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El sistema de justicia penal BCS, colapsado

 

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La reforma constitucional de 2008 generó una revolucionaria transformación del sistema penal, que de ser inquisitivo pasaría a ser acusatorio, oral y adversarial. La promesa de la costosísima implementación de la reforma al sistema de justicia penal, fue terminar con la corrupción, la impunidad, el rezago en la resolución judicial y la despresurización de los centros carcelarios, convertidos en universidades del crimen.

El objetivo primario, -se nos dijo- era obtener a través del debido proceso, y los mecanismos alternos de solución de justicia, un sistema dinámico, transparente y eficiente que permitiera el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar castigar al culpable, que el daño fuera reparado, se protegiera a la víctima, y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos, prevaleciendo en todo momento la presunción de inocencia.

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FOTO: Archivo

Catorce años después, nos encontramos en Baja California Sur, con un sistema de justicia colapsado, con una sobrecarga de trabajo que hace lento, deficiente, costoso, y en muchos casos injusto el proceso penal. Los viejos vicios del llamado sistema tradicional, prevalecen y se ven reflejados en los altos índices de impunidad, corruptibilidad y complicaciones en el engranaje de acceso a la justicia, propiciados principalmente por la falta de voluntad política de los titulares de área, para subsanar las añejas fallas que actualmente prevalecen. El poder judicial estatal ha sido incapaz de enfrentar eficazmente el reto de aplicar la reforma constitucional, con el eterno pretexto de falta de presupuesto, que no es del todo cierto, pues cuentan con un fondo millonario en dólares, del que no se rinde cuentas y se maneja discrecionalmente, atendiendo más a menesteres particulares que al interés público. Se acabaron los fondos federales destinados a la implementación, y se terminó la construcción de instalaciones adecuadas y funcionales.

La excesiva carga de trabajo requiere al menos que se duplique el número de jueces penales y la plantilla administrativa de apoyo. La incapacidad del poder judicial ha hecho imposible abatir el rezago. Hay personas privadas de su libertad que llevan doce años o más en algunos casos, esperando que se les dicte sentencia. Otro aspecto en el que ha fallado el poder judicial, es el de la unificación de criterios. En un mismo partido judicial, enfrentamos criterios contradictorios respecto de casos similares. En Los Cabos, por solo citar un ejemplo, al cumplir dos años de prisión preventiva oficiosa, una persona acusada de secuestro fue puesta en libertad, mientras personas acusadas de delitos que no son de alto impacto, permanecen en prisión preventiva oficiosa por periodos superiores a los dos años que marca como límite tanto la Constitución General de la República, como el procesal nacional de la materia.

El sistema de justicia penal plasma su vertiente en cinco principios fundamentales: publicidad, contradicción, concentración, continuidad y oralidad. Con el pretexto de la pandemia, se negó el acceso del público a las audiencias. Estamos en semáforo verde y sigue la prohibición de acceso, proscribiendo así la publicidad. La concentración y la continuidad son inoperantes. Juicios que debieran ventilarse de manera ininterrumpida, se llevan a cabo en audiencias diferidas, haciendo que un juicio que debiera durar seis días se prolongue en su procedimiento hasta por tres meses. La oralidad se trastoca porque se permite a las partes leer sus argumentos, en lugar de exigir que se viertan de manera oral y directa.

Amén de todo lo anterior, que implica la violación a los principios rectores del proceso y a la incapacidad de alcanzar los objetivos generadores de la reforma, quizá la mayor falla en la implementación del sistema estriba en la inoperancia de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Más del 60 por ciento de los casos que llegan a juicio, pudieron ser solucionados en la vía de la conciliación. No se ha sabido o no se ha querido darle a la conciliación y a la mediación, la importancia que tiene como salida alterna y despresurizadora de la carga de trabajo que enfrentan los juzgados penales en particular, y todos los demás juzgados, en general.

