FOTO: YouTube / Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este día, desde el Congreso del Estado, la diputada Karina Olivas Parra exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizar las investigaciones necesarias en el caso del presunto delito de maltrato animal, derivado del asesinato masivo de perros en Puerto San Carlos, municipio de Comondú.

A través de un comunicado de prensa del Congreso de BCS, se informa que también solicitó al Ayuntamiento de Comondú que aplique las sanciones administrativas a los responsables de la muerte de masiva de perros en San Carlos, con independencia de las posibles sanciones penales que pudieran derivarse.

También exhortan al Ayuntamiento de La Paz para que verifique las condiciones e infraestructura con que opera el Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC), fortaleciendo su presupuesto y capacidades operativas para el cumplimiento de los derechos animales, garantizando buenos niveles de bienestar, disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés, así como la disposición final en fosas sanitarias o crematorios bajo estrictas medidas de salud pública; y a los cinco ayuntamientos a que modifiquen sus reglamentos y/o acuerden en sus cabildos el negar cualquier permiso de instalación a giros comerciales dedicados a la venta de pirotecnia y explosivos en los municipios de BCS, dadas las consecuencias negativas e impacto en la salud de los animales.

La legisladora Olivas Parra manifestó que, lo anterior, deriva de una serie de casos de maltrato animal como la del pasado mes de octubre respecto a un cementerio clandestino de caninos en La Paz, atribuyéndose la mortandad al CEMAC; en diciembre del mismo año, fueron encontrados en el municipio de Comondú los restos de alrededor de 18 perros; en los meses de diciembre y enero recientes fueron múltiples las denuncias en todos los municipios de la entidad por la incontrolable detonación de pirotecnia y explosivos, con motivo de las fiestas, lo que ha causado sufrimiento y hasta heridas físicas en animales domésticos.

Al término de la sesión, las diputadas Karina Olivas, Guillermina Díaz  y diputados Sergio Guluarte, Erick Ivan Agundez y Fabrizio del Castillo, escucharon inquietudes ciudadanas de asociaciones pro animal y en contra de la pirotécnica, quienes les solicitaron la intervención de representantes del poder legislativo para frenar y castigar el maltrato animal así como para sumarse a los trabajos legislativos que se presentaron durante la sesión y su seguimiento.

Propone Diputado prohibir pirotecnia

En otro comunicado oficial, se da a conocer que, a propósito del maltrato animal, el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, busca reformar el Artículo 18 de la Ley de Protección de los Animales Domésticos de BCS, estableciendo a nivel estatal la prohibición del uso de artificios pirotécnicos de tipo petardo o trueno que produzca efectos sonoros superiores a los 80 decibeles.

“La pirotecnia encierra múltiples riesgos que no deben ignorarse, motivo por el cual es importante reflexionar sobre los riesgos que representan y buscar alternativas más seguras y amigables con la salud y el medio ambiente” señaló Agúndez Cervantes; éste reiteró que es necesario legislar para garantizar la salud de las personas  y los animales por medio de acciones y que sólo permitan los festejos religiosos, patrios o particulares a través del uso de efectos visuales como fuegos artificiales, sin efectos sonoros dañinos para las personas y animales, espectáculos láser, video mapping, de drones o equivalentes, en lugar de los dispositivos sonoros como los petardos.

FOTO: Archivo / Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Pasadas las fiestas decembrinas, y tras diversos acontecimientos durante los mencionados festejos, el diputado Sergio Guluarte Ceseña, desde el Congreso del Estado, hizo un llamado a las autoridades municipales de la entidad, para que prohíban y sancionen de manera severa de acuerdo a la ley, la elaboración, comercialización, transporte y uso de pirotecnia.

Ahí mismo, Guluarte Ceseña expuso ser necesario y de vital importancia la unión de esfuerzos y debida coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales de la mano con el Congreso de BCS, a efecto de realizar en los cinco municipios de la entidad, diversos foros y reuniones.

“Me pronuncio porque se dé la coordinación y unión de esfuerzos entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y este Congreso del Estado, a fin de sancionar la venta indiscriminada de pirotecnia; así como, para que se prohíba la venta, compra, posesión y manipulación de pirotecnia en la vía pública y que sean tipificadas estas conductas como delitos, o bien, como faltas administrativas agravadas”, dijo.

El legislador concluyó que es de suma importancia y relevancia la prevención, al considerar que la misma es la base fundamental para crear conciencia, de igual manera, el reforzamiento de los operativos de aseguramiento y vigilancia al transporte, almacenaje y la venta ilegal en comercios ambulantes y establecidos de pirotecnia. “No puede ser un acto de diversión provocar estallidos que alteran la paz y la tranquilidad, y causan estrés en personas y mascotas”.

