FOTOS: Modesto Peralta Delgado.
Ius et ratio
Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde la aparición de plataformas que ofrecen una alternativa al hospedaje hotelero tradicional, al servir de enlace entre particulares que ofertan servicios de alojamiento y quienes los contratan, han surgido señalamientos de competencia desleal, pues se afirma que ofrecen un servicio inferior al que brindan los hoteles, que no cuentan con los estándares de supervisión y generan una elevada evasión fiscal, pues no existen mecanismos efectivos de control de ingresos —sobre todo— cuando los inmuebles rentables se encuentran en un país y los pagos se realizan en otro.
Los empresarios hoteleros locales se quejan de la falta de una legislación adecuada que regule eficientemente los servicios que brindan estas plataformas, y lo cierto es que la carencia de un marco regulatorio eficaz propicia esquemas de ilegalidad y prácticas de evasión fiscal.
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La llamada hotelería pirata, es un ejercicio de competencia desleal, proscrito en México por los Artículos 5 y 28 constitucionales que exigen la licitud en toda actividad comercial y proscriben la ventaja indebida, respectivamente. Los tratados internacionales suscritos por México, también la prohíben, en particular el llamado Convenio de París. En el marco administrativo regulatorio, también es sancionado este ejercicio por la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Pese a estar legalmente prohibida, esta práctica encuentra acomodo en los vacíos, resquicios y elasticidades que presentan las normas secundarias, usualmente sujetas a la potestad discrecional de funcionarios municipales que no siempre interpretan con precisión el espíritu de la ley,quienes suelen brindar ventajas indebidas a quienes saben ganarse su disposición para ello. Es en estos espacios de contubernio en los que encuentran acomodo los empresarios deshonestos.
Algunos legisladores consideran exageradas las quejas del sector hotelero, pues no ven ningún problema en que una viuda alquile una habitación de cuando en cuando, a través de esas plataformas, para obtener un recurso extra y mejorar sus exiguos ingresos.
Lo cierto es que se ha diversificado la expectativa, y aprovechando las lagunas legales y la flexibilidad normativa municipal, sujeta en muchos casos al criterio del funcionario en turno, ha surgido una industria marginal que constituye una auténtica hotelería pirata.
El caso más representativo es el que ocurre en Loreto, donde un avispado empresario extranjero, que no duda en publicitarse a sí mismo como una persona que ha hecho su fortuna al margen de la legalidad, ha encontrado una mina de oro, en contubernio con empleados municipales de Loreto.
El extranjero en cita, a través de una empresa domiciliada en el Estado norte, construye en Loreto casas unifamiliares de 14 o más habitaciones, con licencia de casa habitación, para explotarlas comercialmente como hotel, a través de la famosa plataforma Airbnb.
En el caso concreto, en el fraccionamiento Cimarrones de Loreto, que consta de 35 lotes habitacionales, este empresario de la hotelería pirata, a través de su empresa, adquirió seis lotes y en dos de ellos construye 26 cuartos de hotel. De continuar su proyecto, en breve contará con un servicio de 60 habitaciones, pagando únicamente predial y servicios municipales del tipo unifamiliar.
Y si tomamos en cuenta que se oferta como turismo “religioso” (para no pagar impuestos tampoco en USA) y los servicios se contratan en la Unión Americana, pues no habrá ni pago de impuestos en México, ni derrama económica. En redes sociales anuncia que arranca actividades en septiembre.
Esta hotelería pirata no sólo atenta contra el fisco y la industria hotelera legalmente instalada. Es una amenaza para el entorno donde construye sus mini hoteles disfrazados de casas unifamiliares. En zonas específicas de Loreto, donde la densidad habitacional es de 2.2 habitantes por inmueble, al ocuparse sus mini hoteles, la densidad se dispara considerablemente, con los consecuentes problemas relacionados con el suministro de los servicios públicos municipales, en particular, la disponibilidad de agua, drenaje, recolección de basura, espacios de estacionamiento, contaminación ambiental, visual y auditiva, etcétera.
Al operar como hotelería pirata, este tipo de establecimiento escapa de los controles y la supervisión oficial relativa a los aspectos sanitarios y operativos a que regularmente son sometidas las instalaciones en que opera la industria hotelera legalmente establecida, en detrimento del servicio público, y poniendo en riesgo a huéspedes y vecinos de la zona.
