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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las tragedias ocasionadas por los fenómenos naturales como sismos, tsunamis, huracanes, inundaciones, tormentas invernales, etc, en muchas ocasiones se pueden prevenir, incluso, a veces pasan sin dejar pérdidas humanas que lamentar, y, otras veces, nos dejan la enseñanza de que a la naturaleza no la podemos desafiar.

Después de ver la inundación reciente de Ciudad Insurgentes, en el municipio de Comondú, por el paso de un remanente de la tormenta Ivo, y luego los destrozos en carreteras en el municipio de La Paz por el paso, ya más cerca, de la tormenta tropical Lorena, cabe hacernos las preguntas: ¿por qué nos causan tanto daño los desastres naturales?, ¿por qué no aprendemos a evitar los daños con anticipación? y, ¿quién responde ante los daños ocasionados por los desastres naturales?

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Hay de efectos a efectos, ocasionados por los desastres naturales, y es que también se debe de reconocer que cuando las fuerzas de la naturaleza se salen de su control establecido o, mejor dicho, de su registro estadístico, es cuando ocasionan más daño; por ejemplo, los terremotos registrados en la actualidad como muy destructivos son los que andan en los 8 grados Richter, hablando de la República Mexicana; esto quiere decir que un sismo mayor de 8 grados se sale de los parámetros registrados, teniendo una fuerza que ocasiona severos daños a la economía y a la vida social de los pobladores que lo experimentan.

Lo mismo pasa con los huracanes que se registran en el pacífico mexicano, a los cuales la agencia americana llamada Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ¨NOAA¨ (National Oceanic and Atmospheric Administration siglas en inglés) clasifica en distintas categorías, dependiendo de los vientos y presión atmosférica que presentan.

Por ejemplo, para Baja California Sur, el huracán Odile, que tocó tierra en Los Cabos en septiembre del 2014, ha sido unos de los más letales de los últimos años, e impactó como categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, mientras que el ciclón Lisa, que dejó múltiples pérdidas humanas en La Paz en aquel septiembre de 1976, rozó la península en categoría 3, sin siquiera tocar tierra; con estos antecedentes tendríamos que un huracán categoría mayor a 3, probablemente ocasionaría daños aún mayores a los registrados hasta hoy.

Pero, ¿qué pasa cuando el fenómeno natural es menor, o mucho menor, que los efectos o datos registrados en las estadísticas?, se supone que las administraciones públicas y la población debe de estar preparada adecuadamente para los fenómenos, repito, de menor intensidad que los registros históricos.

Hay ocasiones que las tragedias humanas se pueden evitar, por ejemplo en los sismos de la Ciudad de México en el año 2017, si se hubiera hecho caso a los reglamentos de construcción varios edificios no hubieran colapsado; o cuando suceden crecidas de arroyos por la presencia de huracanes y la gente intenta atravesarlos, suelen producirse decesos evitables.

Hay algo muy claro en la mayor parte del territorio nacional, y es que no aprendemos que la naturaleza tarde o temprano reclama su espacio, y no debemos de interferir en ello, como desafortunadamente pasa con las invasiones de vivienda que se asientan sobre el cauce de arroyos, o el nacimiento de centros de población en zonas de riesgo; después, cuando suceden las tragedias, de inmediato queremos que el gobierno nos resuelva todos los problemas, que se derivaron de una mala cultura de prevención.

Ya que pasaron los fenómenos naturales, se haya tenido responsabilidad de la población civil o no, corresponde al gobierno estatal, principalmente, valuar los daños y emitir una declaratoria de emergencia nacional para la zona afectada, y aquí es donde viene lo interesante, en lo concerniente a la obra pública manejada por las autoridades. La dependencia federal que regula y dicta si es válida la declaratoria de emergencia, es el Fondo de Desastres Naturales en México, comúnmente llamado FONDEN.

El Fondo de Desastres Naturales en México, se estableció a finales de los años 90´s a nivel federal, como una ayuda económica y eficaz para la rehabilitación de toda la infraestructura federal o estatal dañada por los desastres naturales. Con el tiempo, se han ido regulando las reglas de operación así como estableciéndose la supervisión adecuada para garantizar el buen uso final de los recursos económicos. Los recursos del FONDEN, vienen principalmente a través del presupuesto de egresos de la federación y cada año se renueva de acuerdo a las características del año inmediato anterior.

Al principio de su funcionamiento, los gobiernos estatales fueron muy ayudados en obras que, muchas veces, no cumplían en su periodo o que, como se dice vulgarmente, saludaban con sombrero ajeno, haciendo suyas las obras derivadas de un desastre natural, incluso se dieron casos en que no tuvieron obra alguna en un año de ejercicio, y una tormenta vino a salvar el año con obras contraídas a expensas el FONDEN; esto, aunado a que en dichas obras, por la reglamentación operativa, no se requieren licitarse y los precios se manejan discretamente y a contratistas de modo.

Otro vicio común de los gobiernos estatales y municipales, es que con eventos climáticos atípicos y que muchas veces se pudieran evitar con la prevención, en cosa rápida emiten la declaratoria de emergencia, como dice el dicho a ver si es chicle y pega, y mandan recursos económicos.

Como dato interesante y obtenido de la página recurso del FONDEN 2018 de la Secretaría de Gobernación, a Baja California Sur se le envió la cantidad de poco menos de 800 millones de pesos, por daños ocasionados por la tormenta Lidia.

La moraleja final de los desastres naturales, es que es imperativo contar con una buena conciencia y cultura de la prevención, sabiendo que esta es el mejor antídoto contra las tragedias, y que no vale la pena arriesgar la integridad de las familias sudcalifornianas en cada lluvia por estar esperanzados a que el gobierno envíe dinero por el desastre; sin embargo, es labor del gobierno trabajar con anterioridad en las obras e infraestructura necesarias para que los desastres naturales no terminen como estadísticas mortales.

 

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