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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El Spring Break no entra a Baja California Sur en silencio. Entra por el aeropuerto de San José del Cabo, por los camiones turísticos, por las pulseras de hotel todo incluido, por los bares encendidos antes de que caiga la tarde y por esa postal que el mundo compra sin mirar el reverso: sol limpio, mar azul, arena caliente, servicio impecable. Del 1 de marzo al 3 de abril de 2026, Los Cabos esperaba recibir entre 45 mil y 50 mil jóvenes, principalmente de Estados Unidos, con una derrama estimada superior a 50 millones de dólares. Doce hoteles participaron directamente en esta temporada organizada, coordinada entre autoridades, hoteleros y operadores turísticos. La ocupación prevista rondaba el 80%. En la superficie, todo parecía una buena noticia. Y lo es, al menos para una parte del Estado.

Ganan los hoteles, los restaurantes, los bares, los transportistas, las agencias, los organizadores de eventos, los comercios de la zona turística y una cadena amplia de trabajadores que vive de la temporada alta. Gana también el gobierno, que puede presentar cifras de dinamismo, conectividad y confianza internacional. En un Estado donde el turismo no es solo actividad económica sino columna vertebral del discurso público, el Spring Break funciona como vitrina: muestra a Los Cabos como destino seguro, deseable, rentable. Cada llegada confirma una marca; cada habitación ocupada sostiene una narrativa de éxito. Pero Baja California Sur no es solo la postal. Es también el territorio que sostiene esa postal. Y ahí empieza la grieta.

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El mayor impacto se concentra en Los Cabos, no en todo el Estado por igual. La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé reciben efectos indirectos: movilidad, proveeduría, expectativas de inversión, presión sobre servicios, comparación permanente con el sur próspero. Pero el peso principal cae sobre el corredor San José del Cabo-Cabo San Lucas, donde el turismo de alto consumo convive con colonias que han crecido más rápido que la infraestructura pública. Según datos censales, Los Cabos pasó de 238,487 habitantes en 2010 a 351,111 en 2020; en ese último año concentraba alrededor del 44% de la población estatal. Ese crecimiento no llegó acompañado, en la misma proporción, de agua, vivienda digna, transporte suficiente ni planeación urbana capaz de ordenar la expansión.

La contradicción es brutal porque se mira sin necesidad de explicarla demasiado: campos de golf verdes en medio del desierto, albercas relucientes frente al mar, hoteles de lujo ofreciendo abundancia hídrica como parte de la experiencia, mientras en zonas populares el agua puede convertirse en espera, tandeo, tinaco, pipa, gasto extra y resignación. De acuerdo con registros oficiales de disponibilidad de agua subterránea, el acuífero de Cabo San Lucas presenta una disponibilidad media anual negativa de más de 24 hectómetros cúbicos; el de San José del Cabo también aparece con déficit, al igual que el de La Paz. No es una metáfora: el subsuelo está diciendo, con números secos, que la fiesta ocurre sobre una cuenta sobregirada.

La pregunta no es si el turismo debe existir. Sería absurdo plantearlo así en un Estado cuya economía depende de esa maquinaria. La pregunta es quién decide sus límites, quién paga sus costos y quién se queda con sus beneficios más altos. Porque el Spring Break deja dinero, sí, pero también deja presión: más consumo de agua, más residuos, más tránsito, más demanda de seguridad, más ruido, más tensión sobre playas y espacios públicos, más empleo temporal y, muchas veces, más desigualdad normalizada bajo el lenguaje amable del desarrollo.

El crecimiento hotelero e inmobiliario ha reordenado las prioridades. En Los Cabos, el suelo vale por su capacidad de mirar al mar, no necesariamente por su capacidad de alojar con justicia a quienes hacen funcionar el destino. La vivienda para trabajadores se empuja lejos de la franja turística; los traslados se alargan; la ciudad se estira hacia donde puede, no siempre hacia donde debe. El lujo concentra inversión, pero también concentra vulnerabilidad: un destino que depende de vender abundancia en un territorio de escasez está obligado a revisar su modelo antes de que la contradicción se vuelva fractura.

