CULCO BCS

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La noche cae tibia sobre el malecón de La Paz. Es jueves, y las mesas de varios restaurantes ya están llenas. Entre el sonido del mar y los vasos chocando, predominan las conversaciones en inglés. Un grupo revisa una carta donde los precios aparecen también en dólares; una pareja pregunta por vino californiano; un mesero responde con naturalidad bilingüe. Para muchos habitantes locales, la escena se ha vuelto cotidiana, aunque todavía deja una sensación difícil de nombrar: la impresión de que la ciudad que conocían se está transformando frente a sus ojos.

Lo mismo ocurre a unos cientos de kilómetros al Sur, en Cabo San Lucas y San José del Cabo, donde el turismo siempre ha sido visible. Pero en los últimos años algo cambió. Ya no se trata únicamente de visitantes que llegan por unos días; cada vez más extranjeros se quedan. Compran casas, alquilan departamentos por meses o solicitan residencia temporal. Caminar por ciertas zonas de Baja California Sur —sobre todo en barrios cercanos al mar— puede parecer, por momentos, una extensión del Suroeste de Estados Unidos.

También te podría interesar: El tramo que roba hasta dos horas diarias en San José del Cabo

El fenómeno no surgió de la noche a la mañana. Desde los años 90, cuando Los Cabos comenzó a consolidarse como uno de los destinos turísticos más exclusivos de México, el Estado empezó a atraer inversión inmobiliaria extranjera. Con el tiempo llegaron jubilados estadounidenses en busca de clima cálido y tranquilidad. Pero la pandemia aceleró un proceso que ya estaba en marcha: el trabajo remoto permitió a miles de personas mudarse a lugares donde el costo de vida —al menos comparado con ciudades de Estados Unidos— resultaba más accesible y el paisaje era incomparable.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que Baja California Sur es uno de los Estados mexicanos con mayor proporción de residentes extranjeros. Las autoridades migratorias han reportado un aumento en permisos de residencia temporal y permanente para ciudadanos estadounidenses en la última década, aunque no existe una cifra exacta de cuántos viven realmente en el Estado debido a la movilidad constante entre ambos países.

Lo que sí es evidente es el cambio en el mercado inmobiliario. Agentes del sector reconocen que la demanda internacional ha empujado los precios de terrenos y viviendas en zonas costeras. En colonias cercanas al mar, algunas propiedades que hace una década se vendían en pesos hoy se cotizan directamente en dólares. Desarrollos de condominios con vista al mar, comunidades privadas y complejos turísticos residenciales se multiplican en el paisaje.

Para muchos residentes locales, ese crecimiento tiene dos caras. Por un lado, el flujo de capital extranjero ha dinamizado la economía: genera empleo en construcción, servicios, restaurantes y turismo. Comerciantes del malecón comentan que la presencia de visitantes y nuevos residentes mantiene los negocios activos incluso fuera de temporadas vacacionales.

Pero al mismo tiempo, el aumento del valor del suelo ha comenzado a empujar a algunos habitantes hacia zonas más alejadas. Investigadores urbanos han señalado que el encarecimiento de la vivienda en ciudades costeras puede provocar procesos de desplazamiento silencioso, donde familias locales terminan mudándose a la periferia mientras las áreas céntricas se orientan cada vez más al turismo residencial.

La transformación también se percibe en detalles cotidianos: anuncios inmobiliarios en inglés, cafeterías diseñadas para nómadas digitales, supermercados con productos importados. En ciertas calles de La Paz, los menús bilingües y los pagos en dólares ya no sorprenden. Algunos comerciantes admiten que adaptarse a ese nuevo público se volvió una cuestión de supervivencia económica.

Las razones de quienes llegan son diversas. Algunos buscan retirarse cerca del mar; otros trabajan en línea para empresas en Estados Unidos; varios ven en Baja California Sur un lugar seguro y con mejor calidad de vida que las grandes ciudades de su país. En ese contexto, el Estado ofrece algo difícil de replicar: paisaje natural, clima benigno y una proximidad geográfica que permite regresar a California en pocas horas de vuelo.

Sin embargo, el crecimiento acelerado plantea preguntas inevitables. Urbanistas y académicos han advertido que el desarrollo turístico y residencial debe acompañarse de planeación territorial e infraestructura adecuada. El acceso al agua, la expansión urbana y la protección de ecosistemas frágiles se han convertido en temas centrales del debate público.

La pregunta que flota en el ambiente no siempre se formula en voz alta. ¿Está Baja California Sur viviendo un ciclo de prosperidad impulsado por la globalización del turismo y el trabajo remoto, o está entrando en una nueva etapa de desigualdad territorial donde el acceso a ciertas zonas se vuelve cada vez más exclusivo?

Mientras tanto, la escena del malecón se repite noche tras noche. Las mesas siguen llenándose, las conversaciones en inglés se mezclan con el español y las luces de los restaurantes iluminan el mar oscuro del Golfo de California. Baja California Sur continúa cambiando, lentamente, casi sin que nadie lo anuncie.

Quizá el verdadero desafío no sea detener esa transformación —que probablemente sea inevitable— sino decidir qué tipo de territorio quiere ser esta península: uno donde el crecimiento beneficie a quienes siempre han vivido aquí, o uno donde el paisaje siga siendo el mismo pero la vida cotidiana ya no les pertenezca.

Porque en lugares como este, donde el desierto se encuentra con el mar, el futuro no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, en otro idioma, y se sienta a cenar en la mesa de al lado.

