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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Llegaron al poder enarbolando la bandera de la lucha frontal a la corrupción, y ofertaron la “ciudadanización” de la contraloría municipal, pero tan pronto asumieron el encargo público, olvidaron su promesa, nombraron como Contralora municipal a su jefa de campaña, y continuaron con la añeja y tolerada práctica de vender el patrimonio territorial municipal, en beneficio de sus bolsillos y de fraccionadores y “desarrolladores” inescrupulosos, en grave detrimento del erario municipal y de la sociedad paceña, que pierde en cada venta de predios donados, espacios de convivencia, recreación y saneamiento ambiental.

Pese a que la lucha contra la corrupción es la cantaleta que más se repite en el eje discursivo de nuestros políticos, y que incluso hemos suscrito tratados internacionales sobre el tema, en los hechos, los ciudadanos vemos como todo ese afán propagandístico y de simulación legal es letra muerta, pues en la práctica, no hay un esfuerzo real por combatir de raíz la corrupción, y en ese proceso de falsa retórica, es el mismo político que promete combatir la corrupción, el que la pone en práctica.

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La lucha contra la corrupción solo será realidad, el día en que los ciudadanos, los de a pie, los que pagamos impuestos, los que no tenemos aspiraciones políticas, dejemos la pasiva actitud atávica de ser simples espectadores, y asumamos el compromiso histórico de ser actores en el proceso de combate y erradicación de la corrupción e impunidad con que operan aquellos que alcanzaron con falsas promesas el poder público, sólo para servirse del mismo, en perjuicio de la función pública, el interés social y el erario.

Solo será realidad el combate a la corrupción, el día en que desde la sociedad civil nos organicemos para combatirla, y si bien no existe en el texto constitucional un concepto jurídico que la defina, fundamentalmente por tratarse de un concepto sociológico, en el discurso político y en la propuesta que genera la normatividad que rige la vida del Estado, se ha ubicado la interpretación y el combate a la corrupción, en el campo de la aplicación del derecho penal, a través de diversas figuras delictivas, cuyo común denominador es la protección del erario y del buen funcionamiento del servicio público. Es así como surgen los diversos tipos penales que sancionan con cárcel, inhabilitación y multas las conductas que a criterio del legislador, transgreden el servicio público y lesionan o ponen en peligro el erario.

Contando entonces con el marco legal mínimo indispensable para ello, los ciudadanos deberemos constituirnos en órganos de control, asociándonos para formar una o varias contralorías ciudadanas, ajenas a las instituciones públicas, políticas o religiosas, desde las cuales, atendiendo estrictamente a intereses gremiales legítimos, vigilemos el quehacer gubernamental.

La estructura de la contraloría ciudadana debe partir desde las asociaciones vecinales hasta las organizaciones profesionales y gremiales, con un solo objetivo, supervisar el actuar gubernamental, denunciar y perseguir cualquier acto de corrupción.

Los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción están al alcance de la sociedad, únicamente es necesario organizarnos y emprender con determinación la empresa.

Proponemos en estas líneas un sencillo ejercicio de contraloría ciudadana: sabemos por información publicada en las redes sociales, que el Ayuntamiento de La Paz ha vendido ilegalmente un terreno de donación, en la zona urbana de alto valor comercial turístico denominado “El Manglito”, recibiendo de manos de los voraces desarrolladores, trece millones de pesos (en abonos) a cambio de un predio de donación, cuya explotación comercial brindará a los particulares ilegalmente beneficiados, una ganancia superior a los doscientos millones de pesos.

Nuestra legislación proscribe ese tipo de operaciones, y su concreción actualiza un tipo penal de peculado, en el que unos pocos se benefician ilegalmente del erario municipal en perjuicio de la comunidad paceña, que pierde no sólo el elevado valor del activo inmobiliario, sino que pierde un espacio de recreación, esparcimiento, convivencia y saneamiento ambiental.

Reunida la documentación que acredite el hecho ilícito, presentaremos la denuncia ante el Agente del Ministerio Público. A partir de ese momento, invitamos a toda la ciudadanía que guste sumarse al esfuerzo, a que participe en la lucha por perseguir y sancionar a los malos funcionarios municipales que participaron en la ilícita venta, y los voraces empresarios desarrolladores que se benefician ilegalmente con la misma. Convocaremos a través de las redes sociales a diversas movilizaciones y acciones colectivas tendientes a buscar la sanción de quienes hoy ilegalmente se enriquecen y al tiempo buscan allegarse de recursos económicos para escalar en el cargo público, y desde la gubernatura, seguir saqueando al Estado.

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