Hay salidas, pero no caben en el optimismo publicitario. Requieren transparencia en concesiones y usos de agua, planeación urbana vinculante, medición pública del consumo turístico, inversión real en infraestructura hidráulica, tratamiento y reúso, límites ambientales verificables, vivienda accesible para trabajadores y acceso público efectivo a playas. Requieren que el éxito no se mida solo por ocupación hotelera y derrama, sino por la capacidad de que el destino no expulse, no seque y no oculte a quienes lo sostienen.

Spring Break 2026 muestra, con una claridad casi cruel, las dos caras de Baja California Sur: la del paraíso que se vende al mundo y la del territorio que absorbe la factura. Los jóvenes se irán con fotos, pulseras cortadas y memoria de fiesta. Los hoteles cerrarán cuentas. Las autoridades hablarán de saldo positivo. Pero cuando baje la música, quedará lo esencial: un Estado que debe decidir si quiere seguir celebrando el desarrollo como espectáculo o empezar a defenderlo como derecho compartido. Porque en el desierto, la prosperidad que no alcanza para todos termina pareciéndose demasiado a la sed.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: UABCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, en la que fue presentado el plan integral para la creación de la Escuela de Medicina, proyectado para la ciudad de San José del Cabo.

Durante el encuentro, en el que participaron equipos de trabajo de ambas instituciones, la Universidad expuso los alcances académicos y sociales de esta iniciativa, que busca ampliar la oferta educativa en el municipio y contribuir a la formación de profesionales de la salud que atiendan las necesidades de la región.

El Alcalde recibió con entusiasmo la propuesta y reiteró su compromiso de impulsar el proyecto desde el ámbito municipal. Entre las primeras acciones anunciadas, destacó la gestión ante el Ejido San José del Cabo para la donación del predio donde se construiría la escuela, así como la disposición de aportar un capital semilla que permita iniciar a la brevedad los trabajos de construcción.

Por parte de la UABCS, el rector, Dante Salgado González, se comprometió a realizar gestiones a nivel federal que respalden el avance en materia de infraestructura y equipamiento, además de garantizar las condiciones académicas necesarias para abrir esta nueva carrera en el menor tiempo posible.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de convocar también al sector empresarial, a fin de sumar esfuerzos y recursos que permitan materializar un proyecto que representa un beneficio directo para la sociedad sudcaliforniana.

Asimismo, la UABCS dio a conocer que ya se cuenta con el compromiso del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, de respaldar la construcción de la Escuela de Medicina, como parte de las acciones para seguir fortaleciendo la educación superior y al sector salud en Baja California Sur.

Finalmente, tanto el alcalde Cristian Agúndez como el rector Dante Salgado coincidieron en que esta iniciativa, que se impulsa en el marco del 50 aniversario de la UABCS, proyecta a la Máxima Casa de Estudios hacia una nueva etapa de desarrollo académico, acorde con la responsabilidad que tiene como universidad pública de seguir respondiendo a las necesidades de su sociedad.

FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

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José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La noche cae tibia sobre el malecón de La Paz. Es jueves, y las mesas de varios restaurantes ya están llenas. Entre el sonido del mar y los vasos chocando, predominan las conversaciones en inglés. Un grupo revisa una carta donde los precios aparecen también en dólares; una pareja pregunta por vino californiano; un mesero responde con naturalidad bilingüe. Para muchos habitantes locales, la escena se ha vuelto cotidiana, aunque todavía deja una sensación difícil de nombrar: la impresión de que la ciudad que conocían se está transformando frente a sus ojos.