Referencias consultadas

– INEGI, datos de crecimiento poblacional y movilidad urbana.
– Organización Mundial de la Salud, informes sobre movilidad y salud urbana.
– Estudios de planeación urbana y movilidad en Baja California Sur.
– Reportajes y notas informativas de medios locales y nacionales sobre La Paz y Los Cabos.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el extremo sur de la península de Baja California se levanta una cadena montañosa que contrasta con el paisaje árido que domina la región. La Sierra de la Laguna, declarada Reserva de la Biósfera en 1994, abarca más de 112 mil hectáreas en los municipios de La Paz y Los Cabos. Este macizo montañoso constituye uno de los ecosistemas más singulares del país. En sus cumbres sobreviven bosques de pino-encino en medio del desierto, con una diversidad biológica excepcional: cientos de especies de plantas, aves y fauna endémica que dependen de su clima templado y sus manantiales.

Pero su importancia no se limita a la biodiversidad. Para Baja California Sur, uno de los estados más áridos de México, la Sierra de la Laguna funciona como una gigantesca “fábrica de agua”: sus cuencas captan humedad y recargan los acuíferos que abastecen a gran parte de la población. Diversos estudios y autoridades estiman que hasta el 60–67 % del agua que consumen ciudades como La Paz y Los Cabos proviene de este sistema hidrológico. Por ello, cualquier intervención en este territorio genera un debate intenso. En los últimos años, la discusión sobre proyectos de desarrollo —turísticos, inmobiliarios o incluso mineros— ha colocado nuevamente a la Sierra en el centro de una disputa entre intereses económicos, autoridades ambientales y organizaciones civiles.

También te podría interesar: Las heridas abiertas de la minería: Desastres que marcaron a México en los últimos 10 años

La controversia en torno al desarrollo de la Sierra de la Laguna no es nueva. Desde hace más de una década, la región ha sido escenario de proyectos que han despertado oposición social. Uno de los casos más emblemáticos fue el proyecto minero “Los Cardones”, que proponía explotar oro mediante una mina a cielo abierto en una superficie superior a 439 hectáreas, parte de ellas dentro del Área Natural Protegida.

Organizaciones ambientalistas y académicos denunciaron que esta actividad podría contaminar acuíferos y provocar daños irreversibles en los ecosistemas. Tras años de litigios y movilizaciones ciudadanas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anuló la autorización ambiental, aunque el proceso legal no ha concluido totalmente y aún existen concesiones mineras vigentes en la región.  La oposición social a este proyecto consolidó un movimiento ambientalista en Baja California Sur. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), académicos sudcalifornianos y colectivos ciudadanos han mantenido vigilancia constante sobre cualquier iniciativa que pueda afectar la reserva. Este antecedente explica por qué cada nuevo proyecto —incluso aquellos presentados como sustentables— es recibido con desconfianza por parte de la sociedad civil.

La discusión se reavivó recientemente cuando comenzaron a circular versiones sobre la compra de predios dentro o cerca de la reserva por parte de particulares. De acuerdo con información confirmada por autoridades ambientales, algunas propiedades privadas dentro de la Sierra cambiaron de dueño, lo que generó preocupación por la posibilidad de que se establezcan cabañas, desarrollos turísticos o proyectos inmobiliarios en zonas ecológicamente sensibles.

Aunque la presencia de propiedad privada no es ilegal —pues dentro de la reserva coexisten ejidos, terrenos nacionales y predios particulares— cualquier intervención requiere autorización federal y estudios de impacto ambiental. Entre las iniciativas más discutidas se encuentra un proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, promovido por la fundación Hermandad en Armonía. Según los documentos presentados ante SEMARNAT, el plan propone construir un centro de conservación de flora y fauna que incluiría infraestructura turística y educativa.

La organización argumenta que el proyecto busca rescatar especies en riesgo, promover educación ambiental y reintroducir ejemplares a su hábitat natural. También afirma que el desarrollo tendría una vida útil estimada de 30 años y contaría con instalaciones de tratamiento ambiental. No obstante, la iniciativa ha generado polémica. Aunque los promotores aseguran que el centro se ubicaría fuera del polígono del Área Natural Protegida, ciudadanos y especialistas sostienen que la infraestructura podría impactar indirectamente a la reserva debido a su cercanía y a la presión turística que generaría.

Otro ejemplo es el proyecto turístico “Cerro del Rhino”, que plantea la construcción de villas y áreas recreativas en la zona baja de la sierra con una inversión de más de 20 millones de pesos. Para algunos promotores, este tipo de iniciativas permitirían ordenar el turismo rural y generar ingresos para comunidades rancheras. Sin embargo, para los críticos representan un precedente peligroso de urbanización en una región altamente vulnerable.

Ante el debate público, las autoridades han intentado aclarar el alcance real de los proyectos. SEMARNAT ha señalado que varios de los desarrollos aún se encuentran en fase de evaluación ambiental, por lo que no cuentan con autorización definitiva. Además, funcionarios federales han precisado que algunos proyectos no se ubicarían dentro del polígono oficial de la reserva, lo que técnicamente los coloca fuera de la zona de mayor protección.

Sin embargo, el gobierno de Baja California Sur ha adoptado una postura más cautelosa. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío ha reiterado públicamente que su administración no permitirá desarrollos que pongan en riesgo la Sierra de la Laguna, debido a su importancia estratégica para el abastecimiento de agua del estado. En diversas declaraciones, el mandatario ha señalado que la defensa del ecosistema será una prioridad, incluso frente a proyectos presentados como iniciativas de conservación o turismo sustentable.

Este posicionamiento refleja una realidad política: en Baja California Sur, la protección de la Sierra de la Laguna se ha convertido en un tema sensible para la opinión pública.

