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Sesión solemne sobre iniciativa presidencial sobre Guardia Nacional

FOTO: Congreso del Estado

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un boletín de prensa por parte del Congreso del Estado de Baja California Sur se informó que, durante el ejercicio de socialización de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, presentada por el Secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández, se presentaron posturas a favor y en contra de la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad y combate a la delincuencia que promueve la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional, donde diputados y diputadas de diferente extracción política de la XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur se expresaron.

En sesión solemne el funcionario federal narró los fundamentos de la iniciativa del Presidente de la República, la cual se encuentra en su fase de discusión en los 32 órganos legislativos del país para su aprobación. Informó que Baja California Sur es uno de los estados con mejor percepción del país, y no es tarea solamente de un gobierno, sino es una tarea de la sociedad entera. Yucatán es el estado con mejor percepción de seguridad, seguido de Campeche y el tercer lugar lo disputan Chiapas y BCS.

El secretario dio cifras según el último estudio de seguridad que ubicó al estado en el lugar 31 de 32 en homicidio doloso; en la posición 25 en el delito de secuestro; en el 29 en robo de vehículo; en la 25 en violencia intrafamiliar; en la 23 de abuso sexual; en la 28 de robo toral y el delito de extorción en el lugar número 12.

En orden de participación, María Luisa Ojeda diputada representante del PRD dijo al Secretario que la fuerza operativa de la Guardia Nacional no ha resultado en una reducción participativa de la delincuencia y violencia generalizada; expuso que su voto, será en congruencia con los principios, valores, ideologías y responsabilidad con México, con Baja California Sur y la gente de sus barrios, colonias, localidades, ejidos, valles, campos pesqueros y rancherías de sus sierras, que están a la espera de mañanas garantizadas de seguridad y paz.

También se refirió al trabajo de atender preparar, capacitar y dotar de medios y herramientas que permitan a las policías municipales y estatales ser el gran apoyo en las tareas que la seguridad pública les demanda.

La representante de Fuerza por México, diputada Marbella González Díaz avaló la minuta; afirmó que, al convertirse en reforma constitucional, dará certeza y tranquilidad a los mexicanos, porque tendrán a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; mencionó que tendrán participación “cuando se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil” con respeto a los derechos humanos.

Conozco de la lealtad, la institucionalidad y el compromiso del Ejército Mexicano, de la Armada de México, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional; como todos sabemos tienen un gran reconocimiento del pueblo de México y de de Baja California Sur.

El diputado Rigoberto Mares Aguilar, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN reveló que Acción Nacional votará en contra de esta reforma porque hasta el día de hoy no existen resultados ni medidas efectivas para fortalecer a la Guardia Nacional ni a las policías locales. Expuso que, a 3 años de la implementación de la reforma, la realidad es que la seguridad en el país no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado, mencionó que se han registrado 3 mil 560 feminicidios y 120 mil 855 homicidios dolosos, arrojando una cifra de 124 mil 415 muertes violentas.

Indicó que lo que verdaderamente se requiere es modificar lo que hasta ahora no ha funcionado, y que se debería estar discutiendo una estrategia integral encaminada verdaderamente a fortalecer a las policías locales.

En representación de la Fracción Parlamentaria del PT, el diputado Christian Agúndez dijo que, su fracción apoyará con el voto aprobatorio la minuta enviada por el Congreso Federal, pues permitirá que el accionar de las fuerzas armadas esté sometido al escrutinio de las y los legisladores de ambas cámaras federales. Consideró que la propuesta del presidente ha sido criticada sin fundamento y sin sentido, perdiendo de vista lo que se hace, que es emitir políticas que buscan alcanzar el bien común; mencionó que “quienes estamos en apoyo de nuestro Presidente y de sus políticas que benefician al Pueblo Mexicano, somos conscientes que la transición a una Guardia Nacional Civil por la vía de los hechos, no será posible alcanzarla en el año 2024 y de ahí la necesidad de ampliar dicho plazo”.

Finalmente, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto en representación de la Fracción Parlamentaria de Morena, afirmó que es necesaria la ampliación del plazo que se le otorga a las fuerzas armadas para que continúen en el combate a la delincuencia a nivel nacional, y destacó tres aspectos fundamentales: las fuerzas armadas, en ningún caso tendrán por objeto sustituir o eximir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en sus competencias; el Ejecutivo federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados, y corroborar el respeto a los derechos humanos, y a partir del 2023, el Ejecutivo federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, además, de un incremento sostenido del presupuesto anual que se le asigne, concluyó el comunicado de prensa.




