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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). El viento de abril todavía no había cambiado cuando la noticia comenzó a correr por las calles tranquilas de Loreto. No fue un rumor ni una filtración: estaba impresa, publicada, oficial. El 10 de abril de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer un decreto que, en apariencia, parecía técnico, casi burocrático. Pero en realidad, marcaba un giro profundo en el destino de este pueblo costero. Loreto dejaba de ser solo un puerto de cabotaje —limitado al tránsito nacional— para convertirse en puerto de altura y cabotaje, lo que significaba, en términos claros, abrir sus aguas a embarcaciones internacionales: cruceros, yates, buques de carga. La tinta aún no se secaba en el documento oficial cuando la inquietud comenzó a tomar forma en la comunidad.

En los días posteriores al 10 de abril, funcionarios portuarios y autoridades comenzaron a explicar el alcance del decreto. Para la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS), el cambio representaba un paso estratégico. Loreto, decían, estaba listo. El crecimiento del tráfico marítimo en la región, su ubicación en rutas del Pacífico y su potencial turístico justificaban la decisión. Convertirlo en puerto de altura permitiría atraer inversión, fortalecer la conectividad y posicionarlo como un nodo internacional.  En palabras oficiales, el decreto respondía a una visión de desarrollo: integrar a Loreto en los circuitos globales del comercio y el turismo marítimo. Pero en el malecón, donde las pangas regresan al atardecer y los pescadores limpian sus redes, la noticia no se recibió con entusiasmo.

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Al principio, fueron preguntas. ¿Qué significa recibir cruceros? ¿Habrá más turismo o menos? ¿Quién gana con esto? Prestadores de servicios turísticos comenzaron a comentar entre ellos. Guías de buceo, capitanes de embarcaciones, hoteleros pequeños. Loreto, durante décadas, había construido una identidad distinta: turismo de bajo impacto, contacto con la naturaleza, respeto por el entorno. El decreto parecía romper ese equilibrio.

Algunos recordaban que gran parte de la derrama económica de los cruceros no se queda en los destinos: los pasajeros llegan, consumen poco y se van. Otros pensaban en algo más profundo: el riesgo de perder lo que hacía único a Loreto.

El 22 de abril, apenas doce días después de la publicación en el DOF, el murmullo se convirtió en voz colectiva. Desde temprano, las calles del centro se llenaron de pancartas. “Loreto no se vende”, “No a los cruceros”, “Sí a las ballenas”. La marcha avanzó pacífica, pero firme, con una consigna clara: rechazo al decreto. No eran solo ambientalistas. Había comerciantes, familias, trabajadores del turismo, residentes extranjeros, jóvenes y adultos mayores. Una comunidad diversa unida por una preocupación común.

El punto de encuentro no era casual: Loreto está dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto, un área natural protegida de alto valor ecológico, hábitat de especies como la ballena azul y múltiples especies endémicas. La protesta no era contra el desarrollo en sí, decían algunos. Era contra la forma en que se estaba planteando.

Con el paso de los días, las razones de la inconformidad comenzaron a articularse con mayor claridad. El principal temor: el impacto ambiental. El aumento del tráfico marítimo implicaría más emisiones, ruido submarino, riesgo de derrames y presión sobre los ecosistemas marinos.  Para una región cuya riqueza depende del equilibrio natural, el riesgo no era menor. Las ballenas, los arrecifes, la biodiversidad que sostiene el turismo local podían verse afectados.

Además, la infraestructura actual del puerto no está diseñada para recibir embarcaciones de gran escala, lo que podría derivar en futuras obras con impactos adicionales. En cada argumento, la misma idea: el decreto no es solo administrativo, es una transformación profunda del territorio.

Mientras tanto, desde el ámbito oficial, el discurso era distinto. El decreto, insistían, traería beneficios económicos: mayor competitividad, nuevas inversiones, diversificación del turismo y conexión con rutas internacionales. Para las autoridades portuarias, Loreto podría convertirse en un punto estratégico del Pacífico, capaz de atraer cruceros y consolidar su economía. Pero en la comunidad, esas promesas se recibían con cautela. Algunos prestadores de servicios advertían que el turismo masivo podría desplazar a los negocios locales, cambiando la estructura económica del municipio. El temor no era solo perder ingresos, sino perder el control sobre el modelo de desarrollo.

Conforme avanzaban las protestas, las demandas se hicieron más específicas. Los manifestantes exigieron la revisión y posible cancelación del decreto, así como la realización de consultas públicas transparentes. No se trataba únicamente de oponerse, sino de participar. “Cualquier proyecto que impacte nuestro territorio debe ser consultado”, señalaron en cartas abiertas dirigidas a autoridades federales y estatales. El reclamo apuntaba a un punto clave: la falta de diálogo previo.

