Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al amanecer, cuando las embarcaciones salen de La Paz rumbo al archipiélago de Espíritu Santo, las montañas volcánicas parecen surgir directamente del mar. Los acantilados rojizos, las caletas de arena clara y el agua transparente componen uno de los paisajes más reconocibles de Baja California Sur. Sin embargo, debajo de esa imagen turística existe un territorio mucho más complejo: refugio de especies, archivo arqueológico de miles de años, espacio tradicional de pesca y escenario de disputas agrarias, proyectos inmobiliarios, construcciones irregulares y procedimientos legales que continúan abiertos en 2026.

El Complejo Insular del Espíritu Santo comprende las islas Espíritu Santo y La Partida, además de islotes y formaciones rocosas próximas. Su superficie terrestre protegida forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, mientras que las aguas circundantes fueron decretadas, en 2007, Parque Nacional exclusivamente marino. Esta doble protección responde a una realidad ecológica: lo que ocurre en tierra repercute en manglares, arrecifes, zonas de reproducción, playas y comunidades marinas.

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La importancia mundial del lugar quedó reconocida en 2005, cuando el archipiélago fue incluido, junto con otras islas y áreas costeras del Golfo de California, en el sitio serial declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El bien completo comprende 244 islas, islotes y zonas costeras. La organización lo describe como un “laboratorio natural” para estudiar procesos de evolución y especiación, debido a la diversidad de ambientes insulares y a la presencia de fenómenos oceanográficos de gran escala. En el conjunto protegido se han registrado 695 especies de plantas vasculares y 891 especies de peces, 90 de ellas endémicas. También alberga cerca de 39 por ciento de las especies de mamíferos marinos del planeta.

En Espíritu Santo, la CONANP documentó alrededor de 235 especies de flora y 141 vertebrados terrestres. En sus aguas se encuentran arrecifes rocosos y coralinos, mantos de macroalgas, manglares, peces, tortugas y mamíferos marinos. Los islotes sostienen una conocida colonia reproductiva de lobos marinos de California. Esta diversidad también mantiene actividades económicas: pesca ribereña, recorridos turísticos, buceo, kayak y observación de fauna. Conservar el archipiélago, por tanto, no significa aislarlo de la sociedad, sino impedir que su aprovechamiento destruya el capital natural del cual dependen pescadores, prestadores de servicios y comunidades de La Paz.

Pero la historia de Espíritu Santo no comenzó con su incorporación a las rutas turísticas. El archipiélago constituye uno de los repositorios arqueológicos más importantes de la región de La Paz. La arqueóloga Harumi Fujita, del Centro INAH Baja California Sur, explica que hace unos 8,500 años el territorio insular todavía estaba conectado con la península. Las ocupaciones humanas del área de La Paz se remontan, aproximadamente, a 9,400 años y muestran un aprovechamiento combinado de alimentos marinos, animales terrestres y materias primas minerales, como riolita y basalto, utilizadas para producir instrumentos.

Investigaciones arqueológicas registraron en Espíritu Santo y La Partida 127 sitios con indicios de actividades indígenas: 82 campamentos en cuevas o abrigos, 34 depósitos de conchas, seis campamentos al aire libre, tres cuevas funerarias y dos sitios con pinturas rupestres. Diecinueve de esos lugares integran un complejo de especial importancia social, económica y ceremonial. Concheros, fogones, herramientas líticas, áreas funerarias y pinturas no son objetos aislados; reunidos permiten reconstruir la movilidad, alimentación, tecnología y concepción del mundo de poblaciones que habitaron las costas antes de la colonización europea.

El patrimonio histórico se prolonga hasta la época colonial y contemporánea. Los españoles explotaron los bancos perleros entre los siglos XVI y XVIII, empleando conocimientos y trabajo indígena. En 1734, después de la rebelión de los pueblos originarios de la región, expediciones punitivas contribuyeron al desalojo definitivo de los antiguos habitantes insulares. Más tarde, la pesca de perlas volvió a adquirir importancia. En San Gabriel subsisten restos de la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, fundada por Gastón J. Vives en 1903. La empresa llegó a mantener millones de madreperlas en cultivo y construyó viveros, talleres, dormitorios, rieles y un dique de unos 500 metros. Tales vestigios forman un paisaje cultural en el cual se superponen la presencia indígena, la explotación colonial, la industrialización perlícola y la pesca contemporánea.

La protección jurídica comenzó a consolidarse el 2 de agosto de 1978, cuando el gobierno federal decretó las islas del Golfo de California como Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y Fauna Silvestre. El 7 de junio de 2000 la categoría fue modificada a Área de Protección de Flora y Fauna, y se publicó un programa de manejo específico para Espíritu Santo. Dicho instrumento limita la infraestructura, regula las actividades recreativas y reconoce la necesidad de coordinarse con el INAH para conservar sitios arqueológicos, históricos y paleontológicos.

