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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define a la violencia sexual como: “Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”

Más allá de las interpretaciones simplistas que vinculan este tipo de violencia con un impulso sexual masculino, las connotaciones sociales y culturales que rodean este fenómeno recurrente, nos permiten establecer como sus principales elementos la discriminación y el abuso de poder, que se cultivan mediante estereotipos que asignan una supuesta superioridad masculina en los roles interpersonales de convivencia.

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Siendo la violencia sexual una de las modalidades que más lastima al sector femenino, y que se da en todos los ámbitos de desarrollo personal: familiar, conyugal, comunitaria, escolar, laboral, e incluso político, el Estado se encuentra obligado a prevenirla y sancionarla en todas sus modalidades.

Actualmente, la legislación penal sudcaliforniana previene y sanciona como delito:

◉ Peligro de contagio (Art. 168)

◉ Corrupción de menores (Art. 169)

◉ Pornografía infantil (Art. 173)

◉ Lenocinio (Art. 175)

◉ Violación (Art. 177)

◉ Abuso sexual (Art. 179)

◉ Hostigamiento sexual, (Art 182)

◉ Acoso sexual (Art. 183)

◉ Ciberacoso sexual (Art. 183 bis)

◉ Violación a la intimidad sexual (Art. 183 quáter)

◉ Estupro (Art. 184)

◉ Incesto (185) y

◉ Exhibicionismo corporal (Art. 187).

Estimamos que nuestro Código Penal contempla todas las modalidades de violencia sexual reconocidas en los tratados internacionales suscritos por México, cuya previsión y sanción competen a la esfera competencial del fuero común.

No obstante, tener un marco legal apropiado, resulta irrelevante, cuando se carece de las políticas públicas adecuadas para aplicarlo. La legislación se convierte en letra muerta cuando el ejecutivo encargado de aplicarla, no dota al órgano procurador de justicia, de los insumos materiales y humanos adecuados, mínimos e indispensables para ello.

 

En esta entidad, los delitos de naturaleza sexual son  los que más engrosan la cifra negra, (delitos que no se denuncian) y el personal encargado de atender los que sí se denuncian, no cuenta con los recursos necesarios para ello. En muchos casos, el personal de actuaciones ni siquiera reúne el perfil profesional adecuado para llevar a cabo la delicada labor de atender a las víctimas de violencia sexual.

Pese a existir protocolos muy estrictos respecto al personal de actuaciones encargado de atender a las víctimas de este tipo de agresiones, debido a las enormes carencias materiales y humanas, y a la falta de voluntad política para mejorar los presupuestos sobre el tema, todavía encontramos carpetas de investigación donde las víctimas femeninas son atendidas por médicos y agentes de investigación de sexo masculino, lo que dificulta el que se genere el espacio de empatía y flujo eficaz de comunicación entre la víctima y el personal actuante.

Se programa el presupuesto anual de la procuración de justicia tomando como base los requerimientos de atención preferente a los delitos de mayor impacto, y en ese rubro, la atención a víctimas de violencia sexual no son prioridad, frente a otros delitos, como los de tipo patrimonial, lo cual consideramos un grave error de estrategia y programación.

Una víctima de robo puede olvidar y superar un robo, pero una agresión sexual, de no ser  oportuna y eficazmente atendida, puede lacerar a la víctima a lo largo de toda su existencia.

Necesitamos en el área de atención a víctimas de violencia sexual, suficientes profesionales en la materia, bien capacitados, bien remunerados y dotados de los implementos tecnológicos adecuados y necesarios para llevar a cabo eficientemente su labor.

La selección del personal debe ser estricta, cuidando que cada elemento humano reúna el perfil que el encargo requiere, para evitar con ello la re-victimización de quienes acuden a formular su denuncia o a darle seguimiento al procedimiento relativo a su caso.