Ante la creciente presión social, las autoridades comenzaron a responder. El gobernador de Baja California Sur declaró que el decreto sería revisado y aseguró que no se perjudicaría a la población de Loreto. El Congreso local también intervino, enviando exhortos para analizar el impacto de la medida. Mientras tanto, la Alcaldesa de Loreto subrayó que cualquier implementación debería respetar los lineamientos del Consejo Asesor del Parque Nacional y garantizar la protección ambiental. El mensaje era claro: el decreto existe, pero su aplicación no está definida.

En Loreto, el debate no es solo técnico. Es, en esencia, una confrontación de visiones. Por un lado, está la idea de crecimiento: más inversión, más turismo, mayor integración global. Por otro, la defensa de un modelo distinto: sustentabilidad, conservación, identidad local. El decreto del 10 de abril se convirtió en el punto donde ambas visiones chocan. Para algunos, representa una oportunidad histórica. Para otros, un riesgo irreversible.

Las protestas no se detuvieron tras la primera marcha. Se recolectaron firmas, se organizaron reuniones comunitarias, se difundieron posicionamientos en redes sociales. En una sola jornada, se reunieron cientos de apoyos ciudadanos. El movimiento comenzó a tomar forma como una defensa organizada del territorio. Mientras tanto, el puerto seguía operando con normalidad, como si nada hubiera cambiado aún. Pero en el ambiente, algo ya era distinto.

Hoy, semanas después del decreto, Loreto vive en una especie de pausa tensa. El decreto está vigente, pero su implementación enfrenta resistencia social y revisión política. Las autoridades hablan de regulación, de estudios, de gradualidad. La comunidad habla de defensa, de consulta, de límites. El desenlace aún no está escrito.

Si el decreto se concreta plenamente, Loreto podría experimentar una transformación profunda. Podría integrarse a rutas internacionales, recibir cruceros, atraer inversiones y modificar su estructura económica. Pero también podría enfrentar presiones ambientales, cambios en su tejido social y una redefinición de su identidad turística. Si, en cambio, la presión social logra modificar o detener el decreto, Loreto reafirmaría su modelo actual, basado en la conservación y el turismo sustentable. Entre ambos escenarios, hay múltiples matices: regulación estricta, implementación parcial, acuerdos entre comunidad y gobierno.

Al caer la tarde, el mar de Loreto sigue siendo el mismo. Las aguas tranquilas reflejan el cielo, las pangas regresan lentamente, y en la distancia, si hay suerte, puede verse el soplo de una ballena. Pero en tierra firme, el ambiente ha cambiado. El decreto del 10 de abril no solo modificó una categoría portuaria. Abrió una discusión sobre el futuro, sobre el desarrollo y sobre el derecho de una comunidad a decidir su destino. Loreto, ese pueblo que durante siglos ha vivido entre el desierto y el mar, ahora enfrenta una nueva marea. No es de agua. Es de decisiones.

Referencias:

https://tribunademexico.com/protestan-loreto-decreto-puerto-altura/ «Protestan en Loreto contra decreto que lo convierte en puerto de altura …»

https://analisisbcs.com.mx/2026/04/13/consolida-api-bcs-a-loreto-como-puerto-de-altura-y-cabotaje-mediante-decreto-federal/ «Consolida API-BCS a Loreto como puerto de altura y cabotaje mediante …»

https://www.radioformula.com.mx/lapaz/pueblo-magico-de-loreto-no-se-vende-crece-defensa-ante-decreto-para-abrir-trafico-maritimo-internacional-20260422-0062.html «Pueblo Mágico de Loreto no se vende: crece defensa ante decreto para …»

https://www.eluniversal.com.mx/estados/habitantes-de-loreto-protestan-contra-decreto-portuario-en-bcs-alertan-por-impactos-ambientales-y-economicos/ «Habitantes de Loreto protestan contra decreto portuario en BCS»

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/protestan-en-loreto-por-cambio-a-puerto-de-altura/728759 «Protestan en Loreto por cambio a puerto de altura»

https://www.posta.com.mx/bcs/protestas-en-loreto-por-decreto-que-convierte-su-puerto-en-internacional-esto-significa-el-cambio/vl2194261 «Protestas en Loreto por decreto que convierte su puerto en …»

https://peninsulardigital.com/2026/04/21/protestan-por-la-decision-presidencial-de-convertir-a-loreto-en-puerto-de-altura-y-cabotaje/ «Protestan por la decisión presidencial de convertir a Loreto en “Puerto …»

https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/se-revisara-el-decreto-que-cambia-estatus-portuario-de-loreto-no-perjudicaremos-a-la-gente-gobernador-29731802 «Se revisará el decreto que cambia estatus portuario de Loreto; no perjudicaremos a la gente: Gobernador»

https://diariohumano.com.mx/2026/04/23/loreto-exige-frenar-decreto-de-puerto-de-altura/ «Loreto exige frenar decreto de Puerto de Altura | Diario Humano»

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La tarde cae lenta sobre el malecón de La Paz. El sol se recuesta en el Mar de Cortés y la brisa suaviza el calor, mientras familias, turistas y corredores ocupan la línea que divide la ciudad del agua. Todo parece en calma, pero en medio de ese paisaje, donde el comercio informal ha sido durante años parte del ritmo cotidiano, algo ha cambiado. No es visible a simple vista, pero se siente en las miradas, en los espacios vacíos donde antes había puestos, en el silencio de quienes ya no están. Todo comenzó —al menos esta vez— una noche de finales de abril.