En el discurso oficial, el tribunal de justicia estatal presume la modernización de las herramientas de trabajo en la impartición de justicia, lo cual no es del todo preciso, pues si bien se han digitalizado algunos sistemas y se cuenta con apoyo tecnológico en algunas áreas, lo cierto es que enfrentamos un retraso de 8 años, en comparación con otras entidades de la República que si se encuentran a la vanguardia en tecnología de apoyo. A la fecha, el juzgado penal del sistema tradicional que concentra en La Paz, en todos los procesos que se ventilaban en Los Cabos y La Paz, es incapaz de citar y notificar mediante correo electrónico, lo que obliga a víctimas y procesados que radican en Los Cabos, a trasladarse hasta La Paz, solo para recibir notificaciones.

Las instalaciones físicas del juzgado penal del sistema tradicional y del Juzgado de ejecución de sentencias, así como las instalaciones de los juzgados de Cabo San Lucas, se ubican en la planta alta y no cuentan con elevadores, lo que obliga a justiciables y operadores del sistema con discapacidad motriz, a usar escaleras, en franca violación a su derecho humano a la movilidad, y con riesgo de sufrir una lesión al subir o bajar escaleras con muletas o en sillas de ruedas.

Por todo lo expuesto, es urgente llevar a cabo una reestructuración del aparato de administración de justicia en el Estado.

El Congreso tiene la palabra.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

 




Estoy aquí, aún vivo; extractivismo cultural de Minera El Boleo al pueblo Cochimí

FOTO: Mexicali686 /Interior: Internet

El Desierto Crece

Por Rodrigo Rebolledo

 

 

Estoy aquí

Aún vivo sangre mía

Vivo en tí hermano

Vivo en tí hijo mío

En tí vivo porque existes

¡Estoy aquí! En las piedras

en las montañas, en el volcán

En las cuevas, en el fuego

 -María de la Luz Villa Poblano

 

La Paz, Baja California Sur (BCS).  La apropiación cultural, es la adopción o uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura sin permiso. ​ También se conoce como apropiación cultural indebida, y a menudo es retratada como dañina. En la cultura mediática de la post verdad, la propiedad cultural es un concepto problemático, porque al mismo tiempo que se dan estos procesos de apropiación contra la voluntad de grupos humanos históricamente discriminados, se dan igualmente otro tipo de manejo de los elementos culturales que tiene que ver con la asimilación o aculturación entre dos o más grupos humanos en continuo contacto e interrelación. Pero, cuando el uso de las prácticas e imágenes de una cultura se da sin el consentimiento de una cultura de origen, ello se considera un acto colonial -una violación-, de los derechos a la propiedad intelectual, a la identidad y a tener una cultura propia de estos grupos humanos. Un ejemplo de ello, lo encontramos en la propia sociedad sudcaliforniana, que sin duda, es el caso más reciente en el ámbito.

Se podría decir que Baja California Sur y el noroeste del país, en general es la región más colonizada del país. Además de ser parte de la colonia española, él extremo sur de la península fue durante las primeras décadas de la democracia mexicana un territorio controlado de manera centralizada hasta la segunda mitad del siglo pasado. Luego de un exterminio de los pueblos locales que jamás pudieron asimilar la cultura occidental. Para poblar la región sur de la península, se procedió a introducir mano de obra para explotar la riqueza minera y el potencial agrícola del territorio. Desde luego, esta mano de obra, fue en muchos casos constituida por integrantes de diferentes pueblos indígenas oprimidos del centro del país.

