Participará BCS en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos: SETUE

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los Pueblos Mágicos de Loreto, Todos Santos y Santa Rosalía representarán a Baja California Sur en la quinta edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos (TNPM), que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en el estado de Hidalgo, con sedes en Real del Monte y el Recinto Ferial de Pachuca, informó Maribel Collins, secretaria de Turismo y Economía (SETUE).

Destacó que esta edición reunirá a los 177 Pueblos Mágicos reconocidos a nivel nacional, y que la entidad estará integrada por una delegación integrada por los ayuntamientos de Loreto, La Paz y Mulegé, así como por artesanas, artesanos y representantes del sector turístico, quienes promoverán la riqueza cultural, gastronómica y natural de la región.

Collins señaló que los asistentes al Tianguis podrán conocer los atractivos que distinguen a cada localidad: Loreto, cuna de las misiones de la península y destino de naturaleza y cultura; Todos Santos, reconocido por su espíritu artístico y su encanto entre el mar y el desierto; y Santa Rosalía, símbolo de historia y arquitectura francesa única en México.

Asimismo, subrayó que la participación de Baja California Sur en este evento refuerza el compromiso del Gobierno del Estado con la promoción turística sostenible, la preservación de la identidad sudcaliforniana y el fortalecimiento del desarrollo económico local mediante el impulso a sus Pueblos Mágicos.

El Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, organizado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, será un evento gratuito y abierto al público, con stands que mostrarán la diversidad cultural y artesanal del país.

Además, contará con la participación de 90 compradores internacionales, entre ellos 15 provenientes de Estados Unidos, y ofrecerá un amplio programa con más de 400 presentaciones artísticas, conferencias y actividades de promoción turística.




Reactivan la Asociación Ganadera del Valle de Santo Domingo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Como parte de las acciones para fortalecer la organización y unidad del sector ganadero, el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), José Alfredo Bermúdez Beltrán, tomó protesta a las y los integrantes de la Asociación Ganadera “Pioneros del Valle de Santo Domingo”, designando como presidente a Francisco Salvador Navarro Higuera.

Acompañado por la directora de Ganadería de la Dirección General de Desarrollo Social, Jazmín Lemus Amador, Bermúdez Beltrán resaltó que esta asociación permanecía inactiva desde hace varios años y que, con su reactivación, se marca un parteaguas para las y los productores de la zona, al recuperar un espacio de representación que permitirá impulsar su desarrollo y mejorar sus condiciones productivas.

Bermúdez Beltrán señaló que, a partir de este nuevo registro, los ganaderos podrán acceder a los beneficios de los programas estatales, entre ellos apoyos para la adquisición de alimento, fondos revolventes, asesoría técnica y equipamiento destinado al fortalecimiento de su actividad.

En este sentido, destacó que la ganadería sudcaliforniana se ha visto favorecida por las recientes lluvias, las cuales han contribuido a la recarga de los mantos acuíferos y al crecimiento de la cobertura vegetal, factores que mejoran la alimentación y mantenimiento del hato ganadero.

Finalmente, recordó que el Gobierno del Estado mantiene activo el Plan Estratégico de Atención a la Sequía, con el propósito de seguir respaldando al sector ante los retos climáticos.




Congreso de BCS aprobó nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como diversas reformas a las leyes que rigen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor de las bancadas de Morena, PT, Nueva Alianza y Verde Ecologista, una abstención del PRI y un voto en contra del PAN.

Durante su intervención, el diputado Eduardo Van Wormer Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, destacó que esta nueva legislación permitirá un acceso más amplio y efectivo a la información pública en la entidad, consolidando los principios de transparencia y gobierno abierto.

La nueva ley contempla la creación de Comités y Unidades de Transparencia en cada sujeto obligado, la integración del Estado al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública mediante un Subsistema Estatal, así como el uso obligatorio de la Plataforma Nacional de Transparencia para recibir solicitudes y publicar información de manera accesible y oportuna. Además, promueve el uso de datos abiertos, formatos accesibles y tecnologías digitales, bajo los principios de máxima publicidad, igualdad y no discriminación.