Lo mismo ocurre a unos cientos de kilómetros al Sur, en Cabo San Lucas y San José del Cabo, donde el turismo siempre ha sido visible. Pero en los últimos años algo cambió. Ya no se trata únicamente de visitantes que llegan por unos días; cada vez más extranjeros se quedan. Compran casas, alquilan departamentos por meses o solicitan residencia temporal. Caminar por ciertas zonas de Baja California Sur —sobre todo en barrios cercanos al mar— puede parecer, por momentos, una extensión del Suroeste de Estados Unidos.

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El fenómeno no surgió de la noche a la mañana. Desde los años 90, cuando Los Cabos comenzó a consolidarse como uno de los destinos turísticos más exclusivos de México, el Estado empezó a atraer inversión inmobiliaria extranjera. Con el tiempo llegaron jubilados estadounidenses en busca de clima cálido y tranquilidad. Pero la pandemia aceleró un proceso que ya estaba en marcha: el trabajo remoto permitió a miles de personas mudarse a lugares donde el costo de vida —al menos comparado con ciudades de Estados Unidos— resultaba más accesible y el paisaje era incomparable.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que Baja California Sur es uno de los Estados mexicanos con mayor proporción de residentes extranjeros. Las autoridades migratorias han reportado un aumento en permisos de residencia temporal y permanente para ciudadanos estadounidenses en la última década, aunque no existe una cifra exacta de cuántos viven realmente en el Estado debido a la movilidad constante entre ambos países.

Lo que sí es evidente es el cambio en el mercado inmobiliario. Agentes del sector reconocen que la demanda internacional ha empujado los precios de terrenos y viviendas en zonas costeras. En colonias cercanas al mar, algunas propiedades que hace una década se vendían en pesos hoy se cotizan directamente en dólares. Desarrollos de condominios con vista al mar, comunidades privadas y complejos turísticos residenciales se multiplican en el paisaje.

Para muchos residentes locales, ese crecimiento tiene dos caras. Por un lado, el flujo de capital extranjero ha dinamizado la economía: genera empleo en construcción, servicios, restaurantes y turismo. Comerciantes del malecón comentan que la presencia de visitantes y nuevos residentes mantiene los negocios activos incluso fuera de temporadas vacacionales.

Pero al mismo tiempo, el aumento del valor del suelo ha comenzado a empujar a algunos habitantes hacia zonas más alejadas. Investigadores urbanos han señalado que el encarecimiento de la vivienda en ciudades costeras puede provocar procesos de desplazamiento silencioso, donde familias locales terminan mudándose a la periferia mientras las áreas céntricas se orientan cada vez más al turismo residencial.

La transformación también se percibe en detalles cotidianos: anuncios inmobiliarios en inglés, cafeterías diseñadas para nómadas digitales, supermercados con productos importados. En ciertas calles de La Paz, los menús bilingües y los pagos en dólares ya no sorprenden. Algunos comerciantes admiten que adaptarse a ese nuevo público se volvió una cuestión de supervivencia económica.

Las razones de quienes llegan son diversas. Algunos buscan retirarse cerca del mar; otros trabajan en línea para empresas en Estados Unidos; varios ven en Baja California Sur un lugar seguro y con mejor calidad de vida que las grandes ciudades de su país. En ese contexto, el Estado ofrece algo difícil de replicar: paisaje natural, clima benigno y una proximidad geográfica que permite regresar a California en pocas horas de vuelo.

Sin embargo, el crecimiento acelerado plantea preguntas inevitables. Urbanistas y académicos han advertido que el desarrollo turístico y residencial debe acompañarse de planeación territorial e infraestructura adecuada. El acceso al agua, la expansión urbana y la protección de ecosistemas frágiles se han convertido en temas centrales del debate público.

La pregunta que flota en el ambiente no siempre se formula en voz alta. ¿Está Baja California Sur viviendo un ciclo de prosperidad impulsado por la globalización del turismo y el trabajo remoto, o está entrando en una nueva etapa de desigualdad territorial donde el acceso a ciertas zonas se vuelve cada vez más exclusivo?

