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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La reforma constitucional de 10 de junio de 2011 estableció que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y, por ende, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, municipales, estatales, federales, civiles, militares, administrativas, judiciales, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Pese a lo anterior, el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas de delito sigue siendo una materia pendiente. Lo común es que, en las agencias del Ministerio Público, primer escalón del aparato burocrático que debe enfrentar toda víctima de delito, se les brinde, en términos generales, un trato discordante con los principios y postulados consagrados en nuestra Carta Magna. Es imperativo darle un giro drástico a esta práctica que atenta contra la dignidad del gobernado, y para ello, es importante que toda persona conozca sus derechos y exija el respeto de los mismos, cuando sufra el infortunio de ser víctima de un delito. Y debe saber que tiene derecho a exigir el respeto a sus derechos, conforme a los estándares internacionales cuya observancia es obligatoria en México. El ser víctima no se considera un hecho individual, sino un problema de política social, un problema que a todos nos atañe.

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VÍCTIMA DE DELITO. CONCEPTO: Las Naciones Unidas en su, resolución 40/34 (1985) estableció que por víctimas se debían entender a las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de delito. Podrá considerarse víctima a una persona independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador. En la expresión víctima se incluye a los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

De ahí que, la política criminal oficial del Estado deba encaminarse no solo a sancionar al delincuente y restablecer el orden jurídico violado, sino también y ante todo lograr que la víctima reciba seguridad, orientación, asistencia desde campos interdisciplinarios e interinstitucionales, reparación de los perjuicios que ha sufrido, recuperación de su integridad; de su dignidad humana.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES INVOCABLES:

*Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Para La Administración De La Justicia Penal (Reglas de Mallorca): Se debe procurar a las víctimas la ayuda que necesiten, garantizar un trato humano y digno; tendrán derecho a ser oídos, a ser asistidos por abogado, la adopción de medidas que permitan una mejor defensa de los derechos de las víctimas. Se recomienda la creación de fondos para la reparación del daño.

*Principios Fundamentales De Justicia Para Las Víctimas De Delitos Y Del Abuso De Poder Debe reconocérsele a la víctima su derecho a obtener reparación por daños o lesiones: pérdida de la vida, impedimento en la salud, dolor y sufrimiento tanto físicos como mentales, pérdida de la libertad, pérdida de ingresos, incapacidad laboral o de subsistencia, pérdida o daño a la propiedad o la imposibilidad del uso de la misma. También se deberá resarcir por daños especiales tales como gastos incurridos por la víctima como resultado del delito sufrido gastos médicos, legales, de transporte, funerarios y de entierro. Así mismo otros daños no materiales, tales como la pérdida de la reputación. Se debe prestar también a la víctima (descendientes familiares) la asistencia material, sociológica y social necesaria, incluyendo ayuda médica y psiquiátrica, servicios de emergencia para desórdenes emocionales, servicios legales.  Estos servicios implican que se brinde un entrenamiento especial a la policía, al personal médico y de hospitales, y al personal de la administración de justicia para que den entrada a las víctimas en el proceso siempre que convenga con el fin de que las víctimas estén informadas y puedan recibir también la asistencia oportuna.

* Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo XVIII. Derecho a la Justicia, poder ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

*Convención Americana Sobre Derechos Humanos Artículo 8: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención.

CORORALIO: En concordancia con los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado debe garantizar el ejercicio de los siguientes derechos a las víctimas: 

1.- ACCESO A LA JUSTICIA: Además del acceso individual a la justicia, los sistemas judiciales procurarán establecer procedimientos o las reformas legales correspondientes para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación u obtener reparación, según proceda.

2.- TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: Acceso a una justicia pronta y cumplida.

3.- PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO: Ser parte en todas las etapas del proceso y tener asesoría legal gratuita en ellas.

4.- PETICIONAR: Ser escuchada, a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones de la investigación de los delitos, interponer los recursos contra las resoluciones que menoscaben sus derechos y participar en las audiencias de fijación y modificación de las medidas privativas de libertad.