La ley establece principios, bases y procedimientos para que cualquier persona pueda solicitar, recibir y difundir información en posesión de autoridades estatales y municipales, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y particulares que ejerzan recursos públicos, prohibiendo expresamente reservar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. En materia de responsabilidades, se contemplan sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que incluyen multas, apercibimientos y posibles denuncias ante autoridades competentes, según la gravedad de la falta.

Asimismo, se crea el Instituto de Transparencia para Baja California Sur, autoridad garante local dependiente de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, encargado de coordinar la política estatal en materia de transparencia y de resolver los recursos de revisión que interpongan los ciudadanos.

Las iniciativas fueron presentadas por el ciudadano Fabricio González, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Finalmente, el pleno del Congreso de BCS aprobó la solicitud de reserva del diputado Fabrizio Del Castillo Miranda para garantizar los derechos laborales de las personas servidoras públicas del nuevo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.




Decretan a 2026, como Año del Centenario del Natalicio de Miguel León Portilla

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado decretó a 2026 como año del centenario del natalicio del Dr. Miguel León Portilla, reconocido historiador y humanista mexicano, quien hizo importantes aportes a la historia y cultura de la sociedad sudcaliforniana.

La declaratoria se hace en homenaje al centenario del natalicio del reconocido historiador y humanista mexicano, el próximo 22 de febrero de 2026, tras una iniciativa presentada por el diputado Sergio Ricardo Huerta Leggs, avalada por el pleno y dictaminada por la Comisión de Arte y Cultura.

En toda la papelería oficial de los poderes públicos del Estado y de los cinco ayuntamientos se inscribirá la leyenda “2026, Año del Natalicio del Dr. Miguel León Portilla”.

En la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del martes 17 de febrero de 2026, la Comisión Permanente de Cultura y Artes presentará un pronunciamiento con motivo del centenario del natalicio de León Portilla.  

Miguel León Portilla, quien adoptó a Baja California Sur como su segunda tierra, es recordado por su trascendental obra literaria y humanística.

Instituciones de investigación, académicas, fundaciones y organismos nacionales e internacionales, en vida, y post mortem, reconocieron su trabajo en favor de la historia y el humanismo, entre ellas la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), el Senado y el propio Congreso de BCS.

En el proceso de transición de Territorio a Estado, alzó la voz en medios y foros nacionales para que, la entidad federativa conservara el nombre de California, y no se le impusiera el de Juárez. Décadas después, exigió que no se cambiara el nombre de la Isla Cerralvo por el de “Jacques Cousteau”, argumentando el derecho histórico sudcaliforniano.

Incansable promotor de la historia peninsular y del rescate de documentos que hoy forman parte del Archivo Histórico «Pablo L. Martínez». Su obra, La visión de los vencidos, es considerada una de las más influyentes de la historiografía mexicana.




Avances tecnológicos y procuración de justicia

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías Y Fiscalías (IEDF), Baja California Sur ocupa el penúltimo lugar nacional, con un índice del 22.2% en transformación digital, que comparado con el 94.4% del primer lugar ocupado por Nuevo León, nos habla del grave atraso tecnológico que enfrenta en el Estado la aplicación de avances tecnológicos en materia de procuración de justicia.

A esa limitación técnica, se agrega el rango salarial más bajo en las entidades con vida cara, lo que se traduce en servidores públicos mal remunerados. A lo anterior se suma la ausencia de adecuación en el ejercicio profesional de los operadores del sistema de procuración de justicia, a los estándares nacionales (anexo 1) e internacionales (anexo 2).

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La aplicación de estos estándares, son definitorios para la calificación y evaluación del desempeño de los operadores del sistema, que se traduce en más y mejores apoyos y acceso a fondos nacionales e internacionales indispensables para optimizar el servicio y mejorar los emolumentos salariales-

Procuraduría o Fiscalía de Justicia

El presupuesto estatal asignado es el tercero más bajo en el rango nacional, lo cual hace muy difícil alcanzar una excelencia operativa, sin el apoyo de instituciones y organismos internacionales que aportan recursos materiales, tecnológicos y capacitación permanente a las entidades de la República Mexicana, para lo cual es indispensable migrar de procuraduría de justicia a fiscalía estatal de justicia.