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Juan Manuel Romero Gil, menciona en su trabajo sobre la minería en Santa Rosalía que, la compañía El Boleo, entonces de capital francés, sumó a su fuerza de trabajo miles de indios yaquis como los primeros trabajadores en el mineral. Confinados al trabajo subterráneo, desde 1885 siempre hubo una población que oscilaba entre setecientos y mil indios yaquis. Menciona que es muy probable, que su arribo al mineral se haya dado en medio de la guerra de exterminio que llevó a cabo el Gobierno de México contra su raza. Aunque, los Yaqui trasladaron a Mulegé sus costumbres y creencias. Las tradiciones, aún bajo prohibición de la empresa, de celebrar la Semana Santa con cantos y danzas, ahora forman parte del atractivo cultural de la cabecera municipal que busca certificarse como un pueblo mágico, para impulsar el turismo cultural al norte del Estado. Fueron de los grupos, sin un lugar estable en el mineral. Al parecer, en la política habitacional de la empresa europea no estaba prevista la casa tipo de los mineros de origen yaqui. Estos tuvieron que construir sus casas con materiales sobrantes en las barrancas del pueblo.

Durante el verano, que resulta siempre abrasador en aquellos lugares, la neumonía, la bronconeumonía y la tuberculosis eran la causa de cientos de muertes entre los trabajadores; pues las jornadas que realizaban en el socavón estaban sujetas a climas que oscilaban entre el frío interior y el calor sofocante del exterior. A ello se sumaba un violento proceso de trabajo que consumía un promedio de diez vidas por año en accidentes menciona Romero Gil sobre las condiciones de trabajo.

En total, en esta década fallecieron 4,801 personas lo que corresponde a 436.45 defunciones por año; 36.37 muertes por mes y a 1.25 por día. En especial el trimestre julio-septiembre, de 1906 fue fatal para los habitantes, se sepultaban 2.27 personas por día. Esto obligó a establecer dos nuevos campos mortuorios a los que sobraba clientela. Sin desenterrar ese pasado, el pasado 21 de febrero, la empresa Minera El Boleo, compartió en sus redes sociales una imagen de María de la Luz Villa Poblano, integrante y líder del menguado pueblo Cochimí, y una importante promotora del reconocimiento de su cultura como una en riesgo de desaparición.

La publicación alusiva al Día Internacional de la Lengua Materna menciona a la cultura Cochimí a la cual considera en proceso de revitalización: En el municipio de Mulegé contamos con la presencia de la cultura Cochimí, la cual se encuentra en un proceso de revitalización, en rescate de su lengua y sus tradiciones.  La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen, llevándose consigo su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual, publicaron. El Día Internacional de la Lengua Materna, subraya la importancia de los idiomas en la diversidad cultural, la formación del pensamiento y modalidades únicas de expresión, además de promover el multilingüismo y la preservación de las lenguas en peligro de extinción, aseguraron.

La publicación venía acompañada de una copia no autorizada del rostro de Juanita Tana Villa Poblano, capturada por el reconocido artista visual Miguel Ángel de la Cueva, sin dar crédito ni mencionar al artista o al personaje retratado. Al no ser autorizada, el autor advirtió tener derechos sobre la fotografía. Pero, además, advirtió que al ser de una agente de la cultura Cochimí como lo es Talita Villa Poblano, debía ser utilizada sólo para los fines que ella dio consentimiento. Al advertirlo, sin dar mayor explicación, la empresa minera retiró la imagen. Pero procedió a repetir la publicación palabra por palabra, ahora, usando la fotografía de las manos de una mujer de edad avanzada que parece estar preparando tortillas de harina. Una búsqueda de la imagen a través de herramientas digitales, permite saber que se trata de las manos de una mujer Rabari. Los Rabari (también conocidos como Raikas, o Dewasi) son un grupo étnico de la región Kutch de Gujarat, al este de la India.

El extractivismo es un modelo que se encarga de explotar la riqueza natural para exportarla a otros países, sin ningún tipo de valor agregado. Ese es el modelo de la minería metálica, como la que opera en Santa Rosalía, por parte de la minera El Boleo.

Los pueblos indígenas deben exigir el derecho a la consulta libre, previa e informada antes de que la cultura tangible e intangible sea usada comercialmente por foráneos o usada públicamente por el Estado. Un ejemplo es la promoción de la cultura indígena como la cultura o el atractivo regional o local, cuando los pueblos indígenas han sido sistemáticamente oprimidos y excluidos en esos mismos estados.

