Delincuentes defienden a violadores de la Constitución

La Última Trinchera

Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Chalecos México, organización pro-panista y de tendencia fascista, así como cuarenta organizaciones civiles más, se ufanan, en un comunicado emitido tras la violenta marcha que hicieron el domingo 28 de mayo pasado en la Ciudad de México (CdMx), de que ellos lograron desalojar al plantón de personas, en su mayoría de la tercera edad, que protestaban de manera pacífica afuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y lo hicieron con actos violentos, esos que los han caracterizado desde que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alcanzó la presidencia de la república en 2018 con el respaldo en las urnas de más de treinta millones de mexicanos.

La violencia física, es el último recurso en la disputa por una nación y debe serlo en la competencia por cualquier cosa, es el más temible, el menos deseable y el que sin duda generará más violencia; pues el país está dividido, y no precisamente polarizado; pues polarización es cuando fuerzas más o menos equiparables en número se oponen, pero en este caso queda claro, de acuerdo con las últimas encuestas de diarios como Reforma y El Financiero y encuestadoras como Covarrubias y Asociados, Buendía y Marquez, Enkoll, y Demotecnia, que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto de nación cuatrotransformacionista tienen un respaldo ciudadano de alrededor del 70%.

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Es así que no hay polarización en este país, sino una minoría rijosa, agresiva, violenta e intolerante, magnificada por la cantaleta de la mayoría de los consorcios de comunicación de radio, televisión y prensa escrita; que por cierto hoy guardan silencio ante la violencia generada por la derecha; minoría privilegiada por los sexenios prianistas y neoliberales, que ante el justo proceder de la Cuarta transformación (4T) es capaz de golpear ancianos, destruir un memorial para los bebés quemados vivos, asesinados — destrozaron las cruces con sus nombres—, en la Guardería ABC y romper propiedad privada en un desalojo delincuencial bajo la consigna de la corte no se toca, igual que antes gritaron el INE no se toca y el Conacyt no se toca. En suma, para ellos, la injusticia y la corrupción no se tocan.

Esa oposición minoritaria, violenta e intolerante, logró convocar a tres mil conservadores —les falta músculo para enfrentar a treinta millones— que envalentonados fueron a agredir ancianos que defendían bebés afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron a violentarlos mediante actos delincuenciales, para defender a los más grandes violadores de México: a los magistrados del supremo poder judicial, que operan en contra del pueblo y de la 4T; esos adalides de la justicia, que a pesar de haber jurado respetar y proteger a La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pudor la violan una y otra vez cada que reciben su quincena, así como todas las retribuciones y lujos económicos como pago por el ejercicio de su profesión.

Son esos magistrados y jueces que se pasan por el arco del triunfo el artículo 127 Constitucional, que en su fracción II a la letra dice: Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Sinvergüenzas que en realidad reciben hasta cuatro o cinco veces más que el monto que gana el presidente de México. Estamos hablando de alrededor de 700 mil pesos mensuales, en un desprecio por la Ley y el proyecto de nación que la mayoría de los mexicanos hemos escogido.

En un país en que opositores delincuentes defienden a magistrados violadores, siendo todos ellos miembros del conservadurismo intolerante, es una fortuna que haya una mayoría ciudadana cada vez más politizada y consciente de la opresión de clase de que ha sido objeto por parte de la minoría conservadora y violenta a la que pertenecen Los Chalecos México y las organizaciones opositoras al Obradorismo.

Polilla política: No le rasquen los huevos al tigre social, porque no le gustan las cosquillas; y sabe que de chalecos a chaquetas hay poca deficiencia.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Peculado impropio

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El término peculado atendiendo a su raíz etimológica, literalmente significa desfalco, tiene sus orígenes en el derecho romano; deriva del término peculium que representaba la riqueza en ganado (pecus) y por extensión se aplicaba de forma genérica al caudal de bienes en propiedad o posesión de un ciudadano. Dichos bienes se encomendaban generalmente en administración a un empleado, el cual tenía derecho a reservar para sí un porcentaje de las ganancias, o peculio, y cuando el empleado incurría en administración desleal, o desfalco, era severamente sancionado.