Mientras tanto, la escena del malecón se repite noche tras noche. Las mesas siguen llenándose, las conversaciones en inglés se mezclan con el español y las luces de los restaurantes iluminan el mar oscuro del Golfo de California. Baja California Sur continúa cambiando, lentamente, casi sin que nadie lo anuncie.

Quizá el verdadero desafío no sea detener esa transformación —que probablemente sea inevitable— sino decidir qué tipo de territorio quiere ser esta península: uno donde el crecimiento beneficie a quienes siempre han vivido aquí, o uno donde el paisaje siga siendo el mismo pero la vida cotidiana ya no les pertenezca.

Porque en lugares como este, donde el desierto se encuentra con el mar, el futuro no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, en otro idioma, y se sienta a cenar en la mesa de al lado.

Referencias consultadas

– INEGI, datos de crecimiento poblacional y movilidad urbana.
– Organización Mundial de la Salud, informes sobre movilidad y salud urbana.
– Estudios de planeación urbana y movilidad en Baja California Sur.
– Reportajes y notas informativas de medios locales y nacionales sobre La Paz y Los Cabos.

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FOTOS: José Luis Cortés M.

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José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). A las siete de la mañana, en San José del Cabo, la luz no concede tregua. Cae directa sobre el polvo suspendido, sobre los parabrisas empañados por el aire acondicionado al límite, sobre los rostros tensos que miran el reloj mientras la fila apenas avanza alrededor de la Glorieta Fonatur, frente a la Mega.

Ahí, en el punto donde la carretera transpeninsular debería fluir como arteria principal del Sur de Baja California Sur, el tránsito se coagula. Hasta una hora para salir rumbo a Cabo San Lucas o para regresar al centro josefino. Una hora que no aparece en ningún presupuesto oficial, pero que se paga todos los días.

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La escena se repite: motores encendidos, filas que serpentean en ambos sentidos, estudiantes, trabajadores del sector servicios, transporte público y unidades de carga atrapados en el mismo embudo. No es una percepción aislada; es un patrón. En horas pico y temporadas de alta afluencia turística, la glorieta —diseñada para otro volumen vehicular— queda rebasada por la realidad.

El crecimiento de Los Cabos no es reciente. En la última década, el municipio ha experimentado una expansión demográfica y urbana sostenida: más desarrollos habitacionales, más oferta hotelera, más servicios. Más autos. La infraestructura vial en puntos estratégicos, sin embargo, no siempre avanzó al mismo ritmo. La Glorieta Fonatur se convirtió en la evidencia cotidiana de esa brecha entre desarrollo y planeación.

Frente al cuello de botella, el gobierno estatal impulsa una obra de gran escala: un paso a desnivel con cuatro puentes. De acuerdo con información oficial actualizada a febrero de 2026, el proyecto presenta un avance cercano al 70% y una inversión estimada de 480 millones de pesos. Las autoridades han señalado que la obra incluso ha superado los tiempos programados originalmente.

El concreto ya dibuja el nuevo perfil urbano. Las estructuras metálicas se elevan sobre el caos que persiste abajo. Mientras tanto, la vida diaria continúa reorganizándose en función del tráfico.

Una trabajadora del sector servicios cuenta que ahora sale con 40ta minutos adicionales de anticipación. Un conductor de transporte privado calcula rutas alternas, aunque admite que el retraso es casi inevitable. No son casos aislados; son parte de una normalidad alterada.

El impacto no se limita a la frustración. Una hora detenidos implica mayor consumo de combustible, más emisiones, desgaste mecánico y menos tiempo con la familia. En una región cuyo dinamismo depende del turismo y la movilidad constante, el tránsito se vuelve un asunto estratégico.

En medio de la congestión ha surgido una ruta alterna: aproximadamente 800 metros detrás de Chedraui Selecto, con un ancho cercano a 7 metros. No es solución estructural ni permanente, pero permite evitar la glorieta en ciertos trayectos y reducir tiempos en momentos críticos. Su uso ha crecido conforme más conductores la descubren. Aun así, su capacidad es limitada y también resiente la presión en horas de mayor saturación.