Atenta, además, contra la seguridad laboral de las personas prestadoras de servicios que contrata para sus hoteles piratas, pues no existe certeza jurídica contractual, ni el apoyo y representación sindical a que en su caso tienen derecho.
Existe una enorme inconformidad de los vecinos, pues estos hoteles piratas rompen la armonía y tranquilidad de la zona donde se están construyendo, y quienes se atreven a protestar, son acosados e intimidados mediante denuncias y cargos falsos inventados por los abogados de este empresario extranjero, que se jacta de tener en la bolsa, a las autoridades municipales loretanas.
Es urgente que tanto las autoridades federales como estatales, tomen cartas en el asunto.
PIRATE HOTELS. THE CASE OF LORETO
Since the appearance of platforms that offer an alternative to traditional hotel accommodation, by serving as a link between individuals who offer accommodation services and those who hire them, accusations of unfair competition have arisen, since it is stated that they offer an inferior service to that provided by hotels. , which do not have supervision standards, and generate high tax evasion, since there are no effective income control mechanisms —especially— when the profitable properties are located in one country and the payments are made in another.
Local hotel entrepreneurs complain about the lack of adequate legislation that efficiently regulates the services provided by these platforms, and the truth is that the lack of an effective regulatory framework encourages illegal schemes and tax evasion practices.
The so-called pirate hotel business is an exercise in unfair competition, prohibited in Mexico by Articles 5 and 28 of the Constitution, which require legality in all commercial activities and outlaw undue advantage, respectively. The international treaties signed by Mexico also prohibit it, in particular the so-called Paris Convention. In the regulatory administrative framework, this exercise is also sanctioned by the Federal Consumer Protection Law.
Despite being legally prohibited, this practice finds accommodation in the gaps, loopholes and elasticities presented by secondary regulations, usually subject to the discretionary power of municipal officials who do not always accurately interpret the spirit of the law, and usually provide undue advantages to who know how to gain their willingness to do so. It is in these spaces of collusion that dishonest businessmen find accommodation.
Some legislators consider the hotel sector’s complaints exaggerated, as they see no problem in a widow renting a room from time to time, through these platforms, to obtain an extra resource and improve her meager income.
The truth is that expectations have diversified, and taking advantage of legal loopholes and municipal regulatory flexibility, subject in many cases to the criteria of the official in office, a marginal industry has emerged that constitutes a true pirate hotel business.
The most representative case is the one that occurs in Loreto, where a clever foreign businessman, who does not hesitate to advertise himself as a person who has made his fortune outside the law, has found a gold mine, in collusion with employees. municipalities of Loreto.
The foreigner in question, through a company domiciled in the northern state, builds single-family houses with 14 or more rooms in Loreto, with a home residence license, to exploit them commercially as a hotel, through the famous Airbnb platform.
In the specific case, in the Cimarrones de Loreto subdivision, which consists of 35 housing lots, this pirate hotel businessman, through his company, acquired six lots and in two of them he built 26 hotel rooms. If its project continues, it will soon have a service of 60 rooms, paying only property and municipal services of the single-family type.
And if we take into account that it is offered as “religious” tourism (so as not to pay taxes in the USA either) and the services are contracted in the American Union, there will be no payment of taxes in Mexico, nor economic benefit. On social networks it announces that it will start activities in September.
This pirate hotel not only attacks the treasury and the legally established hotel industry. It is a threat to the environment where it builds its mini hotels disguised as single-family homes. In specific areas of Loreto, where the housing density is 2.2 inhabitants per property, when their mini hotels are occupied, the density increases considerably, with the consequent problems related to the supply of municipal public services, in particular, the availability of water, drainage, garbage collection, parking spaces, environmental, visual, auditory pollution, etc.
By operating as a pirate hotel, this type of establishment escapes the controls and official supervision related to the health and operational aspects to which the facilities in which the legally established hotel industry operates are regularly subjected, to the detriment of public service, and putting in risk to guests and neighbors in the area.
It also threatens the job security of the service providers it hires for its pirate hotels, since there is no contractual legal certainty, nor the support and union representation to which they are entitled.
There is enormous discontent among the neighbors, since these pirate hotels break the harmony and tranquility of the area where they are being built, and those who dare to protest are harassed and intimidated through false complaints and charges invented by the lawyers of this foreign businessman, which he boasts of having in the bag, the municipal authorities of Loreto.
It is urgent that both federal and state authorities take action on the matter.
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