Somos el único Estado que se niega a esta migración, entre otras razones, porque las fiscalías son independientes, mientras que el procurador es un empleado subordinado y dependiente orgánica y presupuestalmente del gobernador. BCS debe adoptar una estrategia integral que combine interoperabilidad digital, capacitación institucional, y participación ciudadana para transformar la procuración de justicia con tecnología.

¿Por qué BCS está rezagado?

  • Fragmentación institucional: Sistemas no interoperables entre Fiscalía, Policía, Poder Judicial y Defensoría.
  • Infraestructura limitada: Falta de conectividad, equipos obsoletos y escasa inversión en software especializado.
  • Débil cultura digital: Poca capacitación en herramientas tecnológicas, resistencia al cambio y escasa evaluación de desempeño.
  • Ausencia de gobernanza tecnológica: No existe una unidad rectora que articule la transformación digital en justicia.

Presentamos una propuesta estructurada y viable para revertir el rezago tecnológico en Baja California Sur en materia de procuración de justicia:

  1. DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Realizar un mapeo tecnológico de todas las instituciones involucradas en la procuración de justicia (Fiscalía, Policía Ministerial, Poder Judicial, Defensoría Pública).

Identificar cuellos de botella en procesos clave: recepción de denuncias, integración de carpetas, judicialización, seguimiento de víctimas.

Diseñar un Plan Estatal de Transformación Digital con metas medibles, presupuesto multianual y enfoque interinstitucional.

  1. DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS CLAVE

Implementar el Informe Policial Homologado Móvil (IPH Móvil) como lo hizo Quintana Roo, para que policías registren hechos en tiempo real desde dispositivos móviles.

Integrar sistemas de gestión de carpetas digitales que permitan trazabilidad, interoperabilidad y control de tiempos procesales.

Automatizar la recepción de denuncias con plataformas web y kioscos digitales, apoyados por IA para clasificar delitos y orientar jurídicamente al ciudadano.

  1. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA

Adoptar sistemas de IA para análisis predictivo de patrones delictivos, priorización de casos y detección de corrupción institucional.

Utilizar algoritmos para asignación eficiente de recursos humanos (ministerios públicos, peritos, policías) según carga de trabajo y urgencia.

Desarrollar tableros de control en tiempo real para monitorear desempeño institucional y cumplimiento de plazos legales.

  1. CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Invertir en infraestructura de ciberseguridad, especialmente en protección de expedientes digitales, comunicaciones interinstitucionales y datos sensibles de víctimas.

Capacitar al personal en manejo ético y seguro de la información, conforme a estándares nacionales e internacionales.

  1. CAPACITACIÓN Y CAMBIO CULTURAL

Formar a operadores jurídicos en competencias digitales, incluyendo manejo de sistemas, firma electrónica, y análisis de datos.

Crear incentivos institucionales para la adopción tecnológica, vinculando desempeño con uso efectivo de herramientas digitales.

Promover una cultura de innovación y mejora continua, con laboratorios de justicia digital y espacios de co-creación con sociedad civil.

  1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

Desarrollar portales de seguimiento ciudadano de denuncias, procesos y sentencias, con lenguaje claro y accesible.

Incorporar mecanismos de retroalimentación digital para evaluar el servicio de procuración de justicia y detectar áreas de mejora.

Fomentar alianzas con universidades, ONGs y sector privado para co-desarrollar soluciones tecnológicas y evaluar impacto.

  1. FINANCIAMIENTO Y GOBERNANZA

Aprovechar fondos federales y multilaterales destinados a justicia digital, como los previstos en el presupuesto tecnológico nacional.

Crear una Unidad Estatal de Justicia Digital que coordine la implementación, evaluación y escalamiento de soluciones tecnológicas.

Establecer indicadores públicos de avance tecnológico, comparables con otras entidades, para fomentar rendición de cuentas.

INDICADORES DE ÉXITO SUGERIDOS A TRES AÑOS
Փ % de carpetas digitalizadas: 90%
Փ Tiempo promedio de integración de carpeta:   -50%
Փ % de denuncias recibidas digitalmente: 60%
Փ Índice de satisfacción ciudadana: +30%
Փ Casos priorizados por IA:  100% Delitos Graves

Corolario

La migración de procuraduría a fiscalía es inobjetable. La modernización tecnológica es inaplazable. Mientras más retrasemos el proceso, más costoso será el mismo.

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