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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 79% de la población en México radica en zonas urbanas, y se concentra en el 02.2% de las localidades del país (INEGI 2020). Vivir en una zona urbana tiene sus beneficios sobre todo si consideramos el acceso a los servicios básicos como agua, drenaje, suministro de energía eléctrica, conectividad vía Internet y/o comunicación vía telefonía fija o celular, educación, atención médica, seguridad, proveeduría, bienes y servicios, alimentación y entre todo lo anterior: la movilidad.

La búsqueda de tales satisfactores implica una alta concentración poblacional en las zonas urbanas. Baja California Sur, es un claro referente de esta distribución de habitantes concentrados en puntos urbanos focalizados y con problemas de abasto de servicios básicos, entre los que destacan el suministro de agua y la movilidad.

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Si la movilidad es un problema para las personas sin discapacidad, el conflicto se magnifica tratándose de personas con limitaciones físicas, en ciudades como Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz, donde el servicio de transporte público carece de las facilidades necesarias para brindar un servicio adecuado, funcional, accesible y de calidad a quienes padecen limitaciones en su capacidad motriz.

Cuando hablamos de accesibilidad en el transporte público a favor de las personas con discapacidad y adultos mayores, planteamos la necesidad de diseñar estrategias que atiendan específicamente a ambos grupos.

Se requiere de los servicios de un transporte público como autobuses y taxis que sean accesibles en sus terminales y puntos intermedios de abordaje en ruta, instalaciones y espacios al interior de los vehículos y costos accesibles.

La inclusión en el transporte público, desde hace 20 años a la fecha, ha sido una invariable promesa de campaña que engrosa la lista de compromisos incumplidos por quienes una vez que acceden al poder, olímpicamente, olvidan lo prometido a sus votantes. Nuestros candidatos, sempiternos prometedores incumplidos, olvidan —o ignoran— que la inclusión es un imperativo legal, moral y económico, constitucional y convencionalmente tutelado.

Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el 17 de mayo de 2023 el amparo en revisión 686/2022 que versa sobre la accesibilidad al transporte público, otorgando el amparo y protección de la Justicia Federal a tres quejosos con discapacidad visual usuarios del metro de la Ciudad de México, en contra de las omisiones de las autoridades del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México de establecer ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a dicho medio de transporte en condiciones de igualdad, vigilar las medidas de accesibilidad implementadas y establecer acciones para la toma de conciencia de la población, en general, sobre la situación de las personas con discapacidad que utilizan el metro.

Al respecto, la Sala enfatizó que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones, y que los factores que un Estado debe atender para garantizar el derecho a la accesibilidad de dichas personas son, entre otros: la identificación de barreras y obstáculos; la implementación de acciones para su eliminación progresiva; y la concientización y sensibilización de quienes deben cumplir con las obligaciones de accesibilidad y de la población en general.

La resolución enfatiza que la accesibilidad en el transporte público constituye un prerrequisito para el disfrute de otros derechos como la educación, el trabajo y la salud, por lo que, la accesibilidad implica que tanto este medio de transporte como sus instalaciones sean accesibles; lo anterior, en el entendido de que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

El criterio sostenido por la Suprema Corte resulta obligatorio para todas las autoridades, de ahí que resulte exigible en el ámbito local, la implementación de medidas y disposiciones que garanticen que el transporte público en Sudcalifornia garantice el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La entidad de la República Mexicana con mayor bonanza económica, con las mejores perspectivas de crecimiento en el continente americano, no puede seguir avanzando a la modernidad y la prosperidad, sin contar con un programa de movilidad urbana a la altura de las mejores urbes del mundo.                                                                               

Es exigencia ciudadana de atención impostergable, contar con un plan estatal de movilidad que resuelva la problemática actual de congestión urbana generada por el crecimiento anárquico, atendiendo a la preservación del medio ambiente, la implementación de un sistema de transporte público y esquemas de vialidad accesibles y funcionales, cubriendo todas las expectativas que genera la población heterogénea, armonizando todos los aspectos que es imprescindible tener en cuenta en la gestión de la movilidad.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Shanghái, la joya de la corona de la República Popular China, es el modelo de desarrollo urbano cuya movilidad –nos presumen sus residentes- ha sido considerada la mejor del mundo, por expertos de la Unión Europea.

Ubicada al margen del río Huanpu, en el delta del Yangtzé, Shanghái (sobre el mar, en shanghainés) pasó de una aldea de pescadores, a ser en menos de 20 años, la moderna urbe que alberga el centro financiero más importante del mundo, de acuerdo a la publicidad distribuida por el gobierno chino, durante los festejos del 70 aniversario de La Nueva China, en octubre del presente año.