La apropiación cultural procede a cosificar la expresión cultural de un pueblo, que la cultura dominante oferta dentro del mercado, mientras que el extractivismo cultural es la sustracción de un saber, conocimiento o arte de un pueblo oprimido para destruirlo. Cabe preguntarse si aquí no solo se está apropiando sin permiso el rostro cochimí de Villa Poblano como uno de los últimos vestigios de esa cultura, pues además de ello, al asegurarse de presentar la cultura en un riesgo auténtico de desaparición como en una falsa revitalización, se está buscando oprimir y destruir su verdadera expresión.

Cabe recordar que, Minera El Boleo, no es la misma compañía francesa que aniquiló a miles de yaquis luego de explotarlos en sus tajos de extracción durante décadas y ahora se trata de una empresa de capital coreano, que recientemente consiguió una ampliación en sus permisos para el área de extracción a través de un proceso de consulta pública anómalo que llevó a la empresa a iniciar una campaña de posicionamiento mediático que continúa desde hace meses.

Las acciones hacia la señora Villa Poblano por parte de Minera El Boleo, se dan en un contexto muy delicado. Cuando en las tierras al norte de este proyecto minero avanzan los planes de otra iniciativa para extraer minerales en tierra Cochimí. Los productores agrícolas del Valle del Vizcaíno en Mulegé, saben de la posibilidad inminente del inicio de operaciones en el sitio por parte de Grupo México con su proyecto conocido como El Arco, en la frontera de las dos californias de la península.

Recientemente, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dividió en dos al acuífero de Vizcaíno para formar otro al que se le puso el nombre de Llanos del Berrendo, al que se le asignó una disponibilidad de poco más de 9 millones de metros cúbicos de agua. Estas acciones, ya son vistas como una preparación para la operación de un proyecto que busca extraer minerales como oro, plata, cobre y molibdeno. En este contexto, el gobernador sudcaliforniano, Víctor Castro Cosío, pidió públicamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda que no autorice el cambio de uso de suelo a la minera El Arco ,por considerar que las acciones de CONAGUA deben ser revisadas antes de que inicie sus operaciones el proyecto minero.

Pero cabe exponer si acaso la proposición del gobernante es suficiente, el territorio en donde conviven las últimas comunidades Cochimíes en Santa Gertrudis, El Arco y Campo Alemán, debería ser considerado el reducto de esa revitalización que informa una empresa minera, mientras otra la amenaza con la desaparición de su forma de vida a través de la agricultura y el arte en una de las zonas más áridas y de difícil acceso del país.

El desierto crece.

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Ultrajes a la autoridad

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ultrajar, significa ajar o injuriar, despreciar o tratar con desvío a alguien, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Los ultrajes, pueden ser expresiones verbales, utilizando palabras ofensivas, injuriosas, o expresiones físicas, que consisten en gestos o ademanes que demuestren ofensa, desprecio o repugnancia. Si bien, todos los códigos penales del país contemplaban el siglo pasado como delito los ultrajes a los agentes de autoridad, la tendencia moderna es eliminar esta figura delictiva, en aras del derecho a la libertad de expresión.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional e invalidó el delito de ultrajes a la autoridad contemplado en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, por encontrar en dicha norma un efecto inhibitorio de la  libertad de expresión y por violentar el principio de taxatividad, es decir, no describen con suficiente precisión las conductas prohibidas.

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La ponencia del ministro Pardo Rebolledo, establece que, la norma violentaba el criterio de la Corte Interamericana de Derechos humanos, -cuya jurisprudencia, resulta obligatoria para los tribunales mexicanos-, y resulta contraria a lo dispuesto en los artículos y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas estas normas que, tutelan el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y expresión, que no puede estar sujeta a censura previa, ni a sanción o persecución.