Era domingo, cerca de las ocho, cuando Agustín Cruz, vendedor de elotes, trabajaba como lo hacía desde hacía años: recorriendo el centro, buscando clientes, resistiendo el calor y las reglas cambiantes. Minutos antes, inspectores municipales le habían pedido que se moviera de lugar. Él obedeció. Pero poco después, una patrulla llegó. Sin aviso previo, sin diálogo prolongado, fue detenido. Cuatro policías lo rodearon, lo esposaron y lo subieron a la unidad. En los videos que circularon después, la escena parecía desproporcionada: un vendedor reducido como si representara un peligro mayor. Para muchos, ese momento no fue un hecho aislado, sino el punto de quiebre.

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A la mañana siguiente, el malecón seguía ahí, pero el rumor ya había corrido. En los días posteriores, la historia de Agustín se convirtió en símbolo. No era el único. Otros vendedores comenzaron a hablar: detenciones, decomisos, multas, puestos retirados sin previo aviso. Algunos mencionaron operativos constantes; otros, la imposibilidad de obtener permisos. Lo que antes se vivía de forma dispersa empezó a narrarse como un problema común.  Y entonces vino la protesta.

El 29 de abril, la explanada del Ayuntamiento de La Paz se llenó de vendedores ambulantes. Llegaron con pancartas, con música, con consignas que mezclaban indignación y cansancio. No pedían privilegios —decían—, sino reglas claras. Denunciaban detenciones arbitrarias, sanciones económicas y un trato que consideraban excesivo. En medio del ruido, una frase se repetía como eco: “Nos tratan como delincuentes”.

Esa frase no era casual. Venía de la experiencia directa. Agustín relató que, durante su detención, le colocaron esposas con doble presión, lo que le provocó lesiones en la muñeca. También denunció una multa de más de 4 mil pesos o, en su defecto, arresto administrativo. Además, perdió su mercancía, su jornada y, con ello, el ingreso del día.  No era solo una detención. Era una cadena de consecuencias. A medida que avanzaban los testimonios, aparecían más historias. Carlos, vendedor del centro, narró cómo su puesto fue retirado sin notificación formal. Otros hablaban de clausuras repentinas, de mercancía decomisada, de operativos que llegaban sin aviso. La escena se repetía con variaciones: inspectores, policías, la orden de retirarse, la negativa —a veces—, la intervención, la detención. Pero del otro lado, la versión oficial tenía su propia lógica.

El Ayuntamiento de La Paz defendió las acciones argumentando que el reglamento municipal prohíbe el comercio ambulante en el malecón y en el primer cuadro de la ciudad. La norma no es nueva: data de 1995. Según las autoridades, quienes venden sin permiso incurren en faltas administrativas que pueden derivar en sanciones o detenciones. En ese marco, los operativos no son arbitrarios, sino parte de una política de orden urbano. Ahí está el núcleo del conflicto. Para los vendedores, la ley es una barrera casi infranqueable. Denuncian que no se otorgan nuevos permisos o que los procesos para obtenerlos son confusos y restrictivos. En la práctica, muchos quedan fuera de la legalidad, no por elección, sino por falta de opciones.

Para las autoridades, en cambio, la regulación busca proteger el espacio público, garantizar la seguridad y mantener el orden en zonas de alta afluencia como el malecón. Dos visiones que no terminan de encontrarse. Mientras tanto, los operativos continúan.

En marzo, uno de los vendedores recordó cómo inspectores clausuraron su puesto, marcando el inicio de una serie de acciones que él describe como una “lucha constante” por trabajar.  No es un caso aislado. Desde años atrás, el Ayuntamiento de La Paz ha identificado decenas de establecimientos en la vía pública sin acreditación legal, lo que ha derivado en intentos de reubicación, decomisos y sanciones. Pero la reubicación tampoco ha sido sencilla. Ha habido resistencia, desacuerdos, intentos fallidos. Y así, el conflicto se mantiene.

De vuelta en la explanada del Ayuntamiento de La Paz, los vendedores entregaron un pliego petitorio. No pedían la eliminación de la ley, sino su revisión. Propusieron permisos temporales, zonas delimitadas, esquemas rotativos, capacitación para inspectores y policías. Pidieron diálogo antes que sanción. Las autoridades respondieron con cautela. Reconocieron la existencia del problema y abrieron la posibilidad de mesas de trabajo. También plantearon alternativas: bazares regulados, esquemas tipo “carrusel” para distribuir espacios de venta, revisión de la normatividad vigente. Pero dejaron claro que el reglamento sigue en vigor. Ese punto es crucial.

