IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En mayo de 2025, personal del Ayuntamiento de La Paz llegó a tres caminos que conducían al Pacífico. En El Pescadero, dos accesos habían sido cerrados con piedras y otros objetos. En Cerritos, una caseta sin licencia pretendía cobrar por el paso. La intervención municipal retiró los obstáculos después de denuncias ciudadanas. No hubo una batalla espectacular: sólo maquinaria, funcionarios y la evidencia material de una pregunta que recorre la península como una grieta: si la playa es pública, ¿quién garantiza el camino hasta ella?

La ley parece tajante. Las playas y la franja federal contigua son bienes de uso común; su acceso no puede ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado. Cuando no existe una vía pública, la legislación prevé que la autoridad ambiental acuerde accesos con propietarios colindantes, mediante compensación y servidumbres. También contempla multas de tres mil a doce mil unidades de medida y actualización, e incluso la revocación de concesiones en casos reincidentes.

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Pero entre la letra y la arena se abre un territorio de competencias fragmentadas. La Federación administra la zona marítima; el municipio controla usos de suelo, licencias, catastro y vialidades; los estados regulan el desarrollo urbano; los particulares defienden sus predios. La playa puede ser pública y el terreno anterior, privado. En ese intersticio prosperan los caminos borrados, las rutas desviadas y la incertidumbre que suele favorecer a quien posee abogados, planos y tiempo.

En 2024, una investigación periodística local documentó conflictos en Pichilingue y El Caimancito. En Pichilingue, cercos y mobiliario de un club de playa obstaculizaban el tránsito; autoridades municipales y federales clausuraron el establecimiento. En El Caimancito, otro negocio retiró sombras y camastros tras ser notificado por ocupación irregular. Los episodios mostraron que la privatización de hecho no siempre requiere cerrar por completo: también puede consistir en ocupar tanto espacio público que el visitante común se sienta intruso.

La presión crece al ritmo del valor de la costa. Los Cabos registraba en la información estratégica estatal de 2025 un total de 185 hoteles y 21,744 habitaciones: tres de cada cuatro cuartos disponibles en Baja California Sur. En 2024, la ocupación hotelera municipal fue de 70 por ciento; el destino contaba además con 18 campos de golf. El censo de 2020 ya situaba a Los Cabos como el municipio más poblado del Estado, con 351,111 habitantes.

En una península árida, el crecimiento no ocupa solamente suelo: exige agua, vialidades, energía, saneamiento y vivienda. En julio de 2026, el organismo operador de Los Cabos mantenía calendarios de tandeo para numerosas colonias de San José del Cabo. Estos datos no prueban que un hotel cierre una playa ni que un campo de golf cause por sí solo la escasez doméstica. Sí revelan la escala de las demandas que compiten en el mismo territorio y la desigual capacidad de sus usuarios para asegurar suministro, acceso y paisaje.

Tampoco toda limitación es privatización. Balandra mantiene cupos y horarios por tratarse de un área natural protegida; en 2025 el aforo oficial era de 450 personas por turno. Proteger dunas, manglares y zonas de anidación puede exigir restricciones legítimas. La diferencia moral y jurídica está en quién decide, con qué evidencia y para beneficio de quién: conservar un ecosistema no equivale a reservarlo para clientes.

En junio de 2026, La Paz aprobó un reglamento municipal que ordena crear un inventario público y georreferenciado de playas y accesos, actualizarlo al menos una vez al año, señalizar rutas, impedir cobros y obstáculos, inspeccionar caminos y exigir que nuevos desarrollos costeros prevean accesos públicos. La norma reconoce, en su propia exposición, que el desarrollo inmobiliario ha generado controversias sobre el ingreso a bienes nacionales. Sin embargo, en los portales oficiales revisados para esta crónica no fue posible confirmar que el inventario ya se encuentre publicado.

Ahí comienza la prueba verdadera. Un reglamento sin mapa, presupuesto, inspecciones y sanciones puede convertirse en otra puerta dibujada sobre un muro. La salida exige catastros abiertos, servidumbres registradas, accesibilidad para personas con discapacidad, coordinación efectiva con Semarnat y Profepa y una obligación simple: que cada autorización costera demuestre, antes de construirse, por dónde seguirá entrando la comunidad.