La impresión en la descripción de la conducta deja a la apreciación de la autoridad el determinar, cuando estamos en presencia de una ofensa, una actitud ofensiva, amenazante o agresiva, lo que genera inseguridad jurídica, el hecho de que, la propia autoridad sea quien valore y determine si esa falta de respeto es una amenaza o una agresión, de acuerdo con la opinión de la ministra Ríos Farjat. Por otro lado, para el ministro Zaldívar, la norma cubre el requisito de legalidad, atendiendo al objetivo plasmado, de proteger la integridad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y es legítimo el prohibir que los amenacen o agredan, pero, las hipótesis que plantea el tipo penal no cubren el criterio de necesidad, porque atenta contra ejercicios legítimos, como el derecho a la libertad de expresión, cuando considera agresiones las ofensas. De sostenerse el criterio que plantea el tipo penal en comento, tendrían que invalidarse prácticamente el 99 por ciento de los tweets que diariamente se redactan en este país; para la ministra Piña, la expresión agreda, es inconstitucional, por incidir en el ámbito tutelado de la libertad de expresión.

En contrapartida, el Gobernador de Veracruz, si bien acató la determinación de la Suprema Corte, promoviendo la derogación del delito de ultrajes a la autoridad en dicha entidad, también manifestó su inconformidad, al considerar que dicha derogación generará impunidad, toda vez que, las personas que están en prisión por la comisión de esta conducta, quedarán en libertad, y además se propiciará un incremento en el número de agresiones contra los policías.

En el caso de Baja California Sur, el Código Penal en vigor en su artículo 303, impone una pena de seis meses a dos años de prisión y multa hasta por cincuenta días, a quien ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas. Habrá que proponer al congreso local, una revisión del tipo penal en cita, para adecuarlo a los estándares actuales consagrados en la Constitución General de la República, los tratados internacionales suscritos por México, y la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de derechos humanos, específicamente, en lo relacionado al respeto a la libertad de expresión.

Así que, estamos en presencia, de otro tipo penal que, debe ser derogado o actualizado en nuestro Código Penal Estatal, asignación que se agrega a la ya larga lista de pendientes de actualización y armonización que refleja el rezago de 14 años que arrastra el marco legal sudcaliforniano.

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Vida en el desierto y el proyecto cultural intermitente

El Desierto Crece

Por Rodrigo Rebolledo

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En medio del desierto del Vizcaíno, teje María Casimira, la maestra Triqui del telar de cintura que con el que, al ras del piso, enmalla al cosmos con su historia. Un hilo de miles de kilómetros que la une con el lugar que la vio nacer, con el pueblo que le enseñó su lengua y su arte.

Para quienes habitamos el desierto, la realidad de que el espacio árido, hostil e inhabitable que pareciera no dar vida en el que se desenvuelve nuestra relación con la natural es -al contrario- un lugar lleno de posibilidades para algo nuevo, algo diferente, algo no prescrito resulta una certeza mucho más asequible que para la mayoría de los habitantes del mundo “moderno”.

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El filósofo alemán del siglo XIX Frederich Nietzche lamentaba el crecimiento del lo desierto en la sociedad europea donde crecía: El desierto crece, hay de aquel que dentro de sí esconde desiertos, garabateó el filólogo del nihilismo en sus últimos cuadernos. Pero para quiénes el desierto no es una figura exótica. Los que saben, reconocen en el desierto todo lo contrario a lo que pregonaron los pensadores eurocéntricos sean proponentes, o críticos, de la modernidad.

La metaforología del desierto: errar de la mano de la palabra y su historia para expropiarla del sentido ominoso en que la filosofía moderna adjudica a lo desierto como signo de la mortalidad de la subsunción del “hombre” al progreso será, sin duda y para siempre, mi proyecto intelectual inacabado.

Dicen mis maestros que el desierto enloquecía a los jesuitas que intentaron cohabitar este brazo arrancado de América al que, creo, todavía no sabemos nombrar (al grado que nuestro Estado se identifica por tres palabras en la República que lo contiene). Lo que vive en el desierto se conserva mejor. Los sudcalifornianos los sabemos bien, en el desierto hay mucha vida, vida por ser vivida, si lo dejamos: el desierto crece.

