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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado viernes 4 de octubre conmemoramos el bicentenario de la entrada en vigor de la Constitución Mexicana de 1824, tras la caída del efímero Primer Imperio de México. Fue el primer texto constituyente que denominó a nuestra nación como Estados Unidos Mexicanos, y la definió como una república representativa popular federal, libre e independiente, cuya única religión oficial y autorizada era el catolicismo.

El Congreso General Constituyente redactor fue convocado en 1823 y tomó como base el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de enero de 1824, que sirvió para comprometer formalmente a los distintos estados soberanos a constituirse en una República federal, representativa y dotada de una división de poderes tras la caída del Primer Imperio.

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Su genealogía refiere haber tomado como modelo la conformación básica de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, incorporando algunas disposiciones de la Constitución de Cádiz de 1812, así como de la Constitución de Apatzingán.

Destaca en su contenido el establecimiento de la división de poderes, con lo que se constituyó el PoderJudicial, sus atribuciones y funciones, con autonomía plena en el ejercicio de sus atribuciones, y dicho poder se depositó en la primera Corte Suprema, que desde entonces tiene la encomienda de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a que se les administre justicia, de manera pronta, completa e imparcial, y se integró por once ministros y un fiscal, divididos en tres salas.

A doscientos años de la vida constitucional mexicana, la nación enfrenta una severa crisis generada por una reforma constitucional que, en gran parte de su contenido, resulta contraria a los principios y postulados básicos, consagrados en el texto anterior a la reforma, en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, y en los principios que rigen su interpretación y aplicación.

Ante el embate a la autonomía judicial y la eliminación de la carrera judicial que la reforma constitucional aprobada al vapor, y más por consigna que por convicción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea una propuesta de reforma, que en un Estado democrático debe al menos ser escuchada y analizada por el Congreso de la Unión.

De manera sintética, la proposición se hace consistir en nueve aspectos torales a destacar entre 66 puntos que integran la propuesta alternativa de Reforma Judicial, que a continuación se enlistan:

1.- ÉTICA JUDICIAL: Revisión de procesos, estandarización de carreras, y transparencia.

2.- FORTALECER PODERES JUDICIALES LOCALES: Más recursos, reformas y juicios orales.

3.- DISEÑO NORMATIVO SUSTANTIVO Y PROCESAL: Eliminar arraigo y prisión preventiva; fortalecer el amparo.

4.- SEGURIDAD PÚBLICA: Desmilitarización y mejora en control de armas.

5.- INVESTIGACIÓN CRIMINAL: Mejora de protocolos, búsqueda de desaparecidos, formación de fiscales, policías y mecanismos de justicia.

6.- SERVICIOS FORENSES Y PERICIALES: Nueva ley general de servicios forenses y mayor independencia.

7.- DEFENSORÍA PÚBLICA: Más recursos, autonomía y carrera profesional.

8.- ATENCIÓN A VÍCTIMAS: Mejoras en atención médica y apoyo psicológico.

9.- EJECUCIÓN PENAL: Protección de vulnerables y adecuación de prisiones.

En ESTE ENLACE puedes consultar el texto completo de la propuesta.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En México, los organismos autónomos son entidades públicas que gozan de independencia y autonomía respecto de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Estos organismos tienen como objetivo garantizar la imparcialidad, transparencia y eficiencia en la gestión pública, no están sujetos a la dirección o control directo de los poderes del Estado. Tienen facultades para tomar decisiones y actuar sin necesidad de autorización previa. Cuentan con personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado, tienen recursos patrimoniales y financieros propios, aunque pueden recibir asignaciones presupuestarias.

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En síntesis, Los organismos autónomos en México juegan un papel fundamental en la promoción de la democracia, la justicia y el Estado de derecho.

Características clave de los organismos autónomos en México

1. Independencia: Los organismos autónomos deben operar de manera independiente del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que les permite tomar decisiones sin influencias políticas.
2. Protección de derechos: Organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos.
3. Transparencia y rendición de cuentas: Los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) promueven la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno.
4. Regulación y supervisión: Organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) regulan y supervisan sectores estratégicos de la economía.
5. Imparcialidad: Los organismos autónomos toman decisiones basadas en la ley y los principios de justicia, sin favoritismos políticos.

Los organismos autónomos son considerados pilares de la democracia participativa. Pese a ello, el Ejecutivo federal presentó el 5 de febrero hogaño una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer siete de esos organismos, misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados, y se encuentra pendiente de aprobación por parte del Senado de la República. El objetivo de la reforma es que los órganos afectos a la iniciativa desaparezcan, y sus funciones y atribuciones sean absorbidas por las secretarías de Estado de las que derivan, dando control absoluto de las mismas al poder ejecutivo.