Las organizaciones ambientales han sido uno de los actores más influyentes en este debate. Diversos colectivos han solicitado información pública sobre posibles trámites de cambio de uso de suelo, manifestaciones de impacto ambiental o permisos de construcción relacionados con predios cercanos a la reserva. La demanda de transparencia se basa en principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en decisiones que afecten el medio ambiente.

Además, grupos ambientalistas advierten que incluso desarrollos fuera del polígono de la reserva podrían provocar impactos indirectos como:

• Aumento de la presión turística.
• contaminación de arroyos y manantiales.
• fragmentación del hábitat.
• sobreexplotación de acuíferos.

Para los defensores del ecosistema, la experiencia con proyectos mineros anteriores demuestra que las amenazas a la Sierra pueden surgir gradualmente, a partir de múltiples iniciativas aparentemente pequeñas.

En la Sierra de la Laguna viven comunidades rancheras que han habitado la región durante generaciones. Su economía se basa principalmente en la ganadería extensiva, pequeñas actividades agrícolas y, en años recientes, el ecoturismo. Algunos habitantes ven con buenos ojos proyectos turísticos controlados que puedan generar empleo y mejorar la infraestructura rural. Para ellos, la falta de oportunidades económicas es una de las principales razones de la migración hacia las ciudades costeras.

Los promotores de desarrollos sustentables argumentan que es posible combinar conservación y desarrollo, mediante actividades de bajo impacto como senderismo, hospedaje ecológico o investigación científica. Sin embargo, los ambientalistas advierten que la historia de otros destinos turísticos en Baja California Sur —como Los Cabos— demuestra que el crecimiento inmobiliario puede expandirse rápidamente y provocar presiones irreversibles sobre el territorio.

La preocupación por la Sierra de la Laguna no se basa únicamente en consideraciones paisajísticas. La reserva alberga más de dos mil especies de plantas y animales, al menos 63 de ellas clasificadas en alguna categoría de riesgo según la normativa mexicana.

Además, sus ecosistemas cumplen funciones ambientales esenciales:

• Captación de agua y recarga de acuíferos.
• regulación del clima regional.
• protección contra la erosión.
• refugio para especies endémicas.

La pérdida de cobertura vegetal o la contaminación de sus cuencas podría afectar directamente a las principales ciudades del estado, que dependen de los acuíferos recargados por la sierra. En un contexto de cambio climático y escasez de agua, esta función se vuelve aún más crítica.

El debate sobre el desarrollo en la Sierra de la Laguna está lejos de concluir. En el corto plazo, varios procesos serán determinantes:

1. La evaluación de proyectos ante SEMARNAT, que definirá si reciben o no autorización ambiental.
2. Los litigios pendientes relacionados con concesiones mineras, que aún representan una amenaza potencial para la región.
3. Las decisiones políticas del gobierno estatal y federal, que deberán equilibrar desarrollo económico y protección ambiental.

Mientras tanto, la sociedad civil continúa vigilante. El caso de la Sierra de la Laguna se ha convertido en un ejemplo de cómo los conflictos ambientales contemporáneos no solo se libran en tribunales o dependencias gubernamentales, sino también en la esfera pública.

Más allá de los proyectos específicos, la discusión refleja una pregunta más profunda sobre el futuro del Estado. Baja California Sur ha experimentado un crecimiento turístico acelerado en las últimas décadas. Este modelo ha generado prosperidad económica, pero también presiones sobre el agua, el territorio y los ecosistemas. La Sierra de la Laguna representa, para muchos sudcalifornianos, la última gran reserva natural del sur de la península y un símbolo de identidad ambiental.

El desenlace de los proyectos actuales podría definir no solo el destino de una montaña, sino también el modelo de desarrollo que la región adoptará en las próximas décadas. Porque en el corazón de este conflicto no solo está la construcción de villas o centros turísticos, sino una pregunta que divide opiniones: ¿hasta dónde puede llegar el desarrollo en un territorio que también es fuente de vida?

Referencias:

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=694509&utm_source=chatgpt.com «DOF – Diario Oficial de la Federación»

https://www.eluniversal.com.mx/estados/advierten-riesgo-de-desarrollo-turistico-en-la-sierra-de-la-laguna-en-bcs-exigen-transparencia-sobre-uso-de-terrenos/ «Advierten riesgo de desarrollo turístico en la Sierra de La Laguna en …»

https://cemda.org.mx/semarnat-anula-autorizacion-de-mina-los-cardones-en-la-paz-bcs/ «Semarnat anula autorización de mina Los Cardones, en La Paz, BCS»

https://zetatijuana.com/2025/09/sigue-amenaza-por-proyecto-minero-para-sierra-la-laguna/ «Sigue amenaza por proyecto minero para Sierra La Laguna»

https://diariohumano.com.mx/2026/02/18/congreso-local-analiza-postura-sobre-megaproyecto-en-sierra-la-laguna/ «Congreso local analiza postura sobre megaproyecto en Sierra La Laguna …»

https://hoybcs.com/conanp-desmiente-versiones-sobre-desarrollos-en-sierra-la-laguna-cambio-de-propiedad-no-compromete-conservacion/ «Conanp desmiente versiones sobre desarrollos en Sierra La Laguna …»

https://elcongresista.mx/politica/baja-california-sur/manifestacion-impacto-sierra-la-laguna/ «Manifestación de Impacto Ambiental para proyecto en Sierra La Laguna»

https://hoybcs.com/hermandad-en-armonia-solicita-a-semarnat-mia-y-cambio-de-uso-de-suelo-para-desarrollo-inmobiliario-con-planta-de-tratamiento-en-la-sierra-la-laguna/ «Hermandad en Armonía solicita a Semarnat MIA y cambio de uso de suelo …»