Quienes pagan el cierre son las familias que cargan hieleras por brechas más largas, los pescadores que pierden rutas tradicionales, los trabajadores turísticos que sirven frente al mar pero no siempre pueden disfrutarlo, y una ciudad que aprende a confundir desarrollo con exclusividad. La costa no se privatiza únicamente cuando alguien compra la vista. Se privatiza cuando el horizonte continúa siendo público, pero llegar hasta él deja de serlo. El mar pertenece a todos sólo mientras exista un camino que no obligue a pedir permiso.

Referencias

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ley General de Bienes Nacionales, texto vigente con última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025.

1. XVIII Ayuntamiento de La Paz. Gaceta Electrónica número 17, 4 de junio de 2026: Reglamento de Acceso a Playas y Zona Federal Marítimo Terrestre.
2. Ayuntamiento de La Paz. Primer Informe de Actividades 2025, acciones de recuperación de accesos en Cerritos y El Pescadero.

BCS Noticias. Liberan tres accesos bloqueados a playas en El Pescadero y Cerritos, 26 de mayo de 2025.

Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur. Información Estratégica 2025: Los Cabos.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 para Baja California Sur.

OOMSAPAS Los Cabos. Calendario de tandeo para San José del Cabo, julio de 2026.

Daniela Reyes, Playas libres: desocupan las playas de El Caimancito y Pichilingue, Diario Humano, 17 de septiembre de 2024.

2025. Ayuntamiento de La Paz. Continúa el acceso controlado a Playa Balandra durante temporada vacacional, 3 de agosto de 2025.

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FOTOS: BCS Noticias | El Sudcaliforniano.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Uno de los mayores desafíos para combatir el robo a negocios en Baja California Sur no radica únicamente en detener a los responsables, sino en evitar que el delito ocurra. Las autoridades reconocen que la prevención resulta más compleja conforme crecen las ciudades y aumenta la actividad económica. En municipios como Los Cabos y La Paz, donde diariamente abren cientos de establecimientos comerciales y circulan miles de personas, mantener presencia policial permanente en todas las zonas resulta materialmente imposible. Las propias estadísticas muestran esta concentración territorial. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2026 se iniciaron 138 carpetas de investigación por robo a negocio, mientras que Los Cabos y La Paz concentraron la mayor parte de las denuncias por delitos de robo en sus distintas modalidades, reflejo del peso económico y demográfico que ambos municipios tienen dentro del Estado.

Especialistas en seguridad pública señalan que este tipo de delitos suele estar vinculado con factores de oportunidad. Comercios con escasa iluminación exterior, ausencia de cámaras de videovigilancia, manejo de efectivo durante horarios nocturnos, personal reducido o locales ubicados en colonias con poca vigilancia se convierten en objetivos más atractivos para los delincuentes. En muchos casos, los responsables aprovechan apenas unos minutos para ingresar, sustraer mercancía o dinero y abandonar el lugar antes de que llegue una patrulla. Las corporaciones policiacas han respondido mediante estrategias de proximidad social, patrullajes focalizados y coordinación entre la Policía Estatal Preventiva, las policías municipales, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Además, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia C4 y el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de imágenes han permitido esclarecer diversos casos y obtener mayores elementos de prueba para integrar carpetas de investigación. Sin embargo, las autoridades reconocen que la tecnología, por sí sola, no sustituye la presencia preventiva en las calles.

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Otro obstáculo importante es la llamada cifra negra. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la mayoría de los delitos cometidos en Baja California Sur no llegan a denunciarse formalmente. Muchas víctimas consideran que el trámite implica pérdida de tiempo, desconfían de las instituciones o estiman que el daño económico no justifica iniciar un procedimiento penal. Esta situación limita la capacidad de las autoridades para identificar patrones delictivos, asignar recursos policiales y perseguir penalmente a los responsables. Para los comerciantes, las consecuencias van mucho más allá de la pérdida inmediata de mercancías. Cada robo representa inversiones adicionales en cámaras de seguridad, alarmas, reforzamiento de puertas, contratación de vigilancia privada y pago de pólizas de seguro más costosas. En pequeños negocios familiares, una sola sustracción puede significar la pérdida de semanas completas de ingresos, afectando incluso el pago de salarios o la reposición de inventarios.