Porque mientras no cambie la ley, el vendedor sin permiso seguirá siendo infractor. Y mientras siga siendo infractor, seguirá expuesto a detenciones. En ese terreno se mueve la discusión sobre el uso de la fuerza. Los vendedores denuncian que las intervenciones son desproporcionadas. Que no se trata de hacer cumplir la ley, sino de cómo se hace. Que esposar, someter o rodear a una persona que vende comida no corresponde a la gravedad de la falta. Las autoridades, por su parte, señalan que existen mecanismos para denunciar excesos y que, si algún elemento rebasa sus funciones, puede ser investigado por instancias como la Contraloría.

La disputa de la banqueta

El problema, entonces, no es solo legal. Es también operativo, humano. ¿Cómo se regula sin criminalizar? ¿Cómo se ordena sin excluir? Las respuestas no son simples. Porque detrás de cada puesto hay una historia. Familias que dependen de un ingreso diario, personas que encontraron en la calle una forma de sobrevivir en una economía que no siempre ofrece alternativas formales. Pero también hay una ciudad que crece, que se transforma, que busca ordenar sus espacios, atraer turismo, mantener una imagen.

Entre esos dos mundos, la banqueta se convierte en territorio en disputa. En los días posteriores a la protesta, algo cambió en el tono. Las autoridades hablaron de equilibrio. Los vendedores, de diálogo. Se abrió una puerta, aunque pequeña, hacia la negociación. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto.

Si el reglamento se mantiene sin cambios, los operativos continuarán y las detenciones seguirán siendo parte del paisaje urbano. Los vendedores, entonces, tendrán que elegir entre la informalidad y el riesgo constante. Si se modifica la normatividad, podría abrirse un nuevo escenario: permisos más accesibles, zonas definidas, reglas claras. Pero también surgirán nuevos retos: cómo distribuir los espacios, cómo evitar conflictos entre comerciantes, cómo garantizar que el orden no se convierta en exclusión. Hay un tercer camino, quizá el más complejo: construir un modelo mixto, donde la regulación no sea solo prohibición, sino integración. Pero ese camino requiere tiempo, voluntad política y, sobre todo, confianza. Hoy, en La Paz, esa confianza está en construcción. La crónica no termina aquí.

Al caer la noche, el malecón vuelve a llenarse. La gente camina, el mar respira, la ciudad sigue su ritmo. Pero en algún punto, donde antes había un vendedor ofreciendo elotes calientes, ahora hay un espacio vacío. Ese vacío no es solo físico. Es la huella de un conflicto que sigue abierto. Y mientras no se resuelva, la historia seguirá repitiéndose: un vendedor que se instala, un inspector que llega, una orden que se da, una detención que ocurre, una protesta que responde. Una ciudad que busca orden. Y otra que, desde la banqueta, solo pide trabajar.

Referencias:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/comerciantes-ambulantes-protestan-tras-detencion-de-vendedor-en-la-paz-bcs-piden-reglas-claras-para-regular-su-actividad/ «Comerciantes ambulantes protestan tras detención de vendedor en La Paz, BCS».

https://www.posta.com.mx/bcs/ambulantes-exigen-permisos-dialogo-y-reglas-claras-durante-protesta-en-ayuntamiento-de-la-paz/vl2196283 «Ambulantes exigen permisos, diálogo y reglas claras durante protesta».

https://hoybcs.com/nos-tratan-como-delincuentes-protestan-comerciantes-en-ayuntamiento-de-la-paz/ «“Nos tratan como delincuentes”: protestan comerciantes en Ayuntamiento».

https://www.diarioelindependiente.mx/2026/04/la-ley-lo-prohibe-ayuntamiento-de-la-paz-defiende-retiro-de-ambulantes-en-el-malecon «“La ley lo prohíbe”: Ayuntamiento de La Paz defiende retiro…».

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/denuncian-abusos-en-operativos-contra-ambulantes/730328 «Denuncian abusos en operativos contra ambulantes».

https://www.palabrabcs.com/municipios/la-paz/insistira-el-ayuntamiento-de-la-paz-en-reubicar-a-los-vendedores-ambulantes/ «Insistirá el Ayuntamiento de La Paz en reubicar a los vendedores ambulantes».

https://www.bcsnoticias.mx/tras-protesta-ayuntamiento-de-la-paz-plantea-espacios-regulados-para-comercio-ambulante/ «Tras protesta, Ayuntamiento de La Paz plantea espacios regulados para …»

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Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el punto más austral de la península de Baja California Sur, donde el océano Pacífico se funde con el Golfo de California, una estructura de piedra se levanta sobre las dunas como un vestigio del pasado: el Faro Viejo de Cabo Falso. A primera vista, parece una ruina romántica azotada por el viento y la sal. Sin embargo, su historia revela algo más profundo: un símbolo de soberanía nacional, un referente de identidad regional y, hoy, un espacio en disputa entre intereses públicos y privados. Este reportaje explora su origen, su papel en la historia de México, los conflictos actuales en torno a su acceso y las posibilidades de futuro para este monumento, a partir de fuentes oficiales, testimonios institucionales y antecedentes históricos.