Actualmente, el término peculado tiene una connotación específica en el campo del derecho penal, y se define como la desviación o utilización de recursos públicos para un fin diverso al objeto legal de dichos recursos.

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En el ámbito federal el artículo 223 del Código Penal Federal contempla tres hipótesis comisivas atribuibles a un servidor público y una cuarta atribuibles a un particular:

1.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;

2.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;

3.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y

4.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Las tres primeras hipótesis contemplan como comisor a un empleado público, la cuarta tiene como agente comisor a un particular, y es la figura que se conoce como peculado impropio.

La pena de prisión, dependiendo del quebranto económico causado al patrimonio de la federación, va de los tres meses a los 14 años de prisión, y se incrementa en un tercio más si se trata de fondos destinados para la seguridad pública.

El Código Penal para Baja California Sur, artículo 285 contempla los mismos supuestos y la penalidad va de uno a quince años de prisión, más un tercio en el caso de fondos destinados a la seguridad pública.

El peculado impropio, es un presupuesto relativamente moderno, y tiene su origen en la necesidad de sancionar a particulares a quienes se les encomienda la administración de recursos públicos, actividad que cada día plantea más modalidades, derivadas de la participación cada vez más amplia de particulares en actividades originalmente encomendadas a servidores públicos, pero que en virtud de acuerdos público-privados, actualmente son encomendadas a operadores de la iniciativa privada.

El peculado impropio es un delito considerado de cuello blanco, no violento, y por ende, quienes incurren en su comisión suelen gozar de enormes prerrogativas, entre ellas, el de enfrentar eventualmente en libertad los procesos penales en su contra encausados, sin importar el monto del quebranto económico que lleguen a ocasionar, y encuentran un enorme cobijo en el entreteje de los convenios y acuerdos de colaboración entre instituciones del sector público y el sector privado.

La falta de supervisión adecuada, los intrincados esquemas financieros y complicaciones contables hacen difícil la acreditación del quebranto económico, y la falta de un esquema de fiscalización adecuada del manejo de la cuenta pública, así como la duplicidad de funciones entre organismos públicos con funciones de auditoría, generan enormes zonas grises que hacen compleja la detección de los malos manejos y la distracción de los recursos públicos

La opacidad, falta de controles adecuados y la corrupción son el campo de cultivo adecuado para que cada día se engrose la lista de comisores de peculado impropio, en detrimento patrimonial de las arcas públicas

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Narcoterrorismo Satánico, la crisis del fentanilo y otras fábulas gringas

FOTO: Internet

Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dicen que los números no mienten y este caso no es la excepción, los políticos norteamericanos se han abandonado en un frenesí casi olímpico de rasgarse las vestiduras por la ahora llamada epidemia de fentanilo, hasta el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) escribió el artículo: Fentanilo y la crisis norteamericana de opioides.

La supuesta preocupación es tal que el ex GI Joe y ahora miembro de la cámara de representantes por el segundo distrito de Texas, Dan Crenshaw introdujo una propuesta de ley para autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pelear en contra de los responsables del tráfico del fentanilo y o tras sustancias. Siguiéndole el ritmo, la congresista Marjorie Taylor Green comparó a los cárteles mexicanos con Al Qaeda, excepto que los cárteles mexicanos han hecho mil veces más daño a los norteamericanos.

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Increíblemente, la oposición en México parece haber tomado un trabajo de tiempo completo y pagado en dólares como megáfono de las voces gringas más incendiarias, a penas el mes pasado, Demián Zepeda el senador antimexicano por el PAN se puso la casaca de las barras y las estrellas y nos dio una cátedra lingüística al mero estilo de Peña Nieto: Terrorismo es causar acciones de terror para hacer que un gobierno tenga tal o cual acción, o para causar terror dentro de los ciudadanos. Claro que son terroristas y, por cierto, causan más muerte que los supuestamente terroristas oficiales (Infoabe, 2023).

A modo de recomendación y en caso de que el senador quiera ofrecer argumentos más originales y completamente verídicos, desde esta columna y con absoluto rigor científico, le compartimos que otro motivo para clasificar como terroristas a los cárteles mexicanos es el hecho indiscutible que, en el mundo de las sustancias, a veces ocurre el famosísimo mal viaje. A partir de un estudio de investigación acción participativa entre los compas del barrio, recuperamos el testimonio de múltiples viajeros intergalácticos, ellos nos confesaron que la histórica pálida es tan terrorífica como ver a Xóchitl Gálvez encadenada en la tribuna de Xicoténcatl, como para sacarse los ojos.

Ya sabemos cómo son los gringos de exagerados cuando les conviene, si escuchamos su narrativa pudiéramos pensar que se está viviendo la peste negra en los vecindarios del norte, el Walking Dead versión Netflix, pero resulta que los números no mienten y de acuerdo con cifras del propio CFR, del año 2000 a la última actualización (19 de Abril del 2023), poco más de un millón de personas han perdido la vida por los opioides. En 23 años son 43 mil muertes anuales, bueno, una sola muerte es lamentable bajo cualquier circunstancia, pero si se trata de evitar muertes por sustancias, déjenme decirles que hay otra droga mucho más letal que el fentanilo, de hecho, es más letal que aquella famosísima droga rusa cocodrilo que te dejaba como Michael Jackson después de su cirugía 341, esta droga es tan, pero tan letal que ni todas las demás drogas ilegales juntas le llegan a los tobillos, es más mala que Alfredo Adame dando clases de Tae Kwon do ¿de cual droga estoy hablando?

El tabaco, si, así de simple y sencillo, el tabaco produce, de acuerdo con los datos oficiales del propio gobierno norteamericano más de 480 mil muertes al año. Es decir, casi medio millón de muertes al año. O sea que, en dos años y medio, el tabaco ya mató a más personas que el fentanilo en 23 años. Es tan ridículo utilizar el pretexto de la preocupación por la salud de mi gente para invadir a un país cuando tú mismo estás vendiendo una sustancia ONCE VECES MÁS LETAL.

Bueno, ya sabíamos que para los vecinos del norte la Verdad (con mayúsculas) es una de esas cosas que en realidad no importa, pregúntenle a Sadam Hussein ¿Dónde tenía guardadas sus armas de destrucción masiva? Aparentemente las tenía en el Nintendo (referenciando a Polo- Polo), a nosotres, debe quedarnos claro que el asunto del narcoterrorismo satánico chupacabrero es otra elucubración fantástica del país más violento y abusivo de los últimos cien años, la gran pregunta que dirijo a las y los erudites Sudcalifornianes es: ¿Qué quieren lograr con eso?

Referencias

Cruz, C. (2023, March 8). Damián Zepeda Aseguró que es válido que eeuu Quiera Intervenir en México . infobae. Retrieved May 2, 2023, from https://www.infobae.com/mexico/2023/03/08/damian-zepeda-aseguro-que-es-valido-que-eeuu-quiera-intervenir-en-mexico/

Centers for Disease Control and Prevention. (2020, April 28). Tobacco-related mortality. Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved May 2, 2023, from https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/tobacco_related_mortality/index.htm

Council on Foreign Relations. (n.d.). Fentanyl and the U.S. opioid epidemic . Council on Foreign Relations. Retrieved May 2, 2023, from https://www.cfr.org/backgrounder/fentanyl-and-us-opioid-epidemic

Nueva titular en la Presidencia del Tribunal de Justicia Estatal

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución del Estado, el 11 de abril de 2023 será electa la magistrada que presidirá por dos años el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Baja California Sur.

Se comenta en los pasillos judiciales que un magistrado pretende postularse para el encargo, pese a que el mandato constitucional se lo prohíbe específicamente, argumentando que no se puede aplicar la alternancia de género plasmada en la Constitución, porque la retroactividad está prohibida en materia de aplicación de la ley.

