Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La inteligencia artificial representa una transformación estructural en el ejercicio del derecho cuya aplicación en la práctica jurídica permite:

• Automatización de tareas repetitivas: La IA puede redactar borradores, revisar contratos, clasificar expedientes, y realizar análisis jurisprudencial, liberando tiempo para el razonamiento jurídico sustantivo.
• Análisis predictivo: Algoritmos entrenados con datos judiciales pueden anticipar tendencias jurisprudenciales, evaluar probabilidades de éxito procesal y apoyar en la toma de decisiones estratégicas.
• Acceso a la justicia: Las herramientas de IA facilita la orientación legal básica a poblaciones vulnerables, democratizando el conocimiento jurídico y reduciendo barreras de entrada.
• Compliance y auditoría inteligente: En el ámbito corporativo y administrativo, la IA permite monitorear el cumplimiento normativo en tiempo real, detectar riesgos y generar alertas preventivas.

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El uso de IA en el derecho plantea desafíos éticos, normativos y epistemológicos que los juristas deben abordar con rigor:

Փ Responsabilidad profesional: El abogado sigue siendo responsable de las decisiones jurídicas, incluso cuando se apoye en sistemas automatizados. La delegación a la IA no exime del deber de diligencia, ni del juicio crítico.

Փ Sesgos algorítmicos: Los sistemas de IA pueden reproducir o amplificar sesgos estructurales presentes en los datos. El jurista debe ser capaz de auditar, cuestionar y contextualizar los resultados ofrecidos por la máquina.

Փ Protección de datos y confidencialidad: El uso de IA exige un manejo escrupuloso de la información sensible, conforme a principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad y seguridad.

Փ Transformación del perfil profesional: Se requiere una nueva alfabetización jurídico-tecnológica. El jurista del siglo XXI debe comprender los fundamentos de la IA, su arquitectura normativa y sus límites operativos. La IA no sustituye al jurista, pero definitivamente redefine su rol: de operador técnico a estratega normativo, garante de derechos y mediador entre la innovación tecnológica y la justicia sustantiva. Su integración exige una praxis crítica, ética y multidisciplinaria.

Marco regulatorio

México está en proceso de construir un marco normativo propio para la IA, con iniciativas que reflejan su diversidad cultural y sus desafíos estructurales.

La denominada Ley Federal para el Desarrollo y Regulación de la IA se encuentra en ciernes, y su proyecto contempla auditorías periódicas, clasificación de riesgos, filtros parentales, trazabilidad algorítmica y protección de grupos vulnerables.

A nivel constitucional se han presentado propuestas de reforma para modificar hasta nueve artículos de la Constitución, reconociendo la IA como fenómeno transversal en seguridad, justicia, salud y educación.

A propuesta del Ejecutivo federal, se trabaja en un proyecto denominado Laboratorio Nacional de IA, cuyo objetivo central es regular plataformas como ChatGPT y Gemini, y fomentar el desarrollo de tecnologías emergentes dentro de un marco ético y soberano

La colaboración público-privada resulta determinante, y en este campo a la vanguardia se ubica Querétaro, entidad donde se han instalado centros de datos con inversión internacional, lo que exige marcos de gobernanza robustos para evitar impactos negativos en comunidades y ecosistemas.

En síntesis, para los juristas, este panorama exige:

• Revisión constitucional y legislativa: armonizar derechos digitales, neuroderechos y soberanía tecnológica.
• Diseño de marcos de gobernanza algorítmica: con mecanismos de supervisión, trazabilidad y control jurisdiccional.
• Defensa de derechos fundamentales: ante decisiones automatizadas, sesgos algorítmicos o afectaciones a la privacidad.
• Participación en procesos normativos: como expertos, asesores y garantes de legalidad en la implementación de IA.

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