La historia del Faro Viejo de Cabo Falso se remonta a finales del siglo XIX, en un contexto donde la joven nación mexicana buscaba consolidar su presencia en territorios estratégicos. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la Secretaría de Comunicaciones ordenó su construcción, iniciada en 1904 y concluida en 1905 bajo la dirección del ingeniero Joaquín Palacios Gómez. Su ubicación no fue casual. Cabo Falso era —y sigue siendo— un punto geográfico clave para la navegación internacional, un referente natural desde tiempos prehispánicos y coloniales. Durante siglos, este sitio fue parte de la ruta del Galeón de Manila, por donde circulaban mercancías, ideas y culturas entre Asia y América.

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Pero más allá de su función técnica como guía marítima, el faro tenía un propósito político. Su construcción fue también una afirmación de soberanía frente a intereses extranjeros. De hecho, se ha documentado que su instalación buscaba recordar a embarcaciones, especialmente estadounidenses, que esas aguas pertenecían a México. En un periodo en el que Estados Unidos mostraba interés por adquirir territorios estratégicos en Baja California Sur, el faro funcionó como una señal inequívoca de control nacional. En ese sentido, el Faro Viejo no solo iluminaba rutas marítimas: iluminaba una frontera simbólica.

De faro a vestigio

La construcción del faro representó un desafío técnico notable para la época. Levantar una obra de infraestructura federal en una región aislada, sin acceso sencillo ni recursos hídricos, implicó soluciones innovadoras: rieles sobre dunas para transportar materiales, sistemas de captación de agua y una estructura influenciada por corrientes arquitectónicas como el art nouveau. El faro contaba con tecnología avanzada para su tiempo, incluyendo lentes prismáticos fabricados en Francia y un sistema de iluminación con alcance de hasta 10 millas náuticas. Esto lo convirtió en una pieza clave para la seguridad marítima en la región.

Durante más de medio siglo, su luz guió a embarcaciones de distintas nacionalidades que arribaban a Cabo San Lucas, en una época en que el puerto comenzaba a integrarse a circuitos económicos más amplios. El faro fue testigo del desarrollo pesquero, la llegada de empresas extranjeras y, eventualmente, del surgimiento del turismo como motor económico regional. El funcionamiento del Faro Viejo se mantuvo hasta 1965, cuando un huracán dañó gravemente su mecanismo. Ante esta situación, el gobierno decidió construir un nuevo faro más moderno y automatizado en una zona elevada cercana, lo que marcó el inicio del abandono del edificio original.

A partir de entonces, el Faro Viejo dejó de ser una infraestructura funcional para convertirse en un vestigio histórico. Sin mantenimiento constante, comenzó a deteriorarse por la acción de los elementos naturales y el paso del tiempo. Este proceso no fue exclusivo de Cabo Falso. En muchas regiones del país, la sustitución de infraestructuras antiguas por tecnologías modernas ha implicado el abandono de construcciones con valor histórico. Sin embargo, en este caso, el aislamiento geográfico y la falta de protección legal agravaron el deterioro.

La zona gris

Uno de los aspectos más críticos en la situación actual del Faro Viejo es su estatus legal. A pesar de su importancia histórica, no ha sido declarado monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que su construcción ocurrió en 1904, posterior al límite establecido por la ley (año 1900).

Este detalle técnico ha tenido consecuencias significativas. Al no contar con protección federal como monumento histórico, el faro queda en una zona gris jurídica que dificulta su conservación y acceso público. Autoridades municipales de Los Cabos han intentado gestionar su reconocimiento a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), buscando darle certeza oficial y abrir la puerta a su protección como patrimonio cultural. Sin embargo, este proceso sigue en curso y sin resolución definitiva.

El problema más visible y polémico en torno al Faro Viejo es el acceso restringido. Aunque el faro es considerado por muchos como un patrimonio cultural de la nación, los terrenos que lo rodean pertenecen a un desarrollo turístico privado. Diversas fuentes señalan que estas tierras fueron adquiridas por un empresario hotelero al ejido Cabo San Lucas, lo que ha derivado en limitaciones para el libre acceso al sitio. En la práctica, esto significa que visitar el faro no es un derecho garantizado para la ciudadanía, sino una posibilidad condicionada.

Este caso refleja un fenómeno más amplio en destinos turísticos como Los Cabos: la tensión entre el desarrollo económico basado en inversión privada y el acceso público a espacios de valor histórico y natural. Para las autoridades locales, el reto ha sido encontrar un equilibrio. El Ayuntamiento de Los Cabos ha señalado que trabaja en mecanismos legales para garantizar el acceso sin afectar los derechos de propiedad, buscando una solución que beneficie tanto a la comunidad como a los inversionistas. Sin embargo, el proceso ha sido lento y complejo. La negociación implica aspectos jurídicos, económicos y políticos, y requiere la participación de múltiples actores, incluyendo asociaciones civiles como Yenekamú, que han promovido la conservación del sitio.

