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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Con la llegada del año 2025, BCS enfrenta nuevamente la tan temida «cuesta de enero». Este fenómeno económico, que cada año desafía a los ciudadanos, se manifiesta con mayor dureza en una región que aún muestra los estragos de dependencias y vulnerabilidades. La economía local, si bien ha evidenciado ciertos logros, está en un punto crítico que exige atención inmediata. Tras el cierre de la temporada alta en diciembre, la dura realidad de muchos residentes y pequeños empresarios comienza a hacerse evidente.

A finales de 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) estatal experimentó un crecimiento del 4.0%, un dato que, a primera vista, parece positivo. Sin embargo, tras esa cifra se esconde una fragilidad que no puede ser ignorada. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo en el Estado se sitúa en 4.6%, un indicador que evidencia que el tejido laboral aún no recupera su fortaleza tras los estragos de la pandemia. Las promesas de un renacer económico son, en muchos casos, espejismos.

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La economía de BCS, íntimamente ligada al turismo, se muestra inquietante. Aproximadamente el 36% del PIB estatal proviene de este sector, pero su viabilidad está en entredicho. La inestabilidad económica global, sumada a cambios en las preferencias de los viajeros y cuestiones de seguridad, han puesto en jaque a una industria que, aunque esencial, es susceptible a factores externos. Aunque el número de turistas ha mostrado un ligero repunte en 2024, el gasto promedio por visitante ha caído a 145 dólares, muy por debajo de los 230 dólares de 2018. Este descenso no sólo afecta a los prestadores de servicios, sino que también compromete la capacidad de generar ingresos en un Estado que tiene en el turismo su principal fuente de riqueza.

La llegada del Año Nuevo revela un panorama sombrío. La inflación, que ha escalado hasta el 7.2% a principios de 2025, impacta con fuerza en el día a día de los sudcalifornianos, particularmente en las zonas rurales donde la economía depende de la agricultura y la pesca. Los precios de productos básicos, combustibles y otros insumos esenciales han aumentado, lo que ha llevado a muchas familias a reajustar sus presupuestos para enfrentar la difícil realidad de los primeros meses del año.

Ante este escenario, la diversificación económica se vuelve una necesidad imperiosa. El gobierno estatal y local deben redoblar esfuerzos para fomentar un turismo sostenible, que no sólo se centre en sol y playa, sino que también integre el ecoturismo, el turismo cultural y los deportes de aventura. Ampliar la oferta turística no sólo podría atraer a diferentes tipos de visitantes, sino que también podría crear nuevos empleos en sectores menos tradicionales, ampliando así el horizonte económico de la región.

Teatro para el turismo cultural

En este contexto, surge la propuesta de incorporar el teatro comunitario como una herramienta para fortalecer el tejido social y fomentar la interacción entre los habitantes. El teatro, en su esencia más pura, es un reflejo de la comunidad; permite que los residentes cuenten sus propias historias, exploren sus realidades y compartan experiencias vividas. A través de talleres y presentaciones, se puede cultivar un sentido de pertenencia que trasciende las dificultades económicas.

El teatro comunitario no solo enriquece la vida cultural de la región, sino que también puede convertirse en un atractivo para el turismo cultural. Festivales de teatro y presentaciones en espacios públicos podrían visibilizar la riqueza cultural de BCS, invirtiendo el enfoque que hasta ahora ha estado centrado casi exclusivamente en las playas. Este enfoque no sólo enriquecería la vida cultural de BCS, sino que también ofrecería a los emprendedores locales una plataforma para prosperar. La creación de una agenda cultural robusta podría generar actividad económica y, al mismo tiempo, resaltar a los artistas de la región.

Subir la cuesta

El apoyo a los emprendedores locales es igualmente fundamental. Crear incentivos fiscales y ofrecer programas de capacitación en habilidades empresariales puede fortalecer a los pequeños negocios, que son la columna vertebral de la economía. Asimismo, fomentar la creación de cooperativas agrícolas y pesqueras puede contribuir a mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales, donde la economía familiar depende en gran medida de la producción y venta de sus productos.

La cuesta de enero de 2025 en BCS no se presenta, solamente, como un desafío económico; representa una oportunidad para repensar y reestructurar una economía más resiliente. La clave es la colaboración entre el gobierno, los empresarios y la comunidad, para trazar una estrategia que enfrente los retos del nuevo año con una visión sostenible y un enfoque de crecimiento inclusivo. Es imperativo que se establezcan diálogos abiertos entre estos actores, promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones y la planeación de proyectos que atiendan las necesidades de las comunidades.

BCS se encuentra en un cruce de caminos que no admite la resignación. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los sectores académicos deben alzar la voz y participar activamente en la búsqueda de soluciones. Es el momento de tomar decisiones audaces que no solo atenúen los efectos inmediatos de la cuesta de enero, sino que cimenten el camino hacia un futuro más próspero y diverso. Las soluciones están al alcance, y es imperativo que todos los actores involucrados trabajen juntos para convertir estas propuestas en una realidad concreta y tangible. La historia de BCS tiene muchas páginas aún por escribir, y sólo con un esfuerzo conjunto se podrá construir un relato de prosperidad y bienestar para todos.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este día, desde el Congreso del Estado, la diputada Karina Olivas Parra exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizar las investigaciones necesarias en el caso del presunto delito de maltrato animal, derivado del asesinato masivo de perros en Puerto San Carlos, municipio de Comondú.

A través de un comunicado de prensa del Congreso de BCS, se informa que también solicitó al Ayuntamiento de Comondú que aplique las sanciones administrativas a los responsables de la muerte de masiva de perros en San Carlos, con independencia de las posibles sanciones penales que pudieran derivarse.

También exhortan al Ayuntamiento de La Paz para que verifique las condiciones e infraestructura con que opera el Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC), fortaleciendo su presupuesto y capacidades operativas para el cumplimiento de los derechos animales, garantizando buenos niveles de bienestar, disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés, así como la disposición final en fosas sanitarias o crematorios bajo estrictas medidas de salud pública; y a los cinco ayuntamientos a que modifiquen sus reglamentos y/o acuerden en sus cabildos el negar cualquier permiso de instalación a giros comerciales dedicados a la venta de pirotecnia y explosivos en los municipios de BCS, dadas las consecuencias negativas e impacto en la salud de los animales.

La legisladora Olivas Parra manifestó que, lo anterior, deriva de una serie de casos de maltrato animal como la del pasado mes de octubre respecto a un cementerio clandestino de caninos en La Paz, atribuyéndose la mortandad al CEMAC; en diciembre del mismo año, fueron encontrados en el municipio de Comondú los restos de alrededor de 18 perros; en los meses de diciembre y enero recientes fueron múltiples las denuncias en todos los municipios de la entidad por la incontrolable detonación de pirotecnia y explosivos, con motivo de las fiestas, lo que ha causado sufrimiento y hasta heridas físicas en animales domésticos.

Al término de la sesión, las diputadas Karina Olivas, Guillermina Díaz  y diputados Sergio Guluarte, Erick Ivan Agundez y Fabrizio del Castillo, escucharon inquietudes ciudadanas de asociaciones pro animal y en contra de la pirotécnica, quienes les solicitaron la intervención de representantes del poder legislativo para frenar y castigar el maltrato animal así como para sumarse a los trabajos legislativos que se presentaron durante la sesión y su seguimiento.

Propone Diputado prohibir pirotecnia

En otro comunicado oficial, se da a conocer que, a propósito del maltrato animal, el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, busca reformar el Artículo 18 de la Ley de Protección de los Animales Domésticos de BCS, estableciendo a nivel estatal la prohibición del uso de artificios pirotécnicos de tipo petardo o trueno que produzca efectos sonoros superiores a los 80 decibeles.

“La pirotecnia encierra múltiples riesgos que no deben ignorarse, motivo por el cual es importante reflexionar sobre los riesgos que representan y buscar alternativas más seguras y amigables con la salud y el medio ambiente” señaló Agúndez Cervantes; éste reiteró que es necesario legislar para garantizar la salud de las personas  y los animales por medio de acciones y que sólo permitan los festejos religiosos, patrios o particulares a través del uso de efectos visuales como fuegos artificiales, sin efectos sonoros dañinos para las personas y animales, espectáculos láser, video mapping, de drones o equivalentes, en lugar de los dispositivos sonoros como los petardos.

FOTO: Archivo / Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Pasadas las fiestas decembrinas, y tras diversos acontecimientos durante los mencionados festejos, el diputado Sergio Guluarte Ceseña, desde el Congreso del Estado, hizo un llamado a las autoridades municipales de la entidad, para que prohíban y sancionen de manera severa de acuerdo a la ley, la elaboración, comercialización, transporte y uso de pirotecnia.

Ahí mismo, Guluarte Ceseña expuso ser necesario y de vital importancia la unión de esfuerzos y debida coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales de la mano con el Congreso de BCS, a efecto de realizar en los cinco municipios de la entidad, diversos foros y reuniones.

“Me pronuncio porque se dé la coordinación y unión de esfuerzos entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y este Congreso del Estado, a fin de sancionar la venta indiscriminada de pirotecnia; así como, para que se prohíba la venta, compra, posesión y manipulación de pirotecnia en la vía pública y que sean tipificadas estas conductas como delitos, o bien, como faltas administrativas agravadas”, dijo.

El legislador concluyó que es de suma importancia y relevancia la prevención, al considerar que la misma es la base fundamental para crear conciencia, de igual manera, el reforzamiento de los operativos de aseguramiento y vigilancia al transporte, almacenaje y la venta ilegal en comercios ambulantes y establecidos de pirotecnia. “No puede ser un acto de diversión provocar estallidos que alteran la paz y la tranquilidad, y causan estrés en personas y mascotas”.

Al término de la sesión diputadas Karina Olivas, Guillermina Díaz  y diputados Sergio Guluarte, Erick Ivan Agundez y Fabrizio del Castillo, escucharon inquietudes ciudadanas de asociaciones pro animal y en contra de la pirotécnica, quienes les solicitaron la intervención de representantes del poder legislativo para frenar y castigar el maltrato animal así como sumarse a los trabajos legislativos que se presentaron durante la sesión y su seguimiento, concluye el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

Foto: Freepik.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Registro Civil en México se instituyó el 28 de marzo de 1857, por el presidente Ignacio Comonfort, mediante la expedición de la Ley del Registro Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1857, con el objetivo de registrar y certificar los actos y hechos relativos al estado civil de las personas como nacimientos, matrimonios, defunciones y otros eventos importantes en la vida de los ciudadanos.

Los objetivos específicos del Registro Civil en México son:

1.- Registrar y certificar los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, como nacimientos, matrimonios, defunciones y otros eventos importantes en la vida de los ciudadanos.

2.- Proporcionar certificados y documentos que acrediten la identidad y el estado civil de las personas, lo que es fundamental para ejercer derechos y cumplir con obligaciones legales.

3.- Mantener un registro actualizado y confiable de la población, lo que permite a las autoridades tomar decisiones informadas sobre políticas públicas y programas sociales.

4.- Proteger los derechos de las personas, especialmente en lo que respecta a su identidad, nacionalidad y estado civil.

5.- Facilitar la realización de trámites y procedimientos legales, como la obtención de documentos de identidad, la celebración de matrimonios y la sucesión de bienes.

En resumen, el Registro Civil en México es una institución fundamental que tiene como objetivo registrar y certificar los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, y proporcionar certificados y documentos que acrediten la identidad y el estado civil de los ciudadanos.