La pregunta persiste bajo el asfalto caliente: ¿bastará el paso a desnivel para resolver el problema de fondo? La experiencia en otras ciudades muestra que las grandes obras alivian, pero no sustituyen una política integral de movilidad. Sin transporte público robusto, sin planeación urbana coordinada y sin incentivos para diversificar modos de traslado, la infraestructura puede resultar insuficiente ante el crecimiento continuo.

La Glorieta Fonatur es más que un punto conflictivo; es un síntoma. Refleja cómo las ciudades turísticas crecen con rapidez y cómo la infraestructura suele reaccionar en lugar de anticiparse.

El 70% de avance representa una esperanza concreta. Cada columna levantada es una promesa de alivio. Pero el desafío real comenzará cuando se corte el listón: convertir una obra emblemática en parte de una estrategia amplia que garantice movilidad sostenible a largo plazo.

En la hora más larga de Los Cabos se concentran las tensiones del desarrollo contemporáneo: prosperidad y congestión, crecimiento y saturación. El paso a desnivel podrá redistribuir el tránsito; lo que está en juego es si también redistribuye tiempo y bienestar. Porque una ciudad no se mide por el tamaño de sus puentes, sino por el valor que otorga al tiempo de quienes la habitan.

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FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

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José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El amanecer en el corredor turístico de Los Cabos parece un milagro: jacarandas que no deberían florecer en desierto, césped que no conoce sequía y una línea de hoteles que crece como si el mar fuese una llave abierta. Pero el agua no aparece por arte de magia. En Los Cabos, dos acuíferos clave —Cabo San Lucas y San José del Cabo— ya operan con déficit estructural, cifras oficiales lo confirman. En 2024, el balance hidrológico arrojó –24.07 hm³/año para Cabo San Lucas y –12.49 hm³/año para San José del Cabo: números rojos que no admiten metáfora, solo consecuencias.

La escena pública, sin embargo, empuja en sentido contrario. La ocupación hotelera se mantiene alta y la maquinaria turística no desacelera: un flujo constante de visitantes, vuelos llenos, mesas reservadas. Esa presión se traduce en demanda hídrica: más cuartos, más albercas, más regaderas.

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En la otra orilla están los hogares: tandeos intermitentes, pipas gratuitas como paliativo, colonias que aguardan su turno. No es anécdota; el propio organismo operador ha descrito el tandeo como medida necesaria ante la escasez y ha activado repartos extraordinarios.

¿Quién paga esa fiesta líquida? La ecuación tiene varias capas. Primero, pérdidas por fugas y tomas clandestinas: decenas de litros por segundo se quedan en el camino, admitió la autoridad local al cierre de 2024. Lo dijeron sin rodeos: parte del caudal se esfuma antes de llegar a la llave. Cada litro perdido es dinero que no riega casas ni escuelas.

Segundo, desalación. La planta de Cabo San Lucas, recién recuperada por el municipio tras años de operación privada, busca elevar su producción hacia 180 L/s. El objetivo luce alcanzable si se corrigen fallas y se invierte en mantenimiento. La apuesta es razonable: estabilizar el suministro urbano con tecnología que no dependa del acuífero exhausto.

A ello se suma la nueva desaladora de 250 L/s bajo un esquema de asociación público–privada ya en ejecución, con inicio de operación programado para 2026. Aquí aparece con nitidez la respuesta a la pregunta original: la contraprestación se cubrirá con ingresos del organismo operador, una mezcla de componentes fijos y variables indexados al volumen producido. En cristiano: la ciudadanía y los usuarios comerciales pagan con sus tarifas el agua que hará sostenible el crecimiento.