En 2019 llegó a Baja California Sur el proyecto cultural de la cuarta Transformación con un programa de Cultura Comunitaria. Sin mayores prescripciones que las de realizar diagnósticos culturales con el fin de planear actividades culturales en comunidades periféricas al circuito de producción institucional, el programa parecía más que adecuado para su errancia por el desierto sudcaliforniano. Tan adecuado como que, en su primera iteración, el ambicioso programa se denominó Misiones por la diversidad cultural, sin duda, una referente resonante en el desierto de la esfera cultural sudcaliforniana.

Se realizaron diagnósticos en comunidades donde sus agentes culturales difícilmente tienen acceso a este tipo de herramientas como La Purísima y Ciudad Constitución en Comondú; Villa Alberto Alvarado y Guerrero Negro en Mulegé; así como San Antonio, en La Paz y Santiago, en Los Cabos. Pero también en espacios culturalmente tomados por un circuito de producción comercial y alejados de una visión comunitaria por las presiones de la industria turística como Todos Santos, Cabo San Lucas y Loreto.

A través de los nueve diagnósticos se produjeron nueve eventos culturales en los que el programa se constituía, en su mayoría de acciones realizadas por los mismos agentes culturales de la localidad. Además, a partir de su retroalimentación, se incluyó en el programa al grupo musical La Cochi Con Livais que interpretaba los sones y las polkas que acompañan a los cuadros de danza folklórica.  A Los Grandes del Pardito, que ofrecieron clínicas de guitarra a los jóvenes de las nueve comunidades que visitamos y compartieron el escenario con ellos en todas las ocasiones.

El programa buscaba que los promotores culturales visibilizaran la diversidad cultural de la región. En Loreto, y Constitución y Vizcaíno, pero sobre todo en Los Cabos, el proyecto tuvo lugar con la participación de las comunidades de pueblos originarios Triqui, Mazateco, Mixteos, Popoloca Wirarika, entre otros. Pero también se discutió sobre la cultura comunitaria sudcaliforniana como tal; en Guerrero Negro el evento se realizó en la colonia Solidaridad, lejos del influjo de la empresa salinera que domina todo la vida social de aquella comunidad, y se pudo contar con la presencia de Talita Villa Poblano una de las últimas integrantes del pueblo Cochimí en Baja California Sur quien ofreció un círculo de diálogo sobre sus tradiciones y enfocada en los juegos para niños.

Con menos de cinco millones de pesos, las misiones llevaron un escenario digno para cientos de agentes culturales de las comunidades menos representadas en el ciclo cultural y ofreció un pago justo por sus talleres de un día y números artístico a través de un mecanismo de pago que impedía que los coordinadores tuvieran acceso discrecional de los recursos públicos. Todos los eventos se realizaron por medio de difusión directa en las comunidades y a contrapelo de la participación institucional del gobierno estatal que, entonces, militaba en la oposición política.

El proyecto padeció gravemente con la pandemia y ahora solo subsisten algunos semilleros culturales, este año, el gobierno federal ha asignado un presupuesto de apenas millón y medio de pesos para el ramo de cultura en Baja California Sur.

Por su parte, el gobierno estatal sudcaliforniano aplicará más de 119 millones de pesos para el ramo cultural este 2022. El profesor Víctor Manuel Castro Cosío, no dejó mencionar en cada uno de sus eventos de campaña hacia la gubernatura que habría de impulsar la cultura sudcaliforniana, que ha sido abandonada por las administraciones que le preceden. Le toca al maestro gobernador dejar la enseñanza y el ejemplo para transformar tanto la cultura institucional como la institución de la cultura para brindar justicia a quienes habitan el territorio.

