CULCO BCS

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur se denuncian tres delitos sexuales cada día. Entre enero y julio de 2025, las autoridades abrieron 637 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual, lo que coloca al estado en el quinto lugar nacional en tasa de violación. La cifra, fría en apariencia, revela una violencia que se concentra, crece y se resiste a disminuir en los dos municipios más poblados: La Paz y Los Cabos. El mapa delictivo es desigual. De las 637 denuncias registradas entre enero y julio de 2025, La Paz acumuló 319 y Los Cabos 254, casi 90 por ciento del total. Comondú, Loreto y Mulegé sumaron apenas 64 casos en conjunto. El abuso sexual encabeza la lista con 241 casos, seguido de violación simple y equiparada con 149 denuncias, otros delitos sexuales con 125 y acoso sexual con 115.

La tendencia no es nueva. Entre enero y noviembre de 2024, Baja California Sur registró 1,121 denuncias por delitos sexuales, un aumento de 9.5 por ciento respecto a las 1,023 del mismo periodo de 2023. El abuso sexual representó 40.3 por ciento de los casos, con 452 denuncias 3. En el tercer trimestre de 2023 se habían abierto 837 carpetas, cifra que subió a 911 en el mismo periodo de 2024, un incremento de 74 casos adicionales. En 2025, el periodo enero-septiembre cerró con 813 denuncias, ligeramente por debajo de las 911 del año anterior, pero manteniendo la concentración geográfica. Sin embargo, los datos más recientes de enero a julio de 2026 muestran 655 carpetas, un aumento de 2.8 por ciento frente a las 637 de 2025, lo que indica que la problemática no solo se mantiene sino que tiende al alza.

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La tasa es alarmante. La tasa de violación en BCS es de 16.48 casos por cada 100 mil habitantes, y la PGJE informó que de enero a diciembre de 2024 atendió a 1,435 personas víctimas de delito, de las cuales 1,210 fueron mujeres, más de 84 por ciento. A ello se suma la cifra negra. Según la ENVIPE 2022, en Baja California Sur 90.7 por ciento de los delitos cometidos no fueron denunciados o no se inició carpeta de investigación. En 2024, la cifra negra alcanzó 91.9 por ciento. A nivel nacional, el INEGI estima que más de 95 por ciento de agresiones sexuales no se denuncian. Entre las razones para no denunciar en BCS destacan pérdida de tiempo con 40.6 por ciento y desconfianza en la autoridad con 18.3 por ciento.

El contexto estructural de violencia de género es amplio. La ENDIREH 2021 estima que en Baja California Sur 63.3 por ciento de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de su vida y 38.4 por ciento en los últimos 12 meses. La violencia sexual específica afectó a 46.5 por ciento a lo largo de la vida y a 22.1 por ciento en el último año, por encima de la media nacional en algunos ámbitos. El ámbito comunitario es donde las mujeres reportaron mayor prevalencia, con 39.2 por ciento. Baja California Sur presenta factores que la literatura criminológica identifica como de riesgo. Es el estado con mayor crecimiento poblacional del país en la última década, impulsado por la migración hacia Los Cabos y La Paz por empleo turístico y de servicios. Ese crecimiento no ha sido acompañado por infraestructura social equivalente, lo que genera asentamientos periféricos con menor acceso a servicios y mayor vulnerabilidad.

El modelo turístico de Los Cabos, segundo destino de litoral más importante del país, ha generado condiciones de alarma desde 2014 por disputas ligadas a venta de drogas y presencia de economías nocturnas que aumentan la exposición de mujeres jóvenes que trabajan en servicios. Organizaciones empresariales han advertido que el abuso sexual ha crecido en locales de hospedaje contratados por plataformas digitales, lo que motivó iniciativas en el Congreso estatal para capacitar al sector turístico en prevención de trata, turismo sexual infantil y explotación sexual. La desigualdad de género persiste. El análisis de la PGJE sobre el Programa de Orientación y Prevención Infantil (POPI) señala que la prevención debe iniciar en el ambiente familiar, con espacios de diálogo y confianza, y que la falta de educación sobre autonomía corporal aumenta la vulnerabilidad de niñas y niños 14. La propia autoridad ha documentado expresiones de culpabilización hacia las víctimas por apariencia física y vestimenta, como ocurrió en Los Cabos, donde un director de seguridad pública atribuyó agresiones a que “las características físicas que se pueden observar en las mujeres, como el pelo largo, puede ser una manera en la que se puede facilitar la agresión”.