https://www.meganoticias.mx/los-cabos/noticia/semarnat-aclara-proyecto-hermandad-en-armonia-no-se-haria-en-sierra-laguna/709032 «Semarnat aclara proyecto Hermandad en Armonía no se haría en Sierra Laguna»

https://www.bcsnoticias.mx/buscan-cambio-de-uso-de-suelo-para-construir-15-villas-en-pescadero-y-parte-de-sierra-de-la-laguna/ «Buscan cambio de uso de suelo para construir 15 villas en Pescadero y …»

https://www.diarioelindependiente.mx/2026/02/exigen-frenar-desarrollos-en-sierra-la-laguna-advierten-impacto-al-agua-de-baja-california-sur «Exigen frenar desarrollos en Sierra La Laguna; advierten impacto al …»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El principio precautorio: una herramienta ciudadana para defender el agua y la vida en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna, decretada Área Natural Protegida en 1994, que no es solo una zona montañosa o un paisaje atractivo, es la principal fábrica de agua del Sur del Estado, de la cual dependen las zonas urbanas y las comunidades rurales de los municipios de La Paz y Los Cabos. La infiltración de lluvia en sus suelos y bosques alimenta los acuíferos en una de las entidades con mayor estrés hídrico del país.

Hoy, esta reserva enfrenta una amenaza real: proyectos turísticos e inmobiliarios que pretenden instalarse en su zona de amortiguamiento y áreas estratégicas para la recarga de agua. Aunque se presenten como “ecoturísticos” o de “bajo impacto”, diversos colectivos ciudadanos y especialistas han advertido que cualquier intervención mal evaluada puede afectar irreversiblemente el ciclo del agua. Frente a esta amenaza, existe una herramienta jurídica poderosa, al alcance de la sociedad: el principio precautorio.

También te podría interesar: Fraude por simulación ambiental. El caso de la Sierra de la Laguna

En términos sencillos, el principio precautorio significa que cuando existe la posibilidad de un daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica absoluta no puede usarse como pretexto para autorizar una actividad riesgosa. Dicho de otra forma: si no estamos seguros de que un proyecto no dañará la naturaleza, lo responsable es no autorizarlo, o al menos detenerlo hasta tener plena certeza.

Este principio está reconocido en México como parte del derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el Artículo 4º constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado ampliamente este principio. En una tesis clave, la Corte estableció que:

◆ No se requiere demostrar el daño ambiental con certeza absoluta.

◆ Basta la posibilidad razonable de afectación.

◆ La incertidumbre científica es precisamente la razón para aplicar el principio precautorio.

◆ Debe prevenirse el daño antes de que ocurra, no repararlo después.

Además, la SCJN ha diferenciado claramente entre:

• Prevención (cuando el daño ya es conocido), y
• Precaución (cuando el daño es incierto pero factible).

En materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza, no al proyecto económico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fortalecido este enfoque. En casos recientes, como Habitantes de La Oroya vs. Perú, la Corte sostuvo que

◆ Los Estados deben actuar con cautela aun cuando no exista certeza científica.

◆ El principio precautorio protege el derecho a la vida, la salud y la integridad personal.

◆ Si hay indicios plausibles de daño grave o irreversible, el Estado debe prevenirlo.

Esto es fundamental para México, ya que las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano.

Derecho comparado: una regla común en países responsables

Países como Alemania, Francia, España y otros miembros de la Unión Europea aplican el principio precautorio para:

Փ Frenar proyectos mineros.

Փ Detener desarrollos turísticos en zonas frágiles.

Փ Proteger fuentes de agua y ecosistemas estratégicos.

En estos países, la carga de la prueba recae en quien quiere desarrollar, no en la naturaleza ni en la ciudadanía.

El principio precautorio en la Sierra de la Laguna

Aplicado al caso concreto de la Sierra de la Laguna, el principio precautorio implica que:

• Si un proyecto turístico puede afectar la recarga de acuíferos, no debe autorizarse.
• Si existen dudas sobre su impacto acumulativo, debe detenerse.
• Si se pretende fragmentar proyectos para minimizar su evaluación ambiental, esto viola el espíritu del principio precautorio.

Un llamado a la participación ciudadana

El principio precautorio no es solo para abogados o jueces. Es una herramienta de la sociedad:

◆ Para exigir información,

◆ Para participar en consultas públicas,

◆ Para promover amparos y acciones legales,

◆ Para recordar a las autoridades que el agua vale más que cualquier desarrollo turístico

Corolario

La Sierra no es un sitio cualquiera: es infraestructura natural crítica para la vida en Baja California Sur. El daño al agua no se corrige, se hereda a futuras generaciones. Defender la Sierra de la Laguna es defender el derecho al agua, a la salud y a la vida. Cuando hay duda, la ley está del lado de la naturaleza.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los hombres del siglo XVIII gustaban de escribir cartas largas. Cartas que hablaban de sequías, de hambre y de luces que se apagaban en las vetas rocosas del desierto. Francisco María Píccolo escribió muchas de esas cartas. Las escribió desde lugares donde el sol caía a plomo y donde el mar quedaba lejos, como si se hubiera detenido mucho antes de completar su giro hacia el Norte. Él sabía de geografías pedregosas, de olores a polvo y a salitre que no siempre se captaban en las habitaciones con puerta y ventanas. Ese pedazo de mundo con él mismo cambió, se transformó, y quedó en papeles que viajan aún en bibliotecas y archivos.

En la región Carbonífera de Coahuila, el tajo que se abrió para rescatar a los diez mineros de El Pinabete sigue abierto: un hueco de unos 375 metros de largo, 320 de ancho y 64 de profundidad, rodeado de montículos de tierra minera que suman más de 5.3 millones de toneladas. Más de un año después de la recuperación del último cuerpo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha iniciado las obras de restauración ecológica que ella misma prometió en su Manifestación de Impacto Ambiental, según documentó el Semanario de Vanguardia y confirmó la propia Semarnat.