De acuerdo con la clasificación funcional del gasto en el Presupuesto de Egresos del 2022, el gobierno de la cuarta transformación asignó al rubro recreación cultura y otras manifestaciones sociales, la cantidad de 256 millones 16 mil 294 pesos que representa el equivalente al 1.4% del total del presupuesto. La propuesta estatal comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras manifestaciones sociales, servicios de radio, televisión y editoriales, actividades recreativas y la investigación y desarrollo relacionados con el esparcimiento.

Este componente incluye otras actividades como el deporte, promoción turística y otros, sin embargo, al Programa Estatal de Cultura, se asignan 116 millones 751 mil 349 pesos, un número similar a deporte y 23 millones radio televisión y editoriales. Mientras que, este programa, en 2020 y 2019 recibió 90 millones 481 mil 610 pesos, el presupuesto de este este año representaría un incremento de 22.4 por ciento con respecto al gobierno anterior. Pero tomando en cuenta la inflación es tan solo una décima parte de lo asignado.

Sin duda tengo herramientas para acabar mi metaforología del desierto con recursos propios y publicarla con apoyo de iniciativas de publicación de obra que impulsa ya este gobierno. Pero Doña Mari Casimira se sigue dedicando a crear bolsas y huipiles entre sus iguales. Allá, en Villa Alberto Alvarado, sus prendas confeccionadas de forma artesanal con el telar son portadas con orgullo entre la comunidad jornalera en fiestas, bodas y bautizos.

Con ello se gana la vida, pues dejo de ser jornalera en los campos de la comunidad debido a su edad. Ella aprendió el lenguaje de los hilos cuando su mamá le enseño de pequeña. Si la pandemia no la reclamó como a miles de los que menos tienen en este país, ahora tiene 17 años radicando en Baja California Sur.

De acuerdo con la plataforma de agentes culturales del gobierno de México, le gustaría dar clases para ganarse la vida a través de esta enseñanza. No se necesita ni de la décima parte de esos 116 millones para regresar con doña Mari. Y seguramente, y brindarle las oportunidades que darían justicia a su valioso trabajo. Hay más potencia que nunca en el ámbito de la política cultural sudcaliforniana de la cuarta transformación.

El desierto crece.

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La vida neoliberal y el nihilismo como manera de perder el Nosotros

FOTOS: Internet

El librero

Por Ramón Cuéllar Márquez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace algunos años, allá por 1997, leí un libro de la doctora en filosofía Mercedes Garzón Bates, Romper con los dioses. Además del manejo de las ideas, cada capítulo venía acompañado de frases de John Lennon, a modo de epígrafes, lo cual me pareció novedoso causando empatía en mí, pues soy beatlémano. Lo leí en una tarde, de un solo y largo aliento. Puedo decir que lo devoré. Me hizo mucho sentido el despliegue de conceptos y de ideas sobre cómo los dioses han muerto, y no solo los dioses mitológicos, sino aquellos de la modernidad que nos han producido sentido en la vida, como el trabajo, el dinero, la mercancía. El nihilismo era el centro de sus observaciones filosóficas y planteaba que era la nueva corriente del pensamiento que nos estaba guiando como sociedad, aún más: como humanidad. Me hizo mucho clic más que como intelectual, como individuo atrapado en un sistema de pensamiento.

Mercedes Garzón Bates, grosso modo, propone una disyuntiva entre las viejas maneras de pensar por una transformación vital, donde las personas, autónomas, creativas pero no divididas, con una ética sin motivos, que no sea trascendente como lo plantea la cristiandad ni mucho menos demostrable y eficiente, que nace de la modernidad tan dada al rollo de la eficiencia y el cálculo de la ganancia empresarial, sino algo mucho más grande, que esté repleta de todos los sentidos que deje al individuo con su propia forma de ver el mundo.

