Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal, enfatiza como una de sus prioridades, el combate a la corrupción. Haciendo eco a la misma propuesta, la actual administración estatal sudcaliforniana, basó su campaña en una reiterada promesa de abatir la corrupción. Dicha promesa es una asignatura pendiente, y su incumplimiento se pretende justificar en la falta de presupuesto. Como si este asunto, se combatiera en automático incrementando el gasto público.

Lo paradójico del argumento es que la asignación de recursos para el supuesto combate a la corrupción, terminan siendo engullidos por una red de contubernios que permiten que muchos de esos recursos terminen en los bolsillos de funcionarios corruptos. El último capítulo de la farsa denominada combate a la corrupción, es el procedimiento de designación de quien asumirá el encargo de Fiscal Anticorrupción en la entidad.

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Después de años de espera, finalmente tendremos un fiscal anticorrupción en el Estado, y escucharemos discursos encendidos, y hasta enarbolarán simbólicos pañuelos blancos, porque dirán. -seguramente-, que se está cumpliendo con el compromiso de combatir la corrupción, pero, lo cierto es que ese fiscal, si llega a ser nombrado, solo será un empleado más en la abultada nómina del Estado.

La lucha contra la corrupción es una farsa, si tomamos en cuenta que se centra el esfuerzo en castigar los actos de corrupción, cuando no estamos haciendo nada por evitarla, por prevenirla y que en el Estado, tiene un enfoque equivocado. La corrupción es una enfermedad, y como tal, hay que enfatizar la lucha en la prevención. Además, es un delito, y como todos ellos, es preferible prevenirlos, evitar su comisión, que tratar de sancionarlos.

Así como tenemos hospitales llenos de enfermos y cárceles sobrepobladas por no saber aplicar un programa integral y efectivo de prevención, contención y disuasión en materia de salud y seguridad pública, con altos índices de impunidad, así también, terminará la supuesta lucha contra la corrupción en el Estado, si no enfocamos el rumbo en la prevención y disuasión.

Y no es cosa de gastar millones y millones, como los que se tiran a la basura cada año en programas fallidos. En realidad, y sin mayores gastos de operación, podemos iniciar con algo muy sencillo pero contundente: COMBATIR LA OPACIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Estamos en el siglo XXI, el llamado siglo de la comunicación y transparencia. Contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten conocer al instante, lo que pasa al otro lado del mundo, pero en materia de administración pública, seguimos manteniendo esquemas de ocultamiento, secrecía, opacidad y nefasta privacidad, en cuestiones de orden público.

Mientras el ejercicio público se pueda desarrollar con ocultamiento, NUNCA vamos a erradicar la corrupción. Necesitamos hacer de la transparencia la regla, sin excepción alguna. Mientras los diputados tengan sesiones y votos secretos, toma de decisiones en privado; mientras los cuerpos edilicios puedan sesionar de manera secreta, de manera extraordinaria, fuera del recinto oficial y a escondidas; mientras las audiencias judiciales sigan siendo privadas, mientras los jueces y magistrados deliberen en privado; mientras el ocultamiento y la opacidad sigan siendo prácticas no solo toleradas sin en algunos casos obligatorias, NUNCA, absolutamente NUNCA, podremos acabar con la corrupción.

Y es que la corrupción es hija de la oportunidad. El adagio vulgar dice que con el arca abierta, hasta el más justo peca; un refrán medieval afirma que es la ocasión la que hace al ladrón, y hasta un parangón futbolero afirma que estando en el área ni modo que no le tire a gol.

Aristóteles consideraba inherente al servicio público, el riesgo de incurrir en actos de corrupción. Muchas personas piensan que no se puede acabar con la corrupción, que es histórica, cultural y hasta hubo un presidente que dijo que era genética. Falso. La corrupción es el fruto de un acto decisorio, personal y ocasional, que se acuna en el secretismo y se fomenta en la impunidad.

La corrupción es combatible, y, sobre todo, prevenible. Podremos tener cien fiscales anticorrupción y centenares de discursos sobre el tema, pero si no la prevenimos, nunca acabaremos con ella. La vacuna contra la corrupción es la transparencia, y el refuerzo la rendición de cuentas. La prevención empieza en el marco regulatorio. Y no tiene costo extraordinario.

Debemos empezar por EXIGIR a nuestros diputados locales que lleven a cabo una reforma integral de nuestra legislación vigente, mediante la cual se proscriba en el marco constitucional local y en sus leyes reglamentarias, TODO ACTO DE AUTORIDAD SECRETO o PRIVADO. Se debe gobernar de cara al pueblo, con absoluta transparencia. Si no prevenimos la corrupción, seguiremos siendo sus reos, por más fiscalías que inventemos.

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