También te podría interesar: “Tierra de agua, tierra en riesgo”. El megaproyecto minero El Arco y su impacto en el Valle de los Cirios

Ese tajo no sólo recuerda la tragedia de los diez mineros ahogados el 3 de agosto de 2022; es también un símbolo de los “pasivos ambientales” que deja la minería en México: heridas abiertas en el territorio donde el agua, el suelo y las comunidades quedan expuestas por años. En la última década, el país ha acumulado una serie de desastres mineros que van desde derrumbes en pozos de carbón hasta derrames masivos de jales y ácidos en ríos y mares. Detrás de cada accidente hay nombres de empresas, omisiones de autoridades, normas que se actualizan tarde y comunidades que siguen viviendo con las consecuencias mucho después de que las cámaras se apagan.

La posible instalación de la minera El Arco en el Valle de los Cirios, un Área de Protección de Flora y Fauna de más de 2.5 millones de hectáreas en Baja California —una de las zonas naturales más extensas y biodiversas del país— se ha convertido en un foco rojo que exige análisis profundo y reservas críticas. Legisladores estatales han advertido que el proyecto, promovido por una de las mayores empresas mineras del mundo, implicaría la explotación a cielo abierto de más de 50 mil hectáreas durante décadas y el uso de cantidades masivas de agua de un acuífero en equilibrio, justo donde comunidades rurales dependen del recurso para su vida cotidiana. Además, expertos y organizaciones ambientales han señalado que las concesiones se superponen con límites de áreas naturales protegidas, lo que podría poner en riesgo no solo especies endémicas y delicados ecosistemas desérticos, sino también la disponibilidad de agua potable para pueblos cercanos. Ante el legado de desastres mineros en México —desde derrames de jales hasta accidentes mortales— este proyecto exige un escrutinio riguroso para evitar que se sume a la larga lista de tragedias ecológicas que han marcado al país.

Este reportaje reconstruye algunos de los casos más graves ocurridos en los últimos diez años —con antecedentes clave fuera de ese periodo—, a partir de comunicados oficiales, investigaciones periodísticas, estudios de especialistas y testimonios de personas afectadas.

Múzquiz, 2021: la mina que se inundó en minutos

El 4 de junio de 2021, una mina de arrastre de carbón conocida como Micarán, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, se derrumbó tras una inundación repentina. Siete trabajadores quedaron atrapados a varios metros de profundidad; ocho días después, las autoridades confirmaron la recuperación de los siete cuerpos sin vida. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno estatal atribuyeron el accidente al ingreso súbito de agua, pero organizaciones como Familia Pasta de Conchos recordaron que la región está llena de pocitos y minas subterráneas con estándares mínimos de seguridad: galerías estrechas, ventilación deficiente, escasas rutas de evacuación. Más allá del conteo de muertos, la tragedia exhibió un patrón: pequeñas minas que operan con condiciones precarias para abastecer de carbón a la CFE, en una cadena donde los riesgos se “externalizan” hacia trabajadores mal pagados y sus familias.

El Pinabete, 2022: una inundación y un tajo que no se cierra

Apenas un año después, el 3 de agosto de 2022, la historia se repitió en Sabinas, Coahuila. En el pozo de carbón El Pinabete, el agua almacenada durante décadas en la mina abandonada Conchas Norte se abrió paso hacia las galerías activas: la inundación derrumbó los túneles y atrapó a diez mineros a unos 60 metros de profundidad. Sólo cinco trabajadores lograron escapar; los otros diez murieron ahogados. El gobierno federal convirtió el rescate en una “obra emblemática”: la CFE recibió más de 1,000 millones de pesos para excavar un tajo a cielo abierto con el fin de llegar a las galerías y recuperar los cuerpos. El último resto óseo fue hallado en febrero de 2025, 918 días después del derrumbe, como detalló un reportaje de El País.

Pero el costo ambiental del rescate no es menor. De acuerdo con la propia Manifestación de Impacto Ambiental y la crónica de Vanguardia, el tajo dejó expuesto el acuífero local y generó una montaña de millones de toneladas de material estéril que sigue sin ser reacomodado ni reforestado, pese a que Semarnat condicionó la autorización del proyecto a un programa de restauración ecológica que incluía relleno, estabilización de taludes y revegetación con especies nativas. Organizaciones como Familia Pasta de Conchos advierten que El Pinabete reveló no sólo la precariedad laboral de los pocitos de carbón —la empresa operaba de forma irregular mientras vendía carbón a CFE—, sino también la facilidad con la que una obra de rescate puede transformarse en un nuevo pasivo ambiental si no se cumple la remediación prometida.

La sombra de Pasta de Conchos

Estos desastres recientes se inscriben en una historia más larga. En 2006, una explosión en la mina Pasta de Conchos, también en la región carbonífera, dejó 65 mineros atrapados; sólo dos cuerpos fueron recuperados en aquel momento. Tras años de presión de las familias, a partir de 2024 el gobierno federal comenzó a recuperar restos: en 2024 se hallaron los primeros cuerpos y en 2025 se informó de la recuperación de 13 mineros; en 2026 se anunció la identificación de dos más. En una misma región, Múzquiz, El Pinabete y Pasta de Conchos forman una especie de triángulo de la reiteración: minas con seguridad deficiente, contratos públicos que dan viabilidad económica a proyectos riesgosos y una remediación ambiental parcial o inexistente.

Si en Coahuila el rostro de la minería son los pozos que tragan vidas, en otros estados los desastres se leen en el agua: ríos blanqueados por jales, mares con manchas ácidas, arroyos con peces y tortugas muertas.