Al término de la sesión diputadas Karina Olivas, Guillermina Díaz  y diputados Sergio Guluarte, Erick Ivan Agundez y Fabrizio del Castillo, escucharon inquietudes ciudadanas de asociaciones pro animal y en contra de la pirotécnica, quienes les solicitaron la intervención de representantes del poder legislativo para frenar y castigar el maltrato animal así como sumarse a los trabajos legislativos que se presentaron durante la sesión y su seguimiento, concluye el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

Foto: Freepik.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Registro Civil en México se instituyó el 28 de marzo de 1857, por el presidente Ignacio Comonfort, mediante la expedición de la Ley del Registro Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1857, con el objetivo de registrar y certificar los actos y hechos relativos al estado civil de las personas como nacimientos, matrimonios, defunciones y otros eventos importantes en la vida de los ciudadanos.

Los objetivos específicos del Registro Civil en México son:

1.- Registrar y certificar los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, como nacimientos, matrimonios, defunciones y otros eventos importantes en la vida de los ciudadanos.

2.- Proporcionar certificados y documentos que acrediten la identidad y el estado civil de las personas, lo que es fundamental para ejercer derechos y cumplir con obligaciones legales.

3.- Mantener un registro actualizado y confiable de la población, lo que permite a las autoridades tomar decisiones informadas sobre políticas públicas y programas sociales.

4.- Proteger los derechos de las personas, especialmente en lo que respecta a su identidad, nacionalidad y estado civil.

5.- Facilitar la realización de trámites y procedimientos legales, como la obtención de documentos de identidad, la celebración de matrimonios y la sucesión de bienes.

En resumen, el Registro Civil en México es una institución fundamental que tiene como objetivo registrar y certificar los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, y proporcionar certificados y documentos que acrediten la identidad y el estado civil de los ciudadanos.

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Nuevo formato de certificados de nacimiento

El 26 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifican los modelos de los formatos para la expedición del certificado de nacimiento

Entre las novedades del nuevo formato, destaca el registro del sexo del infante, que marca TRES opciones:

1.- Hombre

2.- Mujer

3.- No especificado

¿NO ESPECIFICADO? El sexo biológico del recién nacido es 100% especificable, científicamente. Independientemente de ello, para efectos de certeza registral, basta apreciar los rasgos sexuales biológicos a partir de la evidencia física apreciable, razonablemente certeros: los hombres tienen pene y testículos. Las mujeres tienen vagina. El sexo biológico es uno de los datos identitarios indispensables para lograr la identificación certera de personas. Registrarlo como indeterminado es sembrar un dato incierto en el acta registral y le resta valor identitario.

Si socialmente es relevante tener un registro de las preferencias sexuales de las personas, lo correcto es incorporar un apartado destinado a quienes deseen que su género o preferencia sexual se asiente en su documento registral, pues el género o preferencia sexual esta condicionado a la autopercepción.

De la misma manera, como se permite en el acta de nacimiento que se registre la autopercepción del registrado —o de quien legalmente le represente— respecto a su origen étnico, el género o preferencia sexual puede ser insertado, pero en un apartado distinto al del sexo biológico. Así se evita restar eficacia probatoria y se mantiene la certeza identitaria del certificado de nacimiento, por ser el sexo biológico un dato científicamente indubitable y por otro lado el género o preferencia sexual se sujeta exclusivamente a la autopercepción del individuo, y puede ser incierta, cambiante, imprecisa y, sobre todo, científicamente inapreciable.

Debe respetarse la preferencia sexual de las personas, pero también se debe respetar la necesidad de mantener un registro de datos ciertos en las actas registrales. Incorporar el apartado de GÉNERO sin excluir el de SEXO BIOLÓGICO dará certeza identitaria a las actas de nacimiento, y ampliar esa incorporación a todos los documentos de identificación, dará certeza jurídica identitaria.

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Explicaciones Constructivas

Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). La noticia que está al día y que tiene en discusión a los legisladores del Congreso de México, es la Reforma a Ley del Infonavit. Para entenderla mejor es importante conocer la historia de este Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, llamado coloquialmente Infonavit. Y es que muchas veces la mala información, o no conocer el pasado, nos hace anunciar un fracaso futuro en el desarrollo de la vivienda y, sobre todo, el uso discrecional de los ahorros de los trabajadores en México.

El Infonavit se creó por decreto de ley en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 1972, para iniciar operaciones el 1 de mayo de ese mismo año; el primer proyecto de construcción de vivienda se inició en agosto de ese año en la ciudad de Tijuana, Baja California, para después abarcar toda la República Mexicana.

