En BCS, ¿quiénes luchamos contra la minería tóxica?

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FOTO: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha ciudadana por evitar la operación de la minería tóxica en Baja California Sur, no es una pugna entre “un grupo de ambientalistas” y una empresa que trae “progreso” a la entidad, como pretenden hacernos creer los voceros del gigante minero, con el ánimo que veamos el problema como algo ajeno a nuestro interés, como si la contaminación y la destrucción del entorno ecológico no nos afectara, y sólo fuera tema de interés para unos cuantos, a quienes pretenden minimizar en su empeño, bajo el genérico anodino de “ambientalistas”.

Con esta estrategia, el grupo Salinas —titular de los derechos de explotación del proyecto minero Los Cardones—, a través de sus voceros importados y algunos comentaristas locales que sin escrúpulos venden su opinión, busca convertirnos en simples espectadores de un abstracto enfrentamiento entre “ambientalistas” y “el progreso”, cuando la realidad es que la amenaza que implica la entrada en operaciones de la minera, nos involucra a todos, no sólo a los actuales residentes y visitantes de la entidad, sino a aquellos que vienen detrás de nosotros, hijos, nietos, etcétera, y por ello, debemos ser participantes activos, decididos y constantes, en la lucha por preservar nuestra fuente de agua y el entorno natural en que se asienta su principal depósito.

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No podemos permitir que nos engañe el grupo Salinas, cuando trata de convencernos de las “bondades” de su proyecto, para que no veamos el enorme daño al agua y al ambiente que en el proceso de operación se genera para que al cabo de diez años, la empresa minera se embolse miles de millones de pesos, y a cambio deje solamente contaminación y desastre.

Para tratar de convencernos, el grupo Salinas utiliza una estrategia mediática que promueve “beneficios”ocultando los perjuicios—, como cuando te habla de las ventajas de los “abonos chiquitos”, pero no te dice que son eternos y que cobran intereses altísimos, tan altos, que en muchos países esa tasa está prohibida. Exactamente como ocurre con su minería, “responsable”, que también está prohibida en los países desarrollados.

Esa campaña de promoción de “beneficios” viene acompañada de una embestida mediática paralela, que trata de convencernos de la inminencia de su operación. Que “ya están operando”, que “ya tienen todas las licencias”, que “ya están trayendo maquinaria”, que “ya ganaron todas las instancias”, y mensajes similares, todos falsos, y todos encaminados a minar nuestra resistencia a su entrada en operaciones. Buscan desanimar nuestros esfuerzos por detenerlos. Intentan convencernos de que es inútil resistirnos, que “ya está hecho” y es inevitable que lleven a cabo su proyecto.

De nosotros depende el prestar oídos sordos a esa agresiva y constante campaña de desinformación. Lo cierto es que NO TIENEN AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO MUNICIPAL, NI PERMITIREMOS QUE LA OBTENGAN, la verdad es que esta lucha no es de unos cuantos ambientalistas contra una empresa que nos trae “progreso” y “bienestar”.

Lo cierto es que no van a entrar en operaciones, pues vamos a evitarlo, si no caemos en sus juegos de engaño. Esta lucha es de todos los residentes del Estado. Y es una lucha vital, que no admite descuidos.

Enfrentamos el reto colectivo de:

  1. Frenar la entrada de la minería tóxica a la zona de la Sierra de la Laguna, impidiendo que las autoridades municipales otorguen la autorización de uso de suelo, necesario para su operación.
  2. Obtener la cancelación de todas las concesiones otorgadas a la fecha por las autoridades federales, para la explotación minera de metales preciosos a cielo abierto en nuestro Estado.
  3. Generar una corriente de opinión bien informada, que conociendo los daños que ocasiona la minería tóxica, sistemáticamente se oponga a su operación.
  4. Blindar al Estado, proscribiendo la realización de todo acto de explotación minera de extracción de metales preciosos a cielo abierto, desde su preparación hasta su consumación, con el marco legal adecuado, acorde a los estándares plasmados en los tratados internacionales, convenios, declaraciones y jurisprudencia de las cortes internacionales, plenamente armonizado con los preceptos constitucionales y su interpretación jurisprudencial a carga de la corte federal mexicana. Debemos tener presente para ello, que a partir de la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades —municipales, estatales y federales—, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte.

Debemos mantenernos atentos y activos en los tres frentes de batalla que a la fecha nos han permitido detenerlos:

1.- La defensa jurídico-legal en los tribunales judiciales e instancias administrativas, a partir de la figura del mandato soberano popular específico, que nos ha permitido convertirnos en la primera entidad en América Latina en frenar la minería tóxica, antes de su entrada en operaciones.

2.- La constante participación en las redes sociales, compartiendo información, documentando y difundiendo los avances de nuestra lucha, haciendo cada día más grande la toma de conciencia ciudadana respecto a la dimensión y trascendencia del reto que enfrentamos. Cada día debemos ser más y más los residentes del Estado que de manera informada y decidida, se incorporen a la lucha contra la minería tóxica, desde todas las trincheras que sea posible implementar.

3.- La movilización social, atendiendo al llamado que se genere cuando sea necesario manifestarnos, tomando las calles de manera pacífica y respetuosa, pero masiva y contundente, dejando en claro a las mineras y al mundo entero, que en Baja California Sur, vale más el agua que el oro o cualquier otro producto cuya extracción genere contaminación y ponga en peligro nuestra fuente de abasto del vital líquido.

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Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene estudios de posgrado: dos maestrías y cursa actualmente un doctorado; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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