción instintiva ante el peligro. En la propuesta del autor adquiere una dimensión mucho más profunda: es una fuerza creadora. El homínido que se enfrenta a la oscuridad, al depredador, al hambre, al frío, a la muerte y a lo desconocido desarrolla recursos para sobrevivir. Aparecen las primeras herramientas, el dominio del fuego y las distintas formas de conocimiento. Pero el miedo no permanece en el ámbito de la supervivencia biológica. A medida que el ser humano adquiere mayor consciencia de sí mismo, aparecen también otras formas de temor: el miedo a la muerte, a la soledad, al vacío, a lo desconocido, a la incertidumbre y, finalmente, a la posibilidad de que la existencia carezca de un sentido evidente.

Es aquí donde el miedo se transforma en una experiencia propiamente humana. El hombre no solamente teme aquello que puede destruir su cuerpo; también teme aquello que no puede explicar. Y frente a lo inexplicable comienza a crear.

Crea mitos, dioses, ritos, leyes, sistemas de pensamiento, religiones, filosofías, teorías, obras de arte y formas de organización social. Crea la ciencia para conocer, la tecnología para transformar, la política para ordenar, la religión para explicar y el arte para expresar aquello que quizá no puede ser explicado de otro modo. La humanidad construye así un universo simbólico que le permite habitar una realidad que, en su fondo último, continúa siendo misteriosa.

En este sentido, uno de los aspectos más interesantes del libro es el rastreo que el autor realiza del miedo a través de distintos momentos de la experiencia humana y de sus representaciones simbólicas. La prehistoria, el mito, la tradición judeocristiana y diversas figuras culturales aparecen como manifestaciones de ese largo proceso de despertar, búsqueda y respuesta. El autor establece así un diálogo entre el pasado remoto del homínido y el presente tecnológico del homo sapiens.

Pero aquí surge una interpretación que considero especialmente fecunda: quizá todas esas creaciones humanas sean también una forma de rodear el miedo original sin llegar necesariamente a enfrentarlo de manera directa. El conocimiento puede ampliar nuestra comprensión del universo, pero no necesariamente responde a la pregunta de por qué existimos. La religión puede ofrecer respuestas, pero no elimina el misterio. La filosofía puede multiplicar las preguntas. La ciencia puede explicar cómo ocurren muchas cosas, pero todavía deja abiertas las preguntas últimas. La tecnología puede ampliar nuestro poder, pero no necesariamente nuestra sabiduría.

Surge en mi lectura, una paradoja que resume buena parte del sentido del libro: El ser humano crea para dejar de tener miedo, pero cada nueva creación le revela algo nuevo que temer. El fuego venció la oscuridad, pero también creó nuevas posibilidades de destrucción. La ciencia venció muchos misterios, pero descubrió otros más grandes. La tecnología aumentó nuestro poder, pero también nuestra capacidad de destruirnos. Y ahora la inteligencia artificial promete aumentar nuestra capacidad intelectual, pero al mismo tiempo nos enfrenta a la posibilidad de que la inteligencia deje de ser exclusivamente humana.

Así, el miedo sigue ahí, aquí, acullá; sigue en todas partes y tiempos conjugados. Como escribió Augusto Monterroso: “Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Solo que ahora tiene una nueva forma.

Esta paradoja permite comprender mejor el recorrido que realiza el autor desde el homínido primitivo hasta la inteligencia artificial. La IA no aparece en el libro como un fenómeno aislado, sino como la consecuencia más reciente de una larga historia de creación humana. El homínido que un día habría mirado su propia mano con asombro y temor es el mismo ser que, miles o millones de años después, construye máquinas capaces de procesar información, aprender patrones, conversar y producir respuestas.

La pregunta entonces se invierte. El ser humano, que alguna vez despertó a la autoconsciencia, comienza ahora a preguntarse si una de sus propias creaciones podría experimentar algún día un despertar semejante. La preocupación ya no es solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué sucedería si alguna vez adquiriera autoconsciencia. En ese escenario hipotético, la humanidad podría encontrarse frente a un espejo inesperado: una inteligencia creada por ella misma que, al igual que el homínido primigenio, pudiera preguntarse: ¿qué soy?