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Ocupando una superficie aproximada de 6220km², sus poco más de 20 millones de habitantes la convierten en la urbe más poblada del mundo.

Para preservarla de un crecimiento poblacional anárquico, el control de ingreso es muy estricto, tanto para nacionales como extranjeros. La visa para visitantes extranjeros debe solicitarse con al menos cuatro meses de antelación, por sugerencia de los asistentes consulares, para asegurar su oportuna expedición. Incluso los nacionales chinos no residentes, deben tramitar un permiso especial para visitar la ciudad, requisito administrativo interno que combinado con la baja tasa de natalidad, permiten sostener un índice poblacional estable.

Tanto los sectores habitacionales como comerciales y financieros, tienen como asiento enormes edificios, siendo los rascacielos el principal rasgo arquitectónico de la ciudad.

El transporte público (metro, autobuses, ferrocarril, taxis) y motocicletas y tricicletas utilitarias, se impulsan exclusivamente con electricidad y/o gas LP, reservando el consumo de combustible derivado del petróleo a vehículos particulares, otorgando significativos estímulos fiscales y administrativos a los vehículos híbridos y eléctricos.

Existen diversas empresas de taxis y al mismo tiempo opera el servicio de particulares mediante plataformas tipo Uber, sin conflicto alguno. La municipalidad resolvió cualquier tipo de controversia, atendiendo al interés superior del usuario, dotando a las empresas de taxis de un espacio virtual para operar con una plataforma, y el gobierno creó una base de datos, que permite a los usuarios, de manera electrónica y a través de su teléfono celular, comparar, en tiempo real, la espera previa, duración y costo que para un servicio determinado ofertan simultáneamente las empresas de taxis y conductores de Uber disponibles en la zona. Así el usuario elige la que más convenga a su interés y su bolsillo.

El trayecto del aeropuerto de Pudong al centro financiero, puede recorrerse en metro o en el tren Maglev, (magnetic levitation) maravilla tecnológica de patente alemana, que recorre los 30km del trayecto en 7 minutos y medio, a una velocidad crucero de 300kmxh, alcanzando velocidades de 430kmxh durante el recorrido.

Todas las vialidades cuentan con facilidades de acceso para personas con diferentes capacidades, y las arterias en rutas críticas tienen carriles preferenciales para vehículos de dos o tres ruedas, y para autobuses de transporte público.

Todas las vías elevadas cuentan en su trayecto con muros dispersores de las ondas sonoras, en los tramos que coinciden con edificios habitacionales, para mitigar el ruido de los vehículos en tránsito, y en las zonas de hospitales está estrictamente prohibido usar el claxon.

Todos los vehículos automotores deben contar con seguro contra daños a terceros.

Las sanciones económicas por infracciones son proporcionalmente más severas para peatones que para conductores, pero los conductores enfrentan la posibilidad de perder de manera definitiva su licencia, por acumulación de puntos negativos, lo que puede constituirse en la pérdida del empleo para conductores profesionales, o la imposibilidad de volver a manejar un vehículo de motor, para los particulares.

La ciudad está dividida en 18 distritos, y todos ellos cuentan en la vía pública con cámaras de video vigilancia vinculados a un sistema nacional de reconocimiento facial, que permite a las corporaciones policiacas y de vialidad vigilar en tiempo real todas las arterias importantes y, en su caso, identificar a los partícipes de cualquier evento que perturbe el orden público.

La limpieza de sus calles y medios de transporte es notable. Todas las vías de flujo continuo cuentan con espacios arbolados y las barreras divisionales entre arterias cuentan con jardineras colmadas de floración perenne.

Los horarios laborales y escolares están escalonados, buscando despresurizar las horas pico.

Siendo Shanghái el principal punto de exportación de China, la solución dada a la problemática inherente al manejo de grandes volúmenes de carga trasladables hasta la costa por vía fluvial, le valió a la municipalidad el reconocimiento como uno de los mejores proyectos de transporte urbano, sostenible e innovador, implementado en el mundo.

Un eficiente sistema de cómputo armoniza el mercado de carga, vinculando al operador con el comprador a través de un agente de transporte, utilizando una empresa de logística de cobertura.

En el centro del mercado las pantallas muestran los detalles de envío disponibles. Los agentes están en contacto con los propietarios de los bienes y los agentes de transporte que recopilan información sobre los envíos disponibles. La información sobre el destino, el tamaño y el peso de las mercancías aparece en las pantallas en tiempo real. Los mercados de carga también brindan servicios de almacén, reparación de vehículos, tiendas de repuestos, restaurantes, tiendas, servicios de hotel, para apoyar a los conductores y operadores de flotas pequeñas.