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Inicialmente, el Instituto utilizó recursos del propio gobierno y las aportaciones patronales que, por ese tiempo se iniciaban con 5% del salario del trabajador, y que el propio gobierno administraba. Por fin, el 23 de marzo del año siguiente se entregan las primeras 5 mil viviendas en Iztacalco a igual números de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Infohistoria

Cabe destacar que la historia del Infonavit va estrechamente ligada al IMSS, y por ende, ambas dependen completamente de las aportaciones patronales y vienen funcionando como dependencias paraestatales, o sea: que el gobierno no aporta ningún recurso financiero para su operación. Para que los trabajadores sean beneficiados con una vivienda de crédito Infonavit, tiene qué tener un empleo formal en alguna empresa privada.

En toda su historia ha tenido importantes reformas, que han hecho del Infonavit una entidad financiera muy importante y a la vanguardia en temas relacionados con créditos hipotecarios en México. Como parte opuesta se tiene al Fondo de Vivienda de trabajadores del ISSSTE (Fovissste) que tiene como beneficiarios a los trabajadores del gobierno; el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) que otorga a los elementos del Ejército Mexicano; y por último, los créditos hipotecarios bancarios que otorgan las entidades bancarias.

Una de las reformas más importantes para el Infonavit fue la del año de 1992, que creó la subcuenta de vivienda a cada trabajador, para, de ahí, diagnosticar el monto del crédito para comprar vivienda; pero la más importante fue la de convertirse 100% en una dependencia de carácter financiero, algo parecido a una institución bancaria, y por lo tanto dejaba de construir vivienda y establecía reglas para las constructoras y que sean los constructores quienes realicen la vivienda.

Desde ese año hasta la actualidad, el Infonavit ha logrado tener una bolsa de cerca de 13 mil millones de pesos, debido a sus buenas finanzas derivadas de presiones sobre los patrones para cumplir puntualmente con las cuotas obrero-patronales, y con los trabajadores morosos obligándolos a pagos oportunos: en casos contrarios, se procede a embargos de la vivienda y posterior reventa. Estos aspectos, aunque jurídicamente legales, crearon inconformidad sobre todo en los trabajadores acostumbrados a no pagar créditos y, mucho menos, de manera puntual. Esta medida fue aprovechada por el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, de condonar deudas impagables a cerca de 2 millones de créditos de trabajadores.

Control y más control

Una de las medidas polémicas que el nuevo Gobierno de México implementó —y que ya se venía trabajando desde el gobierno obradorista, pero no lo pudo ratificar por no tener mayoría en las cámaras legislativas—, fue el de cambios en el sistema de comités que regulan al Infonavit, y también que se pueda permitir al propio instituto construir viviendas con el monto que los trabajadores tienen ahorrado a través de las aportaciones patronales que ya se explicó anteriormente.

Aunque la construcción de 500 mil viviendas prometidas por el gobierno entrante suena muy bonito, lo que no se ha dicho, es qué harán con los recursos aportados por los patrones y que son completamente de los trabajadores, o sea que: construirán y venderán casas a los trabajadores con dinero de ellos mismos. Si se tuviera un gobierno que fuera buen administrador «tal vez» se creería en esa buena voluntad, pero la historia nos ha indicado que donde el gobierno entra a administrar recursos económicos, están condenados al fracaso.

Pero los más preocupante de la reforma propuesta por los legisladores de Morena a través de la presidenta Claudia Sheinbaum —que según los noticieros, tiene urgencia de aprobarla sin ni siquiera hacer mesas de trabajo o foros con los actores involucrados—, es sobre la conformación de los comités que regulan al Infonavit y que a su vez nombran a los directivos.

En la actualidad, existen tres comités que regulan el funcionamiento del Infonavit, éstos son: Comité de Vigilancia, Comité de Transparencia y Comité de Auditoría. En todos ellos se tiene una función tripartita, esto quiere decir que se conforman en partes iguales sectores patronales, de los trabajadores y del gobierno. La reforma que se quiere aprobar quitaría la participación del sector patronal y trabajadores, dando más presencia al gobierno.

Por poner un ejemplo, el Comité de Transparencia, que tienen entre sus funciones la protección y acceso a la información de los trabajadores tiene, actualmente, un representante de los trabajadores, uno de los patrones y uno del gobierno: en total, tres integrantes. Después de la reforma, se pretende que el gobierno suba a tres representantes y los otros sectores se queden con uno (serían cinco en total), logrando mayoría en las decisiones. Otro comité y mucho más importante es del Auditoría, que tiene la misma situación y que el gobierno pretende subir su representación a tres integrantes; este comité tiene la función principal de vigilar la administración de recursos, los gastos y operaciones que se hagan con el recurso económico, entre otras funciones.