Las consecuencias son múltiples. A nivel individual, la ENDIREH y la PGJE documentan afectaciones psicológicas, interrupción de proyectos educativos y laborales, y riesgos de revictimización en procesos judiciales largos. A nivel de salud pública, la Secretaría de Salud ha tenido que desplegar Unidades Itinerantes Amigables de Salud Sexual y Reproductiva en el Centro de Justicia para las Mujeres para atender a víctimas. A nivel social, la violencia sexual erosiona la percepción de seguridad. Aunque Baja California Sur mantiene una percepción de inseguridad baja —37.4 por ciento frente a 90.1 por ciento en Morelos—, la alta incidencia de delitos sexuales afecta la imagen de destinos que dependen de la confianza del visitante. Económicamente, la atención a víctimas implica costos para el sistema de justicia y salud. La PGJE reporta que solo de enero a julio de 2025 el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) atendió a 5,113 personas, de las cuales 3,728 fueron mujeres y 1,385 hombres, con 7,633 servicios especializados en apoyo jurídico, psicológico y médico, y 886 denuncias presentadas desde el primer contacto. En lo que va de 2025, el CJM había atendido a 3,756 personas hasta junio.

El marco legal ha sido reforzado en los últimos tres años. En abril de 2023, el Congreso aprobó que los delitos sexuales contra menores y personas sin capacidad para comprender no prescriban. En diciembre de 2025, endureció penas por abuso sexual y armonizó el Código Penal con estándares nacionales e internacionales, reformando el aartículo 179 y adicionando agravantes al artículo 181. La iniciativa propone penas de 3 a 9 años de prisión, obligación de acudir a talleres con perspectiva de género y atención psicológica especializada para la víctima hasta su total recuperación. Además, en mayo de 2025 la diputada Lupita Saldaña propuso la creación de un Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales, que quedaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y contendría información de personas con sentencia por delito sexual, con posibilidad de solicitar certificados de no inscripción para quienes trabajan con menores. El Congreso también analiza impedir beneficios de sustitución de pena a sentenciados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

En prevención, destacan dos programas. La cruzada estatal “Párale a la Violencia”, impulsada por el gobernador Víctor Castro Cosío a través del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, busca concientizar, prevenir y erradicar la violencia de género con participación de tres órdenes de gobierno, cámaras empresariales y ciudadanía. La estrategia incluye capacitación a policías municipales en atención con perspectiva de género, visitas a 71 planteles educativos y presencia en colonias con mayor registro de casos. El segundo es el Programa de Orientación y Prevención Infantil (POPI), de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y Contra la Familia. A través de cuentos como “Alim” y “POPI”, brinda información para que niñas y niños comprendan la importancia de proteger su integridad física y emocional. Solo en febrero de 2025 llegó a 481 niñas y niños, y en 2025 benefició a 8,227 personas, incluyendo docentes y padres de familia. El programa enseña autonomía sobre el cuerpo y cómo expresar si han sufrido violencia, y se ha extendido a Los Cabos con pláticas sobre hostigamiento, acoso sexual y cultura de denuncia a más de 1,500 estudiantes.

La prospectiva para Baja California Sur depende de cerrar brechas entre denuncia y justicia. La cifra negra de 91.9 por ciento indica que el aumento de carpetas —de 637 en 2025 a 655 en 2026— puede reflejar tanto mayor incidencia como mayor disposición a denunciar, pero el sistema aún no logra confianza plena. El Congreso ha aprobado el Programa Estatal Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres como eje de transversalidad en el Plan Estatal de Desarrollo 28, y Baja California Sur es el único estado que desde 2021 establece por ley capacitación obligatoria en materia de género. El reto, sin embargo, es operativo: garantizar que los 51 proyectos eléctricos y turísticos no opaquen la inversión en justicia con perspectiva de género.

Fuentes

Tribuna de México — Delitos sexuales en BCS: 637 denuncias entre enero y julio de 2025

Tribuna de México — Abuso Sexual Representa el 40% de los Delitos Sexuales en BCS

360 News — Abuso Sexual Representa el 40% de los Delitos Sexuales en BCS durante 2024

Tribuna de México — Aumentan los delitos sexuales en BCS: LC y LP más afectados

Tribuna de México — Delitos sexuales disminuyen, pero siguen concentrados en el sur de BCS

Tribuna de México — Delitos sexuales en 2026: cifras y análisis de BCS

PGJE BCS — ATIENDE PGJE A MIL 435 VÍCTIMAS DE DELITO EN 2024

INEGI — ENVIPE 2022 BCS

INEGI — ENVIPE 2024 BCS

Diario de México — Incrementan delitos sexuales en México

INEGI — ENDIREH 2021 Baja California Sur

Scielo — Videovigilancia y segregación espacial en Los Cabos

Congreso BCS — Capacitación al sector turístico para prevenir turismo sexual infantil

PGJE BCS — Centro de justicia para las mujeres

MetropoliMx — Culpan a mujeres agredidas en Los Cabos por apariencia física y vestimenta

PGJE BCS — Centro de justicia para las mujeres

Colectivo Pericú — Centro de Justicia para Mujeres con 7600 servicios

PGJE BCS — Centro de justicia para las mujeres

Congreso BCS — Aprueba Congreso que delitos sexuales contra menores no prescriban

Congreso BCS — Congreso de BCS endurece penas por abuso sexual

Congreso BCS — Propone diputada Arlene Moreno incrementar sanciones

Congreso BCS — Propone diputada Lupita Saldaña el Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales

Milenio — BCS. Proponen iniciativa para crear padrón de agresores sexuales

Gobierno BCS — GOBIERNO ESTATAL INICIA CAMPAÑA “PÁRALE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

Gobierno BCS — REFORZARÁ SSPE TRABAJOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

PGJE BCS — PGJEBCS

Colectivo Pericú — Cuidar como nunca a nuestros niños y adolescentes

Orden Jurídico — REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La palabra eutanasia, del griego eu (buena) y thanatos (muerte), describe una «buena muerte«. Este tema constituye uno de los debates jurídicos, éticos, médicos y de derechos humanos más trascendentes de nuestro tiempo. Mientras algunos sectores consideran que representa una manifestación legítima de la autonomía personal y de la dignidad humana, otros sostienen que su legalización podría vulnerar el derecho fundamental a la vida y generar riesgos para personas en situación de vulnerabilidad. En México, la discusión continúa vigente y plantea importantes interrogantes sobre los límites de la intervención del Estado en las decisiones sobre el final de la vida.

¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es el acto mediante el cual un profesional de la salud provoca intencionalmente la muerte de un paciente, a petición expresa, libre e informada de éste, con el propósito de poner fin a sufrimientos físicos o psíquicos considerados insoportables y derivados de una enfermedad grave, irreversible o terminal.

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La doctrina jurídica distingue entre:

Eutanasia activa: intervención directa destinada a causar la muerte del paciente, por ejemplo, mediante la administración de sustancias letales.

Eutanasia pasiva: suspensión o no inicio de tratamientos médicos que prolongan artificialmente la vida.

Suicidio médicamente asistido: el médico proporciona los medios para que sea el propio paciente quien provoque su muerte.

Desde el punto de vista jurídico, la eutanasia activa es la que ha generado mayores controversias y procesos de regulación en diversas partes del mundo.

Situación actual en México

Actualmente, la eutanasia activa continúa siendo ilegal en México. El Código Penal Federal y las legislaciones penales estatales sancionan las conductas dirigidas a privar de la vida a otra persona, aun cuando exista consentimiento de la víctima.

Sin embargo, México ha avanzado en el reconocimiento del llamado derecho a una muerte digna mediante diversas normas relacionadas con la voluntad anticipada.

Entidades federativas como Ciudad de México, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Yucatán cuentan con leyes de voluntad anticipada que permiten al paciente rechazar tratamientos extraordinarios o desproporcionados cuando enfrenta enfermedades terminales.

Asimismo, el Artículo 166 Bis de la Ley General de Salud reconoce los cuidados paliativos y el derecho de los enfermos terminales a rechazar medidas terapéuticas que únicamente prolonguen innecesariamente el proceso de muerte.

¿Es posible su legalización en México?

Desde una perspectiva constitucional, la posibilidad de legalizar la eutanasia ha sido objeto de análisis por especialistas en derechos humanos.

Los argumentos jurídicos que respaldan su eventual regulación se apoyan en diversos principios constitucionales:

• Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
• Derecho a la dignidad humana.
• Autonomía de la voluntad.
• Derecho a la salud.
• Prohibición de tratos crueles e inhumanos.

Por otra parte, cualquier iniciativa enfrentaría importantes obstáculos legales derivados de la protección constitucional del derecho a la vida y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

La eventual legalización requeriría reformas legislativas profundas y probablemente una revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar su compatibilidad con el marco constitucional y convencional.

Argumentos a favor

◆ Derecho a la autodeterminación. Cada persona debe tener la facultad de decidir sobre su propio cuerpo y sobre las condiciones de su muerte cuando enfrenta sufrimientos irreversibles.

◆ Protección de la dignidad humana. Obligar a una persona a prolongar una existencia marcada por dolores insoportables puede resultar contrario al principio de dignidad humana.

◆ Evitar sufrimientos innecesarios. La eutanasia permitiría poner fin a padecimientos físicos y psicológicos que no pueden ser controlados adecuadamente por los tratamientos disponibles.

◆ Coherencia con otros derechos reconocidos. Algunos juristas consideran que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica la facultad de tomar decisiones trascendentales sobre la propia existencia, incluida la forma en que ésta concluye.

◆ Reducción de prácticas clandestinas. La regulación podría evitar procedimientos irregulares realizados fuera de controles médicos y jurídicos adecuados.

Argumentos en contra

Փ Protección del derecho a la vida. La vida humana constituye un bien jurídico superior que debe ser protegido por el Estado en toda circunstancia.

Փ Riesgo de abusos. Existe preocupación respecto de presiones familiares, económicas o institucionales que pudieran influir en personas vulnerables para solicitar la eutanasia.

Փ Desarrollo de los cuidados paliativos. Diversos especialistas sostienen que el fortalecimiento de los cuidados paliativos constituye una alternativa ética y médica suficiente para aliviar el sufrimiento sin provocar la muerte.