Luz sobre el Faro Viejo

Más allá de los conflictos legales, el Faro Viejo ocupa un lugar importante en la memoria colectiva de Baja California Sur. Para muchos habitantes, representa un símbolo de pertenencia y un recordatorio de la historia regional. Su ubicación en el punto donde convergen dos mares le otorga un valor paisajístico y simbólico único. Es un mirador natural de ballenas, un referente geográfico y un ícono del paisaje sudcaliforniano.

En términos culturales, el faro encarna la narrativa de una región que pasó de ser un territorio remoto a un destino turístico global. Su historia conecta con procesos más amplios: la colonización, el comercio transoceánico, la modernización porfirista y la transformación económica del siglo XX. Sin embargo, su potencial como atractivo turístico y educativo sigue subutilizado. Aunque ha sido restaurado parcialmente y existen visitas guiadas en ciertos momentos, no cuenta con un programa integral de conservación y difusión.

El caso del Faro Viejo puede entenderse como resultado de varias causas convergentes:

1. Vacíos legales: la falta de reconocimiento oficial como monumento histórico limita su protección.
2. Privatización del entorno: la propiedad privada de los terrenos circundantes restringe el acceso.
3. Desarrollo turístico acelerado: el crecimiento de Los Cabos ha priorizado proyectos inmobiliarios sobre la conservación patrimonial.
4. Falta de políticas integrales: no existe un plan coordinado entre niveles de gobierno para su rescate.

Estas causas no solo afectan al Faro Viejo, sino que reflejan desafíos estructurales en la gestión del patrimonio cultural en México. Las consecuencias de esta situación son múltiples. En primer lugar, el deterioro físico del faro continúa, lo que pone en riesgo su integridad como testimonio histórico. En segundo lugar, se genera una exclusión social: un bien con valor simbólico nacional no es plenamente accesible para la población. Finalmente, se pierde una oportunidad de desarrollo cultural y turístico sustentable. En un destino como Los Cabos, donde el turismo de sol y playa domina, el Faro Viejo podría diversificar la oferta y fortalecer la identidad local.

A pesar de los desafíos, existen señales de avance. Autoridades municipales han reiterado su intención de recuperar el acceso público y han iniciado procesos legales para lograrlo. El diálogo con los propietarios privados y la búsqueda de reconocimiento por parte del INBAL son pasos clave. Asimismo, la participación de la sociedad civil ha mantenido el tema en la agenda pública.

El futuro del Faro Viejo dependerá de la capacidad de articular estos esfuerzos en una estrategia común. Esto podría incluir:

• Declaratorias de protección cultural.
• Convenios de acceso público.
• Programas de restauración y mantenimiento.
• Integración en rutas turísticas culturales.

Hoy, el Faro Viejo de Cabo Falso ya no guía barcos, pero sigue iluminando debates sobre patrimonio, identidad y desarrollo. Su historia es la de un país que busca equilibrar progreso y memoria, inversión y acceso, modernidad y tradición. En sus muros desgastados se inscribe una narrativa que trasciende lo local: la defensa del territorio, la construcción de la nación y los desafíos contemporáneos de preservar el pasado en un mundo en constante cambio. Mientras las negociaciones continúan y el viento sigue golpeando sus paredes, el faro permanece ahí, como una señal persistente de que la historia —como la luz que alguna vez emitió— no debe apagarse.

Referencias:

https://www.loscabosguide.com/es/el-faro-viejo-de-cabo-falso/ «El faro Viejo de Cabo Falso – Los Cabos Guide»

https://www.loscabos.gob.mx/breve-historia-del-faro-viejo-de-cabo-falso/ «Breve Historia del Faro Viejo de Cabo Falso. | H. XV Ayuntamiento de …»

https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Cabos_Municipality «Los Cabos Municipality»

https://www.ecured.cu/Faro_viejo_de_Cabo_Falso «Faro viejo de Cabo Falso – Ecured»

https://www.culcobcs.com/cultura-entretenimiento/el-faro-viejo-de-cabo-falso-la-luz-de-la-region-mas-austral-de-la-antigua-california/ «El Faro Viejo de Cabo Falso. La luz de la región más austral de la …»

https://www.bcsnoticias.mx/faro-viejo-de-los-cabos-no-fue-declarado-monumento-historico-se-buscaran-asegurar-el-paso/ «Faro Viejo de Los Cabos no fue declarado monumento histórico; se …»

https://rostrosyperfiles.com/2023/08/07/busca-ayuntamiento-de-los-cabos-rescatar-acceso-al-faro-viejo-de-cabo-falso-en-cabo-san-lucas/ «Busca ayuntamiento de Los Cabos rescatar acceso al Faro Viejo de Cabo …»

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IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, donde el mar se vende en postales y el metro cuadrado sube como marea alta, miles de jornaleros agrícolas habitan rancherías donde el agua llega tarde, la luz falla y los servicios públicos parecen una promesa redactada para otros. El Estado con algunos de los destinos turísticos más rentables de México también guarda, tierra adentro, una geografía del descarte.