Los organismos empresariales también advierten que la percepción de inseguridad influye en la confianza para invertir. Aunque Baja California Sur mantiene indicadores delictivos inferiores a muchas entidades del país, el comercio organizado considera indispensable fortalecer la prevención para evitar que el crecimiento económico sea acompañado por un incremento sostenido de los delitos patrimoniales. En Los Cabos, por ejemplo, representantes empresariales han señalado que el robo a negocio continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector, aun cuando no se observe un incremento acelerado en las cifras oficiales. No obstante, las autoridades sostienen que existen resultados alentadores. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que durante 2025 los delitos patrimoniales presentaron reducciones en distintos rubros, incluido el robo a negocio, que disminuyó alrededor de 2 % respecto al año anterior. Asimismo, destacó el incremento en órdenes de aprehensión cumplimentadas, recuperación de vehículos y aseguramiento de objetos robados como parte del fortalecimiento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Sin embargo, la disminución porcentual no elimina la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales. El acelerado crecimiento demográfico de Baja California Sur obliga a ampliar continuamente el estado de fuerza policial, incrementar la capacitación de los agentes, modernizar el equipamiento tecnológico y consolidar sistemas de inteligencia criminal capaces de anticipar los movimientos de grupos dedicados al robo patrimonial. Otro reto consiste en fortalecer la coordinación con los municipios. Las policías preventivas son la primera línea de respuesta ante una llamada de emergencia, mientras que la investigación corresponde al Ministerio Público y a la Policía de Investigación. Cuando esta coordinación funciona de manera eficiente, aumentan las posibilidades de detener a los responsables en flagrancia o recuperar los bienes sustraídos. Cuando existen retrasos o deficiencias en la comunicación institucional, las investigaciones pueden perder información valiosa durante las primeras horas posteriores al delito.

Las perspectivas para los próximos años dependerán de varios factores. Por un lado, continuará el crecimiento económico impulsado por el turismo, la construcción y los servicios, especialmente en Los Cabos y La Paz. Ese dinamismo generará nuevas oportunidades comerciales, pero también exigirá mayores capacidades de vigilancia y prevención. Por otro lado, las inversiones en tecnología, inteligencia policial y profesionalización de los cuerpos de seguridad podrían traducirse en mejores resultados si van acompañadas de una mayor participación ciudadana mediante la denuncia. La prevención situacional también aparece como una estrategia relevante. Expertos recomiendan mejorar el diseño urbano de las zonas comerciales mediante iluminación adecuada, cámaras conectadas a los centros de monitoreo, botones de emergencia, capacitación del personal para actuar durante un asalto y campañas permanentes de cultura de la denuncia. Estas medidas reducen las oportunidades para la comisión del delito y fortalecen la colaboración entre comerciantes y autoridades.

El combate al robo a negocios en Baja California Sur muestra, en consecuencia, un panorama mixto. Las cifras oficiales reflejan avances en algunos indicadores y una mayor capacidad de investigación por parte de las instituciones de seguridad. Al mismo tiempo, persisten limitaciones asociadas al crecimiento urbano, la insuficiencia de personal policial, la cifra negra y la necesidad de fortalecer la prevención.

Más allá de las estadísticas, el verdadero desafío consiste en garantizar que cada comerciante pueda abrir su negocio con la certeza de que su patrimonio estará protegido. Alcanzar ese objetivo requerirá mantener la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales, consolidar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia y continuar invirtiendo en inteligencia, tecnología y proximidad policial. Sólo mediante una estrategia integral será posible reducir de manera sostenida un delito que, aunque ha mostrado signos de contención, continúa representando uno de los principales desafíos para la seguridad y el desarrollo económico de Baja California Sur.

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FOTOS: Tribuna de México | Zeta Tijuana.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al amanecer, cuando los primeros comerciantes levantan las cortinas metálicas de sus establecimientos en La Paz, Los Cabos, Ciudad Constitución o Loreto, una preocupación permanece constante: encontrar el negocio tal como lo dejaron la noche anterior. Para cientos de pequeños y medianos empresarios sudcalifornianos, el robo a comercio representa uno de los delitos patrimoniales con mayor impacto económico, no sólo por la pérdida de mercancías o dinero en efectivo, sino por la sensación de vulnerabilidad que genera y los costos adicionales en sistemas de seguridad, seguros y vigilancia privada. Aunque las estadísticas oficiales muestran que Baja California Sur continúa entre las entidades con menor incidencia delictiva del país en diversos indicadores, el robo a negocios sigue siendo un fenómeno persistente cuya evolución refleja tanto avances institucionales como limitaciones operativas derivadas del crecimiento urbano, la movilidad poblacional y la sofisticación de algunos grupos dedicados a delitos patrimoniales.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo a negocio mantiene un comportamiento variable. Durante 2025 se registraron incrementos mensuales que encendieron alertas entre autoridades y organismos empresariales; por ejemplo, entre mayo y junio de ese año las denuncias crecieron casi 37 %, acumulando 229 carpetas de investigación durante el primer semestre. En todo 2024 se habían iniciado 517 investigaciones por este delito, evidencia de que el fenómeno continúa siendo uno de los principales retos para las corporaciones policiales del estado. Las cifras más recientes indican que durante los primeros meses de 2026 el delito presentó una disminución respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, el volumen de denuncias mantiene al robo como una de las conductas delictivas con mayor presencia en Baja California Sur. Los municipios de Los Cabos y La Paz concentran la mayoría de las carpetas de investigación debido a que reúnen la mayor población, actividad comercial y flujo turístico del estado.