Las instalaciones también deben adecuarse. Actualmente en Cabo San Lucas, la región del estado con mayor incidencia en este tipo de delitos, carece de instalaciones propias. Sus oficinas improvisadas se ubican en un local que ni siquiera cuenta con señalética externa que lo identifique; el área de espera es abierta y coincide con el área de actuación. Pese a tratarse de delitos que por su naturaleza el sigilo es de obvia exigencia, cualquier persona puede sentarse y escuchar lo que acontece, violentando con ello la secrecía que el procedimiento exige en estos casos.

Lo más grave que hemos encontrado, es la falta de capacitación de algunos integrantes del personal a cargo de la integración de las carpetas de investigación. No solo ocurre que errores técnicos dan al traste con el éxito de los procedimientos de persecución, -lo que genera una elevada tasa de impunidad-, también es frecuente detectar falta de tacto o sensibilidad del personal al tratar a las víctimas.

Un ejemplo de las carencias enunciadas, que en seguida comparto, nos deja en claro la urgencia que existe de dotar a la Procuraduría de Justicia de los recursos mínimos e indispensables para evitar que en lo sucesivo, se siga revictimizando a quien acude a denunciar actos de violencia sexual.

La víctima de una violación, acudió a formular su denuncia. En el desarrollo de la investigación se descubrió que tiene el himen elástico, peculiaridad que impidió que el mismo se rompiera durante la agresión sexual de la que fue víctima. El tiempo pasó y la víctima notó que su caso no  avanzaba. Al cuestionar sobre el tema a la funcionaria a cargo de su carpeta, obtuvo la siguiente respuesta: Ya deberías superarlo. No te pasó nada. Muchas mujeres envidiarían tu caso.

Es inadmisible que en un área tan sensible de la procuración de justicia, se den este tipo de actuaciones que se constituyen en re-victimización por discriminación e insensibilidad prejuiciosa, que generan culpabilización y el silenciamiento de la víctima y construyen patrones de impunidad y permisividad de la violencia que se supone debemos combatir.

Podemos concluir que el marco legal estatal es adecuado, pero inoperante, a menos que se geste un programa ambicioso de reestructuración operativa en la Procuraduría de Justicia, que contando con el presupuesto adecuado para ello, permita contar con personal e instalaciones adecuadas para atender al sector que consideramos más vulnerable en el combate a la embestida delictiva en la entidad.

Proponemos al Congreso Local, que antes de aprobar el presupuesto de egresos, en Comisiones se escuche a los encargados de procurar justicia en los casos de violencia sexual, y se asignen suficientes recursos para que la atención a las víctimas sea integral y efectiva.

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Sexo + Psique

Por Yaroslabi Bañuelos 

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hagamos un pequeño ejercicio de visualización. Imagina que eres una niña. Acabas de cumplir 12 años y aún juegas con tus muñecas, pero a escondidas, porque mamá dice que ya casi eres una señorita. Imagina que corre una tarde cualquiera, en un barrio cualquiera.  Imagina que sales de tu casa a comprar tortillas en la tiendita de la esquina, o quizás caminas hacia el ciber más cercano para hacer la tarea de historia, o sencillamente vas al parque a pasearte en los columpios y trepar resbaladillas a plena luz del día. Ahora imagina que nunca vuelves a casa. Jamás saldrás de esa carnicería de Ecatepec que albergaba muerte y odio, de ese “café internet” que en realidad era la guarida de un monstruo, jamás te levantarás de aquel trozo de tierra podrida donde han quedado regado los fragmentos de tu cuerpo. Y decir “nunca volvió” es un triste eufemismo de “violada, secuestra, mutilada, asesinada”.

Casos similares a esta historia se han acumulado por cientos en nuestro país a través de los años, incrementándose cada vez más, basta con observar los datos duros: durante el 2018 se reportaron casi 800 feminicidios, 86 son casos de niñas a las que masacraron y les arrebataron la vida; sólo en el Estado de México, desde el 2015 han ocurrido 44 asesinatos de mujeres menores de 18 años, y únicamente en enero pasado se registró la alarmante cifra de 70 feminicidios a nivel nacional, de ese número once fueron las niñas asesinadas, esto según el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de diversos medios internacionales.