5.- ASISTENCIA ESPECIALIZADA: Recibir, en forma inmediata y gratuita, asistencia psicológica, psiquiátrica, social y médica, particularmente el suministro de los medicamentos cuando se trate de víctimas de violencia sexual. 

6.- TRATO DIGNO: Ser atendida con respeto, privacidad y dignidad, evitando su revictimización. 

7.- NO DISCRIMINACIÓN: Que se consideren sus necesidades especiales, tales como limitaciones físicas, sensoriales o mentales, así como las diferencias sociales, culturales, étnicas, religiosas y de género.

8.- PROTECCIÓN: Estar libre de intimidación, acoso y abuso, durante todo el proceso judicial. Los sistemas de administración de justicia velarán por el cumplimiento efectivo de estos derechos.

9.- INFORMACIÓN: Ser informada de sus derechos y de las actividades que debe realizar para ejercerlos, y del estado del proceso.

10- CONSENTIMIENTO INFORMADO: Dar su consentimiento informado sobre su participación en los exámenes o pericias, que se le expliquen sus alcances y a contar con la presencia de una persona de su confianza.

11- ASOCIACIÓN: Asociarse en defensa de sus derechos y estas agrupaciones podrán coadyuvar en los procesos judiciales de acuerdo con la legislación nacional.

12- EJECUCIÓN: Contar con procedimientos ágiles, oportunos y eficaces para la ejecución de las sentencias en materia de reparación de daños.

13- REPARACIÓN: La eficaz restauración, restitución e indemnización económica del perjuicio causado.

14- RESTITUCIÓN: Siempre que sea posible se ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia y la devolución de sus bienes.

15- NO IMPUNIDAD: Que su denuncia sea investigada, enjuiciada y juzgada. 

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La llamada Nueva Escuela Mexicana, (NEP ) de acuerdo con lo difundido por la SEP, es un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral, es decir, educar no solo para adquirir conocimientos y habilidades cognitivas sino también para: 1) conocerse, cuidarse y valorarse a sí mismos; 2) aprender acerca de cómo pensar y no en qué pensar; 3) ejercer el diálogo como base para relacionarse y convivir con los demás; 4) adquirir valores éticos y democráticos; y 5) colaborar e integrarse en comunidad para lograr la transformación social. El objetivo central es formar personas capaces de conducirse como ciudadanos autónomos, con sentido humano y crítico para construir su propio futuro en sociedad.

Atendiendo a la definición, se trata de un proyecto complejo, ambicioso y polémico, cuyo mayor problema es la implementación. Un proyecto tan grande, requiere una aplicación gradual y progresiva, y no de la noche a la mañana cambiar por completo todo el esquema educativo, como se pretende. Lo ideal hubiera sido ir modificando gradualmente, iniciando por preescolar e ir avanzado ciclo a ciclo, y así evitar confusiones entre los educandos.

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FOTO: Congreso del Estado

La polémica se ha centrado en los libros de texto, cuyo contenido es cuestionado severamente por diversos sectores sociales y académicos, y si bien es cierto que, en un país con tanta diversidad sociocultural, resulta imposible que se alcance el consenso generalizado respecto al contenido de dichos libros, cabe la posibilidad de que en cada grupo, en cada grado,  se ajuste el contenido de los programas, tomando en cuenta el parecer de los padres de familia, que en cada grupo forman la comunidad base en la que el educando se está desarrollando.

¿Qué pueden hacer los padres de familia que se encuentran incómodos, preocupados e incluso molestos con el contenido de algunos textos que consideran inapropiados?

FOTO: Archivo

La respuesta se encuentra en los postulados de la llamada Nueva Escuela Mexicana, publicados por la Secretaría de Educación Pública, que en el capítulo relativo a la organización de los contenidos, partiendo de la premisa de que los maestros tienen el saber indispensable para repensar y modificar las estrategias que aplicarán en el aula, las clases se podrán (y deberán) ajustarse a la planeación de los contenidos bajo los principios y postulados de la NEM y entre ellos resulta para el caso aplicable el que establece que para organizar las estrategias y actividades,  -específicamente en el apartado de los contenidos- los maestros contarán con el apoyo de los padres de familia,  para beneficio y formación de los estudiantes.