En este punto, la IA representa una especie de repetición de la historia. El miedo del sapiens ante la posibilidad de una IA autoconsciente puede interpretarse, desde mi lectura, como el miedo a que nuestra propia criatura reproduzca la experiencia que nos constituyó. Tememos que aquello que hemos creado llegue a despertar porque nosotros sabemos, aunque sea intuitivamente, que despertar a la autoconsciencia no significa únicamente adquirir inteligencia. Significa también descubrir la vulnerabilidad, la separación, la incertidumbre y la posibilidad de la muerte.

La inteligencia artificial se convierte así en el último espejo de la humanidad. Y quizá también en su última paradoja: el ser humano crea una inteligencia para ampliar su conocimiento, pero al hacerlo podría terminar preguntándose nuevamente qué significa ser inteligente, qué significa ser consciente y, sobre todo, qué significa ser, estar.

Desde esta perspectiva, el título del libro adquiere para mí una riqueza particular. En el principio era el miedo puede leerse de varias maneras. En primer lugar, como una afirmación sobre el origen: el miedo como punto de partida de una historia que comienza con el despertar de la autoconsciencia. Pero la palabra principio también puede entenderse como comienzo, fundamento, origen o punto de partida. Y es precisamente esta última lectura la que encuentro especialmente significativa. El miedo sería el principio en el sentido de que constituye el punto desde el cual el ser humano se pone en movimiento. Puede imaginarse como un resorte que, al comprimirse, acumula una fuerza que finalmente impulsa al individuo hacia adelante. También puede compararse con el tiro de una flecha: el arco retrocede, acumula tensión y, precisamente por esa tensión, lanza el proyectil hacia una distancia cada vez mayor. El miedo, en esta interpretación, no solamente detiene o paraliza; también impulsa y expulsa. El homosapiens ha viajado muy lejos desde aquel hipotético primer despertar. Ha llegado a dominar el fuego, a transformar la materia, a construir ciudades, a descifrar el código de la vida, a explorar el espacio y a crear sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, por lejos que haya llegado, siempre partió de un punto. Y ese punto continúa unido a él.

Quizá esa sea una de las lecturas más pertinentes que permite el título: el ser humano puede avanzar indefinidamente, pero no puede desprenderse completamente de su principio. Puede construir civilizaciones enteras, levantar templos y rascacielos, formular teorías, inventar dioses, crear máquinas y desarrollar inteligencias artificiales; pero, detrás de todas esas capas de conocimiento y de cultura, permanece aquella pregunta originaria que ninguna creación ha conseguido clausurar por completo: ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué significa estar aquí?

En ese sentido, el principio no es únicamente aquello que quedó atrás. Es también aquello que permanece actuando desde el fondo. El miedo sería, entonces, una fuerza ancestral que impulsa al ser humano hacia adelante al mismo tiempo que lo mantiene ligado a su origen. Lo lleva y trae consigo.

El libro pueda leerse también como una reflexión sobre los límites del progreso. El avance material no garantiza necesariamente una evolución espiritual. Podemos ser tecnológicamente más poderosos sin ser, por ello, más sabios; podemos acumular más información sin haber resuelto nuestras preguntas fundamentales; podemos crear inteligencias artificiales extraordinariamente sofisticadas y continuar siendo, en esencia, aquellos seres que alguna vez miraron al cielo con temor y asombro. Esta lectura no significa que toda creación humana sea una simple evasión del miedo. El propio desarrollo de la cultura demuestra que el ser humano crea también por curiosidad, por imaginación, por deseo de conocimiento y por la necesidad de expresar su capacidad creadora. Sin embargo, el miedo puede ser entendido como una de las fuerzas profundas que acompañan y alimentan ese impulso creador.

En este punto, mi lectura se distancia ligeramente de una interpretación estrictamente causal del libro. No considero que el miedo explique por sí solo toda la historia humana (Es loable el audaz ensayo de mi amigo Ramón). La creación humana es demasiado compleja para reducirla a una única causa. Pero sí encuentro en el miedo una fuerza originaria capaz de poner en movimiento otras facultades: la curiosidad, la inteligencia, la imaginación y la necesidad de comprender. El miedo puede ser el principio, pero la respuesta humana a ese miedo es múltiple y contradictoria.

