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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Si bien la Constitución mexicana aborda el tema del combate a la corrupción, no la define. Tampoco la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción proporciona una definición. En ese entendido, podemos afirmar que no contamos con una definición legal de corrupción, pese a que su combate es el estandarte de la actual administración pública federal.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el único instrumento universal y jurídicamente vinculante contra la corrupción, en sus postulados enuncia las causas y las consecuencias de la corrupción, pero no define.

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La Secretaría de la Función pública la define en su página de internet, como “el abuso del poder para beneficio propio”, y la clasifica en tres grupos: a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

Transparencia Internacional, ONG, define la corrupción como “el abuso del poder encomendado, para beneficio privado”, y entre sus actividades enfocadas al combate a la corrupción, destaca un estudio estadístico que publica anualmente, y que sirve como referente mundial de clasificación del nivel de corrupción que desde la ciudadanía se percibe, y con esa base formula recomendaciones, no vinculantes, pero de alta consideración por organismos internacionales.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado en enero 23 del 2020, por Transparencia Internacional, en 2019, México está reprobado en combate a la corrupción, pues obtuvo 29 de 100 puntos, y ocupa la posición 130 de 180 países evaluados.

La calificación de México nos ubica en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo de países que engloba el 80% del comercio e inversiones mundiales

En el Grupo de los 20 (G20), que incluye a países industrializados y economías emergentes que concentran el 66% de la población y al 85% del PIB mundial, México es penúltimo lugar, sólo un punto arriba de Rusia (28 puntos).

Recomendaciones generales:

Para frenar la corrupción y recuperar la confianza en la política, es indispensable reducir las oportunidades para que ocurra la corrupción política y promover la integridad de los sistemas políticos, Transparencia Internacional propone las siguientes acciones concretas:

• Gestionar los conflictos de interés

Los gobiernos deben reducir los riesgos que suponen una influencia indebida en la elaboración de políticas públicas. Para ello, deben reforzar los controles sobre los intereses financieros y de otro tipo que puedan tener los funcionarios y cargos públicos. Los gobiernos también deben prestar atención a las “puertas giratorias”, establecer periodos de “enfriamiento” para los antiguos funcionarios, y garantizar que las normas se cumplan y que aplican las sanciones.

• Controlar la financiación política

Para evitar los flujos excesivos de dinero y su influencia en la política, los gobiernos deben mejorar y hacer cumplir las regulaciones sobre la financiación electoral. Los partidos políticos también deben publicar sus fuentes de ingresos, bienes y préstamos, y los gobiernos deben otorgar más poder a los órganos de supervisión a través de mayores competencias y recursos adecuados.

• Fortalecer la integridad electoral

Para que la democracia sea efectiva contra la corrupción, los gobiernos deben garantizar unas elecciones libres y justas. Prevenir y sancionar la compra de votos y las campañas engañosas deben ser acciones prioritarias para recuperar la confianza en el gobierno y permitir que la ciudadanía utilice su voto para castigar a los políticos corruptos.

• Regular las actividades de lobby

Los gobiernos deben promover un acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones, y consultar a una diversidad de grupos, más allá de los lobistas acaudalados y de unos pocos intereses privados. La información sobre las actividades de lobby debe ser pública y accesible.

• Acabar con el trato preferencial

Los gobiernos deben crear mecanismos para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no responden a conexiones personales o están sesgados hacia determinados grupos de interés en detrimento del bienestar público. 

• Empoderar a la ciudadanía

Los gobiernos deben proteger las libertades civiles y los derechos políticos, entre ellos la libertad de expresión, opinión y asociación. Los gobiernos deben comprometerse con la sociedad civil y ofrecer protección a la ciudadanía, los activistas, los informantes y los periodistas que hacen seguimiento y denuncian la corrupción.

• Reforzar los sistemas de control

Los gobiernos deben promover la separación de poderes, fortalecer la independencia del poder judicial y salvaguardar los sistemas de control.

Recomendaciones específicas para México 

1. Consolidar su Sistema Anticorrupción, particularmente a nivel estatal y en los tres poderes. El esfuerzo por controlar la corrupción debe ser nacional y no sólo de la Administración Pública Federal.
2. Asegurar el cumplimiento cabal de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses para todos los servidores públicos, especialmente en áreas de riesgo y alto nivel. Cinco años después de la promulgación de una reforma constitucional para cumplir con este fin, los sistemas de declaraciones patrimoniales y de intereses exhaustivos y públicos se sigue posponiendo.
3. Asegurar una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, con controles democráticos efectivos para evitar su uso selectivo o político. Uno de estos controles democráticos es la creación de una política de persecución penal, discutida ampliamente con la sociedad, en materia de control de la corrupción.

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