Al amanecer, la península huele a sal en los corredores turísticos y a polvo en los caminos agrícolas. En los hoteles de Los Cabos, las albercas despiertan antes que muchos trabajadores. En los campos de Comondú, La Paz y el valle de Mulegé, la jornada empieza donde termina el pavimento. Allí viven familias que cosechan hortalizas, empacan producto, limpian surcos y sostienen una parte silenciosa de la economía regional. Muchas llegaron desde Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas o Michoacán. Otras nacieron ya en el norte árido, pero heredaron la misma intemperie.

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Baja California Sur suele figurar entre las entidades con mayor crecimiento económico impulsado por turismo, construcción y servicios. La imagen oficial del progreso se mide en ocupación hotelera, inversión extranjera, plusvalía y expansión inmobiliaria. Pero el desarrollo también puede leerse por ausencia: casas sin drenaje, colonias sin transporte suficiente, asentamientos sin regularización, rancherías donde una pipa vale más que un discurso. Según datos públicos y diagnósticos oficiales de rezago social, persisten carencias en acceso a servicios básicos y vivienda adecuada en zonas rurales y periferias urbanas del estado.

La paradoja tiene forma de cisterna vacía. En una de las regiones con mayor estrés hídrico del país, el agua se reparte con jerarquías no escritas. Primero la demanda turística, la expansión urbana, los desarrollos residenciales y la actividad económica de alto consumo. Después, cuando alcanza, las comunidades laborales. Especialistas en gestión hídrica han advertido durante años que la península depende de acuíferos sobreexplotados, desalación costosa y una lluvia escasa e irregular. Aquí cada litro tiene biografía.

En las rancherías agrícolas, esa biografía suele contarse en cubetas. Hay hogares donde almacenar agua es una tarea diaria y no una contingencia. Donde bañarse depende del horario de bombeo. Donde una fuga tarda semanas en repararse porque nadie mira hacia allá. No puedo confirmar una cifra única y actualizada de cuántas comunidades viven esa situación hoy, porque los registros públicos varían por municipio y año, pero la precariedad aparece de forma consistente en censos, reportes académicos y testimonios documentados.

La invisibilidad no es casual: es funcional. El turismo necesita mano de obra barata en limpieza, jardinería, cocina, mantenimiento y construcción. El campo necesita brazos temporales y permanentes para cosechar. La ciudad necesita quien cargue, barra, repare y atienda. Pero el modelo no siempre devuelve vivienda digna, transporte suficiente, escuelas cercanas o centros de salud robustos para quienes lo sostienen. La riqueza se concentra donde se fotografía; la carencia, donde casi nadie entra.

En Los Cabos, el contraste es brutal: fraccionamientos de lujo junto a colonias populares con presión demográfica acelerada. En temporadas de expansión, llegan trabajadores más rápido que la infraestructura pública. La tierra formal se encarece; la informal crece. El mercado inmobiliario organiza la ciudad según capacidad de pago, no según necesidad humana. Lo mismo ocurre, con otra escala, en zonas agrícolas donde la vivienda para jornaleros depende de renta precaria, cuartos improvisados o campamentos temporales.

También hay una dimensión moral del paisaje. Un Estado puede presumir modernidad mientras normaliza que quienes recogen alimento o levantan hoteles vivan lejos del agua continua, del transporte seguro o de la certeza jurídica sobre su casa. Puede celebrar récords turísticos mientras niñas y niños recorren kilómetros para estudiar o esperar una consulta médica. Puede hablar de competitividad sin preguntarse quién subsidia realmente ese éxito con tiempo de vida, salud y desgaste físico.

Las responsabilidades están repartidas, pero no diluidas. Los municipios arrastran rezagos de planeación y recaudación limitada. El Estado administra crecimiento sin cerrar brechas históricas. La Federación sostiene programas sociales, pero no siempre infraestructura suficiente ni inspección laboral constante. El sector privado se beneficia de la disponibilidad de trabajo, aunque rara vez asume en proporción el costo territorial que genera. Y la sociedad consumidora prefiere no mirar demasiado.

Las salidas existen, aunque requieren algo menos frecuente que el dinero: decisión política. Vivienda asequible vinculada al empleo formal. Redes de agua y saneamiento priorizadas por derecho y no por rentabilidad. Transporte metropolitano y rural digno. Regularización territorial con servicios. Supervisión real de condiciones laborales en agricultura y construcción. Planeación hídrica que ponga primero a las personas antes que al ornamento. Impuestos y contribuciones del auge turístico reinvertidos donde hoy solo llega el polvo.

Baja California Sur no es únicamente playas perfectas ni atardeceres de catálogo. También es esta otra postal: jornaleros que sostienen con sus manos una prosperidad de la que apenas participan. Mientras el lujo se riega cada mañana y la periferia espera la pipa, el problema ya no es la escasez de agua, sino la abundancia de indiferencia. Y ningún destino puede llamarse paraíso si necesita esconder a quienes lo mantienen vivo.