Oaxaca: la presa de jales de Minera Cuzcatlán

El 8 de octubre de 2018, tras fuertes lluvias, habitantes de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, observaron que el río Coyote corría con una corriente “blanca” que bajaba desde la presa de jales de Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Autoridades agrarias y municipales denunciaron que una parte de la presa se había desbordado. Mientras la empresa y autoridades minimizaron el riesgo, investigaciones periodísticas posteriores revisaron estudios oficiales que identificaban concentraciones de metales tóxicos muy por encima de la normatividad mexicana —en algunos casos, más de mil por ciento por arriba de lo permitido—, lo que cuestionó la versión de que no había peligro para la población. En 2024, comunidades de la zona denunciaron nuevas filtraciones desde el “dry stack” —una montaña de jales aparentemente “secos”— hacia el río Coyote, mostrando cómo un solo proyecto puede generar episodios de contaminación recurrente en el tiempo.

Guaymas, 2019: ácido sulfúrico en el Mar de Cortés

En julio de 2019, una falla en una válvula de la planta metalúrgica de Grupo México en Guaymas, Sonora, provocó el derrame de aproximadamente 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, Patrimonio Natural de la Humanidad. La empresa aseguró que el incidente fue controlado rápidamente y que no hubo “riesgos” para la vida marina; sin embargo, medios y redes sociales documentaron la aparición de tortugas y otros animales muertos en las playas cercanas, lo que generó protestas y el reclamo de cancelar concesiones a la compañía, marcada ya por el derrame del Río Sonora en 2014.

Durango, 2020: casi 6 mil m³ de jales

En 2020, la Profepa clausuró temporalmente una planta de beneficio de plomo y zinc en Canelas, Durango, tras el derrame de más de 5,780 metros cúbicos de jales de su presa. El comunicado oficial reconoce la magnitud del vertido, pero no detalla públicamente los impactos de largo plazo en cuerpos de agua y suelos. El caso ilustra otra constante: las sanciones administrativas —suspensión temporal, multas— suelen ser mucho más concretas que los programas de monitoreo de salud o la remediación ambiental integral.

Cosalá, 2021: peces y tortugas muertas en Sinaloa

En abril de 2021, en la zona serrana de Cosalá, Sinaloa, se rompió infraestructura de la mina Real de Cosalá y alrededor de 1,960 metros cúbicos de jales mineros llegaron al arroyo El Cajón, afluente del río San Lorenzo. La Conagua informó que realizaba muestreos para evaluar las posibles afectaciones, luego de denuncias de muerte masiva de peces, tortugas y crías de caimanes en el cauce. Los jales, recordó la propia autoridad, suelen contener metales pesados e incluso compuestos como cianuro o arsénico, altamente tóxicos para fauna y humanos. Habitantes de San José de las Bocas relataron que la presa de jales se rompió el 25 de abril, pero se enteraron cinco días después, cuando los derrames ya habían llegado al río; el representante de la mina incluso les dijo que él “bebería esa agua” para demostrar que no pasaba nada.

Concordia, 2025: 19 mil m³ de jales en tres arroyos

El 30 de junio de 2025, la empresa Metales Rosmex, dedicada a la extracción de oro y plata, sufrió un desborde en su presa de jales en el municipio de Concordia, Sinaloa. Según Profepa, 19,280 metros cúbicos de residuos mineros corrieron a lo largo de casi 600 metros, afectando tres arroyos —Tía Chona, Magistral y Agüita Caliente— y una zona de selva baja, ecosistema de alta biodiversidad. La mina fue clausurada de manera temporal total. Las autoridades estatales de salud y ambientales declararon una contingencia, pero, como en otros casos, aún no existe un diagnóstico público integral sobre el impacto en la cadena alimentaria ni sobre las posibles afectaciones a largo plazo para comunidades aguas abajo.

Río Sonora, 2014: antecedente que sigue presente

Aunque ocurrió hace más de diez años, el derrame de Buenavista del Cobre —filial de Grupo México— en el Río Sonora sigue siendo el punto de referencia obligado. El 6 de agosto de 2014, alrededor de 40,000 metros cúbicos de lixiviados ácidos con metales pesados se vertieron en los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua limpia a unas 22,000–23,000 personas. Un dictamen conjunto de Semarnat, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, presentado en 2023, concluyó que el derrame no fue un “accidente” inevitable, sino resultado de un mal diseño hidrológico y fallas de manejo; además, señaló que persiste la contaminación en agua, aire, flora y fauna, con metales por encima de las normas. En 2024, los Comités de Cuenca del Río Sonora denunciaron que, a una década del evento, no hay reparación integral ni atención médica especializada en toxicología para la población afectada. El caso Sonora, muestra de manera cruda algo que se repite en los desastres más recientes: los efectos ambientales y en salud se extienden mucho más allá de la fecha del derrame.

Los derrames descritos no son hechos aislados. De acuerdo con el Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por Semarnat y el IMTA, en México existen al menos 585 presas de jales georreferenciadas, concentradas sobre todo en estados mineros como Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Estos depósitos contienen lodos finos y agua cargada de metales como arsénico, plomo y mercurio; la lixiviación a través de la lluvia permite que los contaminantes lleguen a acuíferos, ríos y suelos agrícolas, con efectos que pueden durar décadas.

Entre 2000 y 2023, Profepa registró 66 derrames en presas de jales; un análisis reciente detalla que Zacatecas concentra 25 de estos incidentes, seguido de Durango (9), Chihuahua (8), Guanajuato (5) y Sinaloa (3). Es decir, en promedio, casi tres derrames cada año en estructuras que, por norma (NOM‑141‑SEMARNAT‑2003), deberían operar bajo “condiciones de máxima seguridad” para proteger a la población y el equilibrio ecológico.