Tercero, la salida privada. El liderazgo empresarial local ha planteado desconectar desarrollos y hoteles de la red pública mediante desaladoras propias o compartidas, con la promesa de liberar hasta 200 L/s para colonias. No es rumor: la propuesta fue presentada ante autoridades hídricas y se discute su factibilidad técnica y regulatoria. La idea es simple: quien tiene capital genera su propia agua. El reto: garantizar que ese ahorro sea real, verificable y no se traduzca en privilegios opacos.

La aritmética social se juega en otra parte del recibo. OOMSAPAS modificó su estructura tarifaria en 2024 y ofrece una calculadora pública para estimar cobros; el mensaje implícito es que la caja requiere oxígeno para costear producción, operación y obras. La desalación es eficaz, pero cara; sin eficiencia y transparencia, el costo se derrama donde siempre: en el usuario cautivo.

Este reportaje buscó a vecinos y trabajadores del sector para entender el mapa cotidiano. Una madre de colonia popular resumió que el “día del agua” organiza la semana; cuando falla la energía o hay fugas, la pipa se vuelve salvavidas —pero también gasto—, relataron. Personal técnico del organismo explicó, en términos llanos, que cada fuga reparada es “un pequeño pozo nuevo”, y que los circuitos de distribución requieren cirugía de precisión. Líderes empresariales señalaron que el turismo no puede frenarse y que la inversión privada en desalación aliviaría la red. Estas opiniones reales, verificadas en entrevistas y comunicados, coinciden en algo: nadie quiere una ciudad dividida entre agua de lujo y agua de espera.

¿Qué hacer ahora, no mañana? Tres movimientos medibles. 1) Cerrar fugas con metas públicas trimestrales: auditorías independientes del caudal y tablero en línea —cada litro recuperado cuenta. 2) Trazabilidad de pipas y servicio por cita, con GPS y comprobante digital del volumen entregado; acabar con la incertidumbre del “ya va en camino”. 3) Reglas claras para desarrollos: no hay permiso sin agua nueva, obligando desalación propia, reúso en sitio y cobertura de impactos; si prometen liberar 200 L/s, que sea medido, certificado y visible en la plataforma del organismo. Y cuentas claras: publicar contratos, costos por metro cúbico y energía consumida de cada planta —pública o privada—, para que el recibo tenga nombre y apellido.

La pregunta “¿quién paga el agua del boom?” ya tiene forma: pagamos todos si el sistema sigue perdiendo por abajo lo que se invierte por arriba; pagan más quienes menos pueden, cuando el acceso depende de una pipa. La salida no es cortar el crecimiento, sino amarrarlo a la realidad del desierto con transparencia, eficiencia y justicia tarifaria. Porque el progreso que se bebe el futuro no es progreso; es espejismo. En Los Cabos, la riqueza debe aprender a beber con responsabilidad o admitir que no merece un vaso.

Referencias y enlaces consultados

CONAGUA, Actualización de la disponibilidad media anual de agua – Acuífero Cabo San Lucas (0317), 2024 (DMA: –24.069610 hm³/año). Sigagis.
CONAGUA, Actualización de la disponibilidad media anual de agua – Acuífero San José del Cabo (0319), 2024 (DMA: –12.493828 hm³/año). Sigagis.
FITURCA, Observatorio Turístico de Los Cabos, abril 2025 (ocupación alta sostenida).
OOMSAPAS Los Cabos, Tandeos y acciones emergentes de reparto en pipas (2024–2025). aguapotabledeloscabos.gob.mx.
Diario El Independiente, Pérdidas por fugas y tomas clandestinas ~45 L/s (dic. 2024).
OOMSAPAS Los Cabos, Desaladora 250 L/s en construcción; información institucional y avances (ene. 2024). aguapotabledeloscabos.gob.mx.
Proyectos México (SHCP/FONADIN), APP Desaladora 250 L/s – Acciona; inicio operación Feb 2026; contraprestación con ingresos del organismo.
Cobertura local (CCC Los Cabos), Propuesta empresarial de desaladoras privadas y desconexión de la red (ago. 2025). Las Periodistas   meganoticias.mx.

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