Referencias consultadas
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 (tabulados estatales y municipales sobre vivienda y servicios básicos).
CONEVAL, Medición de pobreza y rezago social por entidad federativa.
Documentos públicos y diagnósticos sobre servicios básicos y desarrollo territorial en Baja California Sur.
Literatura académica sobre turismo, desigualdad territorial y presión hídrica en regiones turísticas de México.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En los últimos años, el llamado mensaje de odio ha entrado con fuerza al debate público y legal en México. Gobiernos, congresos y tribunales lo presentan como una herramienta necesaria para proteger a grupos históricamente discriminados. Sin embargo, cada vez más voces alertan sobre un riesgo: que, mal regulado, se convierta en una forma moderna de censura. La pregunta es inevitable: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el discurso que debe ser sancionado por la ley?

¿Qué se entiende por mensaje de odio en México? Aunque se habla mucho del tema, lo cierto es que no existe una definición única y clara a nivel federal. La Constitución Mexicana prohíbe la discriminación y ordena proteger la dignidad humana, pero no penaliza por sí misma las ideas u opiniones, por ofensivas que resulten.

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Las leyes federales apuntan más bien a prevenir actos discriminatorios reales, no a castigar palabras en automático.

El problema comienza en el ámbito estatal, donde varios Congresos locales han creado delitos que sancionan el mensaje o discurso de odio. En algunos Estados, como Sinaloa, se castiga a quien “provoque” o “incite” expresiones de odio contra ciertos grupos. Eso llevó el debate directamente a la Suprema Corte de Justicia.

¿Qué ha dicho la Suprema Corte?

La Suprema Corte ha sido clara en algo fundamental: no todo lo que molesta o incomoda puede ser delito. En diversos casos, nuestro máximo tribunal ha sostenido que la libertad de expresión protege incluso mensajes ofensivos, polémicos o impopulares, siempre que no crucen una línea muy concreta: la incitación directa a la violencia, a la discriminación grave o al daño real.

Por ejemplo, la Corte ha validado sanciones cuando un mensaje busca deshumanizar a un grupo y empujar a otros a agredirlo. Pero también ha frenado leyes mal redactadas que podrían castigar desde una expresión crítica hasta una nota periodística.

Al resolver la controversia constitucional 152/2024, el 20 de abril del año en curso la Corte invalidó parcialmente la Fracción I del Artículo 189 del Código Penal sinaloense, porque era tan amplia que podría convertir en delito incluso informar o reproducir una opinión ajena, generando miedo y autocensura.

¿Y qué dicen los tratados internacionales?

México forma parte de varios tratados internacionales que obligan a sancionar las formas más extremas de odio, como la incitación al genocidio o a la violencia racial. Pero ninguno de estos tratados autoriza castigar ideas solo por ser incómodas.

Tanto la ONU como la Corte Interamericana de Derechos Humanos coinciden en algo clave: el derecho penal debe ser el último recurso, no el primero. Criminalizar la palabra debe ser la excepción, no la regla.

De hecho, la propia ONU reconoce que no existe una definición jurídica universal de discurso de odio y advierte que combatirlo no significa callar a la sociedad.

Un vistazo a la historia: por qué existe este debate

Las leyes contra el odio nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo vio cómo la propaganda racista y deshumanizante preparó el terreno para el Holocausto. El objetivo era claro: evitar que las palabras se vuelvan armas.

Pero la historia también muestra el otro lado del peligro: regímenes autoritarios que han usado conceptos vagos como odio, extremismo u ofensa para silenciar opositores, periodistas y movimientos sociales. Por eso el tema sigue siendo tan sensible.

El punto más delicado: ¿control político disfrazado de protección?

Aquí está la gran alarma: cuando el concepto de mensaje de odio es impreciso, puede convertirse en un instrumento de control político.

Si la ley no define con claridad qué está prohibido, cualquier crítica dura, sátira o protesta puede ser presentada como odio.

El resultado no es justicia, sino miedo: periodistas que dudan en publicar, ciudadanos que prefieren callar y opositores bajo amenaza penal.

La propia Suprema Corte ha reconocido este riesgo y ha dejado claro que el derecho penal no puede usarse para imponer una visión oficial ni para castigar el disenso.

Entonces, ¿qué hacer?

• La respuesta no está en negar el problema del odio real ni en tolerar la violencia verbal que termina en violencia física, pero tampoco en abrir la puerta a leyes ambiguas que castiguen opiniones. La clave está en el equilibrio:
• Proteger a los grupos vulnerables, respetando la libertad de expresión como base de la democracia.
• Usar el derecho penal solo cuando las palabras realmente generan peligro grave y tangible, porque cuando el Estado decide qué se puede decir y qué no, sin reglas claras, el silencio deja de ser una elección y se convierte en obligación.
• El mensaje de odio debe ser regulado con bisturí constitucional, no con mazo penal.
• Proteger a los grupos vulnerables es una obligación del Estado; proteger la libertad de expresión, también.
• El desafío democrático consiste en no sacrificar una en nombre de la otra, ni permitir que la legítima lucha contra el odio se transforme en un sofisticado mecanismo de censura.

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