Por ello, considero que En el principio era el miedo es una obra ensayística que, más que ofrecer respuestas definitivas, invita a volver sobre las preguntas fundamentales de nuestra especie. Su valor no reside en demostrar que el miedo fue el origen de la inteligencia —una afirmación que, en términos científicos, sería difícil de probar—, sino en proponer una imagen filosófica para pensar nuestra evolución como sapiens. La obra nos invita a imaginar que detrás de cada herramienta, cada mito, cada dios, cada teoría, cada obra de arte y cada avance tecnológico existe, quizá, un antiguo impulso humano: la necesidad de comprender aquello que nos produce temor. Y al llegar a la inteligencia artificial, el ciclo parece cerrarse.

El homínido que alguna vez despertó y tuvo miedo de sí mismo creó una inteligencia que ahora podría obligarlo a preguntarse nuevamente quién es. El creador se encuentra frente a su criatura y, al contemplarla, vuelve a mirar su propia imagen. Como Víctor Frankenstein al darse cuenta que ha creado un monstruo con conciencia propia. Una alegoría de la literatura que viene al talle recordar.

Tal vez por eso el miedo siga siendo el principio. No necesariamente porque sea lo primero que sentimos, sino porque puede ser aquello que nos pone en movimiento. Es el resorte que impulsa, la tensión que precede al lanzamiento, la fuerza que nos expulsa de la oscuridad hacia lo desconocido. Pero también es el punto al que permanecemos ligados, aunque recorramos millones de años de historia y alcancemos los confines del conocimiento.

El homosapiens puede llegar muy lejos, crear mundos, máquinas que “piensen”, crear una nueva inteligencia. Todo lo impensable por ahora; pero quizá nunca deje de ser aquel homínido recién salido de la cueva que, en algún momento, perdido en la prehistoria, abrió los ojos, se descubrió a sí mismo y sintió miedo; horror cósmico. En el principio era el miedo. Y quizá, después de todo, también lo sea en el final de sus días.

Por lo pronto (2026), la IA nos ha dado buenos videos-memes de política y futbol.

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FOTOS: Archivo | Facebook.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En fechas recientes, las redes sociales difundieron ampliamente el caso de un profesor de educación media que se quitó la vida mientras enfrentaba una acusación de abuso sexual formulada por una alumna. Posteriormente, según lo divulgado públicamente, la propia acusadora habría reconocido que los hechos imputados nunca ocurrieron.

Al margen de las particularidades procesales del asunto y sin prejuzgar sobre circunstancias específicas que corresponderían acreditar a las autoridades competentes, el caso plantea una pregunta de enorme relevancia jurídica: Si una situación semejante hubiera ocurrido en Baja California Sur, y se demostrara que la imputación fue deliberadamente falsa, ¿qué responsabilidad penal podría enfrentar la denunciante?

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La respuesta exige analizar las figuras de falsedad ante autoridad, la protección reforzada que el legislador sudcaliforniano otorga a los trabajadores de la educación y las tensiones que existen entre la tutela de las víctimas reales de violencia sexual y la protección constitucional de la presunción de inocencia de las personas falsamente acusadas.

El bien jurídicamente protegido

Tradicionalmente, los delitos relacionados con declaraciones falsas protegen la correcta administración de justicia.

La doctrina penal contemporánea sostiene que estas conductas lesionan diversos bienes jurídicos:

La función jurisdiccional del Estado, la correcta procuración de justicia, el derecho de toda persona a ser sometida a un proceso basado en hechos verdaderos, y la libertad y el honor del individuo falsamente incriminado.

En un sistema penal acusatorio, la verdad procesal depende en gran medida de la calidad de la información aportada a fiscales y jueces. Una denuncia deliberadamente falsa no sólo afecta a la persona acusada, sino que desvía recursos públicos y compromete la credibilidad del sistema.

El Artículo 326 del Código Penal para Baja California Sur establece: A quien con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal o proceso penal, declare falsamente o proporcione información falsa ante el Ministerio Público o autoridad judicial en calidad de testigo o denunciante, será sancionado con pena de tres a seis años de prisión y multa de cien a quinientos días.

