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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La pensión compensatoria es una figura jurídica que busca equilibrar las desigualdades económicas generadas durante el matrimonio, especialmente cuando uno de los cónyuges se dedicó al hogar y perdió oportunidades de desarrollo. Se diferencia de la pensión alimentaria en su finalidad: la primera compensa, la segunda subsiste. En Baja California Sur, su regulación es incipiente, pero puede derivarse de principios constitucionales y convencionales.

La pensión compensatoria es una prestación económica que debe otorgarse a uno de los cónyuges tras el divorcio, cuando se acredita que su dedicación al hogar y a la familia le impidió desarrollarse profesionalmente o generar ingresos propios. Su objetivo es compensar el desequilibrio económico que surge al disolverse el vínculo matrimonial, especialmente, bajo el régimen de separación de bienes.

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Cuadro sinóptico comparativo

Orígentes y antecedentes

España es pionera en regular la pensión compensatoria en su Código Civil (Art. 97). En México, no existe una regulación uniforme. Algunos códigos civiles estatales la contemplan expresamente, otros la derivan de principios constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido su procedencia incluso en ausencia de norma expresa, como mecanismo para proteger el principio de igualdad entre cónyuges.

México ha suscrito y ratificado tres instrumentos internacionales que respaldan la pensión compensatoria como medida de protección:

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): Reconoce el valor del trabajo doméstico y exige medidas para compensar desigualdades.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos: Protege el derecho a la igualdad y a la protección de la familia.
• Protocolo de San Salvador: Reconoce derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo la protección de la familia.

Jurisprudencia relevante SCJN

Փ Tesis 1a./J. 36/2024 (11a.): Reconoce la pensión compensatoria como figura autónoma, distinta de la pensión alimenticia, procedente en divorcios bajo separación de bienes.

Փ Amparo Directo en Revisión 5745/2021: Analiza la pensión compensatoria en el contexto del concubinato, destacando su fundamento en el principio de igualdad y no discriminación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha emitido jurisprudencia específica sobre pensión compensatoria, pero ha desarrollado criterios sobre igualdad de género, protección de la familia y reparación integral, que sustentan su aplicación.

Marco legal en BCS

El Código Civil de Baja California Sur no ha sido debidamente armonizado ni actualizado conforme a los estándares internacionales, presenta un grave atraso en materia de adecuación de los compromisos internacionales suscritos por nuestro país, acusando un grave retraso legislativo, y en la especie, no regula expresamente la pensión compensatoria. Sin embargo, es posible promover y obtener en la vía civil y familiar una pensión compensatoria en los términos planteados, argumentando y fundamentando:

◆ Invocando el principio de igualdad entre cónyuges (Art. 4 constitucional).

◆ Solicitarse como medida de reparación en juicios de divorcio, especialmente bajo el régimen de separación de bienes.

◆ Los jueces locales deben aplicar criterios de la SCJN y tratados internacionales para concederla, incluso sin norma expresa.

Retos y oportunidades

Falta de regulación expresa en el código civil local.

Desconocimiento de la figura por parte de operadores jurídicos

Oportunidad de litigio estratégico para establecer precedentes en Baja California Sur.

Potencial de protección a mujeres que dedicaron su vida al hogar sin generar patrimonio propio.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM), anunció la aprobación, por parte de las y los integrantes del Comité Estatal de Ordenamiento Ecológico, del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de Baja California Sur (POER BCS), un instrumento clave que orientará las decisiones sobre el uso del territorio y la protección del patrimonio natural del Estado.

La titular de la SEPUIMM, Carolina Armenta Cervantes, destacó que este logro representa un paso fundamental en la construcción de un modelo de desarrollo equilibrado, sustentable y con visión humanista. Asimismo, resaltó el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para la elaboración del documento.

Indicó que este programa fue elaborado con la participación activa de instituciones, sectores productivos, académicos, organizaciones sociales y ciudadanía en general, quienes, durante el proceso de consulta pública del 15 de enero al 30 de abril de 2025, aportaron sus conocimientos, experiencias y propuestas para fortalecer el documento final.

Agregó, que, para garantizar la difusión y la participación, se llevó a cabo una amplia campaña en radio, televisión y redes sociales, con la colaboración de las autoridades de los cinco municipios para la realización de pláticas informativas, lo que permitió la recepción de 83 opiniones por parte de distintos organismos.

Para finalizar, Armenta Cervantes informó que, una vez aprobada esta iniciativa, continuará el proceso de publicación del programa, permitiendo generar un desarrollo más ordenado, con políticas públicas que promuevan la justicia social, la protección ambiental, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.

FOTOS: Santo Tomás en Línea | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, integrante de la fracción del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, presentó iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social para el Estado, con el propósito de fortalecer la atención integral a personas en situación de calle.

La legisladora explicó que la ley estatal sólo contempla el término “indigente”, sin una definición clara ni mecanismos concretos de atención, por lo que propuso sustituirlo por “persona en situación de calle”, además de establecer una definición jurídica y detallar las condiciones que conforman esta situación.

