Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Baja California Sur, un Estado con 2,230 kilómetros de costa y ecosistemas emblemáticos como el desierto de El Vizcaíno, enfrenta una contradicción devastadora: su economía crece al 4.5% anual (INEGI, 2023), pero el 34.6% de su población vive en pobreza (Coneval, 2022). En Los Cabos, el precio de la vivienda aumentó un 78% entre 2015 y 2020, el mayor incremento nacional (INEGI). Para 2023, adquirir una casa de interés social exige ingresos mensuales de $25,000 MXN, mientras el salario promedio es de $8,200 MXN (ENOE). Sólo el 10% de las viviendas construidas entre 2018 y 2023 fueron destinadas a habitantes locales (SEDATU), una cifra que refleja la exclusión sistemática de quienes sostienen la industria turística, responsable del 45% del PIB estatal.

El desplazamiento de comunidades es un fenómeno cuantificable: el Centro de Derechos Humanos de La Paz documentó 1,200 casos entre 2015 y 2022, vinculados a megaproyectos como Puerto Los Cabos, un complejo de 1,200 hectáreas con campos de golf y marinas. En La Paz, rentar un departamento de dos habitaciones cuesta $15,000 MXN mensuales (Inmobiliarias México, 2023), pero el 67% de los empleos turísticos son informales, con salarios entre $4,000 y $6,000 MXN (IMCO, 2022). Aunque la inversión extranjera alcanzó $1,450 millones de dólares en 2023 (Secretaría de Economía), el 80% de las escuelas públicas carecen de acceso diario a agua potable (Comisión Estatal de Derechos Humanos, 2023), una paradoja que desnuda la inequidad del modelo económico.

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La crisis ambiental es igual de alarmante. En La Paz, el 65% de los manglares han sido destruidos desde 1990 (UABCS, 2021), principalmente por desarrollos como Marina CostaBaja, donde amarrar un yate cuesta $1,500 USD diarios. Cada campo de golf consume 2.5 millones de litros de agua al día (Conagua, 2023), equivalente al uso de 9,000 personas, en un territorio donde el 80% sufre estrés hídrico (Conagua, 2022). En 2022, el desarrollo Costa Palmas desvió el cauce del arroyo San José para construir villas de lujo, secando una fuente vital para agricultores, según denuncias de organizaciones ambientales avaladas por permisos de la Semarnat.

La propiedad extranjera profundiza la fractura social. En Todos Santos, el 38% de las viviendas pertenecen a estadounidenses y canadienses (Registro Público de la Propiedad, 2022), mientras en El Pedregal (Cabo San Lucas), el 60% de las residencias están vacías 10 meses al año (Diagnóstico Urbano de Los Cabos, 2021). La Ley de Inversión Extranjera (1993) permite este acaparamiento mediante fideicomisos: el 22% de los permisos en zonas costeras son para ciudadanos estadounidenses (Senado de la República, 2021). Mientras tanto, el gobierno estatal destina solo el 0.7% de su presupuesto a vivienda social, frente al 12% asignado a promoción turística. Proyectos como el Corredor Turístico La Paz-Los Cabos, con 15 hoteles en construcción, priorizan el 70% del agua para turismo y agricultura de exportación (Profepa, 2023), mientras 12,000 familias carecen de hogar.

La gentrificación también erosiona la cultura local. En Todos Santos, la Fiesta de la Fundación, antes una celebración comunitaria, ahora cobra entradas de $500 MXN, inaccesibles para residentes (Red Sudcaliforniana de Cultura Popular, 2023). El 40% de los negocios tradicionales, como talleres de artesanía y fondas familiares, han cerrado en la última década, reemplazados por cafeterías y tiendas de lujo (Cámara de Comercio de BCS, 2023). Este fenómeno no es exclusivo de BCS: en Quintana Roo, el modelo de Cancún dejó el 45% de su población en pobreza (Coneval, 2022) y el 90% del agua contaminada con nitratos (Universidad del Caribe, 2023), un precedente que BCS parece ignorar.

Frente a esto, iniciativas como las cabañas ecoturísticas de El Sargento, gestionadas por pescadores, protegen 200 hectáreas de manglar y generan empleos formales. Sin embargo, proyectos comunitarios reciben menos del 1% del financiamiento estatal para turismo (Secretaría de Turismo de BCS, 2023).

Los números finales son contundentes: cada segundo, 380 litros de agua se destinan a campos de golf; 300 familias son desplazadas anualmente por alzas de renta (Centro de Derechos Humanos de La Paz, 2023); y para 2030, se proyectan 10 nuevos desarrollos de lujo en áreas naturales protegidas (Semarnat, 2023). La pregunta no es si el modelo es insostenible, sino ¿cuánto más debe sangrar Baja California Sur antes de que el Estado priorice a su gente?

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