Փ Objeciones éticas y religiosas. Numerosas corrientes filosóficas y religiosas consideran moralmente inadmisible cualquier acción encaminada a provocar deliberadamente la muerte de un ser humano.

Փ Posible ampliación de criterios. Algunos críticos advierten que en ciertos países las causales de acceso se han ampliado progresivamente, generando debates sobre los límites de la práctica.

Antecedentes históricos

Antigüedad. En algunas ciudades de la Grecia clásica existían posturas filosóficas que admitían el suicidio en circunstancias excepcionales. Sin embargo, pensadores como Hipócrates defendieron la preservación de la vida, como quedó reflejado en el Juramento Hipocrático.

Edad Media. La influencia de la tradición cristiana fortaleció la idea de la inviolabilidad de la vida humana, condenándose tanto el suicidio como la eutanasia.

Siglos XIX y XX. Con el desarrollo de la medicina moderna surgieron nuevos debates sobre la prolongación artificial de la vida. Tras los abusos cometidos por el régimen nazi bajo programas de supuesta «eutanasia», la comunidad internacional reforzó la protección de los derechos humanos y la ética médica.

Siglo XXI. El aumento de la esperanza de vida, los avances tecnológicos y el reconocimiento progresivo de la autonomía del paciente han impulsado reformas legislativas en diversos países.

Derecho comparado

Países Bajos: Fue el primer país en legalizar formalmente la eutanasia en 2002. La legislación establece estrictos requisitos, entre ellos el consentimiento voluntario, sufrimiento insoportable y supervisión médica.

Bélgica: También legalizó la eutanasia en 2002. Posteriormente amplió su regulación para incluir ciertos casos de menores de edad bajo condiciones sumamente restrictivas.

Luxemburgo: Reconoce desde 2009 la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para pacientes con enfermedades graves e incurables.

Canadá: Permite la asistencia médica para morir bajo determinados requisitos legales relacionados con enfermedades graves e irreversibles.

España: En 2021 aprobó una ley orgánica que reconoce la eutanasia como una prestación del sistema nacional de salud bajo estrictos procedimientos de evaluación y control.

Suiza: Aunque no regula la eutanasia activa, permite el suicidio asistido bajo determinadas condiciones, lo que ha convertido al país en una referencia internacional en la materia.

América Latina: Colombia destaca como uno de los países pioneros de la región. Su Corte Constitucional abrió el camino para la práctica y posteriormente se establecieron protocolos específicos para su aplicación.

Perspectiva de Derechos Humanos

El debate contemporáneo gira en torno a la tensión entre dos principios fundamentales:

La obligación estatal de proteger la vida y el derecho de las personas a vivir y morir con dignidad.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos no reconocen expresamente un «derecho a morir«, pero sí protegen valores como la dignidad humana, la autonomía personal y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por ello, los tribunales constitucionales y organismos internacionales han adoptado soluciones diversas, privilegiando en algunos casos la autonomía individual y, en otros, la protección reforzada de la vida humana.

Corolario

La eutanasia continúa siendo uno de los temas más complejos del derecho contemporáneo. En México, aunque existe reconocimiento legal del derecho a rechazar tratamientos extraordinarios mediante mecanismos de voluntad anticipada, la eutanasia activa permanece prohibida. Su eventual legalización requeriría un amplio debate legislativo, médico, ético y constitucional, capaz de equilibrar la protección de la vida con los principios de dignidad humana, autonomía personal y derechos fundamentales.

La experiencia comparada demuestra que, cuando se regula, suele hacerse bajo estrictos controles destinados a garantizar que la decisión sea libre, informada y adoptada en circunstancias excepcionales.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En La Paz, el verano no solo se mide en grados. Se mide en horas sin luz. En junio de 2026, con el termómetro marcando 40 grados centígrados, siete apagones consecutivos golpearon las principales colonias de La Paz, Los Cabos y Comondú. Los reportes ciudadanos se viralizaron: cortes de 30 minutos que se estiraban a una hora, luego a dos, luego a 12. La escena se ha vuelto familiar. El aire acondicionado se detiene, los alimentos empiezan a sudar en el refrigerador y la noche del desierto, que debería ser alivio, se convierte en una trampa de calor. La dimensión del problema quedó registrada en cifras oficiales y conteos ciudadanos. El 13 de mayo de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el restablecimiento total tras una interrupción nocturna que afectó parcialmente a La Paz y Los Cabos. Un mes después, la crisis escaló. En una jornada, al menos 33 mil usuarios quedaron sin servicio por una falla en la Subestación La Paz.

Los registros periodísticos de junio hablan de al menos 50 colonias afectadas en La Paz, Los Cabos y Comondú por maniobras para estabilizar el Sistema Eléctrico de Baja California Sur. En agosto, el fenómeno se agudizó: múltiples apagones durante más de una semana, con algunos cortes que superaron las 24 horas en distintas zonas de la capital. Frente a la falta de datos centralizados, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) activó el “Apagómetro”, una plataforma ciudadana. Desde la segunda quincena de junio, contabilizó más de 114 apagones en La Paz y Los Cabos, y en julio reportaba 71 apagones documentados desde finales de mayo, con duraciones que iban de segundos a varias horas. Durante la jornada más crítica, San José del Cabo fue uno de los sitios más afectados, con hasta cinco cortes en un solo día y prolongaciones de hasta 12 horas nocturnas.

