Mega minería tóxica a consulta: ¿continuidad o disrupción de la lucha?

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FOTOS: Gladys Navarro y Roberto Galindo / PORTADA: Gladys Navarro.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha sudcaliforniana contra la minería tóxica –¿cuál no lo es?–, lleva de manera organizada más de una década y ahora está bien representada por diversas organizaciones civiles: agrupaciones nutridas de ciudadanos, colectivos que gozan del respeto de la sociedad, mismos que con el paso del tiempo han logrado decenas de miles de miembros y simpatizantes. En 2014 con la firma del Pacto de Todos Santos en una multitudinaria asamblea ciudadana –que no pudo ser boicoteada por los acarreados pro-mineros, ni por el silencio o tergiversación de algunos medios de comunicación–, se demostró que en Baja California Sur se quiere vivir libre de minería.

La popularidad anti-minera que ha rebasado por mucho a los pocos pro-mineros, es el resultado del trabajo en varios frentes contra diversos proyectos, cuyas vertientes de acción van desde informar a pie sobre los devastadores efectos de la minería, con el uso de redes sociales, en eventos culturales y, por supuesto, en las protestas que se han realizado. Por otro lado, los grupos más organizados han investigado sobre las legislaciones relativas al establecimiento o restricción para emplazamientos mineros, sobre todo en Áreas Naturales Protegidas o Reservas de la Biósfera, y han informado a la sociedad acerca de las leyes que protegen su hábitat y aquellas que lo afectan, lo que ha derivado en una participación civil más activa en el conflicto minero.

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A pesar de ello los pequeños grupos pro-mineros, manejados por grandes corporaciones, no han cejado en impulsar la mega minería tóxica, al igual que las otras pequeñas minerías, bajo falsas banderas como: “minería sustentable” o “minería responsable”… Podrían llamarla minería humanamente caritativa, eso no va a cambiar la animadversión de los sudcalifornianos. Cuando los “pro-mineros” se han manifestado se han evidenciado el acarreo y las dádivas otorgadas a los “manifestantes”, la mayoría gente de zonas humildes, susceptible de ser “convencida” de arengar sin saber el porqué, claro, motivada por ofertas de miles de empleos bien pagados; la eterna promesa del “progreso y el desarrollo”, que al final los empresarios mineros siempre rompen. Sudcalifornia no necesita esa ilusión, su vocación es el turismo, sustentado gracias a su naturaleza, a su Estado casi virgen, a su belleza del paisaje. Al menos, en el Sur del Estado muchos de los atractivos turísticos y la sustentabilidad económica dependen de la más importante reserva y fuente de agua dulce: la Sierra de la Laguna, la que pondría en riesgo el proyecto de mega minería tóxica Los Cardones.

La lucha social y legal se ha dado durante años. El movimiento anti-minero ha engrosado sus filas, así lo han demostrado las manifestaciones del pasado lustro, incluida la masiva reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el lunes 17 de septiembre en La Paz, en la que más de 3 mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones; la minería submarina que quiere ser operada en el Golfo de Ulloa; y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular.

Manifestación en visita de AMLO a La Paz, septiembre de 2018. FOTOS: Gladys Navarro.

La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales… López Obrador no complació a la masa, pero hizo mucho más que otros ante los reclamos, dijo: “…lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera. Y sí, es cierto, el pueblo ya decidió, eso ha quedado claro desde hace años, sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, cuando protestó frente a TV Azteca. La consulta puede ser un arma poderosa para no sólo detener el proyecto Los Cardones, sino para adelantar el blindaje de Sudcalifornia contra la minería, pero eso dependerá del tamaño de la participación ciudadana.

Manifestantes apoyando el Pacto de Todos Santos. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta afuera de TV Azteca en La Paz, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta ciudadana en Cabo San Lucas, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta durante foro de presentación de la minería submarina en Ciudad Constitución, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

En asuntos tan delicados la política no puede ser ejercida del grito a la promesa y de esta a la ley para la complacencia del manifestante, como esperaban muchos, los que hoy inundan las redes con su decepción de quien aún no es Presidente en funciones. Además de que en el tema minero la decisión no sólo es del titular del ejecutivo, intervienen los poderes federales, sí, pero a través de diversas instancias, como la Semarnat, entre otras que al amparo de leyes a modo o manipulación de éstas han concedido permisos parciales a Los Cardones, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); o como el Cabildo Municipal de La Paz —el priísta, el de la legislatura pasada—, que violentando los procedimientos otorgó un cambio de uso de suelo a la empresa Desarrollo Zapal, mismo que fue negado en diferendo legal por el Cabildo panista actual. La ley no es tan digerible en beneficio social, es trocable, manipulable y en algunos casos benéfica para determinados aspectos de proyectos tan perniciosos como el que nos ocupa. Por lo anterior, la consulta ciudadana podría evolucionar una lucha de años, esa que se ha topado una y otra vez con autoridades y gobernantes que han favorecido a intereses ajenos a la entidad.

