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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La autodenominada Alianza Federalista, integrada por diez gobernadores: cinco panistas, dos priístas, un perredista, uno emanado de Movimiento Ciudadano y otro independiente, ha intentado de todo para desacreditar al Gobierno Federal y para obtener  dividendos políticos para el próximo proceso electoral de 2021. Desde su salida de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores), estos jefes estatales han remado a contracorriente de los intereses de la nación.

Uno de sus primeros amagos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue el de salirse del Pacto Fiscal, el mismo que fue impulsado y aprobado por los panistas en el sexenio de Felipe Calderón. Hablaron incluso de independizarse, más ridículos no podían sonar, pero hubo algunos ciudadanos que se creyeron la pantomima. ¿Cómo se van emancipar de la federación si es esa la que les provee de recursos económicos, seguridad social y en materia de salud a la mayoría de sus gobernados? Claro está que algunos estados generan grandes movimientos económicos y aportan a la federación, pero también de esta fluyen estos y otros recursos a las entidades federativas.

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Cuando Javier Corral, gobernador de Chihuahua, vociferaba contra el presidente y parecía asumir el control de la caterva de gobernadores rijosos, pasaron por alto que el presidente y el partido gobernante a nivel federal controlan las fuerzas armadas y que los mas altos mandos de estas fueron nombrados por López Obrador, independientemente de aquellos que le recomendaron los anteriores jefes de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) y la SEMAR (Secretaría de Marina), quienes son militares afines al expresidente Enrique Peña Nieto. Pequeño detalle en sus aspiraciones separatistas, y es que si se lanzaran de lleno en un escenario independentista, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la mano los acusaríamos de traición a la Patria y, los elementos de nuestras fuerzas armadas están destacamentados en todo el territorio nacional.

Está claro que la Alianza Federalista tiene como propósito generar impacto mediático con sus bravuconadas politiqueras para posicionar a panistas y priístas en las próximas elecciones intermedias, debemos tener en cuenta que de las gubernaturas que se van a renovar el año próximo ocho son gobernadas por el PRI, cuatro por el PAN, una por el casi extinto PRD, otra por un gobernador independiente, así como una por Morena.

Los amagos de los aliancistas han sido diversos, casi todos originados por la cancelación que hizo el Gobierno Federal de los fideicomisos, varios de estos controlados discrecionalmente por los gobernadores, mismos de los que se sirvieron por mucho tiempo para desviar recursos en especie y económicos para fines a los que no estaban destinados oficialmente. Sabemos que los gobiernos federales panistas y priístas solaparon y coadyuvaron en el uso y abuso de estos mecanismos económicos en contubernio con las entidades federativas para propósitos electorales y particulares.

La amenaza más reciente de los aliancistas es que ellos quieren adquirir mediante créditos las vacunas contra el coronavirus para sus entidades, cuando ya existen compras pactadas para diversas vacunas y un ambicioso plan de vacunación a nivel nacional que está ya implementando el Gobierno Federal; al que, por supuesto, acusan de manejar la vacunación con tintes políticos, pero se les olvida que la inoculación comenzará en Coahuila y la Ciudad de México (CdMx), la primera entidad priísta y la segunda morenista, pero que tienen algo en común: la mayor crisis de contagios y decesos en las últimas fechas. Es así que la estrategia del Gobierno Federal es atender a los más necesitados, a las entidades con mayor crisis, así como con una infraestructura que permita la vacunación sin mayor problema, en este caso la CdMx y ello debido a las grandes exigencias de transportación y logística que implica la inoculación de la vacuna del laboratorio Pfizer, de la que es necesario aplicar dos dosis que deben ser transportadas a una temperatura inferior a los 70 grados Celsius, es por ello que se va a emplear al Ejército y a la Marina para su distribución.

El escenario mundial para la venta y adquisición de las vacunas es muy complicado, el Gobierno Federal a través del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha trabajado en la adquisición de las vacunas desde antes que se fabricaran. México como país que planteó ante la Organización de las Naciones Unidas la distribución ordenada y equitativa a nivel mundial de la vacuna contra el SARS-Cov-2, por intermediación de nuestro presidente, no debe lanzarse a adquirir vacunas en desorden, alterando los acuerdos internacionales. Es de esperarse que el incremento de los contagios causado por la temporada invernal y la relajación de las normas de distanciamiento social generen más pánico del que ya hay. Lo que sin duda abonará a que se lucre con la vacuna, mediante compras independientes, el robo y la generación de un mercado negro de las mismas. En México, los gobernadores de la Alianza Federalistas son los que buscan poner el desorden para utilizar la vacunación contra el coronavirus con fines políticos, cuando la estrategia de inoculación de la población es una operación de seguridad nacional que por Ley debe estar a cargo del Gobierno Federal.

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