Bajo esa premisa, si los padres de familia consideran inapropiado algún tema o el manejo del mismo en los libros de texto, deberán reunirse y en forma mayoritaria alcanzar un consenso con el maestro titular del grupo. De esta manera es cómo funciona la triada educativa: Estado, maestros y Padres de familia, buscando los contenidos, espacios, metodología y mecanismos más adecuados para alcanzar el objetivo fundamental del proceso educativo: el desarrollo integral y armónico del educando, en el marco de su núcleo comunitario inmediato.

FOTO: SEP

Los LTG ya fueron distribuidos, así que la tarea que corresponde ahora a los padres de familia, es revisar su contenido, evaluarlo, y en el ejercicio de la supervisión de la educación de sus hijos, de encontrar alguna inconformidad en su contenido, como podría ser en los temas más publicitados, como lo son los relacionados con la información relativa a la biología y anatomía humana, específicamente lo relacionado con los órganos genitales, desarrollo psicosocial, temas complejos como la trata de personas, la prostitución, y la ideología de género, lo que deben hacer es reunirse con los otros padres de familia del mismo grupo al que pertenece su hijo, ponerse de acuerdo sobre el tema y así planteárselo al maestro. 

En caso de que los padres de familia no lleguen a un acuerdo con el maestro, deberán plantear su inconformidad por escrito, de manera pacífica y respetuosa ante el director del plantel.

De no encontrar eco a su planteamiento realizado como responsables de la supervisión de la educación de sus hijos, pueden recurrir ante la justicia federal, en demanda de amparo, en el ejercicio de la patria potestad, con las facultades que para ello les otorga la legislación civil estatal, bajo la premisa del derecho humano a la educación, el libre desarrollo de la personalidad y el interés superior del menor.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Lo que hasta hace poco parecía imposible, ocurrió el pasado 09 de agosto. El Juez de Control con residencia en La Paz, Baja California Sur, dentro de los autos del proceso penal SIFI 635/2023, dictó Auto de Vinculación a Proceso en contra del Notario Público número 20 de la entidad, con residencia en Santa Rosalía, B.C.S., por los diversos delitos de Falsificación de documentos (4 documentos) Uso de documento Falso y Alteración de la aplicación digital del ISABI (impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles).

La imputación, en forma sintética, se hace consistir en que el imputado, en su desempeño como notario público, escrituró una adjudicación testamentaria, falsificando un avalúo y la documentación oficial soporte, así como la documentación relativa al pago del ISABI impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, y ordenó la inscripción registral de dicha escritura ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del municipio de La Paz. 

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Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el fiscal anticorrupción enunció los datos de prueba que obran en los registros de la carpeta de investigación que soportan su imputación, mismos que a criterio del Juez de Control resultaron aptos, suficientes e idóneos para establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que existe la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión.

Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, se aperturó la etapa de investigación complementaria por cuatro meses.

Como medida cautelar, el juez decretó que el imputado no podrá salir del territorio estatal sin su autorización, y dejará en depósito judicial su pasaporte.

Esta determinación judicial deja en claro que en la entidad no hay intocables, y que la labor del Fiscal anticorrupción empieza a dar frutos tangibles, pese a las limitaciones materiales y precarias condiciones laborales a que se encuentra sometido, -entre otras razones- por la falta de previsión presupuestal de nuestros locuaces diputados, que crearon la figura jurídica del Fiscal anticorrupción, pero sin dotarlo de partida presupuestal, razón por la cual tenemos fiscal, pero no tenemos fiscalía.

FOTO: Internet

Actualmente el Fiscal anticorrupción realiza personalmente las funciones a su encargo, sin delegar ninguna de ellas, ya que carece de personal para ello, lo que implica una voluminosa cauda laboral, pues es él mismo quien personalmente realiza las actividades de investigación, integración de carpetas y litigación, lo que se traduce en una enorme carga de trabajo y un retraso en el avance procedimental de cada caso.