La existencia de un decreto, sin embargo, no eliminó los conflictos de propiedad. En 1976, las islas Espíritu Santo y La Partida habían sido entregadas para uso y usufructo del ejido Alfredo Vladimir Bonfil. Las reformas constitucionales de 1992 hicieron posible convertir parcelas ejidales en propiedad privada. En 1996, el Registro Agrario Nacional expidió títulos parcelarios en Espíritu Santo y, en 1999, el ejido realizó una parcelación que abrió la posibilidad de vender terrenos.

El caso más conflictivo se produjo en La Bonanza. Allí fueron delimitados 36 lotes que sumaban aproximadamente 90 hectáreas y colindaban durante casi tres kilómetros con la Zona Federal Marítimo Terrestre. En uno comenzó una construcción comercial contraria a las restricciones ambientales. Organizaciones de La Paz solicitaron la intervención de la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental. La Profepa suspendió la obra; el propietario promovió un amparo, pero un tribunal federal resolvió en favor de la autoridad ambiental, impuso una multa y ordenó demoler lo construido.

Aquella controversia reveló una contradicción de fondo: un territorio podía tener propietarios o titulares agrarios, pero su uso permanecía sometido a reglas ambientales de interés público. Poseer una parcela dentro de un área natural protegida no confería libertad para urbanizarla. La amenaza tampoco era solamente una edificación: permitirla podía sentar un precedente para decenas de construcciones, caminos, muelles y servicios turísticos, fragmentando ecosistemas y alterando sitios arqueológicos.

Después de más de tres años de negociaciones, el 23 de febrero de 2003 se indemnizaron y expropiaron las tierras de uso común del ejido para destinarlas a conservación permanente. La fundación adquirió 33 de las 36 parcelas privadas de La Bonanza y las donó a la nación. El proceso, considerado un ejemplo de colaboración entre autoridades y sociedad civil, redujo el riesgo de un desarrollo inmobiliario de gran escala.

Veintitrés años después, el problema reapareció bajo otra forma. En julio de 2026 se hicieron públicas denuncias por la construcción de una cabaña de aproximadamente seis por seis metros y una ramada en un campamento de Isla Partida. De acuerdo con el director regional de la CONANP, Benito Bermúdez, el responsable contaba con registro y credencial de la Semarnat y tenía antecedentes de uso pesquero del lugar. No obstante, presuntamente omitió el aviso correspondiente ante la Profepa y la autorización necesaria para ingresar materiales. La procuraduría inició un procedimiento administrativo. Las autoridades deberán determinar si la obra era compatible con el uso tradicional permitido o si convirtió un campamento pesquero en una ocupación permanente no autorizada.

El asunto adquirió mayor gravedad al incorporarse la dimensión arqueológica. El 22 de julio de 2026, el Centro INAH Baja California Sur presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la presunta afectación y destrucción del sitio J-177 Ensenada de La Partida 5. La denuncia se fundamentó en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Al cierre de esta investigación, la FGR y la Profepa no habían emitido una resolución definitiva; por ello, jurídicamente corresponde hablar de presuntas afectaciones y no de responsabilidades comprobadas.

El nuevo conflicto exhibe problemas acumulados: padrones incompletos, campamentos transmitidos mediante acuerdos sociales, falta de claridad sobre su modificación, vigilancia limitada y competencias repartidas entre CONANP, Semarnat, Profepa, INAH y FGR. En el archipiélago existen, según la autoridad regional, 36 parajes pesqueros en Zona Federal Marítimo Terrestre, pero sólo 20 poseen algún tipo de infraestructura. Regularlos exige diferenciar refugios tradicionales de proyectos privados encubiertos, sin criminalizar a comunidades pesqueras ni permitir que esa tradición sea utilizada para justificar construcciones residenciales.

Espíritu Santo muestra que la conservación no termina con un decreto o una declaratoria internacional. Requiere vigilancia, coordinación, inventarios arqueológicos actualizados, transparencia en permisos y participación social. Una obra pequeña puede remover estratos que tardaron milenios en formarse; una construcción tolerada puede convertirse en precedente para otras; y un turismo sin límites puede deteriorar aquello que atrae a los visitantes.

En estas islas, naturaleza e historia constituyen un solo patrimonio. Proteger el matorral, los manglares y las colonias de lobos marinos también significa conservar concheros, cuevas funerarias, pinturas rupestres y restos de la industria perlícola. El desenlace de los procedimientos iniciados en 2026 será una prueba para las instituciones mexicanas: determinará si la condición de área protegida y Patrimonio Mundial funciona como una salvaguarda efectiva o permanece únicamente como reconocimiento escrito frente a nuevas presiones económicas y privadas.

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