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Para comprender este fenómeno es necesario observar el extraordinario crecimiento económico que ha experimentado Baja California Sur durante la última década. Municipios como Los Cabos figuran entre los de mayor crecimiento poblacional del país impulsados por el turismo, la construcción y el desarrollo inmobiliario. Esa expansión ha multiplicado el número de comercios, plazas, restaurantes, supermercados y establecimientos de servicios, pero también ha incrementado las oportunidades para la delincuencia patrimonial. Las autoridades estatales sostienen que buena parte de los robos corresponden a delitos de oportunidad. Comercios con escasas medidas de seguridad, ausencia de sistemas de videovigilancia, manejo de efectivo y horarios nocturnos representan condiciones que facilitan la comisión de estos ilícitos. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y las policías municipales han fortalecido operativos preventivos, patrullajes focalizados y coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Uno de los avances más importantes ha sido el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia urbana mediante el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que permite atender reportes en tiempo real y facilitar investigaciones posteriores mediante el análisis de imágenes. Paralelamente, la PGJE ha reforzado sus capacidades de investigación criminal, utilizando evidencia tecnológica para integrar carpetas de investigación y obtener órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. La propia institución mantiene estadísticas públicas sobre incidencia delictiva y publica de manera permanente resultados de judicializaciones relacionadas con delitos patrimoniales.

Los resultados de estas acciones comienzan a observarse en algunos municipios. En La Paz, autoridades municipales informaron que entre 2021 y 2025 varios delitos patrimoniales registraron reducciones, entre ellos el robo a negocio, cuya incidencia disminuyó alrededor de 12.5 %, como parte de una estrategia basada en mayor presencia policial, recuperación de espacios públicos y coordinación entre corporaciones de seguridad. No obstante, la disminución estadística no significa que el problema esté resuelto. Comerciantes consultados por organismos empresariales señalan que muchos establecimientos continúan invirtiendo recursos propios para instalar cámaras, alarmas, cortinas reforzadas y sistemas electrónicos de monitoreo, debido a que consideran insuficiente la capacidad preventiva de las corporaciones para cubrir todas las zonas comerciales durante las noches y madrugadas.

A ello se suma un obstáculo que afecta la medición real del delito: la llamada «cifra negra». La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, elaborada por el INEGI, estima que en Baja California Sur el 90.5 % de los delitos no derivan en una denuncia con carpeta de investigación. Apenas el 12.6 % de los delitos son denunciados y solamente una parte concluye con el inicio formal de una investigación. Entre las principales razones para no denunciar destacan la pérdida de tiempo y la desconfianza hacia las autoridades. Esta realidad implica que las estadísticas oficiales representan únicamente una parte del fenómeno. Muchos pequeños comerciantes prefieren absorber las pérdidas económicas antes que iniciar un procedimiento legal que consideran largo, complejo o con pocas probabilidades de recuperar sus bienes.

Además, la dinámica propia del estado plantea desafíos particulares. La enorme extensión territorial de Baja California Sur, la dispersión de comunidades y el acelerado crecimiento urbano dificultan mantener una cobertura policial homogénea. Mientras algunas zonas comerciales cuentan con vigilancia permanente, otras dependen de patrullajes preventivos cuya frecuencia resulta insuficiente para inhibir completamente la actividad delictiva.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el ámbito del derecho penal moderno, la reparación del daño ha evolucionado desde un enfoque meramente patrimonial hacia una concepción integral que busca restituir, en la medida de lo posible, la dignidad y el desarrollo de la víctima.