Esperemos que en el presupuesto del año próximo se contemple esta situación, y se dote al menos de equipamiento material, y personal suficiente, debidamente capacitado, para que pueda funcionar adecuadamente la fiscalía.

Para eficientar y atender adecuadamente la carga de trabajo que enfrenta el fiscal anticorrupción en el Estado, se requiere al menos de un equipo de cinco agentes del Ministerio Público al frente cada uno de ellos, de una unidad de investigación, integración y judicialización.

Es apremiante además, contar con un equipo base de peritos altamente capacitados y actualizados, en particular, se requiere experticia en materia cibernética, pues en la actualidad resulta prácticamente imposible realizar una investigación forense sin que el procedimiento implique conocimientos en sistemas computacionales y acceso a bases de datos cibernéticas.

En otro orden de ideas, debemos destacar que la judicialización incoada contra el notario público referido se generó a partir de la denuncia formulada por el XVII Ayuntamiento de La Paz, B.C.S., a través de su sindicatura, bajo la asesoría y coordinación operativa del director Jurídico municipal.

Esta denuncia es un parteaguas en el combate a la corrupción, que coloca muy alta la vara en materia de exigibilidad en el desempeño de los notarios públicos de la entidad, .y obliga a los demás ayuntamientos de la entidad, a considerar la obligación que tienen de denunciar hechos similares.

La ruta está trazada y solo la complicidad podrá permitir que se sigan cometiendo impunemente actos delictivos como los que generaron la causa penal que hoy se instruye por primera vez en la historia de la entidad, en contra de un notario público.

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Explicaciones Constructivas

Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). El día 29 de julio del 2019, fue la fecha clave donde se inició en Baja California Sur una serie de apagones de energía eléctrica que vino a cambiar hasta el momento el modo de vida de los sudcalifornianos que no se pueden acostumbrar al intenso calor veraniego desértico. Ese día, según noticias y usuarios de redes sociales, los municipios de La Paz y Los Cabos fueron los más afectados y en menor medida Comondú y Loreto.

La Comisión Federal de Electricidad, declaró una breve emergencia estatal de 72 hrs, que iban desde el día 28 de julio hasta el martes 30 de julio, donde la CFE a través de su director Manuel Bartlett, se justificó echando culpas a que las administraciones pasadas le dejaron mucho descuido en las plantas generadoras de energía de Puerto San Carlos y Punta Prieta, mientras el gobernador del estado Carlos Mendoza, reconoció que el aumento de la temperatura en BCS provocó más consumo de energía e propuso al gobierno federal la construcción de un cable submarino al macizo continental como solución.

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Sea como sea, nadie reconoció que faltó una estrategia con anticipación para surtir de energía eléctrica al estado de la República Mexicana que más alto índice de crecimiento tiene, nomás por debajo de Quintana Roo. Baja California Sur en un lapso de 20 años (del 2000 al 2020), casi duplicó su población, siendo el municipio de Los Cabos el que tiene un crecimiento exponencial de población y por ende económico.

La demanda de energía eléctrica va muy de la mano con el tamaño de la población, y siendo BCS un estado con un alto crecimiento, se debió prever la construcción de plantas generadoras de energía para un tiempo futuro y no esperar a que la población la empiece a pedir demandada energía eléctrica.

Desde el año 2000, se estaba previendo el aumento de la población en Baja California Sur, y en esas fechas lo único destacable que se hizo, fue fortalecer el municipio de Mulegé, con la construcción de planta generadoras de electricidad usando diésel y combustóleo, en la localidad de Villa Alvarado Arámburo en el desierto de Vizcaíno. Con estas acciones dotaron de energía eléctrica suficiente para un tiempo considerable en el lejano municipio, de acuerdo a su perfil de crecimiento poblacional.