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Baja California Sur es, en términos eléctricos, una isla. Está aislada del Sistema Interconectado Nacional y del sistema de Baja California. Así lo describe la propia CFE y lo resumen analistas: se abastece de centrales termoeléctricas de combustóleo y diésel altamente contaminantes en La Paz y Los Cabos, de pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas y de una central eólica de apenas 50 MW. La demanda total oscila entre 600 y 700 MW y crece de forma acelerada. El gobierno estatal confirmó en el verano de 2026 que la demanda ronda 600 MW en invierno y supera los 700 MW en verano. La capacidad disponible es estrecha. Para el verano de 2023, CFE estimó una demanda máxima de 635 MW atendida con 697 MW disponibles, es decir, un margen de reserva de apenas 10 por ciento. Ese margen es el más bajo del país. En 2025, cuando el Sistema Interconectado Nacional tuvo su pico máximo de 52,945 MW el 9 de junio con un margen de reserva operativa de 9.69 por ciento, el sistema de Baja California Sur, en condiciones de máxima exigencia, operó con 11.82 por ciento.

Ese equilibrio precario explica la declaración de emergencia que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ha hecho en años previos: “A las 14:57 hrs. el Sistema Eléctrico de Baja California Sur se declara en Estado Operativo de Emergencia por contar con un margen de reserva operativa menor a 4 por ciento y no soportar la contingencia sencilla más severa”. Primero, la obsolescencia. La Central Termoeléctrica de Punta Prieta, a 10 kilómetros al norte de La Paz, comenzó operaciones el 14 de agosto de 1979 con 165 MW y opera con combustóleo de alto contenido de azufre. Según especialistas citados por medios locales, las unidades instaladas en los años 70 ya cumplieron su vida media y 182 MW producidos en el estado dependen de tecnología obsoleta que requiere sustitución inmediata. En junio de 2026, CFE atribuyó los cortes a la salida de operación de generadores de Punta Prieta, que abastece al menos a cuatro de los cinco municipios.

Segundo, las fallas en distribución. En la reunión encabezada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío en 2026, el responsable de Distribución Baja California de CFE, Gerardo Óscar Santiago Ruiz, explicó que las interrupciones obedecieron a un problema en un interruptor de banco que provocó la salida de cinco circuitos y afectó la subestación completa. CFE añadió que 80 por ciento de las interrupciones están relacionadas con obstrucciones en líneas por falta de poda de árboles. La demanda, por su parte, no deja de crecer. Los Cabos, motor turístico nacional, concentra hoteles, desaladoras y desarrollos inmobiliarios que dependen del aire acondicionado. La población de Baja California Sur creció por encima del 5 por ciento estimado por CFE, según reconoció el propio gobernador en 2023, y la demanda eléctrica creció con ella. En verano, el aire acondicionado representa un tercio del consumo y el encendido simultáneo de millones de equipos eleva la curva de demanda de forma abrupta.

El apagón en Baja California Sur no es solo incomodidad. Es riesgo sanitario, pérdida económica y desgaste social. En el sector salud, los cortes alteran las condiciones controladas de los quirófanos. “Al tener esas temperaturas altas dentro de la unidad quirúrgica, se posponen cirugías que están programadas hasta que se haga un exhaustivo, una revisión del área”, advirtió la enfermera operativa Marlén Cota Espinosa, representante de trabajadores de salud en BCS. La humedad generada por la interrupción provoca condensación en equipos y favorece la proliferación bacteriana, por lo que, aun regresando la luz, “no se recupera tan rápido” y los procedimientos deben reprogramarse. En consultorios privados el impacto es similar. La odontóloga Erandini Ramírez relató haber permanecido más de 28 horas sin luz de miércoles a jueves, con pérdida estimada de 15 mil pesos en una semana por cancelación de citas y riesgo para insumos que requieren refrigeración y para equipos médicos costosos.

Para la población general, las denuncias se multiplican en redes sociales. Ciudadanos reportan electrodomésticos dañados por variaciones de voltaje, desde aires acondicionados hasta refrigeradores, y cuestionan quién repondrá los aparatos. La CFE ha reconocido el mecanismo para reclamar reparación o pago de aparatos dañados, pero el proceso exige dictamen y documentación que muchos hogares no logran completar en medio de cortes intermitentes. La crisis también golpea la infraestructura urbana. El Organismo Operador de Agua Potable de La Paz reportó ruptura de un tubo de 12 pulgadas y daños a equipos de bombeo por los apagones, que afectan el tandeo de agua en al menos seis colonias. Semáforos desincronizados, escuelas y comercios cerrados, y afectaciones en clínicas y centros de atención a emergencias completan el cuadro. El malestar es político y social. Organizaciones empresariales de La Paz y Los Cabos, que concentran 85 por ciento de la población estatal, han cuestionado no solo los apagones sino la falta de estrategia para evitarlos. En agosto de 2026, dirigentes de oposición calificaron a CFE como “inoperante” ante cortes de más de 24 horas.