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En dicho reporte de Seguridad Pública, no se registran casos de feminicidios en lo que va del año con respecto a Baja California Sur —aunque en el 2018 fueron 19 los crímenes de odio contra mujeres en la media península— sin embargo, el semáforo delictivo enciende su foco rojo para los delitos sexuales en nuestro Estado, ya que en el mes de enero hubo 49 denuncias de los llamados delitos contra la libertad y seguridad sexual, de ese total, 22 son casos de abuso sexual y 20 de violación, el doble de los reportados en enero del 2018.

A pesar de la siniestra realidad que muestran las cifras recientes, muchas personas aún perciben las agresiones sexuales y la violencia de género como hechos aislados e insignificantes, o ajenos a su mundo, incluso como material de diversión para pasar el rato. No es necesario ser el «violador» para lastimar, el silencio, la complicidad, la indiferencia y la burla abonan a la problemática.

Muestra de ello es el polémico videojuego Rape Day, un juego que trata sobre violencia sexual explícita. En esta “novela visual”, la cual se desarrolla durante un apocalipsis zombie, el jugador debe controlar al personaje de un violador y asesino serial; la meta es clara: agredir sexualmente a las mujeres y después asesinarlas. Según el periódico El País, el propio creador del videojuego declaró: «Quería hacer un juego para sociópatas. […] Normalizar la violación de la misma forma que la cultura popular ha normalizado el asesinato».

Rape Day no tiene otro objetivo más allá de ejercer dolor y humillación, su meta es agredir sexualmente a una víctima que desea escapar de ese sufrimiento, tal como sucede fuera de la pantalla, en la vida real, con miles de mujeres de carne y hueso que son violentadas cada día alrededor del mundo. ¿Un ejemplo de ello? El año pasado salió a la luz el caso de una niña de 12 años, originaria de Chennai, India, quien fue violada por 17 hombres durante siete meses. La pequeña con discapacidad auditiva, era constantemente drogada y amenazada de muerte. Hay que resaltar que en la India se denuncian al día 100 casos de violación.

Regresando al punto del videojuego, ¿por qué es tan peligrosa esta apología a la violencia sexual? En primer lugar, porque busca reproducir la sensación que siente el agresor al violar a una mujer, como si el jugador fuera un “imitador”, y, aunque esto no te convierta automáticamente en un psicópata, así como los juegos de guerra no te convierten en un soldado o francotirador, ver repetidamente el sufrimiento de las mujeres y los diferentes mecanismos de una violación en un contexto lúdico puede provocar una insensibilización a la violencia. Situación parecida se observa con los narco-corridos y la violencia social.

Asimismo, la insensibilidad contribuye a la cultura de la violación y trivializa este tipo de delito; dicha normalización llega al grado en que la víctima se convierte a los ojos de la sociedad como la única culpable. Llevaba la falda muy corta. Ella se lo buscó. Había bebido mucho. Traía escote. Su mamá no la cuidó bien. Andaba en malos pasos. Se lo merecía. Era muy tarde. ¿Qué hacía en la calle a esas horas de la noche? Pareciera que la mujer o la niña que ahora yacen entre la maleza de un terreno baldío, devoradas por los buitres y la fauna del monte, son las responsables de ello, pero jamás el violador o el asesino.

No hay que olvidar que una violación no es una relación sexual, es una de las más terribles agresiones a la integridad física y psicológica de un ser humano. Esto no es un mal menor, en México se denuncian dos delitos sexuales cada hora, además de los siete asesinatos de mujeres al día; la mayoría de ellas fueron violadas antes de ser descuartizadas o arrojadas hasta el fondo de un arroyo de basura, como si fuesen un simple objeto desechable y no una persona, y eso es precisamente lo que la víctima representa para el violador, un mero objeto.