Reformas legales y resistencias

Durante décadas, la Ley Minera de 1992 declaró la minería “de utilidad pública” y preferente sobre casi cualquier otro uso del suelo, lo que facilitó la entrega de decenas de miles de concesiones. Investigadores y organizaciones como PODER y la Red Mexicana de Afectados por la Minería han señalado que ese marco permitió una expansión acelerada de proyectos sin suficientes salvaguardas ambientales ni protección efectiva a pueblos indígenas y comunidades agrarias. En 2022 y 2023 se aprobaron reformas a la Ley Minera y otras normas relacionadas con agua y residuos, orientadas a limitar nuevas concesiones en áreas naturales protegidas o zonas con escasez de agua, reducir la duración de los títulos mineros e introducir obligaciones más claras en materia de consulta a pueblos originarios. Paralelamente, el gobierno integró el Inventario de Presas de Jales y elaboró lineamientos para su manejo, reconociendo que la información estaba dispersa y era incompleta.

Ya con Claudia Sheinbaum en la presidencia, la Secretaría de Economía anunció en febrero de 2026 la recuperación de 1,126 concesiones mineras —unas 889,000 hectáreas— por incumplimientos fiscales o de reporte, muchas de ellas ubicadas en áreas naturales protegidas. Aun así, en el país siguen vigentes más de 22,000 concesiones. Para organizaciones ambientalistas, estos pasos son insuficientes mientras no se detenga la expansión de nuevas minas y no se garantice la remediación de daños antiguos. La persistencia de pasivos como El Pinabete o Río Sonora, y los derrames recientes en Sinaloa y Durango, alimentan la percepción de que buena parte del territorio minero funciona como “zona de sacrificio”: espacios donde la protección ambiental y los derechos de las comunidades se subordinan al valor del mineral.

En los últimos diez años, México ha visto morir a mineros atrapados en pozos inundados en Coahuila y ha observado ríos y arroyos teñirse de blanco o naranja por jales y ácidos derramados en Oaxaca, Sonora, Durango y Sinaloa. Cada caso tiene su expediente, sus comunicados oficiales y sus promesas de remediación, pero para las comunidades afectadas el “desastre” no termina cuando los titulares desaparecen: continúa en consultas médicas que no llegan, en agua que ya no se puede beber, en tierras que pierden productividad y en tajos abiertos que nadie cierra. La minería seguirá siendo un sector estratégico para la economía mexicana y para la transición energética. La pregunta es si el país será capaz de modificar las condiciones en las que se extraen los minerales —en el subsuelo y en las presas de jales— para que el costo no se siga cargando, una y otra vez, sobre los mismos ríos, las mismas comunidades y los mismos trabajadores.

Referencias:

• El País. https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html
• El País. https://elpais.com/mexico/2024-08-26/dos-anos-despues-del-derrumbe-en-la-mina-del-pinabete-los-rescatistas-recuperan-el-quinto-cuerpo.html
• El País. https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html
• https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/el-pinabete-otro-pasivo-ambiental-AP19341551 «El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?»
• https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html «El Gobierno recupera los huesos del último minero atrapado en el Pinabete dos años y medio después»
• https://mineriaenlinea.com/2021/06/colapsa-mina-en-muzquiz-coahuila-reportan-al-menos-7-trabajadores-atrapados/ «Colapsa mina en Múzquiz, Coahuila; reportan al menos 7 trabajadores …»
• https://www.cndh.org.mx/noticia/desastre-minero-de-pasta-de-conchos «Desastre minero de Pasta de Conchos – Comisión Nacional de los …»
• https://www.eleconomista.com.mx/politica/CFE-y-Proteccion-Civil-inician-recuperacion-de-cuerpos-de-mineros-atrapados-en-El-Pinabete-20231210-0034.html «CFE y Protección Civil inician recuperación de cuerpos de mineros …»
• https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/sabinas/tragedia-en-mina-el-pinabete-tres-anos-de-la-tragedia-miner/346371 «Tragedia en mina El Pinabete: Tres años de la tragedia miner»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los hombres del siglo XVIII gustaban de escribir cartas largas. Cartas que hablaban de sequías, de hambre y de luces que se apagaban en las vetas rocosas del desierto. Francisco María Píccolo escribió muchas de esas cartas. Las escribió desde lugares donde el sol caía a plomo y donde el mar quedaba lejos, como si se hubiera detenido mucho antes de completar su giro hacia el Norte. Él sabía de geografías pedregosas, de olores a polvo y a salitre que no siempre se captaban en las habitaciones con puerta y ventanas. Ese pedazo de mundo con él mismo cambió, se transformó, y quedó en papeles que viajan aún en bibliotecas y archivos.

Píccolo nació un 25 de marzo de 1654 en Palermo, Sicilia. De joven entró a la Compañía de Jesús y en 1684 llegó a la Nueva España con más ganas de caminar que de descansar. Fueron 13 años entre montañas abruptas y poblados remotos, trabajando entre los tarahumaras antes de que su destino lo llevara hacia el oeste, hacia un territorio que pocos europeos comprendían. La península de Baja California, a finales del siglo XVII, no tenía caminos trazados, ni trazos claros sobre los mapas. Era territorio que se intuía, territorio que se narraba cuando alguien traía noticias desde los confines. El 23 de noviembre de 1697, Píccolo llegó a la península. Fue el segundo jesuita en pisar esas tierras tras Juan María de Salvatierra, quien había fundado recientemente Nuestra Señora de Loreto, Conchó.