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La semana pasada, colmado en este nuevo mundo de las redes sociales, leí un tuit del escritor Pedro Miguel que me llamó la atención y lo enlacé con aquel libro de Garzón Bates: Uno de los peores saldos del pensamiento neoliberal es la atomización de la sociedad en feudos, especialidades, grupos y, finalmente, individuos. Es decir, que el individuo se convirtió en lo más importante durante estas cuatro últimas décadas y en 1997 estaba en su apogeo el neoliberalismo en México, además de que el PRI perdía la mayoría en el Congreso y Cuauhtémoc Cárdenas ganaba la jefatura de gobierno del antiguo D.F. El país se movía, a pesar de los intentos de la oligarquía y los tecnócratas gatopardistas de que nada cambiara si no les convenía.

Así, el neoliberalismo segmentó las luchas sociales en partes separadas, bajo la consigna cada quien rásquese con sus propias uñas y obligó a miles a desentenderse de lo social-colectivo para centrarse en las causas individuales de grupos o personas, donde predominara el yo, mi necesidad, mi individualidad: una sociedad nihilista, en pocas palabras, tal como lo expone Garzón Bates. De ahí se entiende la extinción de las luchas sociales que exigían el bienestar de todos y con ello edificaron un sistema de ONG’s, sociedades, asociaciones que podían pedir dinero público para sostenerse, pero con ello vino también la eliminación de derechos laborales que obligaba al pensamiento de dar gracias de tener un trabajo, o en otras palabras, de dar gracias de ser un esclavo. El neoliberalismo exaltaba la individualidad sobre el colectivo, fue en suma la nueva esclavitud, bajo el lema de eres pobre porque quieres, a sabiendas de que la pobreza es un constructo histórico debido a la explotación, la marginación y la segmentación sociales, que incluye el racismo y el clasismo a todo lo que da.

Según el diccionario nihilismo viene de la palabra latina nihil, que significa nada, es decir, negación de todo principio religioso, político y social o negación de un fundamento objetivo en el conocimiento y en la moral. Por otro lado, también se trata de una corriente filosófica que piensa que todo se reduce a nada, que la vida misma no tiene sustento ni tiene sentido, pues todo lo que nos rodea, el universo mismo, ni vela ni piensa en nosotros, lo cual implica la negación de una deidad, donde no existe un destino ni un fin último y la verdad absoluta es una constructora de una realidad aparente.

El concepto como tal fue creado por el novelista ruso Iván Turguénev en su novela Padres e hijos en 1892, bajo la idea de una persona que no se somete frente a ninguna autoridad ni moral, ni civil ni religiosa, y se extendió en Rusia en las últimas décadas del siglo XIX, aunque con distinto sentido, pues mientras para los conservadores de la época era una ofensa, para los revolucionarios tenía una alta carga ideológica identitaria. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche fue quien terminó dándole forma al término y el que dio cause para que se convirtiera en una corriente filosófica con el tiempo, pero también es verdad que tenía sus cimientes griegas en la escuela de los cínicos y los escépticos.

Hay que agregar que nihilismo, contrario a lo que muchos piensan, no significa necesariamente creer en nada, ni tampoco alguna forma del pensamiento negativo de la vida, o que esté asociado a esas células terroristas o al mismo narcotráfico; sé que con el paso del tiempo se ha ido adaptando al intercambio intercultural de las sociedades y, como todo intercambio, lo lingüístico no es ajeno a esos vaivenes. Hay quienes han intentado darle —sospecho que Garzón Bates— un sentido positivo, es decir, útil socialmente hablando, pero para el caso viene siendo lo mismo.

Volver a lo colectivo es necesario, donde dicho nihilismo esté dejando de tener sentido y que reescribamos nuestro tiempo desde el todos y no tan solo desde el yo. Urge que nos sacudamos el neoliberalismo que puso en el centro de todo la ganancia pretendiendo atomizarnos para que no nos defendiéramos de la explotación ni de una sociedad clasirracista que se había puesto en lo más alto de la pirámide como los dioses incuestionables. Obviamente, aquel libro de Mercedes Garzón Bates ya no me significa lo que en aquel año necesitaba: entender mi realidad, que es de lo que se trata a final de cuentas: comprender el instante.

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