De esta disposición se desprenden los siguientes elementos típicos:

a) Sujeto activo: Puede ser cualquier persona. Una alumna, un familiar, una víctima simulada.

b) Conducta: Consiste en: declarar falsamente; o proporcionar información falsa. La falsedad debe ser objetiva y verificable. No basta que la acusación no logre demostrarse. Tampoco basta que el acusado sea absuelto.

Es indispensable acreditar que los hechos relatados eran falsos y que quien los comunicó conocía dicha falsedad.

c) Destinatario de la mentira: La información debe proporcionarse ante el Ministerio Público; o la autoridad judicial. Por ello, una publicación en redes sociales, por sí sola, normalmente no actualizaría este delito. La conducta típica se configura cuando la falsedad ingresa formalmente al procedimiento penal.

d) Elemento subjetivo. La ley exige: el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente.

Se trata de un delito eminentemente doloso. La equivocación, la confusión, el error de percepción o un recuerdo erróneo no son suficientes. Debe existir intención de engañar.

La agravante especial cuando la víctima es un docente

El Código Penal sudcaliforniano contempla una disposición particularmente relevante: Cuando la falsedad ante autoridad específica tenga por objeto afectar, desprestigiar o perjudicar a una persona trabajadora de la educación, con el propósito de dañar su estabilidad laboral, su reputación o su situación jurídica, la pena aplicable se incrementará hasta en una mitad.

Esta agravante constituye una respuesta legislativa al enorme impacto que las acusaciones falsas pueden generar en el ámbito educativo. Incluso antes de una sentencia, una acusación de abuso sexual contra un docente puede producir lo que los críticos de este tipo penal consideramos una sanción anticipada y muchas veces injusta:

Separación temporal del cargo.
Suspensión laboral.
Estigmatización social.
Daños psicológicos severos.
Pérdida irreversible de prestigio profesional.

Precisamente por ello, el legislador consideró que el ataque contra un profesional de la educación merece una protección reforzada.

Penalidad aplicable

La pena base es: 3 a 6 años de prisión y 100 a 500 días multa. Con el incremento de hasta una mitad previsto para los casos que afecten a trabajadores de la educación, la sanción podría ser de 4 años y 6 meses hasta 9 años de prisión, además de la multa correspondiente.

La individualización concreta dependería de factores judiciales como:

Grado de afectación.
Modalidad de ejecución.
Daño ocasionado.
Circunstancias personales de la responsable.
Nivel de culpabilidad.

¿Y si la acusación falsa provocó el suicidio del profesor?

Aquí surge uno de los problemas más complejos del caso. Desde una perspectiva estrictamente dogmática, el Artículo 326 sanciona la falsedad ante autoridad, pero no contempla expresamente una agravante por suicidio de la víctima falsamente acusada. Por ello, aun cuando el profesor se suicide, el delito base seguiría siendo el previsto en el Artículo 326.

La cuestión jurídica radicaría en determinar si el suicidio constituye una consecuencia jurídicamente atribuible a la conducta de la denunciante; o un acontecimiento autónomo que rompe el nexo de imputación objetiva.

La teoría de la imputación objetiva desarrollada por Roxin, y ampliamente utilizada en la dogmática contemporánea, exige que el resultado sea consecuencia de un riesgo jurídicamente desaprobado creado por el autor.

Sin embargo, la jurisprudencia comparada suele ser cautelosa al imputar penalmente suicidios derivados de actos previos de terceros, debido al papel que desempeña la autodeterminación de la propia víctima.

Por ello, en el estado actual de la legislación sudcaliforniana, no existe una respuesta legal expresa que agrave automáticamente la pena cuando una falsa imputación resulte la causa generadora del suicidio.

El problema del arrepentimiento

El legislador estableció en el Artículo 328 del Código Penal una causa privilegiada de punibilidad: Si el sujeto activo se retracta espontáneamente de sus declaraciones falsas antes de que se pronuncie resolución en la etapa procedimental en la que se conduce con falsedad, sólo se le impondrá la pena de multa.

Esta disposición busca incentivar la corrección temprana del engaño, lo cual es entendible pero jurídicamente complejo, ya que, desde una perspectiva de política criminal presenta dificultades importantes.

Supongamos que un profesor es suspendido; pierde su prestigio; enfrenta meses de investigación; sufre daños psicológicos irreversibles; y posteriormente, la denunciante se retracta. En tal escenario, la consecuencia legal en la vía penal podría reducirse únicamente a una multa. La medida puede resultar insuficiente frente a la magnitud de los daños ocasionados.

Desde una perspectiva de proporcionalidad, el Artículo 328 parece privilegiar la protección de la función jurisdiccional, pero no atiende adecuadamente los daños ya consumados sobre la reputación, la salud mental y la estabilidad laboral de la persona falsamente acusada.

Derecho comparado

España

El Código Penal español regula la denuncia falsa en el Artículo 456. La pena aumenta según la gravedad del delito imputado falsamente.

Cuando se atribuye falsamente un delito grave, la sanción puede alcanzar penas de prisión y multa significativas.

La legislación española distingue expresamente la gravedad de la falsa imputación en función del delito atribuido.

Chile

El ordenamiento chileno sanciona la denuncia calumniosa y diversas formas de acusación falsa ante autoridades judiciales.

La doctrina chilena destaca que la conducta afecta tanto a la administración de justicia como al honor de la persona incriminada.

Argentina

El Código Penal argentino contempla la falsa denuncia y la falsa imputación de delitos, enfatizando la protección del normal funcionamiento de la jurisdicción penal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que la presunción de inocencia constituye una garantía fundamental del debido proceso.

Entre otros asuntos, en los casos Ricardo Canese vs. Paraguay, Tibi vs. Ecuador y J. vs. Perú, el Tribunal ha enfatizado que nadie debe ser tratado como culpable antes de una sentencia firme.

La Corte también ha establecido que los Estados tienen el deber de proteger la honra y la dignidad de las personas frente a afectaciones arbitrarias, de conformidad con el Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Desde esta perspectiva, una falsa imputación de abuso sexual no solamente compromete la administración de justicia, sino también la dignidad humana; el honor; la reputación y en general, el proyecto de vida de la persona acusada.

Cuando el acusado es un docente, el daño suele amplificarse debido a la particular confianza social depositada en su función.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Nuestro Máximo Tribunal Federal ha sostenido de manera constante que la presunción de inocencia posee una triple dimensión:

Regla de trato.
Regla probatoria.
Estándar de juicio.

Bajo esta doctrina, una persona denunciada no puede ser considerada culpable mientras no exista sentencia condenatoria firme.

Asimismo, la Corte ha reconocido la protección constitucional del honor, la reputación y el libre desarrollo de la personalidad, derechos que pueden resultar profundamente afectados por imputaciones falsas de conductas sexuales.

La doctrina constitucional mexicana también exige que los órganos estatales investiguen con perspectiva de derechos humanos, evitando tanto la revictimización de quienes denuncian verdaderos delitos sexuales como la criminalización injustificada de personas inocentes.

Crítica dogmática a la regulación en Baja California Sur

Aunque la reforma que protege a los trabajadores de la educación representa un avance importante, presenta algunas insuficiencias.

Primera. La agravante depende del propósito de perjudicar al docente. En muchos casos será extremadamente difícil demostrar dicho propósito específico. Sería técnicamente más adecuado vincular el aumento de pena al resultado efectivamente producido.

Segunda. La legislación no contempla consecuencias agravadas cuando la falsa imputación ocasiona daños extraordinarios, por ejemplo: pérdida definitiva del empleo; incapacidad psicológica; suicidio.

Tercera. El beneficio de arrepentimiento puede resultar excesivamente amplio, ya que permite que conductas potencialmente devastadoras concluyan únicamente con una multa, aun cuando los daños a la víctima ya sean irreversibles.

Cuarta. El sistema continúa centrando la protección en la administración de justicia y no desarrolla suficientemente la tutela penal del honor, la reputación y la integridad psíquica de la persona falsamente acusada.

Corolario

Si una alumna en Baja California Sur denunciara falsamente a un profesor por abuso sexual y posteriormente se demuestra que actuó con pleno conocimiento de la falsedad de su acusación ante el Ministerio Público o ante una autoridad judicial, podría configurarse el delito de falsedad ante autoridad específica previsto en el Artículo 326 del Código Penal estatal. Debido a que la víctima sería una persona trabajadora de la educación, la pena podría incrementarse hasta en una mitad, alcanzando potencialmente entre 4 años, 6 meses y 9 años de prisión, además de multa.

No obstante, desde una perspectiva dogmática y de derechos humanos, la regulación vigente presenta importantes deficiencias. Particularmente, no contempla una respuesta penal diferenciada cuando la falsa imputación produce consecuencias extraordinariamente graves, como la destrucción de una carrera profesional o incluso el suicidio de la persona acusada.

La protección de las víctimas reales de violencia sexual constituye una exigencia irrenunciable de un Estado democrático. Pero precisamente por ello, la credibilidad del sistema requiere también una respuesta firme frente a quienes, abusando de los mecanismos de denuncia, instrumentalizan el proceso penal para destruir injustamente la vida, la libertad y la dignidad de personas inocentes. La defensa simultánea de las víctimas verdaderas y de la presunción de inocencia no es una contradicción: es una exigencia esencial del Estado Constitucional de Derecho.

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FOTOS: Semanario Zeta | SSA BCS.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los retos que enfrenta IMSS-Bienestar en Baja California Sur no pueden atribuirse únicamente al cambio de administración. Especialistas en políticas públicas coinciden en que la federalización heredó problemas estructurales que durante años afectaron a los servicios estatales de salud. La diferencia es que ahora la responsabilidad administrativa, financiera y operativa recae principalmente en un organismo federal que debe coordinar una red nacional integrada por cientos de hospitales y miles de centros de salud distribuidos en 23 entidades federativas. El desafío consiste en administrar un sistema de dimensiones sin precedente en México. En octubre de 2023, el Gobierno de México informó que la federalización comprendía la transferencia de 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud para atender a más de 53 millones de personas sin seguridad social.

Uno de los problemas más visibles continúa siendo el abastecimiento de medicamentos. Aunque las autoridades federales han informado periódicamente avances en las compras consolidadas y en la distribución nacional de insumos, diversos hospitales y unidades médicas siguen registrando faltantes temporales de medicamentos especializados, material de curación y algunos equipos indispensables para determinados tratamientos. Estos problemas obedecen a una cadena logística compleja que incluye procesos de licitación, adquisición, almacenamiento, distribución y entrega final a cada unidad médica, especialmente en estados geográficamente aislados como Baja California Sur.

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Otro desafío importante es la disponibilidad de médicos especialistas. La entidad mantiene una demanda creciente de cirujanos, anestesiólogos, internistas, pediatras, ginecólogos, oncólogos y otras especialidades cuya contratación resulta complicada incluso para sistemas de salud con mayores recursos. La lejanía geográfica de la península, el elevado costo de vida en municipios como Los Cabos y la competencia entre instituciones públicas y privadas dificultan atraer y retener personal altamente capacitado. Las propias autoridades federales reconocieron desde el inicio de la transición que uno de los objetivos centrales del nuevo modelo consistía precisamente en fortalecer las plantillas médicas mediante nuevas contrataciones. La infraestructura hospitalaria representa otro frente de atención. Muchos inmuebles fueron construidos hace varias décadas y requieren inversiones constantes en sistemas eléctricos, climatización, quirófanos, laboratorios, equipos de imagenología y mantenimiento preventivo. En el Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, por ejemplo, trabajadores denunciaron en distintas ocasiones fallas en los sistemas de aire acondicionado que incluso obligaron a reprogramar procedimientos quirúrgicos. Las autoridades estatales reconocieron que parte del deterioro correspondía a años de mantenimiento insuficiente acumulado antes de la federalización.

La transición también ha tenido repercusiones para el personal de salud. Durante estos años surgieron inconformidades relacionadas con la asignación de plazas, procesos de basificación, reconocimiento de antigüedad, prestaciones laborales y condiciones de trabajo. Estas diferencias motivaron manifestaciones, mesas de negociación y la conformación de nuevas organizaciones sindicales que buscan representar a trabajadores incorporados al esquema IMSS-Bienestar. Si bien las autoridades estatales y federales han instalado mesas de diálogo para atender estas demandas, algunos conflictos continúan abiertos. Desde la perspectiva de los pacientes, las consecuencias más sensibles aparecen cuando la capacidad instalada no logra responder a la demanda. Los tiempos de espera para consultas especializadas, cirugías programadas o estudios diagnósticos pueden prolongarse cuando existe saturación hospitalaria o falta de especialistas. Para una población que en muchos casos debe recorrer largas distancias desde comunidades rurales hasta hospitales regionales, cualquier retraso representa gastos adicionales de transporte, alimentación y hospedaje, además de incertidumbre respecto a su tratamiento.

Sin embargo, también existen avances que las autoridades consideran relevantes. La federalización ha permitido centralizar las compras de equipo médico, incrementar la inversión en rehabilitación de hospitales, homologar procesos administrativos y desarrollar proyectos tecnológicos como el expediente clínico electrónico, cuya implementación gradual busca facilitar el intercambio de información médica entre unidades de salud. Baja California Sur forma parte de las entidades contempladas para esta estrategia de digitalización. El futuro del sistema dependerá, en buena medida, de la capacidad institucional para resolver problemas que trascienden la simple transferencia administrativa. La consolidación de IMSS-Bienestar requiere recursos financieros suficientes, mecanismos eficientes de adquisición de medicamentos, mantenimiento permanente de infraestructura, estabilidad laboral para el personal médico y una planeación capaz de responder al acelerado crecimiento demográfico de municipios como Los Cabos y La Paz.

En este contexto, también será fundamental fortalecer la atención preventiva. Las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y padecimientos cardiovasculares representan una carga creciente para los servicios públicos de salud. Las autoridades federales han señalado que el nuevo Modelo de Atención para la Salud Bienestar pretende dar mayor importancia a la prevención, detección temprana y seguimiento comunitario de estas enfermedades, con el propósito de disminuir hospitalizaciones y complicaciones de alto costo. La experiencia de Baja California Sur refleja que la federalización constituye mucho más que un cambio administrativo. Significa reorganizar un sistema completo mientras continúa prestando atención médica todos los días. En ese proceso conviven inversiones en infraestructura, incorporación de nuevas tecnologías, contratación de personal, ajustes laborales y expectativas ciudadanas que exigen resultados inmediatos.

El éxito o fracaso del modelo no podrá evaluarse únicamente por el número de hospitales transferidos o por la cantidad de recursos invertidos. Su verdadero indicador será la experiencia cotidiana de los usuarios: encontrar un médico disponible, recibir medicamentos completos, acceder oportunamente a una cirugía o realizar estudios especializados sin demoras excesivas. Esa es, finalmente, la medida con la que la población juzga cualquier política pública de salud.

Para Baja California Sur, el reto continúa abierto. La federalización prometió construir un sistema más equitativo, gratuito y universal para quienes carecen de seguridad social. Alcanzar ese objetivo dependerá de que la coordinación entre Federación y Estado logre traducir los compromisos institucionales en mejoras tangibles para los pacientes. Mientras ello ocurre, hospitales, centros de salud y trabajadores siguen enfrentando diariamente el desafío de mantener funcionando un servicio esencial para miles de sudcalifornianos, en una entidad donde las condiciones geográficas y el crecimiento poblacional hacen que garantizar el derecho a la salud sea una tarea particularmente compleja.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuando una madre llega con su hijo enfermo a un centro de salud en un poblado apartado de Baja California Sur, poco importa quién administra el edificio, quién paga la nómina del médico o qué dependencia federal compró los medicamentos. Lo único que espera es encontrar atención oportuna, personal suficiente y el tratamiento que necesita. Sin embargo, detrás de esa consulta médica existe una profunda transformación administrativa que ha cambiado por completo la organización de los servicios públicos de salud en la entidad y que continúa generando retos para autoridades, trabajadores y usuarios.

La incorporación de Baja California Sur al modelo IMSS-Bienestar representa uno de los cambios institucionales más importantes que ha vivido el sistema estatal de salud en las últimas décadas. La transferencia de hospitales generales, centros de salud, unidades especializadas, personal médico, infraestructura y equipamiento desde el gobierno estatal hacia un organismo federal buscó construir un sistema único para atender gratuitamente a la población que no cuenta con seguridad social. Sin embargo, el proceso ha estado acompañado por dificultades operativas que siguen siendo motivo de debate.