El avance de la impunidad

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). A once años de la reforma constitucional que generó la implementación del Sistema Penal Acusatorio en México, los diversos informes de evaluación que publican diferentes organizaciones del sector privado coinciden en apuntar estadísticas que reflejan un elevado índice de impunidad, acusando con ello la incapacidad oficial frente al reto que implica brindar a la ciudadanía un adecuado acceso a la justicia penal.

El más reciente informe denominado Hallazgos 2018. Seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal, elaborado por México Evalúa, pone de manifiesto que no se ha logrado una mejoría en las condiciones de eficiencia y eficacia de las instituciones del sistema para proporcionar justicia a los ciudadanos, y que la impunidad sigue siendo –por mucho- la reina de las estadísticas en materia de procuración y administración de justicia penal.

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La promesa contenida en el espíritu de la reforma constitucional de 2008 se encuentra plasmada en la Fracción I del Artículo 20 Constitucional, que establece: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, se encuentra lejos de ser cumplimentada. Los operadores hemos sido incapaces de consolidar las bases del sistema lo suficiente como para dar los resultados esperados.

En consecuencia, la impunidad sigue siendo la gran vencedora en este juego de incompetencia y complacencia oficial, sin que a la fecha se vea en el panorama a corto, mediano o largo plazo, el esfuerzo de las instituciones encargadas de legislar, procurar y administrar justicia, para revertir la tendencia de la impunidad. Por el contrario, pareciera que se empeñan más en disfrazar las estadísticas que en combatir las causas generadoras de la impunidad.

El panorama es desalentador. Específicamente hablando de Baja California Sur,  que de acuerdo con el informe en comento, se ubica como la entidad de la República que más utiliza el archivo temporal con un porcentaje de 89.09%, solo superado por Chihuahua que utiliza este recurso en un 89.6% de los casos.

Archivar una carpeta es legal y está justificado, cuando no aparecen datos de prueba que permiten el avance procesal, pero también es cierto que, en la práctica, este tipo de determinaciones se convierten en auténticas legitimaciones de la impunidad, pues una vez que una carpeta se archiva,  es prácticamente imposible que el delito por el que se inició sea sancionado, ya que únicamente 3 de cada 100 determinaciones de archivo temporal se revierten para reactivar la investigación.

El archivo temporal es el reconocimiento oficial que hace el agente del Ministerio Público, de su incapacidad para llevar a cabo exitosamente la integración y, en su caso, la judicialización de las carpetas de investigación a su cargo.

De mantenerse la tendencia actual en los porcentajes de determinación de archivo temporal prácticamente el 99% de los casos que se denuncien quedarán en el olvido que corona los cajones en los que se guardan en las carpetas archivadas.

Las principales causas de archivo temporal son atribuibles a los órganos de investigación, tanto policiales como periciales, lo que nos lleva a concluir que hace falta un esfuerzo presupuestal extraordinario –y urgente- para dotar de suficientes recursos materiales y humanos a la Procuraduría Estatal de Justicia, para abatir el rezago que hoy se acumula en el cumplimiento de las ordenes de investigación y en las solicitudes de dictaminación pericial.

Aquí es importantísimo el papel que juegan los legisladores, que actualmente se limitan a incrementar las penas a los delitos de mayor incidencia, lo cual es una demagógica pérdida de tiempo y recursos, pues está comprobado que incrementar las penas no inhibe el delito.

Lo que deben hacer nuestros diputados es requerir a la Procuraduría un programa de adecuación de los recursos necesarios, tanto técnicos como materiales y humanos, a fin de abatir el elevado número de investigaciones pendientes de realización, y con base a cifras precisas y objetivos claramente trazados, autorizar en el próximo presupuesto de egresos 2020, un incremento sustancial que permita contar con los elementos necesarios para abatir el rezago que tanta impunidad genera, y que nos ubica en los últimos lugares de ineficacia en materia de justicia penal.

Baja California Sur ocupa el vergonzoso cuarto lugar nacional de ineficacia, por contar con los más elevados porcentajes de impunidad, pues nuestro porcentaje (99.4%) solo es superado por Tamaulipas (99.99%) Veracruz (99.8%) y Nuevo León (99.6%).

El Estado de la República que presume la bonanza económica que nos ubica como el estado más próspero del país, no puede tener un presupuesto tan limitado en materia de procuración de justicia. Necesitamos operadores capacitados, bien remunerados, y servicios de investigación policial y pericial de primer nivel, acorde a las necesidades de la entidad. La impunidad no puede seguir siendo la constante. La demanda de justicia debe ser atendida en lo operativo y funcional, no solo en el discurso político.

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