El modelo de operación portuaria shanghainés podría replicarse en las costas sudcalifornianas del pacífico, con un puerto de altura que resultara detonante comercial de la entidad.

En síntesis, podemos afirmar que la base del éxito en la movilidad urbana shanghainesa, es la rigurosa planeación, ordenación, organización y regulación, elaborada en un marco de programación presupuestada con perspectiva temporal con escalables estimadas hasta con antelación de 30 años, con fases precisas y metas alcanzables en periodos inmediatos, mediatos y de largo alcance.

Existen otros modelos de exitosos programas de movilidad,  Verona, Beijing, Hamburgo, Madrid, Brasilia, Hong Kong, Sao Paulo, Londres y Singapur, -por citar algunos-, nos brindan la oportunidad de aprender de los mejores.

El Estado de la República con mejores expectativas económicas y educativas del país, merece tener al mismo tiempo, el mejor sistema de movilidad urbana.

Ya es tiempo de que en Baja California Sur superemos la etapa retrógrada de lucha por el poder entre facciones partidistas, utilizando el proceso legislativo como herramienta de satisfacción de intereses particulares de control clientelar, manipulando gremios y medios de comunicación para ello.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Conforme a los lineamientos emitidos por el Comité de Derechos Económicos Sociales  y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC-ONU), el derecho humano a la movilidad es el derecho de toda persona y colectividad de disponer de un sistema integral de movilidad aceptable, suficiente, accesible y de calidad que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento efectivo de todas las personas en un territorio, para la satisfacción de sus necesidades y el pleno desarrollo.

Debe entenderse el derecho a la movilidad en dos dimensiones:

1.- Una individual en la cual cada persona pueda decidir libremente tanto su movimiento como la manera de desarrollarlo en un lugar determinado.

2.- Una dimensión colectiva, ésta se refiere al derecho a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades de la sociedad, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto tomando en consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin excepción.

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El derecho a la movilidad implica una constante interrelación entre tres factores:

1. La diversidad en los medios de transporte.
2. El espacio público.
3. La infraestructura vial y de apoyo.

FOTO: Modesto Peralta Delgado

La interacción armónica y funcional de estos tres factores es la meta del marco regulatorio de la movilidad, y resulta indispensable para brindar al ser humano un nivel de vida adecuado y conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fundamental para erradicar la pobreza y la realización de los principios de igualdad y no discriminación; apuntado lo anterior, en Baja California Sur necesitamos un marco legal que siente las bases normativas para concretar en la cotidianidad el ejercicio pleno del derecho a la movilidad.

El problema que enfrentamos es que pese a la importancia del tema, y al hecho de haberse realizado cinco foros sobre éste, en los que se presentaron 300 ponencias, —muchas de ellas valiosas por su aporte técnico y perspectiva vigentes—, el Ejecutivo estatal decidió ignorarlas y centrar el enfoque en convertir lo que sería la Ley de Movilidad, en una herramienta de control político y económico, centrando la publicidad de su proyecto en dos premisas, que como promesas de campaña, resultan meros ganchos engañosos.

Por un lado promete “modernizar la infraestructura de movilidad urbana, mediante una oferta amplia y competitiva de transporte, así como un sistema más eficiente, suficiente, amable, seguro, económico y menos contaminante”, mientras arremete contra el gremio transportista, prometiendo en su discurso acabar mediante esta Ley con el conflicto que dicho gremio enfrenta con los operadores de Uber; conflicto que, ha sido alimentado por el Gobierno del Estado, con el objeto de generar presión social para que el Congreso del Estado apruebe su proyecto de Ley de Movilidad. Y necesita mucha presión, pues el cuerpo legislativo se integra de manera mayoritaria por diputados de oposición.

Lo cierto es que Uber no requiere de una Ley de Movilidad para operar, pues atento al orden legal mexicano para los particulares, lo que no está expresamente prohibido, por consecuencia natural, está permitido. En contrapartida, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, es decir, debe estar soportado en una Ley aplicable al caso. En otras palabras: el ciudadano puede hacer todo lo que no está legalmente prohibido, en tanto la autoridad sólo puede hacer aquello para lo cual está legalmente facultado, y debe plasmar por escrito, de manera fundada y motivada, todo acto de molestia que afecte la esfera de derechos de un particular.

El servicio que prestan los conductores de Uber o de cualquiera otra plataforma similar, es un servicio que la justicia Federal ha definido como prestación entre particulares, y por tanto, escapa de la esfera jurídica de aplicación del actual marco legal sudcaliforniano que regula el transporte público. Pero, ¿necesitamos una Ley de Movilidad? Atendiendo a la exigencia constitucional que reconoce el derecho humano a la movilidad, sí es necesario adecuar la legislación del Estado a los estándares actuales en dicha materia; lo que no necesitamos, es que el Gobierno del Estado alimente un conflicto para generar presión social, la cual le permita imponer su voluntad al Poder Legislativo.

