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Seis y medio millones de votos

16-Ago-2021

OPINIÓN por Roberto E. Galindo Rodríguez
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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Consulta Popular para Enjuiciar Expresidentes fue propuesta desde la campaña electoral del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, no les agradó a los integrantes de la oposición. La pregunta inicial para esta consulta la planteó AMLO al Senado de la República en septiembre de 2020 fue:

¿Está de acuerdo o no en que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante, y después de sus respectivas gestiones?

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La reacción de los opositores a la consulta se articuló alrededor de una frase: “La ley no se consulta, se aplica”, la que repitieron hasta el cansancio comentaristas, reporteros y analistas de los medios de comunicación con mayor alcance nacional; obviamente, detractores de la Cuarta Transformación (4T). En un país en el que la impunidad es una realidad —las estadísticas lo señalan: al menos el 95% de los actos ilegales quedan impunes—, es contradictorio que el contraataque a la Consulta Popular se haya erigido a partir de esa frase.

No es tarea menor llevar a juicio a expresidentes que han gozado de impunidad durante sus mandatos debido al fuero presidencial; y que una vez que terminan sus sexenios son protegidos por las relaciones políticas, económicas, y judiciales creadas durante sus administraciones.

Es así que aseverar que “La ley no se consulta, se aplica”, es cuando menos un atentado contra el sentido común de cualquiera que se asuma como mexicano, y no por que no deba ser así, pues la ley debería aplicarse, sin duda, pero con nuestros sistemas judicial y policíaco, corruptos y coptados por poderes criminales, políticos, mediáticos, y empresariales, la aplicación de la ley es algo más complicado; por lo que “La ley no se consulta, se aplica” resulta ser una frase simplista y patética si se toma en cuenta la realidad de la impunidad criminal en nuestro país.

Pero, esa frase caló hondo en ciudadanos inocentes, no ignorantes, pero sí desubicados en el contexto social nacional; y ellos, los que decidieron no participar, no se dieron cuenta de la importancia de la primera Consulta Popular de carácter constitucional en la historia de México, que representa mucho más que llevar a juicio a esos expresidentes.

Para que la consulta fuera aceptada, sin más reparos por el Instituto Nacional Electoral (INE) fue necesario que la sociedad, a través del Senado de la República, presentara más de 1 millón 800 mil firmas solicitándola, número equivalente al 2% de los inscritos en el padrón electoral. En septiembre del año pasado fueron presentadas más de 2 millones y medio de signaturas. De esta manera la organización de la Consulta Popular se convirtió en un hecho constitucional.

Aun y con la solicitud presidencial y el requerimiento ciudadano, muchas voces opositoras se elevaron en contra de la pregunta planteada por AMLO, y cualquier otra que hiciera referencia a los nombres de los expresidentes. El asunto se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos integrantes debieron matizar el planteamiento inicial hasta que derivó en el siguiente:  

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Una interrogante ambigua, pero que todos sabíamos se refería a los expresidentes en cuestión. La pregunta se volvió lo de menos, el acto de la consulta ciudadana trascendió a dicho cuestionamiento.

Además de la modificación a la pregunta inicial, los ataques a este ejercicio democrático se dieron desde todos los flancos controlados por la oposición en los medios de comunicación y en organizaciones no gubernamentales, vimos y escuchamos atacar a la consulta a los voceros de los regímenes pasados: intelectuales, comentaristas, conductores de televisión y radiofónicos.

También, denostaron a la consulta personajes que supuestamente han participado o son partícipes directos de la democracia mexicana como José Wondelberg, quien fuera Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), quien nos llamó, a los que votamos en la consulta popular del 1 de agosto: “Los perros de Pablov”, e hizo un llamado público a no participar en ese ejercicio democrático; lo que lo desnuda como un cancerbero de los criminales de los regímenes anteriores. Lo más grave es que desde el INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama se dedicaron a entorpecer, denostar y burlarse de la Consulta Popular.

Lo más prudente hubiera sido que la consulta se llevara a cabo en el pasado proceso de elecciones intermedias, el 6 de junio, eso habría reducido los costos de la organización del evento y la participación hubiera sido mucho mayor, pero las autoridades electorales y en general los legisladores de la oposición hicieron todo lo posible para no llevar a cabo un ejercicio democrático simultáneo.

Además, la difusión de la Consulta Popular por parte del INE, así como el despliegue de mesas y casillas fueron reducidos, con toda la intención de generar una menor participación ciudadana. Hoy, sabemos que el INE cambió de lugar el 48% de las casillas con respecto a los lugares en que se ubicaban en otras elecciones, también sabemos que un gran número de éstas y de las establecidas en sus lugares de costumbre fueron cerradas al medio día del domingo 1 de agosto, mucho antes del cierre establecido para las 18:00 horas. Pero, a pesar de todas las adversidades la Consulta Popular se realizó.

El 1 de agosto fuimos a votar poco más del 7.11% de los inscritos en el padrón electoral, es decir 6 millones 663 mil 208 sufragistas, de los cuáles el 97.7% votamos a favor de investigar y enjuiciar a expresidentes y exfuncionarios públicos, y el 2.3% restante lo hizo en contra o anularon sus votos. Es así que la inmensa mayoría de los mexicanos que estamos interesados en la democracia participativa nos decantamos por el respaldo a la propuesta presidencial, aunque no alcanzamos el mínimo requerido del 35% del padrón electoral para hacer vinculatorio el resultado de la consulta.

Seis millones y medio de votos a favor de la propuesta de AMLO no son poca cosa si se considera que en las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo 8 millones 969 mil 288 y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió 8 millones 715 mil 899. Es más, los números de la Consulta Popular son bastante considerables si se comparan con los obtenidos por la ahora oposición en la pasada elección presidencial, en la que el candidato priísta logró poco más de 9 millones de sufragios y el candidato panista alrededor de 12 millones y medio de estos.

Es así que 6 millones y medio de votos son una base firme para impulsar la realización de otras consultas, ya que este número no sólo representa la base del morenismo ni la del obradorismo, recuérdese que a la Consulta Popular llamaron a participar sectores sociales tan distantes y hasta contrarios a Morena y a AMLO como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La primera Consulta Popular constitucional es un gran avance en la relación entre el pueblo y su gobierno, resultado de la histórica lucha de la izquierda mexicana y a pesar de la derecha panista y priísta; pero, sobre todo, es el mayor logro de la ciudadanía en la incipiente democracia participativa de nuestro país.

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