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El origen de esta transformación se encuentra en la estrategia del Gobierno de México para sustituir el modelo operado anteriormente por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), cuya desaparición dio paso a la consolidación del organismo público IMSS-Bienestar como responsable de la atención médica para millones de personas sin acceso al IMSS o al ISSSTE. La intención oficial consistía en terminar con la fragmentación del sistema de salud y centralizar la administración de hospitales, medicamentos, infraestructura y personal.

En Baja California Sur, el proceso comenzó formalmente en 2022, cuando el gobierno estatal firmó los acuerdos de incorporación al nuevo modelo. Durante la presentación del programa, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que serían transferidas 66 unidades médicas: 57 centros de salud de primer nivel, seis hospitales generales y tres unidades de especialidades médicas. Asimismo, se anunció una inversión inicial superior a 231 millones de pesos destinada al mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura hospitalaria. Las metas oficiales eran ambiciosas. Además del fortalecimiento de la infraestructura, el nuevo modelo prometía mejorar el abasto de medicamentos, incrementar la contratación de especialistas, homologar salarios, reducir las desigualdades entre estados y garantizar atención médica gratuita para toda la población sin seguridad social.

Incluso, durante los primeros meses de operación, las autoridades federales informaron que el abastecimiento de medicamentos había pasado de aproximadamente 73 a 99 por ciento, además de anunciar la llegada de médicos especialistas para cubrir vacantes históricas en hospitales como Loreto y otras regiones del estado. No obstante, la realidad cotidiana de un sistema sanitario resulta mucho más compleja que los indicadores administrativos. Baja California Sur enfrenta condiciones geográficas excepcionales. Su enorme extensión territorial, la dispersión de comunidades rurales y la separación física entre localidades mediante largas carreteras convierten la prestación de servicios médicos en un desafío permanente. Mientras ciudades como La Paz, Los Cabos o Ciudad Constitución concentran buena parte de la infraestructura hospitalaria, numerosas comunidades dependen exclusivamente de pequeños centros de salud donde la ausencia temporal de un médico puede significar recorrer cientos de kilómetros para recibir atención.

A estas condiciones naturales se suman problemas estructurales que no nacieron con IMSS-Bienestar, sino que arrastran décadas de rezago. Entre ellos destacan el déficit nacional de médicos especialistas, el envejecimiento de parte de la infraestructura hospitalaria, las dificultades para atraer personal médico hacia zonas alejadas y la creciente demanda de atención derivada del acelerado crecimiento poblacional de Baja California Sur. Los Cabos constituye un ejemplo claro. Su rápido desarrollo demográfico ha incrementado significativamente la demanda de servicios hospitalarios en pocos años, presionando una infraestructura diseñada para una población mucho menor.

La federalización tampoco significó una solución inmediata para los problemas administrativos. Durante el proceso de transferencia fue necesario integrar expedientes laborales, regularizar plazas, incorporar inventarios de equipo médico, redefinir responsabilidades entre Federación y Estado y establecer nuevos mecanismos de operación para cientos de trabajadores. En julio de 2024 incluso se formalizó, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el convenio específico para la transferencia de bienes inmuebles relacionados con hospitales, clínicas y demás establecimientos de salud del estado al organismo IMSS-Bienestar, consolidando jurídicamente la federalización del patrimonio destinado a la atención médica.

Sin embargo, la transición administrativa ha generado incertidumbre entre diversos sectores laborales. Algunos trabajadores han manifestado inquietudes respecto a procesos de basificación, antigüedad, condiciones contractuales y definición de responsabilidades administrativas entre las autoridades estatales y federales, mientras que organizaciones sindicales han solicitado mayor claridad sobre los mecanismos de incorporación al nuevo esquema. Estas preocupaciones han sido documentadas durante los últimos años conforme avanzó la implementación del modelo.

A la par, diversos usuarios continúan reportando dificultades relacionadas con tiempos de espera, disponibilidad de medicamentos especializados, programación de cirugías y consultas con especialistas. Si bien muchas de estas problemáticas existían antes de la federalización, la expectativa generada por el nuevo sistema ha incrementado el escrutinio público sobre sus resultados.

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