La propuesta contempla reformar la fracción X del Artículo 12, a fin de agregar la obligación del Estado de incluir atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como el tratamiento de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, todo ello con enfoque de derechos humanos.

Asimismo, se propone adicionar la fracción XXIII Bis del Artículo 28 para facultar al Sistema DIF estatal a crear e implementar un Programa Estatal Integral para la Atención de Personas en Situación de Calle, que contemple alojamiento temporal, atención en salud, gestión de identidad jurídica, acceso a educación, capacitación, vinculación laboral y reintegración comunitaria.

Se planteó además, adicionar el Artículo 29 Bis, el cual establece la obligación del DIF de crear y mantener actualizado un registro estatal de personas en situación de calle, con fines diagnósticos, de planeación y seguimiento de políticas públicas, que será revisado cada tres años.

Este registro deberá garantizar la confidencialidad de los datos y promover mecanismos de coordinación interinstitucional, líneas de acción claras y criterios de evaluación, fomentando además la participación activa de los gobiernos municipales, el sector salud, organismos educativos y organizaciones de la  sociedad civil.

Con esta iniciativa, la diputada Karina Olivas Parra busca avanzar hacia una legislación más humana, inclusiva y comprometida con la dignidad de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad extrema.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al encabezar la sesión pública solemne del Congreso del Estado, con motivo del 51 aniversario de Baja California Sur como Estado Libre y Soberano, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó la importancia de reflexionar sobre los avances logrados y los retos pendientes, e hizo un llamado a las y los sudcalifornianos a redoblar esfuerzos para alcanzar un desarrollo más justo y equitativo.

Castro Cosío enfatizó que este ejercicio republicano va más allá de los protocolos y de la historia que representa. “Se trata de una oportunidad para fortalecer las instituciones del Estado, promoviendo el bien vivir en nuestra tierra, en toda su diversidad y pluralidad. Debemos mantener siempre un diálogo constructivo que refuerce la República en la que vivimos», afirmó.

También resaltó el esfuerzo y compromiso de quienes lucharon para que, en 1974, Baja California Sur se convirtiera en un Estado Libre y Soberano, dejando atrás la etapa en que su gobierno estaba a cargo de militares designados por el presidente de la República, para pasar a ser elegido directamente por las y los sudcalifornianos.

El Gobernador de BCS recordó la unión de notables sudcalifornianos, que en 1945 se entrevistaron con el presidente Manuel Ávila Camacho para expresar la sentida demanda de que la región, entonces territorio, contara con gobernantes locales. 20 años después, Hugo Cervantes del Río asumió la gubernatura en 1965, aunque sin pasar por un proceso electivo.

Agregó que, al concluir el mandato, se realizó la histórica asamblea conocida como Loreto 70, en la que se reafirmó la exigencia de gobernadores nativos. Como resultado, Félix Agramont Cota se convirtió en el primer gobernador sudcaliforniano electo que asumió el cargo tras haber ejercido responsabilidades en otra entidad del país.

Por ello, comentó que se exigió que los gobernantes no solo fueran nativos, sino que también tuvieran vinculación con la región, como garantía de conocimiento de la realidad sudcaliforniana. Finalmente, el 8 de octubre de 1974, Baja California Sur se convirtió en Estado Libre y Soberano, y Ángel César Mendoza Arámburo asumió como el primer gobernador electo.

El gobernador Víctor Castro Cosío subrayó que, a más de 50 años de la conversión, la lucha por reforzar la democracia y la justicia continúa, con el compromiso de seguir construyendo un presente y un futuro próspero para todas y todos.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El huracán “Priscilla” se localiza a 355 kilómetros de Cabo San Lucas y, de acuerdo con el pronóstico de su trayectoria, que mantiene paralela a la media península, no representa un riesgo mayor para Baja California Sur. No obstante, las autoridades mantienen la alerta por posibilidad de alto oleaje y lluvias asociadas a los desprendimientos nubosos del fenómeno, actualmente clasificado como tormenta tropical.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, las alcaldesas y alcaldes de los cinco municipios, así como titulares de dependencias federales, estatales y de las Fuerzas Armadas, informaron que hasta esta tarde no se han registrado afectaciones importantes. Solo en Los Cabos y parcialmente en La Paz se reportaron daños menores en infraestructura urbana, los cuales ya están siendo atendidos por las brigadas correspondientes.

Entre los acuerdos alcanzados durante la sesión se determinó el reinicio de clases en todos los niveles educativos a partir de este jueves 9 de octubre, declarar el receso del Consejo, extremar precauciones en las zonas costeras ante el alto oleaje y que cada ayuntamiento evalué el momento oportuno para el retiro de los refugios temporales, además del exhorto a pescadores y a prestadores de servicios turísticos a no realizar actividades marítimas hasta que mejoren las condiciones del oleaje.

Asimismo, se informó que el fenómeno se prevé que comience a debilitarse en las próximas horas, con posibilidad de generar lluvias en los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú, aunque con acumulados menores, de entre 50 y los 75 milímetros.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció el compromiso de las y los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, así como de la ciudadanía, para mantener las precauciones necesarias ante el paso del huracán Priscilla.