Los feminicidios y la violencia sexual hacia las mujeres son temas que duelen, que indignan y que necesitan ser visibilizados en la comunidad; no es un capricho de las feministas, es una vulneración a los derechos humanos.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La OMS define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (Jewkes et al., 2002).

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia sexual como: “Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”.

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La violencia sexual se manifiesta desde el acoso callejero mediante “piropos” o el exhibicionismo, hasta el abuso sexual, la violación o la trata de personas con fines sexuales.

Elementos característicos

• Prácticas no deseadas
• Sin consentimiento la víctima.
• Coacción, a través de fuerza física, intimidación, violencia psicológica, extorsión, amenazas o abuso de una situación de poder desigual entre la víctima y quien ejerce la violencia.

La violencia sexual afecta también gravemente a niños y a hombres, aunque en un número mucho menor; en este caso, igualmente se ejerce como mecanismo de poder y humillación, mediante el cual las víctimas son colocadas o mantenidas en una posición subordinada en un ejercicio abusivo cuyo principal objetivo es la dominación.

Recomendaciones (*)

Los gobiernos tienen la responsabilidad de tomar acciones para combatir la violencia sexual en diferentes niveles y sectores de la sociedad. En particular, deben atender las necesidades de las comunidades más marginadas, proteger los Derechos Humanos de las mujeres y trabajar para disminuir todas las formas de violencia contra las mujeres. No sólo afecta a las víctimas, sino que también tiene consecuencias para los avances socioeconómicos y políticos de la sociedad. Por lo tanto, la violencia sexual debería conceptualizarse como parte de las prioridades de desarrollo de las políticas gubernamentales.

• Crear mayor conciencia de la violencia sexual como un problema de salud pública y una violación de los Derechos Humanos, es una prioridad a nivel local, regional y mundial, y es necesario para generar mayor atención a los programas de prevención y apoyo para las sobrevivientes de violencia sexual.
• Enfocarse en implementar y monitorear marcos jurídicos y políticos ya establecidos en la región. Lo ideal sería que esto incluyera amplios esfuerzos por fortalecer la respuesta del sector legislativo y de justicia a la violencia contra las mujeres en general y a la violencia sexual específicamente.
• Asegurar que las estrategias relacionadas con la prevención primaria sean emprendidas por los gobiernos, los cuales están obligados por los acuerdos internacionales a combatir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual. Entre estas estrategias figuran incrementar la protección y justicia para las víctimas, concientizar a las comunidades, ampliar el acceso a servicios integrales y otros esfuerzos por empoderar a las mujeres y sensibilizar a los hombres.
• Promover relaciones equitativas de género como una manera de cambiar las normas sociales y el comportamiento individual que apoyan o toleran a la violencia contra las mujeres en la región de LAC.
• Mejorar la respuesta del sector salud a las víctimas de violencia sexual, mediante el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de salud para combatirla. El personal de salud necesita recibir capacitación completa y de alta calidad, así como apoyo institucional, para poder brindar atención a las niñas y mujeres que la sufren. Las prestadoras y los prestadores de servicios de salud deben tener pleno conocimiento de las normas y guías para combatir la violencia sexual; además deben haber sido capacitados desde una perspectiva de género y derechos humanos. Los países necesitan políticas y guías.
• Incluir cursos sobre la violencia contra las mujeres — incluida la violencia sexual— en la formación académica de profesionales de abogacía, medicina, enfermería y psicología. Dado que la violencia sexual empezó a considerarse como un problema de salud recientemente, los sistemas de salud y las instituciones académicas de salud aún se encuentran en las etapas iniciales de incorporar esta temática en la formación académica de profesionales de la salud y esto debe ser ampliado.

*Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Dartnall, E. (2010) Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual.