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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La postura de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se oponen a una fiscalización más estricta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a penas más severas contra aquellas personas o empresas que expidan facturas falsas, monten operaciones financieras fraudulentas y evadan el pago de impuestos, es cuando menos vergonzosa, pues éstos, en diversos grados, son crímenes financieros que afectan a la nación.

No estamos hablando del ciudadano de a pie que no pagó sus impuestos, el asunto es exponer y frenar la sangría del erario que muchos empresarios de mediano y alto calado le han hecho al país durante décadas, y además castigar a los factureros. Algunos legisladores opositores han llamado terrorismo fiscal a las reformas hacendarias y buscan frenar, mediante una queja de inconstitucionalidad, el incremento de las penas contra los infractores financieros. En su intentona de detener una fiscalización más severa están defendiendo a la corrupción. Ya se verá si detrás de esta oposición hay intereses ocultos, de grupo o personales.

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No es coincidencia que muchos de estos políticos sean, o hayan sido, empresarios durante las administraciones pasadas y que se hayan beneficiado de contratos millonarios con los diferentes niveles de gobierno; entre éstos sobresale la panista Xóchitl Gálvez, quien a ultranza busca disminuir las penas judiciales contra los evasores de impuestos. A tal grado es su cinismo, que la oposición logró ampliar hasta en ocho millones de pesos el umbral de permisividad de los delitos financieros que no impliquen cárcel —esto bajo fuertes presiones de una buena parte de los grandes empresarios mexicanos—, quieren darle chance a los criminales financieros, a sus empresas fantasma y a sus factureros de poder defraudar al fisco hasta por ocho millones de pesos sin que eso implique cárcel.

Margarita Ríos-Farjat ha declarado que la facturación falsa es un crimen de defraudación fiscal de grandes dimensiones, pues del 2014 al 2019 se emitieron casi nueve millones de facturas, que implicaron transacciones por 1.6 billones de pesos y una merma económica para la nación de 354,000 millones de pesos, que, además de implicar enriquecimiento ilícito, pueden haber implicado lavado de dinero del crimen organizado.

Y aunque pueden ser trabajadores del Estado que van y compran facturas en Santo Domingo, Ciudad de México para justificar viáticos, también pueden ser  titulares de dependencias gubernamentales que quieren justificar más dinero del que realmente gastan, o pueden ser particulares, dueños de pequeñas y medianas empresas, que intentan justificar más gastos anuales y declarar menos impuestos por ingresos. Estos delitos pueden ser cometidos individualmente, pero también es posible que haya organizaciones dedicadas a la falsificación y la simulación de transacciones monetarias que implica a despachos jurídicos y empresarios que se dedican a lavar dinero del crimen organizado.

La corrupción es un asunto de seguridad nacional cuando los legisladores —supuestos representantes del pueblo—, la defienden desde su posición; debe ser considerado un asunto de la mayor relevancia cuando implica el montaje de transacciones monetarias que lavan el dinero del crimen organizado; y cuando ha involucrado a diversas universidades del país en la llamada Estafa Maestra, en la que participaron varios ex servidores públicos.

La investigación contra la evasión fiscal y el lavado de dinero apenas comienza, sin duda poco a poco irán surgiendo nombres de empresarios, políticos y conocidos criminales involucrados en operaciones financieras ilícitas, quienes no serán víctimas de terrorismo fiscal, sólo serán sujetos de la aplicación de la ley, pero eso no quita que hoy sientan terror por lo que está por venir.

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