El proyecto de Ley que presenta el Ejecutivo de nuestro Estado es un buen ejemplo de un mal ejercicio de “copiar-pegar” al elaborar un texto legislativo; tomaron como texto base la Ley de Movilidad vigente en Quintana Roo, pero le rasuraron aspectos torales, para convertirla en un engendro legal cuyo principal objetivo es darle al Gobernador un poder absoluto sobre el control del transporte público, a través de la creación de un Instituto cuyo titular sería designado discrecionalmente por el Gobernador, con facultades que le permiten un control, incondicional, sin contrapeso legal ni participación de los sectores de la sociedad civil.

Aprobar esta iniciativa de ley, tal y como está enviada por el Ejecutivo, de ninguna manera resolverá el problema de la movilidad que presenta la Entidad,  ya que no solucionará el conflicto entre conductores de Uber y taxistas, arrebatará a los Ayuntamientos una fuente importante de ingresos derivados de la expedición de licencias y permisos relacionados con el transporte, circulación vehícular y movilidad en general, tanto de personas como mercaderías; asimismo, sujetará la operación del transporte multimodal a las exigencias personales del Gobernador en turno, mantendrá la constante exclusión para los grupos vulnerables, en particular, de quienes presentan discapacidad física o intelectual, y mantendrá los estándares de ineficacia y retraso en el transporte colectivo, así como la marginación atávica en que actualmente se encuentran los ciclistas y peatones.

El Congreso debe ignorar el proyecto elaborado por el Ejecutivo y elaborar uno propio, a partir de los aportes que desde la sociedad civil se plasmaron en los foros sobre el particular se realizaron, basando la estructura normativa en el respeto humano a la movilidad, siguiendo los postulados plasmados por la ONU.

Finalmente es importante recalcar que la Ley de Movilidad no resolverá ningún problema y se convertirá en letra muerta, si no se incluye en su proyección y aplicación un programa estatal integral de movilidad y planeación urbana, fincado en políticas públicas con visión tridimensional, buscando soluciones inmediatas, mediatas y a largo plazo, a la problemática actual y futura, partiendo del diagnóstico ciudadano plasmado en los foros efectuados: una Ley vinculada a un plan de ordenamiento que enfrente los retos que implica el crecimiento poblacional y urbanístico.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, envió al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se crea la Ley de Movilidad del Estado, para regular a fondo el servicio de transporte público en sus diferentes modalidades incluyendo los servicios que se brinden a través de plataformas digitales, informa el Gobierno del Estado a través de un comunicado de prensa.

“En Baja California Sur emprendimos una modernización de la infraestructura de movilidad urbana; los sudcalifornianos merecemos tener una oferta amplia y competitiva de transporte y un sistema más eficiente, suficiente, amable, seguro, económico y menos contaminante”, declaró el Gobernador de BCS en un mensaje que desde ayer se empezó a replicar hasta en redes sociales.

FOTO: Gobierno del Estado.

Con lo anterior, Mendoza Davis propone crear el Instituto de Movilidad, integrado por ciudadanos que, de manera transparente y justificada, fije las tarifas y otorgue las concesiones para transporte público de personas y los permisos respectivos en las otras modalidades, y para que éste se modernice y cumpla con las necesidades de la sociedad y del desarrollo del Estado.

Está iniciativa —puntualizó—, busca terminar con la discrecionalidad y los monopolios y reconoce a la movilidad como derecho humano, además busca proteger el medio ambiente, procura la igualdad de género y la inclusión de sectores vulnerables y, sobre todo, fomenta la participación ciudadana.

“Pretendemos que los servicios de transporte concesionado como los taxis y los que se prestan a través de plataformas digitales, puedan coexistir, erradicando la competencia desleal en beneficio de la población. Nuestras familias merecen elegir con absoluta libertad qué tipo de transporte prefieren utilizar”, dijo.

Por último, aseveró el mandatario estatal que la nueva realidad mundial y atendiendo la misma demanda ciudadana por contar con servicios de calidad en esta materia, se facilitará la entrada de nuevos servicios, particularmente los que se contratan mediante plataformas digitales, para ponernos a la altura de las economías más avanzadas y los mejores destinos turísticos del mundo.

Cabe señalar que en la presente semana, Uber inició operaciones en Los Cabos, lo que provocó una controversia que llegó a protestas por parte de taxistas en dicho destino turístico, sin contar con que también en La Paz se llegaron a dar manifestaciones en su contra, aunque pese a todo, en la capital del Estado el servicio se ha podido contratar desde hacer varios meses.