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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Themis, la mítica dama de impasible rostro y ojos vendados, con balanza en mano y espada en ristre, representa a la justicia. Suele decirse que es ciega, pero si en realidad fuera ciega, no ocuparía vendaje en los ojos para impartir justicia sin mirar a los enjuiciables.

Hay quien dice que la helénica Themis, de origen divino, fue adoptada por los romanos bajo el nombre de Iustitia, y es cuando a su representación le agregan la venda en los ojos, y es que si algo padecieron los romanos, fue la corrupción y la prebenda en el ejercicio de la aplicación del derecho a cargo del tribuno en turno. La espada y el león a sus pies, en algunas representaciones, simbolizan la fuerza que acompaña a la aplicación de la ley.

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A Iustitia le han quitado y vuelto a poner la venda, a lo largo de la historia, prevaleciendo en estos días la imagen vendada, que-insisto-, sale sobrando, si la dama es ciega.

En lo que todos coinciden es que en su ejercicio, debe ser imparcial, y su administración, en la actualidad, es una exigencia fundamental en todos los sistemas democráticos del planeta.

En México, la justicia se administra por los tribunales, cuyo ejercicio debe estar previamente constituido. Cada Estado de la República se reserva el establecimiento de tribunales propios, para que en el campo de su competencia la justicia se administre en la vía interna, conforme al modelo republicano, de manera gratuita, pronta y expedita.

En Baja California Sur, la sana administración de justicia es una asignación pendiente. Como entidad hemos evolucionado en muchos campos del desenvolvimiento social, pero en seguridad pública, procuración y administración de justicia, enfrentamos grandes carencias y rezagos.

Específicamente hablando de la administración de justicia, seguimos encasillados en un modelo forjado a mediados del siglo pasado.

Nuestra justicia no es ciega, es miope, y lo peor, sorda y perezosa, veleidosa y corruptible, en gran medida, gracias a los viejos vicios de asignación de cuotas de poder, que convierten al órgano judicial en el brazo ejecutor del gobernador en turno, quien –para afianzar su poder- designa a los magistrados judiciales a través de una simulación avalada por el Congreso.

Al controlar la designación de magistrados y controlar la asignación presupuestal vía iniciativa respectiva al Congreso, el gobernador tiene bajo su férula a quienes deciden sobre culpabilidad o inocencia, sobre patrimonios, heredades, derechos y obligaciones ventiladas controversialmente en los juzgados.

El primer reto entonces, en el siglo XXI, al correr la primera veintena de la centuria, es alcanzar la autonomía decisoria y presupuestal plena, para así poder hablar de un Poder Judicial realmente soberano.

La autonomía presupuestal es sencillo alcanzarla. Basta con establecer constitucionalmente un porcentaje fijo mínimo de asignación, para no depender de la propuesta que al respecto formule en su presupuesto anual el gobernador.

Para alcanzar la autonomía decisoria, habrá también que modificar el marco constitucional, para que la magistratura judicial deje de ser una beca que otorga el gobernador en turno a sus fieles y allegados.

El fiel de la balanza debe modificarse para que las magistraturas y los nombramientos de jueces, por norma constitucional, se asignen previo examen y concurso por oposición, buscando así que tales puestos se otorguen a los más aptos, más capacitados, más experimentados, con el mejor perfil para el encargo.

Es urgente entonces, que magistrados y jueces gocen de plena autonomía, para que ejerzan su encargo como auténticos themistopoloi, servidores de la justicia, y no testaferros del gobernador en turno.

También ha de modificarse el marco constitucional del Estado para desaparecer toda secrecía. Actualmente se permiten sesiones secretas del pleno, en las que se deciden cuestiones tan importantes como la elección del presidente del Tribunal.

Estamos en el siglo de la transparencia, y todavía arrastramos viejos vicios del oscurantismo, la opacidad, la secrecía que alimenta el contubernio, el encubrimiento y la complicidad.

La justicia debe impartirse de cara al pueblo, de frente al gobernado, y las decisiones deben tomarse con absoluta transparencia.

Cuenta el Tribunal de justicia estatal con un millonario Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que se nutre con los fondos que resultan de depósitos, fianzas, multas, y donaciones, el cual manejan discrecionalmente y bajo absoluta secrecía, sin rendir cuentas a nadie. Y como a nadie rinden cuentas, los dispendios vía bonos a los magistrados, hacen de su reparto un jugoso botín económico. Y es que dicen que con el arca abierta, hasta el más justo peca, y no puede haber control, si no hay transparencia. El fondo auxiliar debe ser auditado por el Congreso, en un sano ejercicio de control de las finanzas públicas.

Si queremos alcanzar un nivel de administración de justicia funcionalmente satisfactoria, es imprescindible contar con un eficaz sistema de tribunales, para que la carga de trabajo se procese de manera justa, adecuada y diligente. Solo un tribunal eficaz nos puede brindar justicia efectiva.

Necesitamos entonces modificar el marco constitucional, o de lo contrario, seguiremos arrastrando el lastre de una justicia miope, sorda, perezosa, veleidosa, opaca y altamente corruptible.

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