Un dato que los habitantes sudcalifornianos no saben, es que somos la única entidad de la República Mexicana, que no está conectada a una red troncal nacional donde los 31 estados restantes, comparten la energía eléctrica entre ellos siendo beneficiosos en muchos sentidos, por ejemplo: si Sonora tiene mucha demanda de energía y Tlaxcala tiene poca demanda, ambos se comparten y no afectan a la población. Y aun dentro del estado de Baja California Sur, existen dos redes de energía separada, una compuesta como se dijo, en el municipio de Mulegé, y otra mas grande compuesta por los 4 municipios restantes y con plantas generadoras en Puerto San Carlos y Punta Prieta, en los municipios de Comondú y La Paz respectivamente.

Abocándonos a las ciudades de los 4 municipios del sur, tenemos que la población en aumento y la falta de creación de fuentes de energía a corto plazo, ha hecho que la demanda sea muy por encima de la oferta, y para colmo de males, no hay cerca ninguna red de energía que nos auxilie, porque estamos separados del macizo continental y la red del municipio de Mulegé no nos daría abasto y muy posible se revierta creando otro problema en aquel municipio.

El problema de la demanda no se puede solucionar de la noche a la mañana, sino adelantándose a las estadísticas de población y prever que en tantos años se debe tener la oferta necesaria para la población.

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Después de aquel cercano 29 de julio del 2019, el gobierno federal debió de haber tomado cartas en el asunto de inmediato y dejar de echar culpas, donde para su buena fortuna, llegó el año 2020 y 2021 con pandemia incluida, donde la demanda bajó por obvias razones, y los latosos apagones se fueron momentáneamente, pero volverían con más fuerza en el año 2022 y 2023 cuando se regularizó y se estabilizó la economía turística principalmente en la zona de Los Cabos.

Los apagones escalonados son estrategias de CFE para así poder descansar toda le red, quiere decir que si no se realizan los apagones controlados, se corre el riesgo de un apagón general, creando problemas serios en hospitales y pozos de agua principalmente. Internamente la comisión federal de electricidad decide que circuito está generando mayor demanda y la cierran para no crear un problema mayor, eso sí, generando mucha molestia entre la población.

Una buena parte de la solución, y que el gobierno tuvo que ceder de mala manera, es aceptar la energía privada y limpia proveniente de los parques solares del municipio de Comondú, y la energía eólica generada en el vecino municipio de La Paz, y aun así no fue suficiente para eliminar los apagones; pero de eso hablaremos en la siguiente entrega.

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Colaboración especial

Alejandro Aguirre Riveros

La Paz, Baja California Sur (BCS). La película pega fuerte desde el inicio con un homenaje descarado y genial a 2001: Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick, gritándonos a la cara que esto no es una mera comedia trivial. No, amigos, en vez del monolito que reescribe la historia de la humanidad, nos topamos con una Barbie titánica, un símbolo de la evolución de una tradición de muñecas que, en el pasado, solo permitían jugar a ser mamá y que ahora invitan a jugar a ser una mujer empoderada. Y así, nos encontramos ante una inabarcable galería de roles y versiones de la famosa muñeca de Mattel.

Esta introducción busca distinguirse de las comedias banales, dejando claro que estamos ante una obra creada por dos cineastas que han perfeccionado su arte. Nos referimos a Greta Gerwig y Noah Baumbach, las mentes brillantes detrás de éxitos laureados por la crítica como Lady Bird y Marriage Story, quienes ahora intentan tejer su magia en torno al universo de Barbie.

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El diseño de producción es absolutamente deslumbrante, y las actuaciones son simplemente impecables. La fotografía es un sueño. La recreación de escenarios basados en los icónicos juguetes, pura nostalgia. La recuperación de la frescura y la magia de la imaginación infantil es sencillamente un viaje al pasado.

A todo esto, se suman las constantes referencias a otras cintas y es que Barbie resulta ser un exquisito cóctel cinéfilo, bebiendo descaradamente de la inspiración de clásicos como El Mago de Oz, Un Americano en París, Cantando bajo la Lluvia, Clueless y West Side Story. La cinta también está repleta de guiños a las emblemáticas coreografías de Gene Kelly, las vertiginosas escenas de acción de The Matrix y los extravagantes abrigos de piel de Sylvester Stallone. Y, en una vuelta de tuerca digna de El Show de Truman, la trama tiene a Barbie abandonando la seguridad de Barbieland para descubrir a la niña que juega con ella en el mundo real, explorando así su propio proceso de autodescubrimiento en un plano metanarrativo que es tan fresco y juguetón como la misma muñeca de Mattel.