También te podría interesar: XXXV Aniversario luctuoso de Braulio Maldonado Sández. Huellas en la península

El paisaje entonces era rudo. Desierto interminable, cerros áridos, ríos que a veces eran apenas cauces secos. En medio de eso, Píccolo caminó con pasos lentos, tratando de entender no sólo la tierra, sino las voces que venían de las rancherías cochimíes. Aprendió sus lenguas. Dedicó tiempo. Observó cómo las mujeres traían a sus hijos pidiendo bautismo y cómo los hombres miraban con silencio largo a los foráneos. El terreno exigía paciencia. En 1699, tras semanas de caminar por veredas apenas dibujadas, fundó la Misión de San Francisco Javier de Viggé-Biaundó, en un punto alto donde los cochimíes habían vivido desde tiempos inmemoriales. La misión se levantó con ayuda de indígenas que aceptaron colaborar sin artimañas, sino con la curiosidad que despierta lo desconocido. Allí comenzaron bautismos, rezos y encuentros que a veces eran tensos, otras veces largos silencios compartidos.

Apenas llegada esa misión, Píccolo no se quedó quieto. Caminó hacia rincones más lejanos, hacia cantos que salían de humedales escondidos, hacia rutas que los pueblos nativos ya conocían desde siempre. Fue un camino largo hasta Mulegé, donde pronto colaboró con otros jesuitas en el establecimiento de otra misión, la de Santa Rosalía de Mulegé, en 1705. Su labor tomó matices distintos con el paso de los años. No se limitó a evangelizar. Se convirtió en explorador, pero también en alguien que debía gestionar alimentos, provisiones y apoyos económicos desde la Ciudad de México. Las misiones vivían de la generosidad que llegaba desde lejos, y muchas veces esa generosidad se demoraba, llegaba a medias o llegaba gastada por tormentas y contratiempos. Píccolo, con un informe en la mano, trató de convencer a jerarcas civiles y religiosos de que había una empresa valiosa en marcha en la península.

Ese informe, redactado en 1702, llevaba por título Informe del estado de la nueva cristianidad de California. Lo imprimieron y distribuyeron. Fue un documento que hablaba de tierra, de pueblos, de fauna y flora, y también de preocupaciones: sequías, hambre, caminos difíciles. Alguna vez el texto llegó a París y se tradujo al francés. Poco después se publicó en inglés en compilaciones sobre misiones jesuíticas. Si se lee hoy, hay en sus párrafos una forma de describir un mundo que no se parecía a nada que los europeos conocieran en sus mapas detallados, ni en sus oficinas a la orilla de un escritorio. Píccolo luchó por recursos, por mano de obra, por provisiones. Caminó por el desierto cuando otros ya se detenían. Hubo años en que la sequía azotó con fuerza, y hubo momentos en que la ausencia de lluvia empujó a sacerdotes y soldados a salir fuera de los muros misionales para buscar alimento como quien busca agua en una tierra reseca.

En un trayecto difícil, él observó todo. Describió rocas, tierra y clima. Habló de comunidades indígenas con lenguas y costumbres diversas. En esos encuentros, a veces se escuchaban risas, a veces sólo el crujir de ramas bajo los pies y el canto de aves lejanas. Con esos sonidos en la memoria siguió adelante. La labor de Píccolo lo llevó a ser visitador de las misiones de Sonora y California entre 1705 y 1709. Esa responsabilidad implicaba viajar sin tregua, de misión en misión, dialogar con indígenas, con soldados, con oficiales y con autoridades eclesiásticas. Fue un papel que exigía cintura, paciencia y mucha energía.

Durante ese tiempo, sus pasos también se internaron hacia lo que hoy es la Misión de La Purísima Concepción de Cadegomó. Aunque esa misión se concretó en años posteriores por otros religiosos, las exploraciones de Píccolo en esa región abrieron rutas y conocimiento sobre esos lugares en los que el agua brotaba con más generosidad que en otras partes. El final de su vida lo encontró todavía ligado a aquellos territorios. Entre viajes y gestiones, su salud se fue debilitando. Pasó largos años en la misión de Mulegé, con la mirada puesta en quienes trabajaban la tierra y caminaban por sendas abruptas para llegar a los bautismos y celebraciones. Murió un 22 de febrero de 1729 en Loreto, dejando atrás misiones que al principio eran apenas casitas de adobe y que luego se convirtieron en puntos de reunión, de rezos y de encuentros interculturales.

La huella de Píccolo sobre la California jesuítica no es fácil de medir con un solo número o una sola fecha. Está en los caminos que quedaron marcados, en los pobladores nativos que aprendieron a comunicarse con él, en la geografía descrita en sus informes y en los demás documentos que circulan aún por archivos de Sevilla, México y más allá.

Referencias bibliográficas

• Píccolo, Francisco María. Informe del estado de la nueva cristiandad de California, 1702, y otros documentos. Edición, estudio y notas de Ernest J. Burrus, S.J. (Madrid: Ediciones José Porrúa Turanzas, 1962).
• Ramos, Roberto. Tres documentos sobre el descubrimiento y exploración de Baja California por Francisco María Píccolo, Juan de Ugarte y Guillermo Stratford. (México: Jus, 1958).
• Venegas, Miguel, S.J. Noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo presente (ediciones varias; una reimpresión común: México, 1943; también ediciones antiguas del siglo XVIII).
• Del Barco, Miguel, S.J. Historia natural y crónica de la antigua California: adiciones y correcciones a la Noticia de Miguel Venegas. (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1973; hay ediciones posteriores).
• Salvatierra, Juan María de, S.J. Selected Letters about Lower California. Traducción y anotación de Ernest J. Burrus, S.J. (Los Ángeles: Dawson’s Book Shop, 1971).

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.