AMLO dijo: Y de una vez, para no andar con rodeos, lo de la mina lo va a decidir el pueblo de Baja California Sur… …vamos a ser respetuosos, de verdad, del estado de derecho, pero siguiendo todo el procedimiento, vamos a consultar a los ciudadanos, va a ser muy sencillo, voy a mandar a hacer una encuesta a Baja California (Sur) y el pueblo va a decidir sobre este asunto… Y ante el insistente grito de “ya lo decidimos” reviró: “Sí, pero no aquí, lo vamos a definir con una consulta para darle toda la legitimidad…”. Ahí está el anhelado “no a la mina”, pero menos romántico y subversivo de lo que esperaban muchos. De obtener una victoria abrumadora en la consulta se podría obligar a los diferentes niveles de gobierno a aprobar la iniciativa de ley ciudadana anti-minera que apenas hace unas semanas se discutía con el Secretario de Gobierno Estatal. Claro que la consulta no implica dejar de avanzar por el lado legal, ambas luchas pueden conciliarse, por ejemplo el 20 de septiembre pasado Lucía Trasviña, legisladora de Morena, presentó una propuesta de iniciativa de ley al respecto en el Senado de la República.

La respuesta de AMLO no fue obligada por los reclamos, ya se sabía que los manifestantes corearían el “no a la mina”. Era evidente que la asamblea se volvería el principal escaparate de la protesta anti-minera. Y aunque a muchos les pese, un Presidente elegido democráticamente, no puede y no debe mostrarse autoritario en sus decisiones, por más que se defiendan los Derechos Humanos más básicos. Que las leyes y la política se impulsen desde la plaza pública es maravilloso, pero la transformación de ideales y luchas en hechos se deben hacer en democracia y legalmente, eso implica la consulta ciudadana y el proceso legal que ya se está dando. Esas transformaciones no se deben hacer al grito de guerra, pues empezaríamos a deslegitimizar al que tal vez sea el Presidente más legítimo en décadas. Y si como algunos dicen, la consulta ciudadana sólo es valorativa y no efectiva, si todo depende de las leyes y de los legisladores, entonces ¿por qué exigir al presidente electo una solución si las leyes ya nos protegen? Sólo recuerden que antes ningún otro político del tamaño de AMLO nos tomó en cuenta para decidir un futuro sin minería.

Las consultas ciudadanas son para privilegiar la decisión de la gente, incluso por encima de los llamados intereses de la nación, que muchas veces son simulados; el asunto, es que los candados que han sufrido consultas pasadas —como la que se llevó a cabo en referencia a las reformas energéticas—, deberán ser removidos en los congresos, en los que ahora Morena tiene mayoría; de acuerdo a AMLO eso se hará a petición expresa de él una vez que tome posesión y mande la iniciativa correspondiente. No es momento de rechazar diferentes caminos de lucha, ni de dividir objetivos comunes en lo que se avizora como una democracia participativa. En este sentido será fundamental que las agrupaciones anti-mineras se involucren en la consulta ciudadana, en su organización, sobre todo en el tipo de cuestionamientos a ponderar. No es momento de dividir, sino de sumar y de redoblar esfuerzos. O qué, ¿creyeron que AMLO les iba a decir a todo que sí o no, dependiendo su postura?

Caravana de protesta en La Paz, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta afuera del Palacio de Gobierno del Estado en La Paz, 2018. FOTO: Roberto Galindo.

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La Última Trinchera

Roberto E. Galindo Domínguez

Sudcaliforniano por decisión. Escritor. Maestro en Apreciación y Creación Literaria (Casa Lamm) y en Ciencias en Exploración y Geofísica Marina (Instituto de Geofísica-UNAM). Licenciado en Diseño Gráfico (Facultad de Artes Plásticas-UNAM), en Arqueología (ENAH) y en Letras Hispánicas (UAM). Investigó barcos hundidos y restos culturales sumergidos (INAH). Fue profesor en la ENAH y la UnADM. Tiene un libro y ensayos científicos en publicaciones nacionales e internacionales. Escribe en “Contralínea” y “El Organismo”. Ha colaborado en “Gatopardo”, “M Magazine” y otras revistas. Red Voltaire Internacional (París) seleccionó y publicó 29 de sus textos. Doctorante en Investigación y Creación de Novela (Casa Lamm). Miembro del Taller de la Serpiente y Mar Libre.

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