En el corto plazo, el refuerzo operativo. En julio de 2026, tras más de 70 apagones en un mes, CFE anunció la incorporación de 116 MW adicionales mediante generadores especiales en La Paz y Los Cabos para atender la demanda de verano. El gobernador Castro Cosío confirmó el despliegue y detalló que se instalarían en ambos municipios. El plan incluye también mantenimiento, poda preventiva en invierno y mejora de subestaciones como la de Turbogás Los Cabos, donde se energizó un transformador de gran escala para alimentar la creciente demanda. CFE descartó que el regreso a clases represente un riesgo adicional, insistiendo en que las fallas fueron técnicas y no por sobredemanda educativa. En el mediano y largo plazo, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 contempla 51 proyectos, entre ellos una Central de Combustión Interna en Los Cabos con 240 MW y una inversión de 272 millones de dólares, cuya licitación estaba prevista para el primer cuatrimestre de 2025 y entrada en operación en 2028. El proyecto, único de combustión interna en el plan, operará con gas natural como combustible principal y diésel como alterno, con 240 MW a gas y 228 MW a diésel, y ocupará 19 hectáreas. La Semarnat autorizó su Manifestación de Impacto Ambiental en julio de 2025.

Paralelamente, el gobierno federal anunció en agosto de 2025 la construcción de dos centrales termosolares con almacenamiento térmico en Baja California Sur, las primeras en su tipo en México, con inversión de 800 millones de dólares para beneficiar entre 100 mil y 200 mil hogares. Cada central producirá 100 MW con 11 horas de operación continua gracias a tecnología de torre central y sales fundidas que permiten generar de noche, y su construcción tardará entre 36 y 48 meses. La directora de CFE, Emilia Calleja Alor, defendió que es la mejor tecnología para aprovechar el sol y dar confiabilidad al sistema aislado. No obstante, el debate técnico persiste. Especialistas advierten que las termosolares, aunque innovadoras, tienen eficiencia de 15 a 20 por ciento, costos nivelados más altos que la fotovoltaica con baterías y complejidades de mantenimiento y uso de suelo. Otros proponen combinar fotovoltaica a gran escala con almacenamiento, geotermia en el norte del estado y mayor participación privada, opciones que el discurso oficial ha descartado.

Mientras tanto, el verano de 2026 deja una lección: en Baja California Sur, la energía no es un servicio secundario. Es la condición que permite habitar el desierto. Cuando falla Punta Prieta, falla el quirófano, falla el agua, falla el turismo y falla la vida cotidiana. La solución inmediata de 116 MW puede contener la emergencia, pero la historia de apagones desde 2019, con declaratorias de emergencia por reserva menor a 4 por ciento, indica que el sistema requiere más que parches: requiere renovación de una planta que opera desde 1979, diversificación real y planeación que asuma que La Paz y Los Cabos ya no son pueblos costeros, sino ciudades de alto consumo energético en un territorio aislado y expuesto a 48 grados de sensación térmica.

Fuentes

El Heraldo de México — En medio de ola de calor, se registran apagones en Baja California Sur

BCS Noticias — CFE restablece al 100 % la energía eléctrica en La Paz y Los Cabos tras apagón parcial

Vanguardia — Vive Baja California Sur cuatro días de apagones con temperaturas por arriba de los 40 grados

Diario El Independiente — Apagones afectan a por lo menos 50 colonias en La Paz, Los Cabos y Comondú

Radio Fórmula La Paz — ‘CFE era una empresa de clase mundial, hoy es inoperante’, dice panista tras múltiples apagones en BCS

Las Periodistas — CERCA activa “Apagómetro” para contabilizar los apagones en La Paz y Los Cabos, suman los 114

Diario El Independiente — Tras más de 70 apagones registrados, CFE reforzará la capacidad eléctrica de BCS

BCS Noticias — BCS sufre jornada histórica de apagones; se limita servicio a los no prioritarios, dice CFE

El Economista — Central eléctrica termo-solar en BCS, ¿otra costosa ocurrencia?

