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Ius et ratio
Por Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). A once años de la reforma constitucional que generó la implementación del Sistema Penal Acusatorio en México, los diversos informes de evaluación que publican diferentes organizaciones del sector privado coinciden en apuntar estadísticas que reflejan un elevado índice de impunidad, acusando con ello la incapacidad oficial frente al reto que implica brindar a la ciudadanía un adecuado acceso a la justicia penal.
El más reciente informe denominado Hallazgos 2018. Seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal, elaborado por México Evalúa, pone de manifiesto que no se ha logrado una mejoría en las condiciones de eficiencia y eficacia de las instituciones del sistema para proporcionar justicia a los ciudadanos, y que la impunidad sigue siendo –por mucho- la reina de las estadísticas en materia de procuración y administración de justicia penal.
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La promesa contenida en el espíritu de la reforma constitucional de 2008 se encuentra plasmada en la Fracción I del Artículo 20 Constitucional, que establece: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, se encuentra lejos de ser cumplimentada. Los operadores hemos sido incapaces de consolidar las bases del sistema lo suficiente como para dar los resultados esperados.
En consecuencia, la impunidad sigue siendo la gran vencedora en este juego de incompetencia y complacencia oficial, sin que a la fecha se vea en el panorama a corto, mediano o largo plazo, el esfuerzo de las instituciones encargadas de legislar, procurar y administrar justicia, para revertir la tendencia de la impunidad. Por el contrario, pareciera que se empeñan más en disfrazar las estadísticas que en combatir las causas generadoras de la impunidad.
El panorama es desalentador. Específicamente hablando de Baja California Sur, que de acuerdo con el informe en comento, se ubica como la entidad de la República que más utiliza el archivo temporal con un porcentaje de 89.09%, solo superado por Chihuahua que utiliza este recurso en un 89.6% de los casos.
Archivar una carpeta es legal y está justificado, cuando no aparecen datos de prueba que permiten el avance procesal, pero también es cierto que, en la práctica, este tipo de determinaciones se convierten en auténticas legitimaciones de la impunidad, pues una vez que una carpeta se archiva, es prácticamente imposible que el delito por el que se inició sea sancionado, ya que únicamente 3 de cada 100 determinaciones de archivo temporal se revierten para reactivar la investigación.
El archivo temporal es el reconocimiento oficial que hace el agente del Ministerio Público, de su incapacidad para llevar a cabo exitosamente la integración y, en su caso, la judicialización de las carpetas de investigación a su cargo.
De mantenerse la tendencia actual en los porcentajes de determinación de archivo temporal prácticamente el 99% de los casos que se denuncien quedarán en el olvido que corona los cajones en los que se guardan en las carpetas archivadas.
Las principales causas de archivo temporal son atribuibles a los órganos de investigación, tanto policiales como periciales, lo que nos lleva a concluir que hace falta un esfuerzo presupuestal extraordinario –y urgente- para dotar de suficientes recursos materiales y humanos a la Procuraduría Estatal de Justicia, para abatir el rezago que hoy se acumula en el cumplimiento de las ordenes de investigación y en las solicitudes de dictaminación pericial.
Aquí es importantísimo el papel que juegan los legisladores, que actualmente se limitan a incrementar las penas a los delitos de mayor incidencia, lo cual es una demagógica pérdida de tiempo y recursos, pues está comprobado que incrementar las penas no inhibe el delito.
Lo que deben hacer nuestros diputados es requerir a la Procuraduría un programa de adecuación de los recursos necesarios, tanto técnicos como materiales y humanos, a fin de abatir el elevado número de investigaciones pendientes de realización, y con base a cifras precisas y objetivos claramente trazados, autorizar en el próximo presupuesto de egresos 2020, un incremento sustancial que permita contar con los elementos necesarios para abatir el rezago que tanta impunidad genera, y que nos ubica en los últimos lugares de ineficacia en materia de justicia penal.
Baja California Sur ocupa el vergonzoso cuarto lugar nacional de ineficacia, por contar con los más elevados porcentajes de impunidad, pues nuestro porcentaje (99.4%) solo es superado por Tamaulipas (99.99%) Veracruz (99.8%) y Nuevo León (99.6%).
El Estado de la República que presume la bonanza económica que nos ubica como el estado más próspero del país, no puede tener un presupuesto tan limitado en materia de procuración de justicia. Necesitamos operadores capacitados, bien remunerados, y servicios de investigación policial y pericial de primer nivel, acorde a las necesidades de la entidad. La impunidad no puede seguir siendo la constante. La demanda de justicia debe ser atendida en lo operativo y funcional, no solo en el discurso político.
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