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Ius et ratio
Por Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). El 08 de septiembre de 2020, el presidente de la República presentó para su aprobación ante la Cámara de Diputados, el Paquete Económico 2021, que comprende los Criterios Generales de Política Económica, Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Derechos. De ser aprobado en sus términos, o bien, una vez aprobadas las modificaciones y adecuaciones que realice el legislativo, el paquete normativo entrará en vigor el 01 de enero de 2021.
Inmersos en lo que muchos analistas consideran la peor crisis económica del país en los últimos cien años, el gobierno federal elige incrementar la presión a los causantes cautivos, en vez de pugnar por la ampliación del padrón de causantes, y sostiene e incrementa el gasto público en proyectos que no son prioritarios, cuando las estrategias de éxito, como en el caso de Alemania, indican que debe priorizarse el apoyo al contribuyente productivo, reorientando para ello el gasto público.
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El paquete económico, entendido como la propuesta de planeación económica del país, que elabora la autoridad hacendaria a partir de la proyección del análisis de las principales variables y expectativas del sector macroeconómico nacional, ha sido recibido por los expertos en temas financieros como un programa poco confiable, a partir de la incapacidad que ha demostrado la Secretaría de Hacienda, en sus predicciones en materia económica. En 2019 predijeron un crecimiento económico de +2.5%, y nuestra economía decreció -0.3%; y en este año prometieron un crecimiento de +2.0% cuando en realidad estamos viviendo el peor desplome: de por lo menos -10%.
Al margen de lo que pudiera estimarse como una estrategia equívoca en materia de distribución del gasto público, y un excesivo optimismo respecto al poco probable incremento del PIB (4.6%), control inflacionario (3%), estabilización cambiaria (dólar debajo de $22.2 pesos) y al incremento de los ingresos del sector público a partir del aumento programado de la producción petrolera, con la entrada en vigor de la reforma al Código Fiscal de la Federación, de aprobarse en sus términos, para el ciudadano promedio, causante cautivo o pequeño inversor buscando emprender, se cierne la amenaza de ser víctima de terrorismo fiscal, de aprobarse la propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación, que dota de facultades excesivas a la autoridad fiscal, algunas de las cuales devienen en graves violaciones a los derechos humanos de los contribuyentes actuales y/o potenciales, e incluso, a terceros ajenos al ejercicio empresarial que se estime causa generadora de gravamen, lo cual resulta inadmisible en un estado de derecho.
Entre otras medidas que plantea el proyecto de reforma fiscal, destacan:
- Se amplían las facultades de auditoría y medidas de apremio contra el contribuyente y contra los responsables solidarios, pues ahora se pretende involucrar a terceros ajenos al acto generador del impuesto. Esto es: si un particular tiene un contrato de arrendamiento, subordinación laboral, contractual, o cualquiera otra actividad lícita que implique estar relacionado con el causante, sus bienes podrán ser embargados, e incluso confiscados, como medida de presión al causante, a pesar de que el tercero afectado no tenga obligación de tipo solidario respecto del causante a quien se le deba auditar. Por ejemplo, si Juan le renta un local a Pedro, y en ese local Pedro tiene dos empleados, la autoridad fiscal estará autorizada para confiscar bienes de Juan o de los empleados de Pedro, en caso de que Pedro se niegue a ser auditado, ello, como “medida de apremio” para que Pedro cumpla con su obligación fiscal. El único requisito para ser víctima de decomiso, es estar vinculado con el causante incumplido, lo cual es una verdadera barbaridad, desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos.
- Cuando un ciudadano se dé de alta ante el fisco, el verificador de Hacienda debe realizar una investigación para cerciorarse de la existencia y autenticidad del domicilio, lo cual tiene sentido, pues da certeza al procedimiento. El problema es que en la reforma se plantea dotar de facultades al verificador para utilizar herramientas tecnológicas de captación de datos, como cámaras para videograbar todo lo que se encuentra en el domicilio, lo cual constituye una grave violación a la privacidad domiciliaria.
Es cierto que debe combatirse la práctica ilícita de señalar domicilios falsos, pero ello no es justificación para invadir la privacidad domiciliaria, videograbando las pertenencias de los ocupantes. Entendemos que deben combatirse las empresas fantasmas, pero ello debe hacerse sin afectar los derechos humanos de personas ajenas a tal ilícito.
Es importantísimo generar una corriente de opinión que obligue a nuestros diputados federales a revertir las reformas en comento, pues no podemos hablar de un estado de derecho ni de democracia participativa, cuando se dota a la autoridad fiscal de facultades extraordinarias, violatorias de derechos humanos, y para ello, se vota en el Congreso de la Unión, sin escuchar el sentir y parecer del ciudadano, que al fin de cuentas es el que resiente los efectos de la reforma, y en el caso, será el receptor de los potenciales casos de abuso por parte de las autoridades fiscales.
Es muy bueno que se incremente la recaudación fiscal, pues todos los gobernados tenemos la obligación de contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. Lo que no se vale, es dotar de facultades excesivas a los órganos encargados de la verificación y fiscalización de la actividad económicamente productiva.
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