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Impunidad encapuchada

16-Nov-2020

OPINIÓN Por Arturo Rubio Ruiz

FOTO PORTADA: Juan Carlos Alarcón (twitter)

FOTOS INTERIOR: Cortesía

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el pretexto de exigir justicia por el feminicidio de Alexis en Quintana Roo, un grupo organizado de mujeres encapuchadas, vestidas de negro y portando pañoletas verdes, el pasado viernes 13 de noviembre irrumpieron en las oficinas del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (C.A.V.I.) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX). Destruyeron los ventanales, sacaron las cajas de cartón en las que se archivan los expedientes que se tramitan en esa dependencia y los destruyeron, afectando gravemente los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar —mayoritariamente niñas y mujeres— que por los cauces legales tramitaban sus casos.

El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, coloquialmente conocido como CAVI, es una dependencia administrativa de la Procuraduría de Justicia de CDMX, cuyo principal objetivo es proporcionar atención integral a niños y niñas menores de doce años víctimas de los delitos de violencia familiar, sustracción y retención de menores, incumplimiento de la obligación alimentaria y omisión de cuidados, y a mujeres de hasta sesenta años de edad víctimas del delito de violencia familiar cometido por su pareja.

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El plantel de servidores públicos está integrado por profesionales de las áreas jurídica, psicológica, médica y de trabajo social, y una vez que la víctima presenta su denuncia o querella ante el Ministerio Público, es canalizada a esta instancia, donde de manera gratuita se le brinda acompañamiento, orientación legal, y representación jurídica en materia penal; apoyo psicológico, atención médica, intervención en crisis, psicoterapia breve y de urgencia de corte grupal, elaboración de dictámenes victimales a petición de la autoridad ministerial o judicial para establecer si existe alguna afectación psicoemocional; valoración del estado psicofísico para determinar las condiciones de salud de las víctimas y, en su caso, tramitación de medidas de protección de emergencia previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; gestionar ante instituciones públicas o privadas, los servicios que requieran; tramitación de albergues para mujeres que se encuentran en riesgo y/o a programas de apoyo social de otras instituciones gubernamentales o asociaciones civiles.

El CAVI brinda un servicio invaluable a todas aquellas víctimas de delito que no cuentan con recursos propios para sufragar los honorarios de profesionistas particulares, y en su funcionamiento, es modelo a seguir por otras entidades de la República, como Baja California Sur, donde las víctimas de delito no cuentan con este tipo de apoyo, o bien, lo reciben, pero de manera raquítica, esporádica y, por regla general, de manera excepcional.

Cuando las encapuchadas destruyeron los expedientes que sacaron de las oficinas del CAVI, a quienes más perjudicaron, a quienes dañaron, a quienes afectaron gravemente, fueron las niñas y mujeres víctimas de delito, que ahora verán seriamente afectada su pretensión de reparación del daño ante los tribunales pues, en muchos casos, los expedientes contenían dictámenes y comprobantes de gastos y otros datos de prueba, que difícilmente podrán ser recuperados. Algunas de las víctimas, cuyos expedientes fueron destruidos, llevaban más de cuatro años inmersas en litigios en busca de justicia retributiva. Ahora empezaran de nueva cuenta, desde cero, y con pobres posibilidades de recuperarse del terrible daño que las encapuchadas del pañuelo verde les han ocasionado.

Resulta paradójico que los únicos beneficiados tras el acto vandálico, sean los delincuentes que lesionaron los derechos de las víctimas cuyos expedientes fueron destruidos, pues ahora no podrán acreditar ante los tribunales el daño causado.

La legitimidad de la causa que enarbolan las encapuchadas, como en el caso, exigir justicia por el feminicidio de Alexis, se diluye por completo, cuando se convierte en un mero pretexto para dañar inmuebles, destruir expedientes, y perjudicar irreparablemente a niñas y mujeres, víctimas de la violencia intrafamiliar.

El derecho irrestricto a expresar las ideas, a manifestarse, a protestar, ha sido el pretexto propicio para que intereses perversos organicen grupos criminales, en el caso, integrado mayoritariamente por mujeres que, al amparo del anonimato, han convertido del vandalismo, el saqueo, la violencia contra particulares y agentes del orden, su modus operandi, y la escalada de violencia, que pasó de bailar y desnudarse mientras ocupaban arterias de vialidad, a golpear a reporteros, viandantes y elementos de la fuerza pública; de pintarrajear paredes y monumentos, a saquear tiendas de conveniencia y otros establecimientos comerciales; de bloquear accesos a oficinas públicas, a irrumpir en ellas y causar destrozos, que como en el caso, ocasionan daños irreparables a víctimas inocentes, totalmente ajenas al motivo de su queja y su violento activismo.

No puede el gobierno permitir que se siga utilizando un derecho humano irrestricto, como el de manifestarse, como pretexto para delinquir impunemente.

La pasividad y tolerancia oficial hacia estos grupos criminales organizados, que operan impunemente enarbolando el estandarte del feminismo radical, nos hace suponer que existe contubernio entre la autoridad y quienes lideran las acciones vandálicas y de rapiña a cargo de las encapuchadas.

La lucha ciudadana por la defensa de los derechos humanos, la expresión de las ideas y protesta ante abusos o injusticias, no puede seguir siendo el pretexto que incube la anarquía y la impunidad. No podemos permitir que se siga enviando a nuestra niñez y juventud, el ejemplo que envían estas criminales encapuchadas.

Ninguna causa justa justifica la realización de actos criminales, y menos, cuando se revictimiza a inocentes en el proceso.

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