CULCO BCS — Se apaga: el verano que desnuda los límites del paraíso

SinEmbargo — La CFE asegura que es capaz de atender la demanda máxima de energía durante el verano

La Crónica — CFE y CENACE aseguran suministro eléctrico en todo el país

El Heraldo de México — Declara Cenace emergencia eléctrica en Baja California Sur

Meganoticias — Obsoleta termoeléctrica Punta Prieta amenaza salud y medio ambiente paceño

Diario El Independiente — No todo está perdido, estos son los proyectos que CFE no ha cancelado en BCS

El Peninsular — REVISA GOBERNADOR Y CFE CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN BCS

La Jornada — Aumento en demanda de energía genera apagones en BCS

Diario El Independiente — Apagones afectan cirugías en hospitales de BCS; procedimientos deben ser pospuestos

El Sudcaliforniano — Más de 28 horas sin luz: apagones paralizaron consultorio dental en La Paz

Diario El Independiente — Desamparados los Sudcalifornianos ante incremento de apagones en BCS

BCS Noticias — Apagón causó daños en equipos de SAPA La Paz; el tandeo se recuperará gradualmente

Tribuna de México — CFE aumentará generación de energía en BCS este verano

Posta — La demanda eléctrica crece en verano y BCS recibirá más capacidad de generación

Ámbito — Feliz noticia de la CFE que beneficia a 400 mil familias del noroeste de México a partir de julio 2026

Gobierno de México — Presidenta presenta 51 proyectos de electricidad del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030

Radio Fórmula — ¡No más apagones en Los Cabos! Nueva central eléctrica estará lista para 2028

Radio Fórmula — Semarnat da luz verde a nueva central de CFE en BCS: ¿alivio energético o nuevo conflicto ambiental?

HOY BCS — Gobernador pide a CFE cuidar el medio ambiente ante nueva planta eléctrica en Los Cabos

Gobierno de México — México a la vanguardia: CFE construirá 2 centrales termosolares en Baja California Sur para beneficiar hasta 200 mil hogares

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Explicaciones Constructivas

Noé Peralta Delgado

 

Ciudad Constitución, Baja California Sur (BCS). Las islas de la República Mexicana, aparte de crear una belleza natural para los turistas, sirve para que el gobierno delimite sus zonas económicas exclusivas (Z.E.E.) y con esto pueda hacer uso de una superficie marítima para su uso nacional y sin injerencias extranjeras sin previo permiso del gobierno mexicano. También delimitan la ZEE los islotes y cayos que, aunque estén deshabitados, son fuentes de producción pesquera de especies marinas de embarcaciones nacionales.

En el Océano Pacífico mexicano, existen infinidad de islas y muchos más islotes deshabitados, pero hay un conjunto de tres pequeños islotes que se encuentran frente a Baja California Sur y que erróneamente los llaman cayos Los Alijos. La definición de «cayos» es que son pequeñas islas sin gran altura y que provienen principalmente de un arrecife de coral.

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Pero volviendo a las islas cayos «Los Alijos», se tiene que, el conjunto de tres islotes están en un lugar remoto del Pacífico, y que forman parte de la jurisdicción del Estado de Baja California Sur y del municipio de Comondú.

Pocos saben de la existencia de estos islotes, y es que su pequeño tamaño dentro de unas formaciones rocosas donde no existe manera alguna de atracar una embarcación mayor, y básicamente son tres enormes rocas que emergen de la superficie marina.

Los grandes cruceros y sobro todo, los grandes barcos pesqueros, los rodean seguido en busca de especies marinas, principalmente, el atún aleta amarilla. Orográficamente son tres rocas donde no puede haber espacio para realizar una construcción, aunado a que el agua potable no existe, ni la tierra fértil para algún arbusto ó árbol.

En la isla de mayor altura tiene 34 metros y recientemente se instaló una base meteorológica, seguramente con ayuda de un helicóptero y buque marino; en el mismo sitio una bandera mexicana que según fotos tomadas de Internet, es de un tamaño tal que se parecía desde cualquier barco que pase cerca.

Las rocas Los Alijos, según información obtenida de Internet, se conocen desde la época colonial española, donde los barcos provenientes desde Asia a la Nueva España ya tenían su ubicación, y fue visitado por numerosos navegantes de diferentes lugares del mundo, pero fue el explorador estadounidense Robert Schmieder quien en el año de 1900 logró escalarlas por primera vez y realizó un artículo de investigación sobre el lugar.

Las tres rocas se encuentran en las coordenadas 24°57′31″ N  y 115°44′59″ O. están a una distancia de 353 kilómetros de Cabo San Lázaro en el municipio de Comondu, Baja California Sur.

Por no tener importancia en superficie terrestre y no poder tener acceso fácil desde embarcaciones, ha hecho que estos islotes queden en el olvido de muchos mexicanos, pero lo que no saben, es que gracias a su estratégica ubicación podemos decir la Zona Económica Exclusiva de México llega más lejos de lo que imaginamos.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Existe la creencia —muy extendida entre los cuerpos policiales— de que un ciudadano necesita autorización para grabar a un servidor público en funciones, cuando en realidad en una democracia, la actuación de la fuerza pública siempre está sujeta al escrutinio ciudadano.

En principio, es legal que un ciudadano videograbe la actuación de un elemento de seguridad pública cuando éste se encuentra desempeñando funciones en espacios públicos o durante una intervención oficial, siempre que la grabación no implique una interferencia material con la actuación policial, ni vulnere derechos fundamentales de terceros.