Dentro de esta evolución surge una figura de particular relevancia: el daño al proyecto de vida, entendido como la afectación a las expectativas razonables de realización personal, profesional y social de una persona. El concepto tiene su origen en el desarrollo en el ámbito internacional de los derechos humanos, particularmente en América Latina. Doctrinariamente, se vincula con la idea de que la persona no solo tiene bienes patrimoniales, sino también una trayectoria vital susceptible de protección jurídica.

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El concepto, en la doctrina dominante, se clasifica actualmente como una categoría autónoma de daño inmaterial. Surge como una ampliación del daño moral, al reconocer que ciertas violaciones no solo generan sufrimiento emocional, sino que truncan el desarrollo de vida de la persona.

Normativamente se finca en el principio pro persona, dentro del marco de los derechos humanos, y se rige bajo el presupuesto de reparación integral del daño, que contempla daños materiales e inmateriales, conforme a lo previsto en la Ley General de Victimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La SCJN ha reconocido la necesidad de una reparación integral, que no se limite a daños económicos, sino que contemple afectaciones profundas a la persona, bajo la premisa de que la reparación debe ser proporcional, integral y diferenciada, atendiendo a la naturaleza del daño.

Nuestro Máximo Tribunal federal reconoce la influencia de estándares internacionales en materia de derechos humanos, atendiendo siempre al principio de progresividad, y si bien no siempre utiliza expresamente el término “proyecto de vida”, sí ha aceptado la indemnización por daños inmateriales complejos, lo que permite su incorporación.

En el ámbito convencional la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha desarrollado con mayor claridad esta figura, como podemos constatarlo en los casos emblemáticos:

“Loayza Tamayo vs. Perú” (1998): Define el daño al proyecto de vida como la afectación a la realización personal derivada de violaciones graves.

“Cantoral Benavides vs. Perú” (2000): Se reconoce expresamente que la detención arbitraria alteró el curso de vida del afectado.

“González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México” (2009): Se vincula el daño al proyecto de vida con la imposibilidad de desarrollo pleno de las víctimas.

La Corte IDH establece que este daño es autónomo, independiente del daño moral y del lucro cesante.

Derecho comparado

Perú: Reconocido ampliamente en jurisprudencia constitucional y civil.

Argentina: Se ha incorporado en decisiones sobre responsabilidad civil, especialmente en casos de lesiones graves.

Colombia: La Corte Constitucional lo vincula con el concepto de vida digna.

Chile: Se reconoce de forma incipiente dentro de daños extrapatrimoniales.

En general, los países latinoamericanos han integrado este concepto bajo la influencia del sistema interamericano.

Acreditación e indemnización del daño al proyecto de vida

Para probar este tipo de daño, se deben considerar:

1. Condiciones personales de la víctima: Edad, nivel educativo, actividad profesional.
2. Proyecto de vida previo: Planes académicos, trayectoria laboral, expectativas razonables.
3. Impacto del delito: Limitación permanente o temporal, cambio radical de vida, imposibilidad de alcanzar metas.
4. Medios probatorios: Peritajes psicológicos y sociales, testimonios, documentación académica o laboral

Cuantificación

No existe una fórmula matemática rígida. Los jueces suelen aplicar criterios como: equidad, proporcionalidad, gravedad de la afectación, duración del perjuicio (temporal o permanente)

En el ámbito internacional, la Corte IDH fija montos considerando: circunstancias del caso, impacto integral en la víctima y estándares de reparación integral

Corolario

El daño al proyecto de vida representa uno de los avances más significativos en materia de justicia penal y derechos humanos. Su reconocimiento implica aceptar que las violaciones no solo generan pérdidas económicas, sino que pueden destruir trayectorias de vida completas.

En México, su desarrollo aún es progresivo, pero la influencia del derecho internacional permite consolidar una visión más humana de la reparación del daño, donde el objetivo no es solo indemnizar, sino restituir la dignidad y las oportunidades de la víctima.

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IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur la luz cae con precisión implacable. Blanquea La Paz, endurece Santa Rosalía, vuelve metálico el aire de Loreto y deja en Los Cabos una postal perfecta: mar, hoteles, campos verdes, anuncios de lujo. Pero hay otra geografía. Está detrás de las puertas de los museos, en objetos que no compiten bien contra el algoritmo ni contra el itinerario de playa: una punta Clovis, una roca con pintura rupestre, un esqueleto de cetáceo, una máquina de escribir minera. Son fragmentos de un estado que no empezó con la hotelería, ni termina en la temporada alta.