La desaparición de los órganos autónomos pretende justificarse en la necesidad de reducir gastos presupuestales, pues de 2018 a 2024 se les asignaron 32 mil millones de pesos, y a criterio del Ejecutivo y de los diputados afines a su movimiento, ese dinero podría utilizarse de manera más eficiente en programas sociales, como las pensiones para adultos mayores, lo cual resulta contrario a los fines y objetivos propios de una política pública de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

Los organismos cuya desaparición se propone son

• Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) cuya misión es promover la competencia y evitar prácticas monopólicas, podría ver sus funciones absorbidas por la Secretaría de Economía.
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el encargado de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, y sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encarga de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales; se busca transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del poder Legislativo y Judicial. La responsabilidad sobre la transparencia de los partidos políticos quedaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE). La desaparición del INAI tal vez sea el principal objetivo de esta reforma.

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) genera información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, lo que permite mejorar la toma de decisiones en la materia. Sus funciones serían absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
• Comisión Reguladora de Energía (CRE) regula diversas actividades en el sector energético, incluyendo la electricidad y los hidrocarburos. Sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Energía.
• Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) regula la exploración y extracción de hidrocarburos en México, y sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía.
• Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) que regula el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar y la mejora de las escuelas. Curiosamente, este organismo fue creado por la actual administración federal. Sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Educación Pública.

Corolario

Los organismos autónomos en México son entidades independientes que trabajan para garantizar la imparcialidad, transparencia y eficiencia en la gestión pública, son herramientas indispensables en el ejercicio de la democracia , y su desaparición centra el poder en el Ejecutivo, representando un retroceso de más de 50 años en materia de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La escasez de agua es un desafío persistente en Baja California Sur, una región caracterizada por su clima árido y su geografía única. Desde los tiempos de sus habitantes originales, las comunidades han desarrollado estrategias ingeniosas para sobrevivir en un entorno con recursos hídricos limitados. En la actualidad, la situación se ha vuelto crítica, y es fundamental analizar cómo se ha enfrentado este problema a lo largo de la historia y qué soluciones pueden implementarse para garantizar el acceso al agua en el futuro.

Los pueblos indígenas, como los cochimies y los pericúes, habitaban BCS mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. Estos grupos establecieron técnicas de recolección y almacenamiento ade agua que les permitieron sobrevivir en condiciones adversas, utilizando pozos, cisternas y sistemas de captación de agua de lluvia, además de conocer los manantiales naturales de la región. Su comprensión del entorno les permitió utilizar este recurso de manera eficiente, asegurando su subsistencia a pesar de las limitaciones.

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La conservación del agua entre estas comunidades se basaba en un entendimiento profundo de los ciclos naturales. Sin embargo, la llegada de los colonizadores y el desarrollo de la agricultura a gran escala alteraron significativamente estas prácticas, llevando a un uso insostenible de los recursos hídricos. Las técnicas tradicionales fueron reemplazadas por métodos que no consideraban la sostenibilidad, lo que resultó en la sobreexplotación de los acuíferos y una notable disminución de los recursos hídricos locales.

Actualmente, Sudcalifornia enfrenta una de las crisis de agua más severas del país. Según datos del Sistema Nacional de Información sobre el Agua (SINA), el Estado presenta un déficit hídrico que afecta tanto a áreas urbanas como rurales. La Paz, por ejemplo, ha experimentado un crecimiento poblacional rápido, pero la infraestructura hídrica no ha podido mantenerse al día. Un 50% de la población carece de acceso regular a agua potable, lo que pone en riesgo la salud y calidad de vida de miles de habitantes. Este escenario se complica aún más por la falta de inversión en infraestructura y la creciente demanda generada por el turismo y la agricultura.

Las sequías recurrentes, agravadas por el cambio climático, han intensificado la escasez del agua. Las condiciones climáticas extremas han llevado a una disminución en su disponibilidad, afectando tanto el suministro urbano como rural. La agricultura, que sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos en la región, ha tenido que adaptarse, pero muchas familias rurales continúan enfrentando dificultades por la falta de acceso a este recurso vital. Esto ha generado un ciclo de pobreza y desigualdad que se perpetúa en el tiempo.

Lo que hay y lo que falta

Diversas iniciativas han surgido para abordar la problemática del agua en Baja California Sur. El gobierno estatal ha implementado programas para mejorar la infraestructura hídrica, como la construcción de plantas desalinizadoras y sistemas de captación de agua de lluvia. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo se ven limitados por la falta de financiamiento y la coordinación entre diferentes entidades gubernamentales. La implementación de políticas efectivas requiere una estrategia integral que considere las necesidades de todas las comunidades afectadas.

Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel crucial en la sensibilización y educación sobre la conservación del agua. Proyectos que fomentan el uso de tecnologías sostenibles y la recolección de agua de lluvia están siendo implementados en comunidades rurales, ayudando a mitigar el impacto de la escasez. Además, estas organizaciones trabajan para empoderar a las comunidades, brindando capacitación en técnicas de gestión del agua y promoviendo la participación activa en la toma de decisiones.

Para abordar la crisis del agua de manera efectiva, es esencial adoptar un enfoque integral que combine la gestión sostenible de los recursos hídricos con la participación comunitaria. Algunas soluciones incluyen fomentar programas educativos que informen sobre la importancia de la conservación y las técnicas de uso eficiente; promover el uso de tecnologías de riego eficientes; establecer un marco de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil; e involucrar a las comunidades en la toma de decisiones sobre la gestión del agua, asegurando que sus necesidades y conocimientos sean considerados.

La situación en BCS requiere atención urgente y un enfoque colaborativo. Aprender de las estrategias de los habitantes originales puede ofrecer valiosas lecciones sobre la gestión sostenible del agua. Es crucial que tanto las autoridades como la sociedad civil trabajen juntas para implementar soluciones efectivas. Cada acción cuenta; desde reducir el consumo diario de agua hasta participar en proyectos comunitarios, todos podemos contribuir a un futuro más sostenible. La conservación del agua es responsabilidad de todos, y la participación activa de la comunidad es clave para forjar un camino hacia la resiliencia hídrica en la región.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el argumento no acreditado de que el poder judicial federal es corrupto y está al servicio de la cúpula del poder, se gesta una reforma constitucional que desarticula la estructura actual, tanto del del poder judicial federal como del poder judicial de cada entidad del país.

Analizando el contenido y alcance de la reforma, lejos de combatirse la corrupción, el nuevo esquema estructural y procedimiento de selección de jueces, magistrados y ministros, la hace más propicia, y en lugar de blindar al poder judicial de la probable influencia de grupos de poder, la facilita y la normaliza, pues el proceso de selección por voto popular implica necesariamente la realización de campañas promocionales, pues es verdad sabida que en el ánimo del electorado pesa más la popularidad que la preparación profesional.

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El votante puede o no conocer a un candidato, pero difícilmente podrá evaluar su calidad profesional, aptitud, bonhomía e integridad, de ahí que la elección por voto popular, lejos de ser un procedimiento democráticamente eficaz, se convierte en una burda mascarada que facilitará a los grupos de poder, como oligarcas y organizaciones del crimen organizado, financiar e impulsar la campaña electoral de candidatos afines a sus intereses, quienes de resultar electos para ejercer como impartidores de justicia, estarán obligados a retribuir en su ejercicio público, el favor y el apoyo recibidos para alcanzar el escaño del juzgado, la magistratura o ministerio jurisdiccional.

Si bien, el poder legislativo, copado por una mayoría parlamentaria al servicio del Ejecutivo en turno ha aprobado aceleradamente la reforma judicial, con el respaldo de la mayoría de las legislaturas locales dominadas por la coalición política en el poder, aún falta que la Corte resuelva las múltiples acciones de inconstitucionalidad que habrán de interponerse, pero de quedar firme la reforma, entre las consecuencias que habremos de enfrentar, destacan las siguientes, en tratándose del Poder Judicial de la Federación.

• Jueces, magistrados y ministros actuales serán removidos de su cargo por el simple hecho de tener, actualmente, ese encargo. Es decir, sin importar antigüedad, bagaje académico, grado de especialización. Sin consideración alguna, serán removidos de su encargo, lo cual se constituye en una flagrante violación de sus derechos humanos, como el debido proceso administrativo y todos los derechos laborales adquiridos. En su lugar, serán nombrados mediante voto popular quienes los sustituyan.
• Se reduce de 11 a 9 el número de ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya presidencia se renovará cada 2 años. Los ministros durarán doce años en el cargo y no podrán ser reelegidos.
• Desaparecen la 1ª y 2ª Sala de la SCJN, lo cual implica una pesada redistribución de la carga de trabajo, con el consecuente retraso en la administración de justicia.
• Desaparece el actual Consejo de la Judicatura y se crean el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, un auténtico tribunal de inquisición, que podrá remover a cualquier juez, magistrado o ministro, bajo parámetros de operación poco claros, y estará compuesto por cinco miembros que durarán 6 años sin opción a reelección. Evaluarán al personal del Poder Judicial al año en que asuman su cargo y si no es acorde a sus lineamientos, los podrán suspender, destituir e incluso dar vista al Ministerio Público de la Federación para fincarles un proceso penal.
• Los poderes de la Unión postularán a los candidatos para jueces, magistrados y ministros, el Comité de Evaluación, seleccionará entre ellos, incluso por sorteo aleatorio, a quienes aparecerán en la boleta electoral.
• El INE llevará a cabo el proceso de elección popular y declarará validez de la elección.
• Habrá un proceso electoral extraordinario 2024-2025 y se elegirá al 100% de ministros de la SCJN, magistrados faltantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. La mitad de todos los jueces y actualmente en funciones, será removida el primer domingo de junio de 2025.
• El periodo de los ministros de la SCJN que resulten electos en la elección extraordinaria durará 8 y 11 años, por lo que vencerá el año 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente. Los jueces y magistrados electos en 2025 concluirán sus nombramientos en 2033. Los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial podrán permanecer hasta 2027 y los que sean elegidos para cubrir las actuales vacantes, lo harán hasta 2033.