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Nuevo formato de certificados de nacimiento

El 26 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifican los modelos de los formatos para la expedición del certificado de nacimiento

Entre las novedades del nuevo formato, destaca el registro del sexo del infante, que marca TRES opciones:

1.- Hombre

2.- Mujer

3.- No especificado

¿NO ESPECIFICADO? El sexo biológico del recién nacido es 100% especificable, científicamente. Independientemente de ello, para efectos de certeza registral, basta apreciar los rasgos sexuales biológicos a partir de la evidencia física apreciable, razonablemente certeros: los hombres tienen pene y testículos. Las mujeres tienen vagina. El sexo biológico es uno de los datos identitarios indispensables para lograr la identificación certera de personas. Registrarlo como indeterminado es sembrar un dato incierto en el acta registral y le resta valor identitario.

Si socialmente es relevante tener un registro de las preferencias sexuales de las personas, lo correcto es incorporar un apartado destinado a quienes deseen que su género o preferencia sexual se asiente en su documento registral, pues el género o preferencia sexual esta condicionado a la autopercepción.

De la misma manera, como se permite en el acta de nacimiento que se registre la autopercepción del registrado —o de quien legalmente le represente— respecto a su origen étnico, el género o preferencia sexual puede ser insertado, pero en un apartado distinto al del sexo biológico. Así se evita restar eficacia probatoria y se mantiene la certeza identitaria del certificado de nacimiento, por ser el sexo biológico un dato científicamente indubitable y por otro lado el género o preferencia sexual se sujeta exclusivamente a la autopercepción del individuo, y puede ser incierta, cambiante, imprecisa y, sobre todo, científicamente inapreciable.

Debe respetarse la preferencia sexual de las personas, pero también se debe respetar la necesidad de mantener un registro de datos ciertos en las actas registrales. Incorporar el apartado de GÉNERO sin excluir el de SEXO BIOLÓGICO dará certeza identitaria a las actas de nacimiento, y ampliar esa incorporación a todos los documentos de identificación, dará certeza jurídica identitaria.

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Explicaciones Constructivas

Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). La noticia que está al día y que tiene en discusión a los legisladores del Congreso de México, es la Reforma a Ley del Infonavit. Para entenderla mejor es importante conocer la historia de este Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, llamado coloquialmente Infonavit. Y es que muchas veces la mala información, o no conocer el pasado, nos hace anunciar un fracaso futuro en el desarrollo de la vivienda y, sobre todo, el uso discrecional de los ahorros de los trabajadores en México.

El Infonavit se creó por decreto de ley en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 1972, para iniciar operaciones el 1 de mayo de ese mismo año; el primer proyecto de construcción de vivienda se inició en agosto de ese año en la ciudad de Tijuana, Baja California, para después abarcar toda la República Mexicana.

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Inicialmente, el Instituto utilizó recursos del propio gobierno y las aportaciones patronales que, por ese tiempo se iniciaban con 5% del salario del trabajador, y que el propio gobierno administraba. Por fin, el 23 de marzo del año siguiente se entregan las primeras 5 mil viviendas en Iztacalco a igual números de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Infohistoria

Cabe destacar que la historia del Infonavit va estrechamente ligada al IMSS, y por ende, ambas dependen completamente de las aportaciones patronales y vienen funcionando como dependencias paraestatales, o sea: que el gobierno no aporta ningún recurso financiero para su operación. Para que los trabajadores sean beneficiados con una vivienda de crédito Infonavit, tiene qué tener un empleo formal en alguna empresa privada.

En toda su historia ha tenido importantes reformas, que han hecho del Infonavit una entidad financiera muy importante y a la vanguardia en temas relacionados con créditos hipotecarios en México. Como parte opuesta se tiene al Fondo de Vivienda de trabajadores del ISSSTE (Fovissste) que tiene como beneficiarios a los trabajadores del gobierno; el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) que otorga a los elementos del Ejército Mexicano; y por último, los créditos hipotecarios bancarios que otorgan las entidades bancarias.