Es esencial destacar las impresionantes interpretaciones de Margot Robbie y Ryan Gosling. Robbie, encarnando a la icónica muñeca rubia, y Gosling, en el papel de su eterno consorte Ken, nos sumergen en un universo repleto de glamour y fantasía. Ambos actores despliegan una ejecución impecable, infundiendo gracia y carisma a dos personajes que, en otras circunstancias, podrían haberse quedado en meras representaciones de gigantescos muñecos de plástico. A este dueto se agrega el talento cómico indiscutible de Will Ferrell, quien parece diluirse en un papel que se siente escasamente desarrollado y descolocado. Su interpretación se asemeja más a un cameo de alto calibre que a un elemento intrínseco en el tejido de la trama.

Por otro lado, el guion, aunque agudo e ingenioso en momentos, se siente contradictorio. Lo que emerge tras la comedia y el deslumbrante espectáculo audiovisual es un relato profundamente heteronormativo que intenta subirse al tren de la corriente ‘woke’, para tropezar con su propio discurso. La película, en esencia, intenta transmitir que hombres y mujeres no se necesitan de manera inherente, y que deben embarcarse en un viaje de búsqueda de significado como individuos. Sin embargo, no puede alejarse completamente de las convenciones del romance y del género binario, lo que deja a la trama ligeramente tambaleante.

La cinta afirma desafiar las estructuras patriarcales y los estereotipos de género, cuando en realidad no ofrece una visión verdaderamente inclusiva. Esencialmente, la película se transforma así en un gigantesco anuncio, una propaganda woke, que promueve la diversidad y la inclusión, pero solo en la superficie. Y aunque es cierto que hay algo de mérito en la trama, como la reflexión alrededor del patriarcado y la autodefinición de la mujer más allá de las relaciones románticas, la película parece evitar deliberadamente tomar una postura clara en temas como la sexualidad y la diversidad de género.

El resultado una deformación del discurso feminista para convertirse en una estrategia de marketing que vende una versión diluida del feminismo en lugar de un verdadero mensaje de igualdad y emancipación. La muestra más clara es la total ausencia de una Barbie lesbiana en la trama, lo cual resulta en una oportunidad perdida para romper con la heteronormatividad inherente al patriarcado que busca cuestionar. Su inclusión habría proporcionado una representación necesaria y habría fortalecido el mensaje de empoderamiento e individualidad que la película pretende transmitir.

Además, la cinta se desliza hacia un territorio problemático y ligeramente misántropo en su representación de los hombres. La caricaturización de estos como seres débiles, sometidos por sus propios deseos, parece un eco de visiones anticuadas que no concuerdan con los tiempos contemporáneos. Esta aproximación no sólo se siente desfasada, sino que además refuerza estereotipos dañinos. En lugar de desafiar y deconstruir estas imágenes cliché, la película inadvertidamente las perpetúa, desaprovechando una gran oportunidad para reevaluar y redefinir las normas de género en el ámbito de la gran pantalla. En última instancia, parece ser más un intento de capitalizar la corriente ‘woke’ que un esfuerzo serio por desafiar y cuestionar las normas de género y sexualidad.

Más allá de sus buenas intenciones y su elenco estelar, Barbie ofrece a Mattel una higienización de su imagen mediante un discurso feminista cosmético que exculpa a la compañía de juguetes, una entidad que ha prosperado a costa de objetivar y fetichizar las infancias a través de su icónica muñeca. Nos encontramos, por tanto, ante la cara más siniestra del feminismo woke, una tendencia que, a falta de una crítica sustancial, termina convirtiendo esta lucha por una sociedad más justa e igualitaria — la más significativa de la historia de la humanidad— en un mero producto de consumo.

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