La primera cifra parece generosa: el Sistema de Información Cultural registra 16 museos en Baja California Sur. La segunda abre la grieta: en la Estadística de Museos 2025 del INEGI, sólo siete recintos sudcalifornianos reportaron información, con 51,420 visitantes en todo el año. No son 51,420 visitantes para una exposición, sino para el conjunto estatal que sí aparece en el registro estadístico. En términos nacionales, Baja California Sur aportó apenas 0.10% de la afluencia museística del país. Mientras Los Cabos presume una derrama turística de 133.3 mil millones de pesos en 2025 y más de una tercera parte de su empleo asociado al turismo, la memoria organizada del Estado cabe en una cifra menor que la asistencia anual de algunos recintos medianos.

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Lo que se conserva no es menor. El Museo Regional de Antropología e Historia, en La Paz, resguarda geología, fósiles, arqueología, pinturas rupestres, misiones, etnografía y siglo XX. El Museo de Arte de Baja California Sur nació como el primer espacio estatal dedicado y equipado para arte moderno y contemporáneo. El Museo de la Ballena y Ciencias del Mar conecta ciencia y asombro mediante esqueletos de mamíferos marinos. El Museo de las Misiones, en Loreto, explica las 18 misiones jesuitas. En Santa Rosalía, El Boleo conserva herramientas, maquinaria, documentos, planos y rastros de la compañía francesa que convirtió el cobre en ciudad. El problema no es la falta de historia. Es la falta de puente.

Los datos nacionales del INEGI ayudan a entender la fractura: en 2025, 80.6% de las personas entrevistadas visitaba el museo por primera vez; 56.8% permanecía menos de una hora; 61.9% tenía escolaridad superior. Entre los motivos para no asistir, los visitantes señalaron sobre todo falta de difusión o desconocimiento del acervo, y después falta de cultura o educación. Dicho con menos burocracia: muchos no van porque no saben qué hay.

En Baja California Sur esa distancia pesa más por el territorio. No es lo mismo programar una visita escolar en una ciudad compacta que cruzar una península dispersa, calurosa, cara y desigual. El joven de una colonia periférica de Los Cabos puede vivir más cerca de un hotel que de una política cultural. Puede pasar todos los días junto a la maquinaria del turismo y no entrar nunca a la sala donde se cuenta la historia natural de su municipio. No puedo confirmar, con los documentos públicos revisados, cuántos adolescentes entraron a cada museo sudcaliforniano durante 2025. Esa ausencia de desglose dice algo: si no se mide a quién se está perdiendo, difícilmente se sabrá cómo recuperarlo.

La contradicción es territorial y moral. El desarrollo turístico ha aprendido a narrarse: vende naturaleza, bienestar, lujo, gastronomía, conectividad, experiencia. Incluso incorpora el lenguaje de la sostenibilidad: protección hídrica, residuos, conservación del litoral, planeación urbana. Pero fuera del folleto, la península carga déficits de agua subterránea en acuíferos como Cabo San Lucas, La Paz y Los Planes. En la misma postal donde el césped promete abundancia, muchas colonias administran la escasez con pipas. Allí los museos parecen un asunto menor, hasta que se entiende que también son infraestructura de supervivencia: enseñan de dónde viene el territorio y qué costos se esconden detrás de cada auge.

Acercar los museos a los jóvenes no se resolverá con una campaña bonita ni con publicar horarios en redes. Hace falta presupuesto estable, medición por edad y municipio, transporte escolar, mediadores culturales, alianzas reales con escuelas, recorridos que hablen de agua, minería, turismo, pueblos originarios, biodiversidad y ciudad; hace falta que la cultura sea tratada como derecho y no como adorno del destino. También hace falta que los beneficiarios del relato turístico participen en sostener el relato histórico: hoteles, desarrolladores, fideicomisos, municipios y gobierno estatal no pueden vender territorio sin financiar memoria.

Los museos de Baja California Sur no son mausoleos: son estaciones de alarma. En sus salas se entiende que toda prosperidad que olvida su origen termina administrando ruinas. La pregunta no es si los jóvenes quieren ir a los museos; la pregunta es si el estado está dispuesto a llevarles la historia del suelo que pisan. Porque un territorio que enseña a sus hijos a servir al visitante, pero no a leer su memoria, no está formando futuro: está alquilando el alma.

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