Una de las reformas más importantes para el Infonavit fue la del año de 1992, que creó la subcuenta de vivienda a cada trabajador, para, de ahí, diagnosticar el monto del crédito para comprar vivienda; pero la más importante fue la de convertirse 100% en una dependencia de carácter financiero, algo parecido a una institución bancaria, y por lo tanto dejaba de construir vivienda y establecía reglas para las constructoras y que sean los constructores quienes realicen la vivienda.

Desde ese año hasta la actualidad, el Infonavit ha logrado tener una bolsa de cerca de 13 mil millones de pesos, debido a sus buenas finanzas derivadas de presiones sobre los patrones para cumplir puntualmente con las cuotas obrero-patronales, y con los trabajadores morosos obligándolos a pagos oportunos: en casos contrarios, se procede a embargos de la vivienda y posterior reventa. Estos aspectos, aunque jurídicamente legales, crearon inconformidad sobre todo en los trabajadores acostumbrados a no pagar créditos y, mucho menos, de manera puntual. Esta medida fue aprovechada por el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, de condonar deudas impagables a cerca de 2 millones de créditos de trabajadores.

Control y más control

Una de las medidas polémicas que el nuevo Gobierno de México implementó —y que ya se venía trabajando desde el gobierno obradorista, pero no lo pudo ratificar por no tener mayoría en las cámaras legislativas—, fue el de cambios en el sistema de comités que regulan al Infonavit, y también que se pueda permitir al propio instituto construir viviendas con el monto que los trabajadores tienen ahorrado a través de las aportaciones patronales que ya se explicó anteriormente.

Aunque la construcción de 500 mil viviendas prometidas por el gobierno entrante suena muy bonito, lo que no se ha dicho, es qué harán con los recursos aportados por los patrones y que son completamente de los trabajadores, o sea que: construirán y venderán casas a los trabajadores con dinero de ellos mismos. Si se tuviera un gobierno que fuera buen administrador «tal vez» se creería en esa buena voluntad, pero la historia nos ha indicado que donde el gobierno entra a administrar recursos económicos, están condenados al fracaso.

Pero los más preocupante de la reforma propuesta por los legisladores de Morena a través de la presidenta Claudia Sheinbaum —que según los noticieros, tiene urgencia de aprobarla sin ni siquiera hacer mesas de trabajo o foros con los actores involucrados—, es sobre la conformación de los comités que regulan al Infonavit y que a su vez nombran a los directivos.

En la actualidad, existen tres comités que regulan el funcionamiento del Infonavit, éstos son: Comité de Vigilancia, Comité de Transparencia y Comité de Auditoría. En todos ellos se tiene una función tripartita, esto quiere decir que se conforman en partes iguales sectores patronales, de los trabajadores y del gobierno. La reforma que se quiere aprobar quitaría la participación del sector patronal y trabajadores, dando más presencia al gobierno.

Por poner un ejemplo, el Comité de Transparencia, que tienen entre sus funciones la protección y acceso a la información de los trabajadores tiene, actualmente, un representante de los trabajadores, uno de los patrones y uno del gobierno: en total, tres integrantes. Después de la reforma, se pretende que el gobierno suba a tres representantes y los otros sectores se queden con uno (serían cinco en total), logrando mayoría en las decisiones. Otro comité y mucho más importante es del Auditoría, que tiene la misma situación y que el gobierno pretende subir su representación a tres integrantes; este comité tiene la función principal de vigilar la administración de recursos, los gastos y operaciones que se hagan con el recurso económico, entre otras funciones.

Con estas reformas se pretende dar control absoluto a la dirección y a los recursos económicos del Instituto que a lo largo de su historia logró mantener; y como ingrediente extra, se tiene que actualmente el Director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, viene de una dudosa administración de Pemex en la anterior administración.

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