Con estas reformas se pretende dar control absoluto a la dirección y a los recursos económicos del Instituto que a lo largo de su historia logró mantener; y como ingrediente extra, se tiene que actualmente el Director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, viene de una dudosa administración de Pemex en la anterior administración.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). BCS, un estado que brilla por su belleza natural y su creciente industria turística, enfrenta un desafío que se oculta tras el esplendor de sus playas: el desempleo. A pesar de que las cifras oficiales apuntan a una tasa de desocupación relativamente baja, del 2.41% en el segundo trimestre de 2024, la realidad del mercado laboral es mucho más compleja y revela un panorama lleno de contradicciones y desigualdades.

La población económicamente activa (PEA) en la entidad asciende a aproximadamente 467 mil 275 personas, de las cuales 456 mil están ocupadas. Sin embargo, detrás de estos números se encuentra una alarmante tasa de informalidad laboral, que alcanza el 36.9%. Esto significa que una gran parte de los trabajadores carece de acceso a prestaciones sociales, seguridad social y estabilidad laboral. En este contexto, la precariedad se convierte en la norma para muchos sudcalifornianos.

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Omar Antonio Zavala Agúndez, secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social de BCS, ha destacado que la baja tasa de desempleo es resultado de la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Sin embargo, esta colaboración no parece haber logrado abordar las necesidades de los sectores más vulnerables. Los jóvenes recién egresados enfrentan un mercado laboral que no les ofrece oportunidades adecuadas a su formación, mientras que los adultos mayores son a menudo excluidos de un sistema que parece haber olvidado su valía.

La llegada constante de trabajadores provenientes de otras entidades del país ha creado un “mercado flotante” en BCS. Muchos llegan con la esperanza de encontrar empleo temporal, pero se ven obligados a marcharse rápidamente en busca de mejores oportunidades en otros lugares. Este fenómeno no sólo refleja la inestabilidad del empleo local, sino que también ejerce presión sobre los recursos y servicios disponibles en la región.

A pesar de las iniciativas gubernamentales para fomentar el empleo formal y reducir la informalidad, como ferias del empleo y programas de capacitación, los resultados son decepcionantes. La creación de vacantes no siempre se traduce en oportunidades accesibles para todos. Aunque hay alrededor de 480 vacantes disponibles en La Paz y cerca de 600 en Los Cabos, muchos aspirantes no cumplen con los requisitos o simplemente no tienen acceso a la información necesaria para postularse.

Los salarios también son un tema crítico. El salario promedio mensual en BCS es de 11 mil 400 pesos, cifra que puede parecer atractiva, pero que no garantiza una calidad de vida digna. La inflación y el aumento en el costo de vida han erosionado el poder adquisitivo de muchas familias, dejando a muchos trabajadores luchando por llegar a fin de mes.

La desigualdad social se manifiesta claramente en el acceso al empleo. Las mujeres representan el 40.5% de la fuerza laboral, pero enfrentan barreras significativas para acceder a puestos bien remunerados y estables. La falta de políticas efectivas que promuevan la igualdad laboral agrava esta situación.

El impacto del desempleo va más allá del ámbito económico; afecta también la salud mental y emocional de la población. La incertidumbre económica genera ansiedad y estrés entre quienes buscan trabajo o quienes están atrapados en empleos informales, sin futuro claro. Esta situación no sólo afecta a los individuos, sino también a sus familias y comunidades.

El panorama del desempleo en BCS es un reflejo complejo de oportunidades y desafíos. Aunque las cifras oficiales sugieren un estado saludable en términos laborales, la realidad detrás de esos números revela una lucha constante por parte de muchos sudcalifornianos por encontrar empleos dignos y estables. La informalidad laboral sigue siendo un obstáculo significativo que debe ser abordado con urgencia.

Para enfrentar estos retos, es fundamental que tanto el gobierno como el sector privado trabajen juntos para crear políticas inclusivas que promuevan no sólo la generación de empleos, sino también su formalización y estabilidad. La inversión en educación y capacitación será crucial para preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral cambiante y exigente.

BCS necesita mirar más allá de las estadísticas optimistas sobre el desempleo. Es imperativo reconocer las realidades complejas del mercado laboral y trabajar hacia soluciones sostenibles que beneficien a todos sus habitantes. La lucha por empleos dignos debe ser una prioridad si se desea construir un futuro donde cada sudcaliforniano tenga acceso a oportunidades laborales satisfactorias y equitativas.

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