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FOTOS: Archivos.

Colaboración Especial

José Luis Cortés

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En un Estado donde las playas de arena blanca y los lujosos resorts parecen prometer un futuro dorado, la realidad para muchos habitantes de Baja California Sur es muy diferente. A pesar del crecimiento económico impulsado por el turismo y la industria inmobiliaria, un 24.2% de la población vive en condiciones de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Esta cifra, aunque inferior a la media nacional, revela una necesidad urgente de acciones efectivas.

Mientras en las zonas rurales de Los Cabos, La Paz y Loreto brillan como destinos turísticos, las comunidades de este tipo en Mulegé y Comondú enfrentan una dura realidad. En las zonas rurales de Los Cabos, el 32% de los habitantes carece de acceso a servicios básicos como agua potable, lo que agrava las condiciones de vida. La educación, vital para el progreso, también queda rezagada: en estas áreas, la tasa de deserción escolar alcanza el 25%, frente al 10% en las zonas urbanas. Las escuelas, muchas veces sin infraestructura adecuada, se convierten en un reflejo de la falta de oportunidades.

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El gobierno ha intentado abordar esta problemática a través de iniciativas como el Programa Integral de Desarrollo Rural y Educativo (PIDRE), enfocado en mejorar la infraestructura escolar y capacitar a docentes. Sin embargo, los recursos han sido insuficientes. En 2023, solo el 15% de las escuelas rurales contaba con acceso a Internet, limitando el aprendizaje tecnológico.

En el ámbito rural, los proyectos de agricultura sostenible están en marcha, pero su impacto es mínimo. Según el Consejo Estatal de Población, un 40% de las familias rurales enfrenta inseguridad alimentaria, comprometiendo su calidad de vida.

La solución a esta crisis requiere una estrategia que integre desarrollo económico y social. Expertos sugieren fomentar la participación comunitaria y crear cooperativas que empoderen a los habitantes, mejorando su capacidad de negociación en el mercado.

La colaboración con el sector privado también puede ser clave. Iniciativas de turismo comunitario han demostrado ser exitosas en otras regiones y podrían replicarse en BCS, generando ingresos y respetando las culturas locales.

A pesar de los esfuerzos, la falta de coordinación entre entidades gubernamentales y la escasa inversión en proyectos a largo plazo son obstáculos importantes. La migración de jóvenes a las ciudades agrava la falta de mano de obra en el campo, complicando aún más la situación.

Es esencial reevaluar las prioridades en la inversión pública. La educación y el desarrollo rural deben considerarse como inversiones fundamentales para el futuro del estado. Con un enfoque inclusivo y sostenible, BCS puede avanzar hacia un desarrollo más equitativo.

Sociedad Civil en acción

Organizaciones no gubernamentales están desempeñando un papel crucial en la mitigación de la pobreza. Proyectos que ofrecen capacitación en habilidades técnicas y financieras están surgiendo en diversas comunidades, fomentando la mentalidad emprendedora.

El uso de tecnologías digitales en la educación también abre nuevas oportunidades. Programas que conectan a estudiantes rurales con tutores en línea han demostrado mejorar los resultados académicos, pero requieren apoyo gubernamental y privado para expandirse.

El camino hacia la reducción de la pobreza en Baja California Sur es complejo. La intersección de educación, desarrollo rural y participación comunitaria es vital para construir un entorno en el que todos los ciudadanos puedan prosperar. Las políticas públicas y las iniciativas privadas deben trabajar juntas para abordar las desigualdades persistentes.

Sin embargo, el cambio no sólo depende de las autoridades. Cada uno de nosotros puede contribuir, aportando nuestro granito de arena. Ya sea a través del voluntariado en organizaciones locales, apoyando a emprendedores de la región, o simplemente informándonos y sensibilizando a otros sobre la situación que enfrentan muchas comunidades. Cada acción cuenta y puede marcar una diferencia significativa en la vida de quienes más lo necesitan. En este momento crucial, el compromiso colectivo es la clave para forjar un futuro más justo y equitativo para todos.

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