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Esta conclusión deriva del interés público, de la protección constitucional de la libertad de expresión, del derecho a buscar y difundir información, del principio de rendición de cuentas de los servidores públicos y del interés inherente al control ciudadano de la función policial. Asimismo, el régimen de protección de datos personales no establece una prohibición general para registrar audiovisualmente a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

1. Marco jurídico aplicable
2. a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1º: Principio pro persona y obligación de todas las autoridades de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Artículos 6º y 7º: Libertad de expresión, acceso a la información y libertad de difundir información.

Artículo 16: Protección de la vida privada y datos personales.

1. b) Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 13: Derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas.

La Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, y que el escrutinio ciudadano sobre el ejercicio del poder público merece la máxima protección.

Los funcionarios públicos están sujetos a un umbral más amplio de crítica y vigilancia pública que los particulares.

1. c) Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

La ley regula esencialmente el tratamiento de datos personales por particulares, no la simple captura aislada de imágenes como acto individual.

Además, la propia ley excluye de su ámbito ciertas actividades de carácter estrictamente personal y no comercial.

Respecto del Artículo 9, fracción V, la ley contempla supuestos en los que el consentimiento no es exigible, entre ellos situaciones de emergencia que puedan afectar a una persona o sus bienes.

No obstante, desde una perspectiva estricta, la legalidad de videograbar a un policía no depende principalmente del Artículo 9, fracción V, sino de la ponderación entre:

• Libertad de expresión,
• Derecho a la información,
• Control democrático de la función pública,
• Privacidad,
• Protección de datos personales.

1. Análisis por presupuesto
2. A) El que graba es el ciudadano que interactúa con el agente

La grabación es legal. El ciudadano tiene un interés directo y legítimo en documentar: una detención, una revisión, un control preventivo, una entrevista policial, una infracción administrativa, y en general, cualquier acto de autoridad.

Además, el video constituye un mecanismo de protección frente a un posible abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, fabricación de pruebas, detenciones arbitrarias.

La grabación forma parte del ejercicio de los derechos de defensa, libertad de expresión y acceso a la justicia.

Límite: La grabación no debe obstaculizar físicamente la actuación policial; poner en riesgo la seguridad de terceros; interferir materialmente en una detención o aseguramiento.

Relación con datos personales: El hecho de que aparezca el rostro o la voz del agente no vuelve ilícita la grabación. Cuando el funcionario actúa en ejercicio de una función pública posee una expectativa de privacidad significativamente reducida respecto de la actividad oficial que desarrolla.

1. B) El que graba es acompañante del ciudadano

La situación es sustancialmente la misma. El acompañante ejerce libertad de expresión; derecho a documentar hechos de interés público; derecho a preservar evidencia.

La protección constitucional es incluso reforzada cuando la grabación tiene la finalidad de documentar la conducta de una autoridad. Desde una perspectiva probatoria, el acompañante puede convertirse posteriormente en testigo de los hechos.

1. C) El que graba es un tercero ajeno a la interacción

También es legal (Artículo 13 de la Convención Americana). El tercero está documentando una actuación de un órgano del Estado; un hecho potencialmente noticioso; un evento de interés público.

La actuación policial no deja de ser pública porque el observador no sea parte de la interacción.

Excepción: Podrían existir restricciones razonables cuando se invade un perímetro de seguridad; se compromete una investigación en curso; se difunde datos sensibles de víctimas; se pone en peligro una operación táctica. En esos casos la restricción no deriva del hecho de grabar al policía, sino de otros bienes jurídicos concurrentes.

1. D) Reportero, periodista o creador de contenido que publica regularmente.

Protección reforzada. La jurisprudencia interamericana otorga una protección especialmente intensa a la actividad periodística. La CIDH ha sostenido que

• Toda persona puede ejercer actividades de comunicación;
• El periodismo no requiere autorización estatal;
• Las restricciones al trabajo informativo deben analizarse de manera particularmente estricta.

Publicación en redes

La publicación del video generalmente es lícita cuando:

• Existe interés público;
• Versa sobre actuaciones oficiales;
• La difusión es veraz o razonablemente diligente;
• No vulnera derechos de menores o víctimas.

Riesgo jurídico: La mayor fuente de responsabilidad no suele ser la grabación sino la forma de difusión. Por ejemplo: exhibir datos personales irrelevantes; difundir domicilios; revelar datos médicos; exponer a víctimas.

Corolario

Es legal que un ciudadano videograbe a un policía que se encuentra realizando funciones en la vía pública y posteriormente utilice el video para denunciar abusos, defenderse en juicio o informar sobre hechos de interés público.

Es ilegal, cuando concurren elementos adicionales: invasión de la privacidad personal del agente, difusión de datos sensibles, obstaculización de la función pública, afectación a terceros o violación de normas específicas de seguridad.

Desde una perspectiva de derechos humanos y conforme a los criterios de la SCJN y de la Corte Interamericana, la regla general es que el escrutinio ciudadano sobre la actuación de la fuerza pública es legítimo y está especialmente protegido por la libertad de expresión y el derecho a la información.

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