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FOTO: Archivo

Sobre el particular, debe precisarse que la aplicación en 2023 de una reforma vigente desde 2021 no puede considerarse retroactiva, pues el supuesto de aplicación es posterior a la entrada en vigor de la norma, pero suponiendo sin conceder que hubiera retroactividad, la misma sería irrelevante, porque la única retroactividad que está prohibida por nuestra carta magna, es la que se aplica en perjuicio de una persona (Art 14 párrafo primero CPEUM), y en el caso, la aplicación de la alternancia de género en modo alguno perjudica a nadie, y por el contrario, actuar contra la paridad de género no solo violenta la norma constitucional local apuntada, sino que conculca todo el marco de igualdad sustantiva y equidad que consagran tanto nuestra Carta Magna como los diversos tratados internacionales sobre la materia suscritos por México.

Son dos las magistradas que pueden resultar electas por sus pares, ambas con carrera judicial, sólida formación académica, experiencia forense y excelente reputación. Una de ellas será electa y enfrentará el enorme reto que implica el encargo.

Es urgente sanear y reestructurar el poder judicial en el Estado. En particular, romper el coto de poder construido en torno al magistrado presidente saliente, y sanear todos los procedimientos, eliminando la secrecía y ocultamiento en la actividad jurisdiccional.

• Debe romperse de tajo la tendencia ascendente que a nivel nacional ubica a los jueces como los servidores públicos más corruptos, solo superados en esa infame categoría, por los agentes de tránsito

De 2017 a 2022 la percepción ciudadana aumenta respecto al elevado índice de corrupción judicial. Después de la inseguridad pública, la corrupción es la principal preocupación ciudadana en México (ENVIPE 2022 ver gráfica). Debe privilegiarse la carrera judicial y eliminar las designaciones por dedazo, compadrazgo o amiguismo, a través del concurso por oposición, para que lleguen a las altas responsabilidades en la administración de justicia, únicamente los servidores públicos más preparados y de perfil adecuado.

FOTO: INEGI

• Debe democratizarse la elección del representante de los jueces como integrante del Consejo de la Judicatura, debe ser electo por los propios jueces y no designado por los magistrados. De igual forma debe ciudadanizarse la integración de la porción mayoritaria, para evitar que dicho Consejo, siga siendo un instrumento de simulación y control al servicio del presidente en turno.

• Debe transparentarse el manejo del multimillonario fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, el cual debe ser auditado por el Congreso del Estado, por tratarse de fondos de administración pública. Existe un acuerdo al respecto emitido por el Congreso del Estado, que duerme el sueño del olvido, y que fuera promovido en su periodo por el entonces diputado Silvestre de la Toba (QEPD) que debe cumplirse en sus términos pues estamos en el siglo de la transparencia y ningún recurso público debe administrarse con opacidad secrecía y discrecional, con que lo hizo durante casi doce años el presidente saliente. Habremos de insistir ante el Congreso que cumplan con lo decretado -auditar el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia-, y dejen de fingir demencia al respecto.

• Debe privilegiarse el uso de las herramientas tecnológicas disponibles actualmente, para superar los 8 años de atraso que ubican a nuestra entidad por debajo de la media nacional en digitalización y comunicación a distancia, y dotar a todas las áreas de actividad procesal de equipo de cómputo de vanguardia y acceso a internet propio (ya no colgarse de otras dependencias) que permitan la optimización en los servicios relacionados con la administración de justicia

• Eliminar en lo posible la enorme diferencia de criterios que actualmente existen y que generan una enorme sobrecarga de trabajo. Al respecto es imperativo regresar a los conversatorios entre los operadores procesales. La unificación de criterios evitará recursos, controversias y costosas dilaciones procesales. Conversatorios periódicos entre magistrados, jueces persecutores, defensores y asesores jurídicos públicos y particulares permitirá sentar bases objetivas y funcionales que identifiquen y unifiquen en lo posible conceptos torales en la interpretación normativa, de manera que en la academia, la palestra, la tribuna, el aula y en justicia alternativa se asigne la misma interpretación a normas sustantivas y objetivas.

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Opacidad y corrupción

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La corrupción es el cáncer de la administración pública que tomó carta de naturalización en la vida nacional como herencia gestada tras la conquista y arraigada en la colonia y etapas históricas sucesivas en el devenir de la vida nacional. Cinco siglos de permanencia en el plano funcional han permitido que la corrupción tenga un amplio margen de tolerancia social.

El principal problema que enfrentamos en la lucha contra la corrupción estriba en el control gubernamental de los órganos encargados de combatirla. Es el mismo gobernante corrupto el encargado de combatir la corrupción. En los cotos oficiales se generan los acuerdos y componendas que permiten al grupo en el poder utilizar estos órganos de control como herramientas de persecución política de aquellos que no simpatizan con su equipo.

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El primer paso entonces es crear una estructura de supervisión de la actuación pública, que escape al control directo y dependencia jerárquica del gobernante. Esto es: Deberemos entonces ciudadanizar los órganos de control interno, a través de la participación directa y efectiva de la sociedad civil organizada en los espacios de supervisión y auditoría del actuar público, principalmente en lo relativo a la toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos.

Antes de pensar en crear más aparatos burocráticos ostentosos, costosos y de adorno, como el que se pretende construir a partir de la entrada en vigor de la ley anticorrupción, habría que enfocar los esfuerzos en transparentar el quehacer oficial. De poco o nada servirán fiscalías y organismos anticorrupción, si no se obliga al aparato gubernamental a transparentar toda su actuación.

La transparencia gubernamental inicia desde el estatuto fundamental que la impone. Así las cosas, en nuestra Constitución General de la República habrá de ser eliminada toda secrecía en el ejercicio público.

El hecho de que en la centuria pasada nuestra Carta Magna permitiera la celebración de sesiones secretas, encontraba justificación en la violencia y turbulencia que se vivía en la secuencia post revolucionaria, pero hoy, a cien años de distancia, resulta obsoleto y anacrónico suponer que el ejercicio de gobierno se realice a escondidas, en lo oscurito, de espaldas al gobernado y se decida en asuntos de interés general mediante sesiones secretas.

FOTOS: Internet

Es por eso que nuestra Carta Magna, siguiendo los lineamientos de la ONU, ha suprimido todo reducto de opacidad en el quehacer público, reservando exclusivamente esa secrecía al Colegio electoral que se integre en el supuesto en que deba nombrarse un presidente de la República interino. Secrecía que también deberá desaparecer en un futuro esperemos no muy lejano

Por lo anterior, lo único secreto que debe seguir prevaleciendo en nuestra Constitución, es el relativo al voto ciudadano al ejercer el derecho soberano de elegir a sus gobernantes y representantes populares. La secrecía debe prevalecer como prerrogativa exclusiva del gobernado al participar en los comicios electorales, y debe proscribirse completamente para el gobernante, quien en todo momento habrá de producirse con absoluta transparencia en el ejercicio público.

Por cuanto hace a Baja California Sur, nuestra Constitución estatal presenta un atraso de 100 años en materia de transparencia, pues aún previene sesiones secretas en la toma de decisiones para diputados, Cabildos y magistrados judiciales. La toma de decisiones en sesiones secretas propicia la componenda, la complicidad, la corruptela.

Debemos desaparecer toda facultad constitucional que legalmente permita la secrecía en el ejercicio público, para propiciar la transparencia. La tendencia democrática moderna exige que se gobierne de cara el pueblo, de frente al gobernado, sin opacidad ni ocultamientos.

Desde la trinchera ciudadana podemos y debemos instar al legislativo local hasta lograr la erradicación en el texto constitucional estatal, de todo vestigio, todo resabio de opacidad y secrecía. Habrá que modificar entonces los artículos 11, 72 y 97 fracción XIV de nuestra Constitución, así como lo conducente en todas las leyes secundarias en vigor, para eliminar las sesiones secretas, que las siguen previendo, tal y como ocurre -por ejemplo- con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia Estatal. No podemos, por un lado, exigir transparencia, y por otro, legalizar la secrecía decisoria oficial.

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